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na la necesidad, fines y la oportunidad para dictarlas. Pocas veces se ve que el
legislador constituyente señale un plazo para dictar leyes.
La omisión puede ser absoluta y es cuando el legislador no dicta la ley a que
se remite la Constitución. En ese caso no es aceptable que la jurisdicción constitucional
le señale un plazo al legislador para que lo haga, pues se vería como una
intervención. Cuando la omisión es parcial, sobre todo cuando se omitió la protección
a determinados grupos, el juez constitucional podría corregir ese error llenando
la laguna y aplicando el principio de igualdad, como ya expresamos.
La justicia constitucional podría señalarle plazo al ejecutivo para que dicte las
resoluciones o reglamentos en situación de omisión. Pero en nuestro país el ejecutivo
tiene un plazo no mayor de sesenta días para reglamentar las leyes cuando
éstas dispongan ser reglamentadas, según lo preceptúan los arts. 141 párrafo 8 y
150 inc. 10 Cn. Considero que al mismo legislativo podría señalarle un plazo para
que nombre o elija al Procurador General y al Subprocurador de Derechos Humanos
(lo que no se ha hecho hasta el momento, a pesar de haberse dictado la ley
que reglamentó la institución creada por la Constitución).
La atribución de la Asamblea Legislativa de reglamentar por morosidad del ejecutivo
no es una solución aceptable por dos razones: el legislativo no debe intervenir en la
reglamentación de las leyes y además no tiene tiempo para hacerlo. En un principio se
creyó que los preceptos programativos no tenían fuerza vinculante, y, por lo tanto,
tampoco fuerza normativa, ni inmediata ni diferida. Para otros, por el contrario,
eran aplicables. Hoy se sostiene la aplicabilidad inmediata de toda la Constitución,
pero debe reconocerse la existencia de normas que requieren desarrollo legislativo
o administrativo. En todo caso tienen un valor jurídico señalado al principio de
este capítulo. Dentro de estas normas programáticas pueden esconderse imposibilidades
reales o falsas para impedir un cambio. Son muchas las normas
programáticas que indican al legislador ordinario no dictar normas que las contradigan.
E. Normas principistas
Son aquellas ideas fundamentales a través de las cuales se organiza jurídicamente
el país. Sirven para la integración e interpretación de todo el ordenamiento
jurídico. Ejemplo: Art. 5 Párrafo primero Cn. «Son principios de la nación nicaragüense:
la libertad; la justicia; el respeto a la dignidad de la persona humana; el
pluralismo político, social y étnico; el reconocimiento a las distintas formas de propiedad;
la libre cooperación internacional; y el respeto a la libre autodeterminación
de los pueblos».
F. Normas programáticas y operativas
Son programáticas aquellas que necesitan ser desarrolladas por la ley o por
actos de las autoridades competentes. Están dirigidas fundamentalmente a los
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