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En materia penal principia con la acusación y termina con el sobreseimiento definitivo
o la sentencia condenatoria, extendiéndose a la apelación y casación en su
caso, en materia civil se inicia con la demanda y termina con la sentencia definitiva
en primera instancia, apelación o casación, no incluyendo el procedimiento de
ejecución.
Para determinar el plazo razonable también ha formulado otros criterios:
i) La complejidad del litigio: grandes dificultades para determinar los hechos
y/o la ley aplicable, etc.
ii) El comportamiento del recurrente: retrasos provocados por el denunciante.
No puede constituir excusa para el tribunal que el demandante haya hecho uso de
todos los medios y recursos para defender su pretensión. Curiosamente declara
irrelevante la circunstancia de que el impulso del proceso esté encomendado a las
partes o al juez.
iii) La conducta de las autoridades nacionales: lentitud culpable en la conclusión
del proceso. Es una condición determinante. Pero la correcta administración
de justicia está superpuesta al plazo razonable. No puede la autoridad impedir a
los jueces la realización de todas las actuaciones necesarias para un juicio recto.
La abundancia de asuntos puede ser una excusa, cuando es transitoria y no estructural.
La duración exagerada de un proceso sólo tiene justificación por causa
especialmente graves.
iv) Las naturales consecuencias que pueden derivarse del proceso para la
persona denunciante: mayor exigencia de rapidez en los procesos penales, donde
está en juego el honor y la libertad, en los que el interés patrimonial para el denunciante
es de capital importancia.
Las anteriores directrices pueden servir de ejemplo para las reformas del
Derecho interno. La celeridad del proceso es un derecho humano fundamental que
se desprende de los art.34 inc. 2, 52 y 160 Cn., 24 y 25 de la Declaración Americana
de los Derechos y Deberes del Hombre y 8.1 de la Convención Americana
sobre Derecho Humanos 32 que en forma clara establece el derecho de ser oído en un
plazo razonable en materia penal, civil, laboral, fiscal y de cualquier otro carácter.
c) Ultimamente las legislaciones contemplan a la prisión provisional como
causa de daños y perjuicios, cuando se dicta sentencia absolutoria o sobreseimiento
definitivo por la inexistencia del hecho delictivo o que el enjuiciado no haya tenido
participación en el mismo.
32 Artículo 8. Garantías Judiciales. 1. Toda persona tiene derecho a ser oída, con las debidas garantías y dentro
de un plazo razonable, por un juez o tribunal competente, independiente e imparcial, establecido con anterioridad
por la ley, en la sustanciación de cualquier acusación penal formulada contra ella, o para la determinación
de sus derechos y obligaciones de orden civil, laboral, fiscal o de cualquier otro carácter.
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