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c) El decreto-ley no existe en nuestra Constitución, por lo que se ha excedido
la Ley de Amparo al dar como supuesto que es legal decretarlos. La Constitución
de 1974 los autorizaba en su artículo 190, inciso 10.
Estos decretos se dictan por el Presidente sin delegación del legislativo, en
casos de necesidad y urgencia. Los usan los regímenes de facto para gobernar.
Tras la caída del gobierno de Somoza fueron ampliamente usados. Ya no existe
razón para seguirlos dictando y además carecen de respaldo constitucional.
Cuando el ejecutivo dicta decretos por delegación del legislativo, generalmente
en circunstancias anómalas (guerra, epidemia, crisis económica, etc.), la
doctrina los denomina decretos con fuerza de ley. Tampoco los contempla la Constitución.
d) El reglamento es un decreto que en algunos países se puede impugnar en la
jurisdicción contenciosa-administrativa, pero como nosotros no la tenemos reglamentada
actualmente aunque está contemplada en la Constitución según la reforma de 1995,
se hace por medio del recurso de inconstitucionalidad y de amparo.
Muchos administrativistas 2 se pronuncian a favor del control contencioso-administrativo,
aunque reconocen que algunos países siguen todavía el control constitucional.
B. Vicios denunciables
Los artículos 187 de la Constitución y 2 de la Ley de Amparo, que desarrollan
en parte el principio de supremacía de la Constitución consagrado en el artículo
182 de la Constitución, señalan, sin hacer distinciones, como motivo del recurso, la
oposición de la ley, decreto, y reglamento a la Constitución. Procede pues, cualquiera
que sea la naturaleza de la norma constitucional violada. Bien puede ser de
procedimiento, de organización o sustantiva.
En la doctrina se conocen dos tipos de vicios que afectan a las leyes: los que
provienen por haberse violado las reglas de procedimiento establecidas en la Constitución
para la formación de la ley (error in procedendum); y los que provienen de
la oposición de la ley a las disposiciones sustantivas constitucionales (error in
iudicando) 3 .
2 . González Pérez se pronuncia a favor del control, a través de lo contencioso-administrativo (Derecho
procesal administrativo. Editorial Temis, Colombia, 1985. págs. 170 y sigs.).
3 . La Ley de Amparo de 1948 admitió expresamente la inconstitucionalidad de la ley por defecto de forma y
de fondo. Lo fundamental de todo sistema moderno es que se permita la impugnación por violación de
disposiciones sustantivas. Muchos países admiten el control por ambos motivos, pero se dan casos de
algunos que sólo aceptan el control judicial por motivos de forma, como sucedió en Italia bajo el flexible
Estatuto Albertino de 1848 y se admite aún en los sistemas en que se rechaza el control judicial de la
constitucionalidad de las leyes. Nuestra Corte Suprema rechaza los recursos fundados en irregularidades
de forma. No obstante, en reciente sentencia de las 11 a.m. del 24 de Noviembre de 1992, B.J., pág.
254, aceptó el recurso de inconstitucionalidad por cuestiones de forma, aceptando la opinión que había
sostenido en mi estudio Líneas Fundamentales de la Nueva Ley de Amparo, publicado en 1989.
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