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porcionalidad entre las restricciones impuestas (medios) y las circunstancias del
caso (motivos) con los motivos de la ley y todo ello con los fines públicos (valores
jurídicos). Si de todo ello resulta que la ley no busca provecho de grupo
(razonabilidad de selección), reviste interés público y general (razonabilidad de fin)
y las restricciones impuestas a los derechos no los menoscaban en substancia
(razonabilidad de ponderación), la ley será razonable.
Sin embargo, creo que hay irrazonabilidad de fines cuando la finalidad de la ley es
groseramente violatoria de la ley o sus valores, o absurda (represiva, racista, etc).
Veamos la razonabilidad frente a los valores seguridad y orden; paz y poder;
solidaridad y cooperación.
Con relación a la seguridad las leyes o reglamentos de policía son razonables
cuando se asegura el desplazamiento sin riesgo de las personas, no invaden el campo
jurisdiccional juzgando y condenando, sus investigaciones no determinan el fallo de los
tribunales, y en fin no sirven de instrumento de represión política 42 .
Con relación al orden, por ejemplo, la Ley de Emergencia o la declaración de
la emergencia deben tener por justificación evitar conmociones interiores. Sólo así
serán razonables. No lo son cuando su verdadera finalidad es restringir las libertades
con propósitos políticos.
Con relación al poder, las leyes electorales, por ejemplo, serán razonables
cuando aseguren el pluralismo político y no cuando se inclinen a favor de determinados
sectores. También lo serán cuando respeten la división de poderes.
Con relación a la solidaridad, por ejemplo, las leyes de jubilaciones serán
razonables cuando establecen regímenes igualitarios a sus beneficiarios, pero son
irrazonables cuando sólo benefician a un sector en perjuicio de otros.
Con relación a la paz, por ejemplo, las leyes de Reforma Agraria deben conjugar
los intereses privados, la producción y la igualdad, para ser razonables.
Con relación a la cooperación, por ejemplo, las leyes sobre cooperativas deben
dar facilidades para su constitución y operación.
n) Los actos o normas que emanan de los poderes del Estado gozan de la
presunción de constitucionalidad.
Esto significa que la carga procesal de la prueba corre básicamente a cargo
de la que invoca la inconstitucionalidad. Se aplica el Derecho Procesal común.
42 Expresa Juan Francisco Linares que no es razonable una ley de policía que para evitar el paludismo
ordena el cierre de las iglesias, pues el paludismo no se contagia directamente (Razonabilidad de las
leyes. Editorial Astrea . Buenos Aires. 1989, p. 149).
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