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y que no tiene influencia alguna en el poder constituyente, el cual procede e impera
en la confección de sus mandatos con la más absoluta libertad, como que no tiene
más límites en el ejercicio de sus facultades discrecionales que los que le dictan su
misma prudencia y previsión y su propio patriotismo» 19 .
De lo expuesto puede concluirse diciendo que si en el orden civil se aplica
ampliamente el principio de la irretroactividad de las leyes, no ocurre lo mismo en el
orden administrativo y penal, ni mucho menos en el político, caso este último en
que las leyes tienen efecto retroactivo, desde que se promulgan.
El citado artículo solamente dice que las leyes no tienen efecto retroactivo,
pero no explica en que consisten esos efectos retroactivos. De aquí que la formulación
del concepto de retroactividad quede reservado a la doctrina, la ley y la
jurisprudencia.
La opinión más aceptada sostiene que una ley es retroactiva cuando afecta
derechos consolidados, asumidos, pertenecientes al patrimonio del afectado, a
situaciones ya agotadas o perfectas, y no a expectativas jurídicas, a derechos
pendientes, futuros o condicionales.
En el caso de los impedimentos, restricciones e inhibiciones para optar a
determinados cargos públicos establecidos en la reforma constitucional de 1995,
el problema tiene ciertas características especiales; no podemos hablar de derechos
adquiridos porque repugna a la idea del sufragio pasivo (optar a cargos públicos)
vincularlo a un concepto patrimonial del poder, el sufragio pasivo tiene naturaleza
política y pública, por lo cual con cierta amplitud y facilidad, a fin de proteger el
sistema democrático, puede ser condicionado, siempre que no se viole el derecho
de igualdad o cualquier otro individual.
Las reformas constitucionales, pues, tenían aplicación inmediata. Pero aún
suponiendo que hubiese sido aplicable el art. 38 Cn. y la teoría de los derechos
adquiridos a esta relación de carácter público, fácilmente puede observarse que no
existía ninguna situación consolidada o derecho adquirido. Cuando entraron en
vigencia las reformas a la Constitución, ni siquiera se había abierto el proceso
electoral recién pasado y muchos aspirantes a presidentes, diputados, alcaldes,
etc. no habían sido postulados por sus partidos políticos, y menos registradas sus
candidaturas. Lo más que podría haberse tenido hasta ese día era un eventual
derecho o posibilidad a obtener dichos cargos públicos. Era una simple expectativa
o posibilidad, la cual no podía ser protegida por el principio de la irretroactividad
de la ley, porque no representaba ningún derecho o situación adquirida o consolidada.
19 Derecho Administrativo. Editorial Nacimento. Santiago Chile. 1941, pag. 32 y 33.
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