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mediante el paso de su reivindicación de necesidades humanas a su constitución
como derecho efectivo.
En otras palabras la seguridad de los habitantes, como expresa Elías Carranza,
debería incluir no sólo la seguridad de no ser víctima de delitos, sino también la de
gozar de la vigencia de un Estado constitucional de Derecho, y de un estándar
mínimo o razonable de bienestar en materia de salud, de educación, de vivienda e
ingreso. Este concepto sería el de desarrollo humano sostenible, que tiene a la
equidad como principio.
B. Desarrollo humano sostenible
El objetivo del desarrollo humano es ampliar las oportunidades de las personas,
para que puedan satisfacer sus necesidades básicas en un clima de convivencia,
libre de todo peligro, daño o riesgo a su vida, integridad física o a su patrimonio.
Esa libertad sería lo que se puede calificar como seguridad, siendo el Estado
el responsable de garantizarla, a través de sus instituciones, para evitar lo que
el PNUD califica como «perfil de sufrimiento humano». La esencia de desarrollo
humano sostenible es que todas y todos tengan igual acceso a las oportunidades
de desarrollo ahora y en el futuro.
C. Causas del deterioro de la seguridad
En el caso de Nicaragua la seguridad del habitante se ve deteriorada, entre otras,
por el incremento de la criminalidad, por la extralimitación del Estado en el uso de su
facultad punitiva, por la negligencia, deficiencia e indiferencia del Estado.
El incremento de la criminalidad genera temor y alarma social en la población.
Para Elías Carranza, tal temor y alarma social origina a su vez actitudes y
reacciones al nivel de los individuos, y al nivel de las políticas públicas; finalmente
el delito, el temor al delito y las medidas de reacción (que no siempre son las
correctas) se combinan para deteriorar la naturaleza de nuestra sociedad, haciéndola
menos solidaria y aumentando la violencia. Hay tres categorías de delitos que
afectan especialmente la seguridad del habitante (los datos estadísticos fueron
obtenidos de ILANUD):
a) Delitos contra la vida y la integración personal. Las tasas por 100 mil habitantes
sobre la base de las denuncias consignadas en las estadísticas policiales
son: 176 en 1990; 217 en 1991; 262 en 1992; 266 en 1993 y 308 en 1994. La
explicación del incremento de estos delitos tiene su base en la tenencia de armas
de fuego por parte de la población, como consecuencia de la postguerra y de la
«mano de obra desocupada» que durante la década de los 80 tuvieron empleo en
las fuerzas armadas regulares y de oposición.
b) Delitos contra la propiedad. La tasa por 100 mil habitantes de estos delitos
fue: 516 en 1990; 510 en 1991; 547 en 1992; 638 en 1993; y 633 en 1994. En otros
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