EL OASIS DE LA MEMORIA - Publicaciones

El oasis de la memoria
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Ahmed Abu Rannat, recomendó que los civiles acusados de delitos políticos no
fueran juzgados por tribunales militares y que los militares autores de delitos
comunes fueran procesados por tribunales penales ordinarios 249 .
A lo largo de los años todos los principales mecanismos internacionales de
protección de los derechos humanos se han expresado en el sentido de que los
tribunales militares deben considerarse excepcional y debe ser limitada a los
delitos estrictamente militares cometidos por personal militar.
El Comité de Derechos Humanos ha manifestado: “En algunos países, esos
tribunales militares y especiales no proporcionan las garantías estrictas para la
adecuada administración de justicia, de conformidad con las exigencias del artículo
14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que son fundamentales
para la eficaz protección de los derechos humanos” 250 . Por esta misma razón,
en repetidas ocasiones la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha
condenado los juicios de civiles ante tribunales militares 251 , afirmando en particular
que “los ciudadanos deben ser juzgados por sus jueces naturales, regidos por
el derecho común y la justicia ordinaria. Por lo tanto, los civiles no deben ser
sometidos a la jurisdicción de tribunales especiales” 252 . Los funcionarios del fuero
militar no son el juez natural y carecen de independencia e imparcialidad, como lo
ha manifestado también la Corte Interamericana de Derechos Humanos 253 .
En 1992 ya se había producido el Alto el Fuego entre el Ejército de Marruecos y el Frente
POLISARIO, y existía desde 1991 la Misión de Naciones Unidas para el Sáhara Occidental
(MINURSO) instalada para llevar a cabo la verificación del alto el fuego y preparar el
terreno para la realización del referéndum de autodeterminación siguiendo las directrices
de Naciones Unidas. Las esperanza de la población saharaui en la misión de Naciones
Unidas y la convocatoria a la vez de las elecciones marroquíes desataron la indignación y
la movilización especialmente de los jóvenes.
249 Doc. E/CN.4/Sub.2/296, de 10 de junio de 1969, párrafos 538 y 552.
250 Comité de Derechos Humanos, Observación General núm. 13, párr. 4.
251 Véase por ejemplo, Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Informe sobre la situación de derechos
humanos en Colombia, OEA/Ser.L/V/II.53, doc. 22, 30 de junio de 1981, p. 222. Comisión Interamericana
de Derechos Humanos, Informe sobre la situación de derechos humanos en Chile, OEA/Ser.L/V/
II.66, doc. 17, 1985, p. 183. Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Informe Anual, 1993, OEA/
SER.L/V/II.85, doc. 9 rev. 1994, p. 507.
252 Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Informe anual de la Comisión Interamericana de Derechos
Humanos - 1997, documento OEA/ Ser.L/V/II.98, Doc. 6, de 17 febrero 1998, Capítulo VII “Recomendaciones
de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos“, Recomendación “1. La Comisión
recomienda a los Estados miembros la adopción de medidas tendientes a mejorar la administración de
justicia en sus respectivas jurisdicciones“.
253 Una de las últimas decisiones al respecto es la del Caso Radilla Pacheco vs. Estados Unidos Mexicanos,
Sentencia de 23 de noviembre de 2009, (Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas), en
particular los párrafos 260 a 314.