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efiere a todo lo que el hombre hace y aparece vinculado al Ejército. Es una concepción
peligrosa y atentatoria contra la libertad. La policía no puede juzgar sobre
faltas o contravenciones, menos aún con la amplitud señalada.
Tal totalitarismo se manifiesta en el Código de Policía de 1880, que establece
multas, encarcela, reprende y decomisa, regula materias religiosas, morales, laborales,
higiénicas, de espectáculos públicos, vagancia, ebriedad, orden público, juegos,
sobre curanderos y parteras, mendigos, ornato, colegios, agricultura, caminos,
imprenta, moneda, etc. Más de cuarenta y dos amplísimos rubros abarca.
De esta situación se ha abusado y persisten graves resabios que es preciso
acabar. Se han detectado casos en que se impone seis meses de cárcel. Los
poderes ejecutivos de los países latinoamericanos se valen de la policía, la cual
está bajo su dependencia, para dominar el sistema penal, ejercer control social,
punitivo y político, apartando o debilitando al poder judicial.
Como consecuencia se necesita una policía civil, obediente y sujeta al poder
civil, organizada al servicio de los ideales democráticos y de los principios de Estado
de derecho.
Es curioso observar que en el Código de Policía promulgado en el siglo pasado
se creó la policía judicial y hoy, a finales del siglo XX, ha desaparecido. Esa
policía podía hacer pesquisas para descubrir a los delincuentes y perseguir a los
hallados en flagrante delito o por orden competente, recoger el arma con que se
cometió el delito y todo los objetos que sirvan para probar su perpetración y debe
«prestar mano fuerte a las autoridades, ejecutando y auxiliando la ejecución de las
providencias y órdenes que se dictan».
Se necesita una policía judicial adscrita al Poder Judicial, dotada de suficientes
elementos técnicos, humanos y económicos. En el informe final del Instituto
Interamericano de Derechos Humanos sobre Sistemas Penales y Derechos Humanos
en América Latina, se sentó el criterio de que si se quieren poderes judiciales
independientes es menester que la policía dependa administrativamente del
poder judicial, y termina recomendando tal dependencia funcional y administrativa
a este poder.
Hoy la policía detiene sin orden judicial y puede retener a un individuo hasta
por dos días. En algunas oportunidades no permite que el detenido consulte a un
abogado. Esto se presta a persecuciones políticas o de cualquier otra índole. También
se le ha facultado a levantar una especie de instructiva que frecuentemente
los jueces y tribunales fallan de acuerdo con ella, sustituyendo en esta forma a la
autoridad judicial en la comprobación de los hechos. El plenario sólo se ocupa para
presentar testigos de buena conducta, olvidándose que representa el verdadero
juicio contradictorio y que debe fallarse de acuerdo con la prueba que en esta
etapa del juicio se obtiene y no con la del sumario o de la policía.
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