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pronunciarse a favor de la inconstitucionalidad), sino positivo, ya que para que una
ley o tratado llegare a ser tal y produzca sus efectos jurídicos, se necesita que el
tribunal constitucional se pronuncie a favor de su constitucionalidad, el cual aparece
en el proceso legislativo actuando conjuntamente con la asamblea legislativa y
el poder ejecutivo.
Por último, otros autores consideran que el control previo de constitucionalidad
es un control jurídico que tiene mayor proximidad al control jurisdiccional que a las
funciones consultivas o legislativas. De aquí que afirmen que no se trata de un
mero control político, aunque reconocen que se puede utilizar para resolver cuestiones
de ese carácter.
Además, el procedimiento y los criterios para decidir son jurídicos. Es una
cuestión de Derecho en la que se confrontan la ley ya votada o el tratado ya firmado
con la Constitución. También piensan que no actúa como legislador porque no
fija el contenido de la futura ley o tratado para que sean constitucionales. Es de la
misma naturaleza del control a posteriori, pues solamente adelanta el control a una
etapa anterior. Una corriente doctrinal dominante en Francia considera al control
previo como jurisdiccional.
Es interesante la observación que cuando conviven en un mismo sistema el
control a priori y a posteriori, se considera al primero no jurisdiccional y al segundo
sí, cuando se juzgan las mismas normas.
Es importante advertir que en ciertos sistemas la decisión del tribunal constitucional
en el control previo es vinculante, y no de mera información como es en el
consultivo que deja abierta una vía posterior para discutir la constitucionalidad.
3. Sistemas de control previo
Los sistemas de control preventivo pueden ser de tres clases: sistema único
de control preventivo; sistema mixto en el que funcionan conjuntamente el control
preventivo y el a posteriori; y los sistemas de reducido alcance.
A. El prototipo del modelo único es el francés. El control puede ser preceptivo
o facultativo. Al Consejo Constitucional se le atribuye el control previo
de la constitucionalidad de las leyes ordinarias y orgánicas, de los reglamentos
parlamentarios y de los tratados o acuerdos internacionales. No controla
los reglamentos, los cuales quedan sometidos a la jurisdicción contenciosa-administrativa,
en cuya jerarquía superior aparece el Consejo de Estado.
El juez administrativo juzga sobre la legalidad y constitucionalidad de los
actos administrativos.
El control preceptivo está consagrado en el párrafo primero del art. 61 al
disponer que deben ser sometidas al Consejo Constitucional para pronunciarse
sobre la constitucionalidad, las leyes orgánicas antes de su promulgación y los
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