EL OASIS DE LA MEMORIA - Publicaciones

Capítulo 13. Tortura en las detenciones arbitrarias
Falta de garantías médicas y/o denegación de atención
Tanto para la investigación de la tortura como para la atención a las personas que resultan
heridas o afectadas en su salud como consecuencia de la misma, la atención médica en los
casos de lesiones por agresiones policiales es un elemento clave. La prueba médica constituye
un elemento central de la investigación de la tortura y también de la prevención. La
intervención de forenses o de médicos independientes en la supervisión de las condiciones
de detención administrativa o posteriormente de las condiciones de encarcelamiento
es una condición básica para prevenir dichas prácticas, y en su caso identificar los signos
de tortura en los detenidos, defender sus derechos y sancionar a quienes resulten responsables
de las mismas. Sin embargo, ninguna de estas condiciones se da en el caso de los
detenidos y detenidas saharauis analizados. De esta forma, las torturas y malos tratos en
detenciones arbitrarias se siguen produciendo desde hace décadas y ninguna medida preventiva
conocida ha sido puesta en marcha por el régimen marroquí.
Recomendaciones de Amnistía Internacional entre 1996 y 2010
Amnistía Internacional ha emitido recomendaciones para el gobierno marroquí desde
su informe de 1996 y más recientemente en el 2010.
• Que garanticen que los juicios cumplen las normas internacionalmente reconocidas
sobre garantías procesales, por ejemplo el artículo 14 del Pacto Internacional
de Derechos Civiles y Políticos, del que Marruecos es Estado parte.
• Que adopten medidas para garantizar que los detenidos están plenamente protegidos
de la tortura y otros malos tratos; y comuniquen de forma clara e inequívoca
a todos los miembros de las fuerzas de seguridad que no se tolerarán las
torturas y los malos tratos a personas detenidas o apresadas por las fuerzas de
seguridad, y que cualquier miembro de las fuerzas de seguridad a quien se halle
responsable de estos actos será enjuiciado;
• Que ordenen a los fiscales de la Corona y a los jueces de instrucción que
registren e investiguen sin dilación cualquier caso en el que las personas
que comparecen ante ellos denuncien haber sido sometidas a tortura u otros
malos tratos o cuyo estado indique que podrían haber sido agredidas o torturadas
o sometidas a otros malos tratos, incluso si el acusado no presenta una
queja ni solicita investigaciones;
• Que garanticen que los detenidos tienen la oportunidad de ser representados por
abogados de su elección cuando comparezcan ante fiscales de la Corona y jueces
de instrucción y en las vistas de su juicio, y que los juicios se celebran con
arreglo a las normas internacionales de imparcialidad procesal, y en concreto que
ninguna información obtenida bajo tortura o coacción es utilizada como prueba
en las actuaciones judiciales. Asimismo, las autoridades deben garantizar que
ningún civil es juzgado por el Tribunal Militar.
401