LA MODERNIZACIÓN ADMINISTRATIVA EN MÉXICO Propuesta ...

1960-1980 79
Los cambios de la estructura administrativa entre 1960 y 1980
respondieron justamente a la necesidad de incluir decisiones más
racionales en planeación y coordinación. Había que redoblar esfuerzos
y fortalecer la estructura de la administración pública para
que se pudieran elaborar planes y programas, a partir de los montos
requeridos para la inversión y el gasto, con el compromiso
de evaluar esos planes.
Para ello, en 1958 se creó la Secretaría de la Presidencia, cuyas
atribuciones, por muy amplias que se presentaran en la ley,
quedaron limitadas por conflictos burocráticos —como explico
más adelante— producto del recelo de otras secretarías al ver invadido
su tradicional espacio de poder. También se incorporó
a la estructura central la nueva Secretaría de Patrimonio Nacional,
por lo que la de Hacienda y Crédito Público perdió algunas
de sus funciones relativas a planeación y coordinación. El control
del creciente sector paraestatal estuvo a cargo de la Secretaría
de Patrimonio Nacional, que se formó sobre las bases de la
antigua Secretaría de Bienes Nacionales e Inspección Administrativa.
Estos cambios quedaron consignados en la Ley de Secretarías
y Departamentos de Estado del 23 de diciembre de 1958.
La nueva Secretaría de Patrimonio tuvo dificultades para cumplir
cabalmente con sus propósitos, por lo que se creó una junta
de gobierno encargada del sector paraestatal y de aplicar la ley
que lo regulaba.
La necesidad de coordinar dependencias pareció requisito para
poder establecer objetivos y formular planes. La Comisión Intersecretarial
desempeñó este papel y logró preparar el Plan de
Acción Inmediata 1962-1964. La planeación, además de buscar
más racionalidad en el manejo de los recursos, procuró también
ampliar los consensos sociales sobre decisiones gubernamentales;
éstas siguieron sustentándose en el control que mantuvo el
gobierno, particularmente sobre el sector obrero. Se modificó la
estructura administrativa para que influyera de" manera más directa
en logros de tipo social. El gobierno no podía atender en
especial el desarrollo económico sin tomar algunas medidas para
que sus beneficios llegaran a las capas más desprotegidas de la
sociedad. En el cuadro 6 se observan los montos de la inversión
pública en actividades productivas y en las de beneficio social.
Entre 1941 y 1946 el gobierno invirtió un poco más de 10 mil
millones de pesos en la industria y casi 13 mil millones en bienes-