LA MODERNIZACIÓN ADMINISTRATIVA EN MÉXICO Propuesta ...
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78 LA MODERNIZACIÓN ADMINISTRATIVA EN MÉXICO CUADRO 5 Distribución del ingreso en México, 1950-1977 Participación del ingreso total Grupo de ingresos 1950 1963 1969 1977 1-2 (20% más bajo) 3-5 6-8 9-10 (20% más alto) 4.7 12.7 23.7 58.9 3.5 11.5 25.4 59.6 4.0 11.0 21.0 64.0 3.3 13.4 28.2 Fuentes: Para 1950 y 1963, CEPAL, La distribución en América Latina, Nueva York, 1970; para 1969, Banco Mundial, The Economy of México: A Basic Report, Washington, D.C., junio de 1973, y para 1977, Secretaría de Programación y Presupuesto, Encuesta nacional de ingresos y gastos de las familias, México, 1979. Daniel Levy y Gabriel Székely, Estabilidad y cambio, México, El Colegio de México, 1985, p. 174. tara en proporción al producto interno bruto. El déficit se financió entonces con algunos recursos crediticios internos y se amplió el recurso de los créditos externos. 2 En esas condiciones, la política del gasto público entró en franca contradicción con la del financiamiento: por un lado, al inicio de los años sesenta se planteaba la urgencia de continuar favoreciendo el crecimiento económico y atender, aunque fuera de manera parcial, las carencias sociales de los sectores y clases menos favorecidos, lo que implicaba aumentar el gasto público; por otro, la resistencia de los grupos empresariales a la reforma fiscal y al incremento de precios y tarifas de los bienes y servicios que proporcionaba el sector público, obligó a recurrir cada vez más a los créditos internacionales. En esos años se pensó que creando dependencias y fortaleciendo la administración pública se conseguiría dinamizar la inversión. Se intentó planear la función de todas las entidades públicas para que hubiera armonía y compatibilidad entre ellas. También hubo, con el mismo propósito, múltiples intentos de coordinación. 2 Sobre el tema véase Carlos Tello, La política económica en México, 1970-1976, 5a. ed., México, Siglo XXI, Editores, 1972. 55.1
1960-1980 79 Los cambios de la estructura administrativa entre 1960 y 1980 respondieron justamente a la necesidad de incluir decisiones más racionales en planeación y coordinación. Había que redoblar esfuerzos y fortalecer la estructura de la administración pública para que se pudieran elaborar planes y programas, a partir de los montos requeridos para la inversión y el gasto, con el compromiso de evaluar esos planes. Para ello, en 1958 se creó la Secretaría de la Presidencia, cuyas atribuciones, por muy amplias que se presentaran en la ley, quedaron limitadas por conflictos burocráticos —como explico más adelante— producto del recelo de otras secretarías al ver invadido su tradicional espacio de poder. También se incorporó a la estructura central la nueva Secretaría de Patrimonio Nacional, por lo que la de Hacienda y Crédito Público perdió algunas de sus funciones relativas a planeación y coordinación. El control del creciente sector paraestatal estuvo a cargo de la Secretaría de Patrimonio Nacional, que se formó sobre las bases de la antigua Secretaría de Bienes Nacionales e Inspección Administrativa. Estos cambios quedaron consignados en la Ley de Secretarías y Departamentos de Estado del 23 de diciembre de 1958. La nueva Secretaría de Patrimonio tuvo dificultades para cumplir cabalmente con sus propósitos, por lo que se creó una junta de gobierno encargada del sector paraestatal y de aplicar la ley que lo regulaba. La necesidad de coordinar dependencias pareció requisito para poder establecer objetivos y formular planes. La Comisión Intersecretarial desempeñó este papel y logró preparar el Plan de Acción Inmediata 1962-1964. La planeación, además de buscar más racionalidad en el manejo de los recursos, procuró también ampliar los consensos sociales sobre decisiones gubernamentales; éstas siguieron sustentándose en el control que mantuvo el gobierno, particularmente sobre el sector obrero. Se modificó la estructura administrativa para que influyera de" manera más directa en logros de tipo social. El gobierno no podía atender en especial el desarrollo económico sin tomar algunas medidas para que sus beneficios llegaran a las capas más desprotegidas de la sociedad. En el cuadro 6 se observan los montos de la inversión pública en actividades productivas y en las de beneficio social. Entre 1941 y 1946 el gobierno invirtió un poco más de 10 mil millones de pesos en la industria y casi 13 mil millones en bienes-
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CUADRO 5<br />
Distribución del ingreso en México, 1950-1977<br />
Participación del ingreso total<br />
Grupo de ingresos 1950 1963 1969 1977<br />
1-2<br />
(20% más bajo)<br />
3-5<br />
6-8<br />
9-10<br />
(20% más alto)<br />
4.7<br />
12.7<br />
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13.4<br />
28.2<br />
Fuentes: Para 1950 y 1963, CEPAL, La distribución en América Latina,<br />
Nueva York, 1970; para 1969, Banco Mundial, The Economy of México: A Basic<br />
Report, Washington, D.C., junio de 1973, y para 1977, Secretaría de Programación<br />
y Presupuesto, Encuesta nacional de ingresos y gastos de las familias,<br />
México, 1979. Daniel Levy y Gabriel Székely, Estabilidad y cambio, México,<br />
El Colegio de México, 1985, p. 174.<br />
tara en proporción al producto interno bruto. El déficit se financió<br />
entonces con algunos recursos crediticios internos y se amplió el<br />
recurso de los créditos externos. 2 En esas condiciones, la política<br />
del gasto público entró en franca contradicción con la del financiamiento:<br />
por un lado, al inicio de los años sesenta se planteaba<br />
la urgencia de continuar favoreciendo el crecimiento<br />
económico y atender, aunque fuera de manera parcial, las carencias<br />
sociales de los sectores y clases menos favorecidos, lo que<br />
implicaba aumentar el gasto público; por otro, la resistencia de<br />
los grupos empresariales a la reforma fiscal y al incremento de<br />
precios y tarifas de los bienes y servicios que proporcionaba el<br />
sector público, obligó a recurrir cada vez más a los créditos internacionales.<br />
En esos años se pensó que creando dependencias<br />
y fortaleciendo la administración pública se conseguiría dinamizar<br />
la inversión. Se intentó planear la función de todas las entidades<br />
públicas para que hubiera armonía y compatibilidad entre<br />
ellas. También hubo, con el mismo propósito, múltiples intentos<br />
de coordinación.<br />
2 Sobre el tema véase Carlos Tello, La política económica en México,<br />
1970-1976, 5a. ed., México, Siglo XXI, Editores, 1972.<br />
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