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El funcionario, por sus actos, hechos u omisiones que trascienden el ámbito
administrativo, puede incurrir en responsabilidad penal. En este supuesto son las
sanciones penales las que deben imponerse.
Pero el funcionario también puede, por su conducta indebida, causar daño
patrimonial a terceros o a la administración. En estos casos es posible que el funcionario
o el titular tenga que responder por los daños y perjuicios causados. Es la
llamada responsabilidad civil.
La responsabilidad civil de la administración surge primeramente por actos o
hechos administrativos, rompiendo el dogma predominante de hace casi dos siglos
de la irresponsabilidad estatal. En un principio se aplicaron los principios de la
responsabilidad civil y después principios propios del Derecho Público. También
se reconoce la responsabilidad contractual de la administración que se rige por
principios propios.
La responsabilidad política alcanza sólo a los grupos gobernantes (Presidente,
diputado, etc.).
Con relación a quién responde de los actos y hechos de la administración se
han formulado cuatro sistemas:
a) En ciertos países predomina la responsabilidad directa sobre el funcionario,
el cual responde con sus bienes frente al particular lesionado. Como modalidad,
en otros países la administración está obligada a pagar subsidiariamente.
b) Por el contrario, otros países establecen la responsabilidad directa de la
administración, no de sus funcionarios. En ciertos países, autorizan a la administración
para que reclame al funcionario lo que pagó por su actuación dañosa.
c) Algunos países establecen la responsabilidad solidaria de la administración
y sus funcionarios.
d) Otros consagran la responsabilidad directa para ciertos casos y la responsabilidad
personal de los funcionarios por otros, pudiendo coexistir ambas responsabilidades
en determinadas situaciones.
Antes de la reforma constitucional se sostenía por la doctrina que el Estado y
sus empresas son responsables de los daños cometidos por los hechos realizados
por sus funcionarios y empleados, asimismo de los hechos de los animales que
posea y de los daños causados por los edificios en ruina. Le son aplicables los arts.
2512, 2513, 2514, 2518 y 2519 C.
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