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disposición de un órgano de justicia constitucional que no surge de elección popular.
Es el surgimiento del gobierno de los jueces. Se presta para que la oposición o
grupos de interés o presión atrasen, mediaticen o maniobren, lo cual pone en difícil
situación al tribunal, en un papel que no le corresponde. b) No garantiza la supresión
de las inconstitucionalidades, pues funciona a petición de parte y el tribunal
puede no detectar las violaciones a la Constitución.
Las ventajas son las siguientes: a) Adelanta el análisis de la constitucionalidad,
lo cual es una economía de tiempo, dinero y trámites, evitando los eventuales
daños que podría causar una ley o acto legislativo inconstitucional aplicado a casos
concretos. b) Se aceptan las ventajas en el control de los tratados internacionales.
c) Los plazos breves y la rapidez con que se resuelve la constitucionalidad
planteada. d) Se garantiza mejor el principio de igualdad de los ciudadanos que en
el sistema a posteriori.
Algunos autores se pronuncian a favor de la combinación de ambos sistemas
considerando al previo como una arma útil y aducen las razones siguientes: a) No
existe incompatibilidad entre ambos sistemas, el previo puede funcionar con el a
posteriori, ya sea abstracto o concreto, mediante una adecuada organización, lo
cual evitaría los daños de una declaración de inconstitucionalidad posterior. Se
justifica el a posteriori en el supuesto de ausencia de control previo de la ley o lo
reducido de dicho control. b) Los plazos para que se pronuncie el tribunal deben
ser reducidos o abreviados. c) Para evitar recursos frívolos se recurre a la limitación
de la legitimación para interponerlo, generalmente atribuida únicamente a pocos
órganos constitucionales y a minorías parlamentarias.
Como ya explicamos en nuestro país existió una consulta a la Corte Suprema,
sin que la opinión de esta fuera vinculatoria, con carácter amplio, pues no sólo
se ocupaba de la constitucionalidad sino también de la conveniencia, oportunidad
y técnica del proyecto.
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