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Capítulo V
Recurso por inconstitucionalidad
SUMARIO: 1. Materia del recurso: A. Su objeto. B. Vicios denunciables. 2.
Inconstitucionalidad de algunas leyes, decretos y de la nueva Ley de Amparo. 3.
Competencia. 4. Capacidad procesal. 5. Legitimación activa. 6. Legitimación pasiva.
7. Procedimiento: A. Interposición del recurso. B. Admisibilidad. a) Artículo 6 de
la Ley de Amparo. b) Artículo 10. c) Artículo 11. d) Artículo 12. Artículo 13. Artículo
19. C. Otros trámites. 8. Efectos. 9. Inconstitucionalidad en casos concretos.
1. Materia del recurso
A. Su objeto
Este recurso tiene como objeto directo y principal la declaración de la
inconstitucionalidad de la ley, decreto o reglamento que se opongan a la Constitución.
Así se desprende de los artículos 2, 6, 7 de la Ley de Amparo y otros. No es
preciso que de previo se encuentre pendiente de resolución ante las autoridades
administrativas o judiciales un caso concreto.
La materia regulada en la Ley de Amparo es amplia. Veamos lo que abarca:
a) Dentro del concepto de ley se comprende: las que dicta la Asamblea Nacional;
las que dictó el Presidente por delegación de aquélla al recesar, antes de la
reciente reforma constitucional; las que dictó el Presidente en materia fiscal o administrativa
sin necesidad de delegación, denominados decretos ejecutivos con
fuerza de ley por el artículo 150, inciso 4, de la Constitución, antes de la reciente
reforma constitucional; y los tratados internacionales 1 .
b) En el decreto entran todas las disposiciones generales y abstractas dictadas
por cualquier autoridad. Los planes de arbitrio y ordenanzas municipales podrían
incluirse dentro del concepto de decreto.
1 . Existen disposiciones constitucionales, generalmente de carácter programático, que encierran derechos económicos
y sociales para cuya aplicación efectiva en ciertos supuestos es preciso la erogación de recursos
económicos y la actividad de los poderes políticos (leyes, decretos, reglamentos, acuerdos, etc.). Piénsese en
aquellas que promueven la vivienda, la salud, la educación, etc. Las disposiciones constitucionales pueden ser
violadas por omisión cuando la autoridad no hace lo perceptuado, y ante tal situación no se puede negar
protección al perjudicado en su derecho económico y social por la omisión reglamentaria, la cual debe ser
llenada por el Tribunal. Sin embargo, el control judicial en tales supuestos no es determinante de la acción que
deben tomar los otros poderes, por lo que los tribunales deben actuar con prudencia. La Constitución del Perú
de 1979, en disposición transitoria, establece que los preceptos constitucionales que representan gasto e
inversiones se aplicarán progresivamente y el presupuesto anual cubrirá tal cumplimiento. El control y efectividad
a los derechos económicos y sociales constituye un gran reto de la democracia moderna (Jorge Mario
García. La constitución y su función en el desarrollo y defensa de los derechos humanos. Educación y derechos
humanos, Libro Libre, Costa Rica, 1986, págs. 101 y sigs.).
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