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gistrados (control difuso) y mediante el sometimiento del conflicto a la Corte Suprema,
cuando el ejecutivo veta de inconstitucionalidad un proyecto de ley (control
preventivo). A excepción del último, la legislación actualmente vigente admite los
restantes medios de control.
Generalmente nuestro amparo ha tenido las aplicaciones siguientes:
A. Amparo contra leyes, decretos o reglamentos al aplicarse al agraviado
por autoridades no judiciales, del cual conoce la Corte Suprema.
B. Amparo contra disposiciones, resoluciones, órdenes o actos de autoridades
no judiciales interpuesto por el agraviado o amenazado de serlo,
del cual conoce también la Corte Suprema.
C. Amparo contra actos restrictivos de la libertad personal por las autoridades
(exhibición personal), del cual conoce la Sala de lo Criminal del Tribunal
de Apelaciones correspondiente.
D. Amparo contra actos restrictivos de la libertad personal por particulares
(amparito), interpuesto ante los Juzgados de Distrito de lo Penal 3 .
E. Amparo contra el auto de prisión, del cual conocía la Sala de lo Criminal
del Tribunal de Apelaciones correspondiente.
La actual Ley de Amparo suprimió el inc. E, y del D conoce el Tribunal de Apelaciones,
inicialmente regulado en el Código de Instrucción Criminal de 1879, del cual conocían
los jueces de Distrito.
3. Unidad del amparo
Con anterioridad se dijo que el amparo tiene varias manifestaciones. Lógicamente,
por razones de importancia, facilidad y economía, en cada una de ellas pueden
variar los procedimientos, reglas y competencias. No obstante, aparecen vinculadas
por elementos comunes fundamentales que le comunican unidad al amparo: el fin (el
control del cumplimiento de la Constitución) es el mismo; principios y reglas fundamentales
de aplicación general; una sola ley las regula. Existe un anchuroso campo común
a todas ellas que orgánicamente las une. En resumen, el amparo es uno, con manifestaciones
específicas.
3 . Nuestro amparo, como el mexicano y los que de él se derivan, sólo se efectúa contra las autoridades;
pero últimamente (iniciando el movimiento por la jurisprudencia argentina) se acepta su procedencia
contra los particulares (personas naturales o jurídicas o grupos de personas), como suceden en Venezuela,
Bolivia y Uruguay por violación de cualquier derecho o libertad consagrado en la Constitución (cfr.
Fix Zamudio, La justicia constitucional en América Latina, Ob. Cit., Págs. 147 y sigs.; Carlos N. Amaya
Cora. La acción de amparo constitucional en Venezuela, en Ley de Amparo, derechos y garantías constitucionales,
Editorial Jurídica Venezolana, Caracas, 1980. Págs. 137 y sigs.).
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