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dentro del término de tres días ante la Corte Suprema. La ley regula la suspensión
del acto como medida precautelar. Sigue en esto a las leyes anteriores.
El artículo 43 de la Ley de Amparo dispone que si el Tribunal no encontrare
datos suficientes para fallar, abrirá el amparo a prueba por diez días. Será admisible
toda clase de prueba y puede el Tribunal recabarlas de oficio si lo considera
conveniente. Buena parte del material probatorio aparece en las diligencias levantadas
por las autoridades responsables, las cuales tendrán que ser enviadas al
Tribunal.
El citado artículo le permite a éste fallar de acuerdo con los datos que arrojan
las diligencias y las que con posterioridad se pudieran adoptar sin necesidad de
abrir la prueba. Aplicar esta disposición atendiendo su sentido literal resulta peligroso.
Por una parte, las pruebas aportadas en las diligencias administrativas por
el funcionario culpable no son recibidas con las garantías necesarias. Por otra
parte, debe abrirse a prueba el amparo siempre que existan hechos dudosos o
controvertidos, a menos que la discusión sólo verse sobre la constitucionalidad del
acto y no sobre los hechos del conflicto, pues no debemos olvidar que el amparo
tiene más de juicio que de recurso, por lo que es necesaria la prueba. El amparo no
tiene una simple función revisora del acto de la autoridad, en la cual no sea necesario
el término de prueba.
No se establecen sanciones adecuadas para la retardación de la justicia y el
incumplimiento de las resoluciones del tribunal. En el Proyecto del Partido Popular
Social-Cristiano se hizo una regulación detallada de las responsabilidades del Tribunal
sentenciador y de las autoridades responsables o encargadas de hacer cumplir
las resoluciones. Para tal fin, se tipificaron varios delitos y se establecieron multas
y otras sanciones. Se contempla, como medida novedosa, la separación de los
magistrados que no resolvieron en tiempo el amparo.
Es muy importante la regulación amplia y eficaz de las responsabilidades y
sanciones para que el amparo funcione mejor y se ejecuten sus resoluciones.
En el artículo 5 de la Ley de Amparo se consagran varias orientaciones generales
y principios procesales, aplicables a los tres recursos que regula Ley de Amparo,
a saber: la participación activa del juez o tribunal en el recurso, inclusive en el
cumplimiento de las resoluciones; y la aplicación de los principios procesales de
economía, buena fe, igualdad, publicidad y celeridad.
El citado artículo no contiene más que una enumeración de principios con
escasa aplicación, pues no se desarrollan en el resto del articulado de la Ley de
Amparo. Por el contrario, algunos son violados como hemos visto: el de economía,
porque se exige papel sellado para interponer el recurso de inconstitucionalidad; el
de igualdad, al obligar prácticamente a los nicaragüenses, que se encuentren en el
extranjero a venir a Nicaragua para interponer el citado recurso.
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