Recomendacion Nº 20 / 2012 - Comisión Estatal de Derechos ...

E. DERECHO A LA LEGALIDAD Y SEGURIDAD JURÍDICA. (Por uso excesivo de la
fuerza pública). Este derecho humano se encuentra reconocido por la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su artículo
19 párrafo séptimo, precepto que prohíbe cualquier maltratamiento durante
la aprehensión, numeral que es congruente con los artículos 3° y 5°, de la
Declaración Universal de Derechos Humanos; 7 y 10.1 del Pacto
Internacional de Derechos Civiles y Políticos; el principio 1° del
Conjunto de Principios para la Protección de Todas las Personas
Sometidas a Cualquier Forma de Detención o Prisión, el artículo I de la
Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre y
artículos 5.1, 5.2, 7.1 y 11.1 de la Convención Americana sobre
Derechos Humanos, y 2, 3, 5 y 8 del Código de Conducta para
Funcionarios Encargados de Hacer Cumplir la Ley contenido en la
Resolución No. 34/169 de la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobada
el 17 de diciembre de 1979.
F. DERECHO A LA REPARACIÓN es un término genérico que abarca las diferentes
medidas con las que un Estado puede hacer frente a la responsabilidad
internacional en que ha incurrido y tienden a reducir los efectos de la violación
cometida. Según la lesión de que se trate, varían los modos específicos de
reparar: restitutio in integrum de los derechos afectados, satisfacción, garantías
de no repetición, anulación de medidas administrativas, devolución de la honra
o dignidad ilegítimamente quitadas, etc. La reparación en casos de violaciones al
derecho a la vida, dada la naturaleza del bien afectado, adquiere
fundamentalmente la forma de una indemnización pecuniaria.
El artículo 63.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos
prescribe:
“…cuando decida que hubo violación de un derecho o libertad
protegidos en esta Convención, la Corte dispondrá que se garantice al
lesionado en el goce de su derecho o libertad conculcados. Dispondrá
asimismo, si ello fuera procedente, que se reparen las consecuencias de
la medida o situación que ha configurado la vulneración de esos
derechos y el pago de una justa indemnización a la parte lesionada…”
El segundo párrafo del artículo 21 de la CADH dispone que:
“Ninguna persona puede ser privada de sus bienes, excepto mediante el
pago de indemnización justa, por razones de utilidad pública o de
interés social y en los casos y según las formas establecidas por la ley.”
En este sentido, el criterio de la Corte Interamericana de Derechos Humanos se
obtiene en el Voto Razonado del Juez Antonio Augusto Cançado Trindade,
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