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De este carácter protector se derivan los principios siguientes: a) El principio
de interpretación pro homine (el alcance de los tratados se interpreta de manera
más favorable al ser humano). b) El principio pro sentencia (conocer del fondo y
eludir cuestiones de forma. c) El principio de buena fe, en virtud del cual los Estados
están obligados a adaptar progresivamente la legislación interna a los compromisos
internacionales.
Junto al Derecho Internacional de los Derechos Humanos, en sentido estricto,
existen otros Derechos que forman una sola familia bajo la denominación de
Derecho Internacional de los Derechos Humanos, en sentido amplio; a saber: Derecho
Internacional Humanitario (relativo a los conflictos nacionales o internacionales)
y el Derecho de los Refugiados.
3. Relación entre el Derecho interno y el Derecho Internacional de los
Derechos Humanos
Es importante destacar la íntima relación entre el Derecho interno y el Derecho
Internacional de los Derechos Humanos. Veamos algunos principios:
A. Carácter subsidiario de la protección internacional
El Derecho interno es el primero que debe intervenir en esa protección, por
así exigirlo el principio de la soberanía y el orden lógico del proceso. Siendo esto
así, es preciso insistir y exigir que el Derecho interno se oriente hacia la consagración,
promoción y cumplimiento de los derechos humanos. Esta es la primera trinchera
de lucha.
Pero como aún en los estados más democráticos es posible una violación
principalmente por el Estado, que es normalmente el principal infractor, se han
creado instancias internacionales de defensa, mediante la estructuración de organismos
destinados a su protección, los cuales actúan una vez que el sistema interno
haya funcionado.
B. El agotamiento de los recursos de la jurisdicción interna
Es necesario que en la vía interna se agoten todos los recursos que señala la
ley, pues no se puede pasar a la instancia internacional si en la vía interna existen
recursos para solucionar el conflicto.
Esta vía interna no es necesario agotarla cuando no existan recursos en la
jurisdicción interna o cuando los que existen no son ágiles y eficaces, de otra manera
sería obligar a la víctima a seguir en la vía interna un camino inseguro, infructuoso,
lo que equivale a negarle el acceso a la protección internacional.
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