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acción tendiente a establecer una indemnización a cargo del Estado, salvo si el
mismo legislador ha creado tal acción 36 .
Tal criterio despertó inquietudes en los defensores del principio de legalidad,
pues la radical inmunidad recordaba la del absolutismo regio. Por tal razón se
formuló la teoría de la generalidad de la ley.
Pero tampoco la tesis de la generalidad de la ley se aceptó sin reservas, pues
se daban leyes especiales y concretas, por lo que se explicó la irresponsabilidad
fundándose en la falta de un control efectivo de los límites constitucionales, pues
es el propio parlamento el que decide la conformidad de la ley con la Constitución.
Es el parlamento el que fija sus propios límites. Esto elimina prácticamente la posibilidad
de exigir responsabilidad al Estado por sus actos.
Justificando esta última tesis expresa Michoud: «En nuestra organización
constitucional, al menos, la cuestión de la responsabilité pour faute (responsabilidad
por falta) no puede plantearse frente a los actos del poder legislativo. Es rigurosamente
cierto la afirmación de que el legislador no comete falta alguna en el
sentido jurídico del término, porque su derecho carece de límite constitucional legal».
El caso La Fleurette parte del reconocimiento de la voluntad tácita del legislador
para indemnizar y funda esta indemnización en la igualdad de las personas
ante las cargas públicas. La Fleurette fabricaba una crema sana e higiénica, compuesta
del 70% de leche y 30% de otras substancias. La ley del 29 de junio de
1934 para favorecer a la industria lechera, prohibió todo los productos similares
que no fueron elaborados exclusivamente con leche, por lo que cesó de operar la
sociedad. El caso llegó al Consejo de Estado y condenó al pago de los daños y
perjuicios, a pesar de no contemplarse expresamente en la ley, interpretando la
voluntad tácita del legislador.
La jurisprudencia avanza más y acepta sin reserva la interpretación de la
voluntad tácita del legislador en los casos que sea posible demostrar que el legislador
no quiso excluirla. Esta presunción es iuris tantum que admite prueba en
contrario.
La jurisprudencia sigue exigiendo requisitos. La indemnización cabe únicamente
cuando el acto normativo dañoso no incide sobre una actividad prohibida,
inmoral, ilícita o contraria a la sanidad nacional o al orden público. Por otra parte, el
perjuicio debe ser grave, un sacrificio superior al normal.
El caso Bovero cambia la tendencia. Se trataba de un problema de responsabilidad
por ejecución en sentencia judicial que ordenaba el desahucio de un
36 Laferriere, Traité de la Juridiction administrative et des recurs contentiux, 2da. Edición. Berger Levault et
Cie. París 1896. T II pags. 13 y 14.
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