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Constitución; normas programáticas imperativas, como las que disponen señalar
parte del presupuesto o un presupuesto adecuado a las alcaldías y a la Asamblea
Nacional; normas programáticas discrecionales, como la del art. 4 Cn. que
dispone la promoción y garantía de los avances de carácter social y político para
asegurar el bien común, por lo que el Estado asume la tarea de promover el desarrollo
humano de todos y cada uno de los nicaragüenses, protegiéndolos contra
toda forma de explotación discriminación y exclusión.
D. Normas sancionadoras y perfectas, y de gradual eficacia
La Constitución es la norma superior de todo el ordenamiento jurídico. Para
asegurar tal superioridad establece en el art. 182 la nulidad de la ley, tratado, decreto,
reglamento o cualquier norma que se le oponga o alteren. También establece
o permite otro tipo de sanciones penales, civiles y administrativas. Por otra
parte, incorpora mecanismos políticos y procesales para su defensa 13 .
El art. 182 Cn. establece que la Constitución Política es la Carta Fundamental
de la República; las demás leyes están subordinadas a ella. No tendrán valor alguno
las leyes, tratados, órdenes o disposiciones que se opongan o alteren sus disposiciones.
Es la sanción perfecta.
Es conveniente advertir que la omisión, principalmente en las normas
programáticas, como forma de violar la Constitución cuando ordena un comportamiento
o proceder, tiene escaso control judicial.
La realización de los derechos sociales es muy difícil. Depende de varios
factores, entre los que tenemos los económicos, los propios de la justicia distributiva
y una defensa judicial escasamente operante. Por tal razón muchas normas constitucionales
no se concretan en realidades que palpe el pueblo.
La función de la jurisdicción constitucional es aplicar la Constitución y anular
el acto legislativo que se le oponga. Su actuación, con relación a la ley, es la de un
legislador negativo, mediante la anulación del derecho inconstitucional; pero no
crea la ley o derecho, función atribuida a la Asamblea Legislativa como legislador
positivo.
No obstante, existe una tendencia doctrinal, jurisprudencial y legislativa (ésta
en menor escala), de ampliar los poderes de la jurisdicción constitucional a cam-
13 Algunos autores sostienen que las normas constitucionales no son sancionatorias que permiten crear normas
de conductas (sancionatorias); pues mientras en el Derecho común ordinario el incumplimiento de las obligaciones
contractuales se sanciona con el pago de la indemnización correspondiente, en el Derecho Constitucional,
al que se le priva de un derecho constitucional se le restablece en el disfrute del mismo. Tal forma de pensar
no es correcta por las razones siguientes: en el Derecho ordinario al contratante afectado se le concede en
forma optativa el cumplimiento del contrato y los daños y perjuicios, o la resolución del contrato y los daños y
perjuicios para restablecer la situación anterior a la celebración del contrato; en el Derecho Constitucional, la
violación de la misma tiene una sanción fuerte como es la nulidad de la ley, decreto, norma o acto que se le
opongan, el restablecimiento del derecho violado o la indemnización en su caso.
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