DELEGACIÓN JUNÍN - CPBA

ACUERDO PREVENTIVO EXTRAJUDICIAL
Regulación
y cambio
El acuerdo preventivo extrajudicial (APE) está inserto en la Ley 24.522
de Concursos y Quiebras (en adelante LCQ) y sus posteriores modificatorias
(fundamentalmente la Ley 25.589) dentro del Título II Capítulo VII articulado
69 a 76.
No es caprichosa su inclusión dentro del Título II correspondiente al tra-
tamiento del concurso preventivo, dado que es una herramienta encaminada
al proceso concursal de prevención de la insolvencia.
Es el APE un instituto previsto por la ley que habilita al deudor que se
encontrare en estado de cesación de pagos o afrontando dificultades eco-
nómicas o financieras de carácter general, a negociar con todos o parte de
sus acreedores un acuerdo de naturaleza contractual tendiente a superar esa
situación de crisis en la que se encuentra.
El contexto económico posterior a la ruptura del régimen cambiario y
monetario vigente hasta los inicios del año 2002, inscribe el marco dentro
del cual se percibe con intensidad la utilización de esta herramienta a partir
del dictado de la Ley 25.589 (B.O: 16/5/02). Fue mayoritariamente la re-
organización de los grandes stocks de deuda financiera acumulada durante
el período de la convertibilidad monetaria, sobresaliendo por su magnitud
(aproximadamente u$s 3.000 millones) la paradigmática negociación efec-
tuada por Telecom Argentina S.A., al amparo de este instituto, uno de los hi-
tos en la República en cuanto a reestructuración de deuda privada se refiere.
Pero se faltaría a la verdad si no se dijera que también las PyME y algunos
comerciantes utilizaron este procedimiento.
Habida cuenta de su vocación por resolver el estado objetivo de insol-
vencia o dificultad, conociendo todas las penurias y perjuicios que sobrevie-
nen a dicha situación, no se puede menos que coincidir con tan plausibles
objetivos.
Pero a medida que nos adentramos en su estudio, aparecen un sinnú-
mero de objeciones que tienen que ver fundamentalmente con sus “vacíos
legales” y con algunas liberalidades no exentas de excesiva flexibilidad que
| Realidad Profesional
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dR. eduaRdo TomÁS maRTineTTi
CONTADOR PÚBLICO
se intentan analizar en este trabajo, sin la intención por supuesto de agotar
todos los reparos ni profundizar en los caminos tendientes a su superación.
En este sendero se encuadra también la presentación de la Dra. Alejan-
dra Gils Carbó, Fiscal General ante la Cámara Nacional de Apelaciones en lo
Comercial, recurrente en queja por ante la CSJN 1 , a raíz del rechazo de su dic-
tamen por la Sala B de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial 2 .
Vale aclarar que este recurso se encuentra actualmente en trámite.
El derrotero central es sin dudas contar con un ordenamiento concursal
eficiente como elemento protector del crédito y por ende de la actividad eco-
nómica en general y sin dudas tanto la falta de claridad de la normativa como
su ausencia, conspiran contra ese objetivo tan loable.
Características
y cuestionamientos
Se analizarán algunas de las características determinantes de este ins-
trumento jurídico alternativo, intentándose asimismo asociar a cada una de
éllas los inconvenientes más trascendentes efectuados por buena parte de la
doctrina.
Requisitos formales
Están regulados en el Art. 72 inc. 1 a 5 y se fijan como requisitos previos a
la homologación judicial. Básicamente se refieren a la documentación que debe
presentar el deudor en aras de las necesidades informativas del proceso, vincu-
ladas a estados contables, detalle analítico de acreedores, juicios y procesos en
trámite, libros de comercio y monto de acreedores suscriptores del acuerdo y su
relación porcentual con el universo de la totalidad de acreedores registrados.
Como crítica primigenia vale la concerniente a la definición de la frase
poco feliz de “certificación contable” que nos afecta como profesionales, que
es la utilizada por la ley y entendemos que lo más adecuado hubiese sido
referirse al “Informe de Contador Público” por su implicancia fundamental