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B. Originalmente (1920) el control se daba solamente en la vía principal,
esto es, mediante una acción especial directa cuyo objeto exclusivo es plantear
la inconstitucionalidad de la ley ante la Corte Constitucional. Están legitimados
para ejercitar esta acción órganos políticos y no judiciales tales como
el Gobierno Federal y los Länders; el primero, para pedir el control de la
legitimidad constitucional de leyes de los Länders, y los últimos para el control
de las leyes federales.
Solamente estos dos órganos constitucionales estaban legitimados, pero a
partir de la reforma de 1929 se permite que en forma incidental dos altos órganos
judiciales ordinarios planteen la cuestión de constitucionalidad de una ley, aplicable
en forma relevante al caso que se encuentra bajo su conocimiento, pero los
jueces inferiores, jamás pueden negar la aplicación de la ley cuestionada de inconstitucional.
Estos dos órganos superiores legitimados son: la Corte Suprema (Oberster
Gerichtshof) para asuntos civiles y penales y la Corte Suprema para asuntos administrativos
(Werwaltungsgerichtshof). No están legitimadas para proponer la acción
de inconstitucionalidad.
La acción de inconstitucionalidad es abstracta, ajena a todo caso concreto y,
como consecuencia, no presupone ninguna sentencia judicial que impugnar.
Cuando la inconstitucionalidad es promovida por las Cortes Superiores, se
suspende la aplicación de la ley y se concede intervención ante la Corte Constitucional
a las partes interesadas en el caso concreto, a los gobiernos interesados en
la constitucionalidad de las leyes (Gobierno Federal o Länders). Se admite, pues,
la vía de acción y la incidental, por eso se dice que es un sistema híbrido.
C. La sentencia que dicta la Corte Constitucional tiene efectos generales,
o sea, elimina del Derecho vigente a la ley declarada inconstitucional.
D. La sentencia sólo tiene efecto para el futuro, aunque posteriormente
(1929) se reconoció que la ley inconstitucional no tiene aplicación al caso
concreto y que la ley derogada vuelve a entrar a regir cuando así se disponga,
dos situaciones que constituyen excepciones al principio de la no
retroactividad.
El sistema original aplicó estrictamente el principio de la no retroactividad de
la sentencia que declara inconstitucional a la ley, por tanto, los hechos verificados
durante la vigencia de ésta son válidos y eficaces. La reforma de 1929, con criterio
más práctico que teórico, a fin de legitimar a las dos Cortes judiciales en la postulación
de la inconstitucionalidad de las leyes, dispuso que la ley inconstitucional no es
aplicable al caso concreto, como se dijo anteriormente.
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