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departamento. Pendiente la ejecución, por una ordenanza con fuerza de ley del 13 de enero de 1959 se prohibió toda expulsión de los militares que prestaban servicio en Argelia así como de su familia. El prefecto de policía se negó a ejecutar el desahucio en cumplimiento de la ordenanza citada. El caso fue llevado al Consejo de Estado en reclamación por los daños. Confirma la decisión del prefecto y ordenó la indemnización. Esta no se funda en la voluntad del legislador, solamente lo hace frente a la igualdad ante las cargas públicos. Se puede notar el avance hacia la amplitud de la responsabilidad en los dos extremos, el caso Duchatelier y el caso Bovero, aunque en ciertas épocas (segunda guerra mundial) el Consejo de Estado negó dos veces la indemnización, aunque después de pasada la crisis abrió las puertas. Dejando a Francia, es conveniente advertir que en muchos países la aparición de la Constitución como ley suprema desplaza la soberanía de la ley a la soberanía de la Constitución. La ley ordinaria tiene que ajustarse a este cuerpo de normas. La ley no puede manifestar una voluntad ilimitada (se niega el carácter soberano a la ley). La contradicción entre la ley y la Constitución puede ser solucionada por el poder judicial ordinario o por un tribunal constitucional. La supremacía de la Constitución y el sistema de control de su cumplimiento y el efecto retroactivo de las sentencias que declaran la inconstitucionalidad de las leyes, son instituciones jurídicas que destruyen el principio básico de la irresponsabilidad del Estado por actos legislativos 37 . Bajo estas condiciones se ha pensado fundar la responsabilidad en la culpa o ilicitud de la ley: si antes la ley delimitaba lo lícito e ilícito, ahora ella puede ser ilícita al entrar en conflicto con la Constitución. Esta teoría resulta forzada y ofrece graves inconvenientes. El efecto retroactivo como método para poder reparar o compensar, es efectivo, pero tiene sus inconvenientes. Hay que consagrar disposiciones regulatorias que permitan al juez o tribunal excluir ciertas situaciones. La doctrina sostiene que la responsabilidad por actos legislativos no sólo se da cuando se viola la Constitución, sino también cuando no se viole. En nuestro sistema pueden tener aceptación ambas violaciones. El tema en general es polémico y hasta las ideologías han intervenido; la izquierda defiende la inmunidad y la derecha la responsabilidad. Los tribunales tienen que proceder con mucha prudencia. 37 Existen otras razones teóricas que ayudan a la destrucción de la irresponsabilidad del Estado: el legislativo deja de ser considerado como órgano de la sociedad y sus actos son de Estado; como consecuencia, el diputado deja de ser representante popular y se convierte en titular inmediato de un órgano estatal; el carácter general de la ley se quiebra en muchos casos. 186
En nuestro sistema, el art. 139 Cn. exime a los diputados de responsabilidad por sus opiniones y votos emitidos en la Asamblea Nacional. Esto los libera de toda responsabilidad civil por los efectos de las leyes que aprueben, pero el Estado sería en todo caso el responsable. Esta responsabilidad estatal por actos legislativos es de carácter extracontractual, y su prescripción sería la general de diez años, de acuerdo al art. 905C., pues no se establece un plazo especial. El problema es muy complejo, y es poco probable que los tribunales de justicia se abran a una aceptación amplia de la responsabilidad del Estado por actos legislativos. 187
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