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La tercera parte se refiere al alcance de la reforma constitucional de 1995,
que marcó un nuevo contenido a la constitución presidencialista de 1987, insistiendo
en una mejor distribución de atribuciones y competencias para los poderes del
estado y que introdujo nuevas instituciones para un mejor control de la actividad de
los gobernantes, tales como la división de la Corte Suprema de Justicia en salas,
especialmente la sala de lo constitucional y la sala de lo contencioso-administrativo,
la procuraduría de derechos humanos (ombudsman), la responsabilidad patrimonial
del estado, la caracterización de Nicaragua como un estado social de derecho,
la no reelección presidencial en el período inmediato sucesivo y que en el
pasado ha sido fuente de tensiones, guerras civiles y ha conducido al autoritarismo
y centralización de poderes; éstas y otras formas marcaron, a partir de esa fecha,
un nuevo rumbo a la filosofía del constitucionalismo nicaragüense.
La cuarta y última parte aborda el tema de la justicia en general y la reforma
penal en particular, con recomendaciones altamente interesantes. Echamos de
menos en la obra una referencia a los aspectos sociológicos y económicos que
tienen que ver con el hecho político y que están en la base misma de la actuación
del poder y a través del cual se expresan las diversas relaciones entre gobernantes
y gobernados, además de una ausencia de la historia general del
constitucionalmismo y particularmente al nicaragüense y a las causas históricas e
intereses, no siempre legítimos, que han impactado nuestra agitada vida constitucional.
El Manual de Derecho Constitucional del Dr. Escobar Fornos, además de ser
una obra bien documentada desde el punto de vista bibliográfico, presenta un excelente
manejo de la jurisprudencia nacional, mediante la cita adecuada de las
diversas sentencias y opiniones que la Corte Suprema de Justicia ha venido elaborando.
Está escrito en un lenguaje sencillo y elegante, fácilmente comprensible y
accesible, lo que hace de ella una obra recomendable no solamente para los estudiantes,
sino para los especialistas y estudiosos del derecho constitucional y porque
no decirlo, para nuestra clase política que a menudo tiene que tomar decisiones
trascendentales que podrían encontrar su fundamentación y explicación en
obras como la que comentamos y también para el público en general deseoso de
obtener una mayor información sobre aspectos y decisiones que les afectan.
Me place además escribir este prólogo a la obra del compañero en el ejercicio
de la docencia y al jurista que me sucedió en la Presidencia del primer poder del
estado, la Asamblea Nacional, al instalarse una nueva legislatura en 1997, y que
los diputados del período de 1990 a 1996 elevamos a la categoría de ser el foro por
excelencia, el más importante de la nación.
Finalmente y pese al esfuerzo que los juristas realizamos por crear instituciones
adecuadas para reconducir el poder y la actuación de los gobernantes a los
cauces formales y principios que contiene la constitución, el poder presenta aspectos
que trascienden lo jurídico y que no podemos obviar su pena a quedarnos en
un frío formalismo, ausente al tratamiento de las realidades, de los factores reales
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