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dos son cada día más interdependientes, por lo que la autarquía, la autosuficiencia
y la soberanía absoluta pierden fuerza en la época moderna.
Por lo expuesto, las constituciones sufren una influencia del exterior y reflejan
la tendencia hacia la integración de bloques, supranacionales y continentales. Los
tratados, las decisiones de los organismos supranacionales, los usos y costumbres
de las relaciones entre los Estados, se proyectan sobre el Derecho nacional.
Nuestra Constitución ha elevado a rango constitucional varios tratados y documentos
internacionales relacionados con los derechos humanos. Además propicia
la integración política y económica en América Central 38 .
l) Principio de concordancia
Se parte de la idea de que no existen bienes jurídicos superiores a otros en la
Constitución. No obstante, es posible que los derechos o libertades choquen entre
sí. Por ejemplo: el honor, la unidad, el derecho a la defensa y la libertad de información;
la libertad y la seguridad, la libertad y la igualdad; la propiedad y el interés
público. El intérprete debe evitar que un derecho destruya al otro, para lo cual es
preciso que separe los campos de acción de los derechos en conflicto, de tal manera
que puedan funcionar armónicamente y sin confrontaciones. Esta es una
operación de ponderación o valoración de los bienes o valores constitucionales
con el objeto de establecer una proporcionalidad adecuada a los campos de acción
de ambos derechos, siempre dentro del texto de la Constitución.
Dentro de la proporcionalidad se presenta el problema de si un principio o
valor tiene mayor fuerza que otro. La solución no es fácil, no obstante se reconoce
la existencia de principios preferentes como el pro libertate, salvo que en el caso
concreto favorezca al individuo y perjudique al interés general. Este principio se
deriva del art. 24 Cn.
m) Principio de razonabilidad de la ley
El principio de igualdad es considerado como un valor superior del sistema
democrático identificado por el orden de valores que establece. Sin embargo, no
es poco frecuente que el legislador regule situaciones de manera desigual, en
virtud de otros principios o valores consagrados en la Constitución, sin que por
esto se anule la ley en sede jurisdiccional. Se pretende igualar a los desiguales.
Este tipo de regulación es atendible cuando las razones están fundadas en el
derecho y los valores constitucionales.
Encontradas las razones de la desigualdad y la clarificación de la finalidad de
la ley es preciso también encontrar la relación pacífica entre la finalidad y los medios
consagrados en las normas para lograrla.
38 Arts. 8, 9 y 46 y 71 Cn.
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