LA MODERNIZACIÓN ADMINISTRATIVA EN MÉXICO Propuesta ...

136 LA MODERNIZACIÓN ADMINISTRATIVA EN MÉXICO
mitar los privilegios de los funcionarios públicos, en cuanto a
uso de vehículos, gastos de representación, etc. Para controlar
los abusos del nepotismo quedó estrictamente prohibido contratar
a parientes. Se puso en práctica la declaración patrimonial,
recurso para asegurar el desempeño honesto de los funcionarios,
y se estableció en la contraloría una unidad para recibir quejas y
denuncias, a partir de las cuales se presentaron 89 denuncias penales
ante el Ministerio Público y 2 500 a las contralorías internas. 12
En mayo de 1983 se publicaron dos acuerdos presidenciales
para lograr más eficiencia y productividad en el sector paraestatal.
El primero reiteró que las secretarías globalizadoras serían
entidades normativas y de control, delimitó las funciones de las
coordinadoras de sector —que, como vimos antes, a partir de
1982 fueron responsables de vigilar las actividades paraestatales—
y estipuló las obligaciones de los responsables de estas últimas.
El segundo estableció las obligaciones del sector paraestatal
respecto a su adecuación al Programa Inmediato de
Reordenación Económica y al Plan Nacional de Desarrollo. En
ese momento, el propósito era prácticamente obligar al sector paraestatal
a elevar su productividad sin aumentar gastos, lo que
no suponía privatizarlo o eliminarlo.
En una conferencia de prensa, en marzo de 1984, el secretario
de la Contraloría General explicó que, en tanto órgano de
control, la secretaría actuaba en tres direcciones: la prevención,
la cobertura nacional y la comunicación social e institucional.
Se proponía normar la actuación de los funcionarios públicos,
pero evitando la centralización del control, ya que se utilizarían
los instrumentos existentes, sobre todo los órganos de control interno,
el recurso de las auditorías internas y los comisarios de
los consejos de administración de las empresas públicas.
Desde 1917 se había intentado —como se intenta aún— tener
algún organismo para medir los resultados de la gestión gubernamental,
aunque fuera parcialmente. En estos intentos no
aparece el propósito, que la lógica administrativa sugiere, de integrar
la planeación, ejecución y evaluación en un mismo proceso.
En esencia, lo que se buscó —de nueva cuenta— fue controlar
acciones gubernamentales que tuvieran relación con el manejo
12 María del Carmen Pardo, "La evaluación gubernamental: prioridad política
de 1982 a 1988", en Foro Internacional, 30 (1990), pp. 765-788.