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i) Un sector doctrinal acepta que no todas las normas de la Constitución son
iguales en jerarquía, lo cual lleva a la búsqueda de las que tienen un peldaño
superior que las otras. Por ejemplo, son superiores los artículos que encierran
valores o principios, los cuales prevalecen y son superiores sobre otros específicos.
En resumen no todas las normas son iguales.
ii) Por el contrario, otro sector doctrinal sostiene que todas las normas constitucionales
son iguales y tienen igual jerarquía. Ejemplo: el derecho a la vida es
igual al derecho a la huelga, el derecho de propiedad es igual a la libertad religiosa.
iii) Otros distinguen entre las normas y los derechos que encierran. Las normas
constitucionales son todas iguales en jerarquía, pero los derechos que encierran
no lo son. Al igualar las normas no se admite que una norma constitucional
considerada inferior sea inconstitucional por oponerse a otra estimada superior.
Por ejemplo, no se pueden tildar de inconstitucionales las reformas a la Constitución
que incorporen reformas sociales porque pugnan con los derechos individuales,
las reformas a la Constitución que consagra la contratación colectiva por oponerse
a la libertad de contratación.
Por el contrario, al reconocerse la desigualdad de los derechos, surge un
problema de interpretación, especialmente cuando hay pugna o conflicto entre
derechos distintos. Debe resolverse confrontando ambos derechos, determinar su
jerarquía, y conciliarlos dentro del contexto de la Constitución y la idea de la dignidad
humana. Por ejemplo, ante el obstáculo puesto por el padre por motivo de que
le hagan al hijo una transfusión de sangre para salvarle la vida, prevalece el derecho
a la vida sobre la libertad religiosa y la patria potestad.
D. Nuestro sistema
La Constitución y la Ley de Amparo únicamente permiten el recurso de
inconstitucionalidad contra normas de inferior rango que violan la Constitución, como
son la ley ordinaria, los tratados, decretos o reglamentos 28 . No se concede contra normas
de la Constitución o reformas a la misma pues todos tienen el mismo rango superior
constitucional. La reforma a la Constitución es una cuestión enteramente política al
margen de la competencia de la Corte Suprema de Justicia.
Le corresponde al poder constituyente institucional la determinación del interés
tutelado, su justicia y la oportunidad de la reforma constitucional. Esta decisión
no puede ser anulada o revisada por la Corte Suprema de Justicia, ya que se
convertiría en un poder constituyente, desnaturalizando su función.
Lo expresado está de acuerdo con la tesis positivista que sigue la Constitución. Es
difícil sostener que la Constitución incorpore en su seno el iusnaturalismo para poder
fundar la inconstitucionalidad de disposiciones o reformas constitucionales.
28 Arts. 1, 2, 6, 7 entre otros LA y 164 inc. 4 y 182 Cn.
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