LA MODERNIZACIÓN ADMINISTRATIVA EN MÉXICO Propuesta ...

CUADRO 4 (continuación)
1940-1960 69
Valores en
Capital poder de
Empresas total Nafinsa (%)
Banco de México, S.A.
Banco Nacional de Comercio Exterior, S.A.
SO 000
33 509
0.02
3.90
Banco del Pequeño Comercio del D.F., S.A. 2 891 0.05
Banco Nacional Hipotecario Urbano, S.A. 28 225 1.13
Nacional Monte de Piedad, S.A. 5 000 10.00
Banco Industrial del Estado de México, S.A. 1000 1.60
Cobre de México, S.A. 20 000 23.46
Chapas y Triplay, S.A. 5 000 55.96
Exportadora de Películas, S.A. 1 375 19.85
Ingenio Independencia, S.A.
Internacional de Películas, S.A.
17 000
1980
99.41
21.53
Espada Mines Co., S.A. 200 000 51.00
1
La mayoría de las acciones pertenecen al gobierno federal, a Altos Hornos
de México y a la Carbonífera Unidad de Palau y acciones.
2
Incluye algunas inversiones del gobierno federal hechas a través de la Nacional
Financiera.
Fuente: Información directa de la Nacional Financiera. Citado en Aportaciones
al conocimiento de la administración pública, México, Secretaría de
la Presidencia, Dirección General de Estudios Administrativos, 1976, p. 499.
otros, los obreros. La política obrera debía seguir viéndose favorecida,
y esto se trataría de lograr a base de concesiones y de
negociaciones. La clase obrera mexicana crecía paralela al desarrollo
industrial; por lo tanto era obligado tomar medidas que
estabilizaran esa relación para no poner en peligro al sistema político.
Con ese propósito se estableció el Pacto de Unidad Obrera,
lo cual significó integrar las seis federaciones de trabajadores
más importantes, que agrupaban 90% de los obreros
sindicalizados, y la decisión de someterse al arbitrio del presidente
de la República. Este pacto se vio reforzado con disposiciones
adicionales como la Ley de Compensaciones de Emergencia
al Salario Insuficiente, de 1944, y la Ley sobre Contratos Colectivos
de Trabajo Obligatorio, que se justificaban por la enorme
cantidad de establecimientos comerciales e industriales que contrataban
trabajadores sin protección legal alguna.
Por lo que respecta a los trabajadores al servicio del Estado,
Ávila Camacho envió a la Secretaría de Gobernación el proyecto
de reformas a su estatuto jurídico para dar salida a demandas