EL OASIS DE LA MEMORIA - Publicaciones

Introducción
policiales, los servicios de inteligencia, las llamadas fuerzas auxiliares, o el ejército. Dicha
evaluación debería ser parte del mandato de una futura Comisión de la Verdad para
el Sáhara Occidental.
Falta de ruptura con el pasado: continuidad de los perpetradores
En todo contexto de transición o acuerdos de paz, la cuestión de la justicia es central para
acabar con la impunidad. La lucha contra la impunidad no mira solo hacia el pasado, sino
también hacia las violaciones de derechos humanos que se cometen en el presente. Sin
embargo, la mayor parte de las veces se trata de minimizar la investigación judicial de las
violaciones, debido a las resistencias del aparato del Estado o las fuerzas en conflicto y,
a la inexistencia de sistemas jurídicos que puedan investigar de forma independiente las
violaciones. En numerosas situaciones de dictadura o regímenes autoritarios la falta de
independencia, cuando no la complicidad del poder judicial, han sido parte de las condiciones
que han hecho posibles las violaciones. En los contextos posconflicto la reforma
de la justicia y el establecimiento de un poder judicial independiente son parte de las
condiciones para hacer posible una sociedad democrática.
Sin embargo, la negación de la justicia para las víctimas ha seguido estando presente en el
Sáhara Occidental. Los perpetradores del pasado se han seguido consolidando en la transición
en el régimen de Hassan II y el de Mohamed VI en esa región, y bajo la falacia de la
reconciliación numerosos torturadores o responsables de violaciones masivas de derechos
humanos han seguido ocupando puestos de responsabilidad. En otros casos se han dado
factores de crisis en dichas transiciones como el caso Pinochet en Chile; la voluntad política
como la mostrada por el gobierno argentino para acabar con las leyes de impunidad; la
existencia de altas Cortes independientes que han promovido garantías para el ejercicio de
derechos humanos como en Colombia o Argentina, han generado condiciones de cambio y
nuevos pasos para reconstruir un sentido de justicia para el pasado y el presente.
Ninguna de todas esas cosas ha pasado en el Sáhara Occidental, a pesar de que el inicio
de las movilizaciones de la sociedad civil contra regímenes autoritarios en los países
árabes empezó con la movilización de los saharauis en el campamento de Gdem Izik
en 2010. Por ejemplo, ni siquiera la IER incluyó en su informe ninguna recomendación
sobre la cuestión de la justicia penal. Un aspecto particularmente relevante y doloroso
para las víctimas es la permanencia de los mismos funcionarios y miembros de fuerzas de
seguridad, responsables de graves violaciones de derechos humanos durante el régimen
de Hassan II, y en los años posteriores hasta la actualidad. Además, muestra una falta de
voluntad política de cambiar las relaciones con la población saharaui. Numerosas víctimas
señalaron en los testimonios recogidos para esta investigación nombres ampliamente
conocidos de miembros de la policía, la gendarmería o el ejército que fueron responsables
de brutales torturas y desapariciones forzadas y no solo no han sido removidos de sus
cargos, sino que han seguido teniendo control de dichas fuerzas o han sido ascendidos a
cargos públicos de mayor responsabilidad.
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