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Existe lo que se denomina test de razonabilidad. Este es favorable cuando:
se aportan pruebas del tratamiento razonable diferenciado; el juez las analiza y
considera que son suficientes; la finalidad de la ley cuestionada es compatible con
los objetivos generales de la Constitución; y se comprueba que existe la proporcionalidad
entre los fines y medios los contemplados por la ley.
El principio de razonabilidad es generalizado por la doctrina, la legislación y la
jurisprudencia. No se detiene en la igualdad, aunque es su fundamental sostenimiento.
La ley debe ser razonable para que pueda tener vigencia. No tienen
razonabilidad cuando violan el sentido de la justicia que encierran las normas constitucionales
o cuando afectan los derechos individuales más de lo debido hasta
llegar a ser injustas, de modo que perjudican los intereses sociales. Por el contrario,
cuando la ley afecta los derechos individuales pero benefician los derechos
sociales, ella es razonable, salvo que esa afectación sea de tal intensidad que los
mismos intereses sociales resulten afectados.
Según la doctrina, la razonabilidad puede ser interna o externa. Es interna
cuando la adecuación en la relación de medios y fines queda dentro de la ley. Es
externa cuando esa adecuación se da entre la ley y la Constitución.
La razonabilidad interna aparece como una técnica social. Motivos de carácter
social determinantes inducen al legislador a tomar medidas (medios) proporcionados
al fin social que se propone favorecer. Por ejemplo: en Argentina, la Corte
Suprema de Justicia declaró : a) Que era constitucional la Ley Número 11.157 que
congeló los alquileres y prorrogó la vigencia de los contratos y, como consecuencia,
restringió el derecho de propiedad. Consideró que el monopolio virtual de la
vivienda por un sector de la población afectaba el interés público, ya que
distorsionaba el precio de los alquileres haciéndolos excesivos por lo que justificaba
la medida de la ley, estimándola apta para lograr el fin social buscado como era
la solución del déficit de la vivienda. b) Que es razonable la Ley Número 14.226,
que estableció la obligación para los propietarios de los cinematógrafos de ofrecer
espectáculos variados (números vivos), debiendo para ello contratar artistas con la
finalidad de promover la ocupación de los mismos, desplazados por muchos medios,
y poder así conservar el patrimonio de la comunidad.
La razonabilidad externa se presenta como razonabilidad jurídica. Es una
concordancia del acto legislativo con valores constitucionales. Si se violan esos
valores es irrazonable. La ley puede ser razonable en lo técnico-social, pero irrazonable
por la justicia 39 . Esta razonabilidad puede tener las modalidades siguientes:
i) Razonabilidad de ponderación. Exige una relación de equivalencia entre
las prestaciones y las sanciones por incumplimiento. Por ejemplo: es razonable, si
se incumple el contrato, pedir su ejecución y los daños y perjuicios, o su resolución
39 Expresa Humberto Quiroga Lavié: «Por ejemplo: técnicamente es razonable no aumentar los salarios, cuando
la producción del país es insuficiente para evitar la inflación, pero dicha medida es injusta cuando no evita que
aumenten los precios de los productos». (Derecho Constitucional. Depalma. Argentina, 1993, p. 454).
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