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nos graves con otros tipos de penas que no sea la prisión (multa, etc.). Se justifica
esta solución, porque la prisión no cumple con su finalidad rehabilitadora, se aleja
innecesariamente de la sociedad a quien bien puede reacomodarse en ella y existen
otros tipos de penas para esos delitos que adecuadamente reparan el daño.
c) Un Código Penal ajustado a lo expuesto anteriormente. Nuestro Código no
obedece a tales lineamientos.
d) Un sistema de justicia penal que garantice un juzgamiento justo y rápido,
en el que también participe la víctima. Se puede lograr con el proceso oral.
Nuestro proceso penal es escrito, lento, manejado por jueces que no tienen
independencia y con poca preparación especializada. El sistema penal en todas
sus etapas: preventiva, juzgamiento y ejecución, está plagado de violaciones a los
derechos humanos. Estas violaciones se vuelven más irritantes en la etapa de
ejecución, o sea, en el sistema penitenciario.
La investigación de la policía es la que generalmente sirve de fundamento de
la sentencia de los jueces y tribunales. Los hechos (el cuadro fáctico), que es la
base fundamental de la sentencia, los pone la policía; El derecho lo aplica el juez.
No debemos olvidar que en la determinación y apreciación de los hechos es en
donde se cometen los más grandes errores judiciales. En el sistema penal es donde
existe la mayor crisis de nuestra justicia.
e) Una asignación adecuada de recursos económicos y humanos para desarrollar
las metas de la política planificada.
f) Un sistema penitenciario para rehabilitar al condenado.
Nuestro sistema de justicia penal gira en torno al poder judicial, la policía y el
sistema penitenciario. Estos dos últimos ponen en crisis la independencia y unidad
de la función jurisdiccional. Además no funcionan bien, a pesar de que la policía
tiene un mayor personal que el del poder judicial. La policía pone los hechos fundamentales
de la sentencia del juez y juzga en ciertos casos. También el sistema
penitenciario usa de la sanción punitiva.
H. Una gran marginalidad jurídica
Para nadie es un secreto que existe una gran marginalidad jurídica producto
de nuestra pobreza y de la injusta distribución de la poca riqueza que existe.
La igualdad ante la ley y el proceso 6 y el principio de la gratuidad de la justicia 7
no resuelven el problema de la marginalidad jurídica, o sea, el acceso de los po-
6 . Arts. 27 y 165 Cn.
7 . Art. 156 Cn.
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