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creación de ordenamientos normalmente emanados de órganos autónomos. Así
se explica la inaplicación en los ordenamientos jurídicos autónomos (o subsistemas)
del principio de jerarquía. Estos ordenamientos son: el Reglamentos y los Estatutos
de la Asamblea Nacional, el Reglamento del poder electoral y el Reglamento
de la Corte Suprema 22 , los Reglamentos u Ordenanzas municipales o de los Concejos
Regionales.
Como consecuencia, protege a estos sistemas normativos de las demás normas
del ordenamiento jurídico de igual o superior rango, al no permitir que éstas
las pueda modificar o derogar, lo que sólo puede hacer la Constitución, la norma
atributiva de la competencia u otra de su mismo sistema.
Estos ordenamientos no pueden regular materias extrañas a las que le son
propias, ni invadir otros subsistemas, bajo pena de nulidad. Por ejemplo: el Reglamento
y los Estatutos de la Asamblea no pueden ser derogados por una ley ordinaria,
sólo lo puede hacer una Reforma constitucional o la reforma hecha al Reglamento
o Estatuto por la Asamblea. La ley o norma que vulnere este principio es
nula porque la autoridad que la dictó carece de competencia. Por otra, parte cuando
exceden su competencia, invadiendo el campo de la ley ordinaria 23 o de otro
subsistema, son nulos parcial o totalmente, según el caso.
Las leyes constitucionales también gozan del principio de jerarquía al prevalecer
sobre las leyes ordinarias, pero también están sujetas al principio de competencia
por razón de la materia a que deben concretarse.
22 En España están cubiertos por el principio de competencia el Reglamento de las Cámaras Legislativas,
los Estatutos de los Colegios Profesionales, las Leyes o Reglamentos autonómicos (de las comunidades
autónomas) y los Reglamentos y Bandos municipales (corporaciones locales).
23 La Corte Suprema de Justicia declaró la inconstitucionalidad de varios artículos del Estatuto de la Asamblea
Nacional por ser objeto de ley y no de dicho Estatuto (S. 11:00 a.m. del 24 de noviembre de 1992,
B.J., p. 254).
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