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3. Proceso penal
El Código de Instrucción Criminal de 1879 y sus reformas, ha servido para la
aplicación de tres códigos penales: el de 1879, el de 1891 y el de 1974. Ya cumplió
un siglo y no se ha podido cambiar a pesar de su obsolescencia.
Regula dos juicios principales: el ordinario y el sumario. También contempla
otros especiales. El ordinario es escrito y el sumario verbal, pero no llega a constituir
éste último un verdadero proceso oral.
El ordinario tiene dos etapas: la instrucción (o informativo) y el plenario. Ambas
etapas son escritas.
Se inicia de oficio, por denuncia o por acusación del ofendido o de la
Procuraduría Penal en su caso; la prueba se analiza por el sistema de la prueba
tasada (restablecido porque se abusó del sistema de la sana crítica consagrado
por el gobierno sandinista, al confundirlo con la apreciación en conciencia, propia
del jurado), pero con lista abierta de medios probatorios; es formalista; se admiten
los recursos de apelación, casación y revisión. Dentro del procedimiento se inserta
el jurado como una pieza fundamental para el juzgamiento de ciertos delitos.
Nuestro proceso penal en general es escrito, lento, complicado y costoso. La
defensa de oficio no funciona con eficacia y la marginalidad jurídica de los pobres
es enorme. Como puede observarse, se aparta de la Ley de Enjuiciamiento Penal
de España de 1872 y 1882 que consagran el plenario oral.
Existen dos proyectos de Código Procesal Penal: uno de 1965 y el otro elaborado
durante el gobierno sandinista. En el primero, el proceso es escrito y no representa
un gran avance. El segundo fue rechazado por los juristas y pueblo en general,
incluyendo a los comunistas.
La Constitución establece una serie de importantes garantías, pero en la práctica
no se cumplen o se cumplen mal muchas de ellas, por ejemplo:
a) se dice en el art. 34 inc. 2Cn. que el reo debe ser juzgado sin dilación, pero
el proceso es escrito, caro y lento, como consecuencia, y también por otras causas,
centenares de presos permanecen en la cárcel largo tiempo sin que sean
condenados o absueltos o iniciado juicio (los denominados presos sin condena,
cuyo alto porcentaje en Latinoamérica es alarmante);
b) en el mismo artículo se expresa que nadie puede declarar en contra de sí
mismo, su cónyuge, compañera o pariente dentro del cuarto grado de consanguinidad
o segundo de afinidad, ni a confesarse culpable, pero se conocen de muchos
casos de confesiones obtenidas por medio de coacción por la policía que son
tomadas en cuenta por los tribunales;
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