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E. Negligencia, deficiencia e indiferencia estatal
Para Rosa del Olmo, su margen es muy amplio ya que habría que detectar
las condiciones de residencia de las personas, la ubicación de viviendas en zonas
de alto riesgo, la deficiencia en la infraestructura para la protección de las viviendas,
la situación deficitaria en el equipamiento de emergencia, la deficiencia en las
políticas estatales de información y prevención de desastres naturales. Incluso, el
daño o riesgo a la vida por falta de agua potable, como resultado por ejemplo de no
darle mantenimiento a las tuberías, o el daño a la propiedad por inundaciones
ocasionadas por falta de drenaje adecuado, o por los cortes violentos del servicio
de luz eléctrica que afecta, de manera especial, a los electrodomésticos de las
viviendas de los ciudadanos sin recursos que viven en los barrios de nuestras
ciudades y los cortes de agua sin aviso previo y por tiempo ilimitado que generan
insalubridad en los hogares.
En este orden de ideas, es importante establecer la relación entre la presencia
permanente de huecos en la calles de la ciudad, así como en las carreteras del
país, y el daño o riesgo a la vida de quien conduce un vehículo y de terceros, sin
olvidar el posible riesgo a su propiedad por los daños que ocasionan al vehículo el
estado en que se encuentran las vías de tránsito.
Las causas anteriores nos ponen de manifiesto que la inseguridad del habitante
no es un tema exclusivo de la criminalidad. Es decir, la inseguridad no sólo
nace del miedo de ser víctima de un delito de homicidio, robo o secuestro, sino de
estar sujetos a leyes obsoletas y a condiciones materiales que ponen en grave
peligro la vida, la integridad física y psicología, la seguridad jurídica y el patrimonio
de las personas.
8. Reformas a nivel latinoamericano
La mayor parte de los países latinoamericanos están reformando o han reformado
sus sistemas penales. En Centroamérica, Costa Rica ya lo hizo e incluso
está mejorando lo hecho recientemente, Guatemala acaba de publicar un nuevo
Código de Procedimiento Penal, Honduras y el Salvador están a punto de hacerlo.
Nicaragua no puede quedar atrás en este avance.
En resumen, debemos reformar el sistema penal de acuerdo con nuestras
realidades y posibilidades. Es casi imposible encontrar una opinión contraria debidamente
fundamentada.
Sin perjuicio de la ayuda internacional, la reforma tiene que ser realizada por
nicaragüenses y para nicaragüenses.
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