LA MODERNIZACIÓN ADMINISTRATIVA EN MÉXICO Propuesta ...

LA ÚLTIMA DÉCADA 133
sidencia envió una iniciativa al Congreso en la que establecía un
sistema de planeación, que tomaba vigencia normativa obligatoria
en la Ley de Planeación; de igual manera se reformó la Constitución
para establecer la obligatoriedad de la planeación por
parte del gobierno. En mayo de 1983 se presentó el Plan Nacional
de Desarrollo, en el que se incluían las metas propuestas para
el sexenio.
El sistema nacional de planeación se sustentaba en las orientaciones
de la ley y del plan e incorporaba como herramientas
a los Comités Estatales de Planeación para el Desarrollo. La coordinación
entre la federación y los estados se formalizó mediante
los Convenios Únicos de Desarrollo. Aspecto destacado al implantarse
el sistema —pero en el que se abusó de la formalidad—
fue incorporar la opinión de la sociedad respecto a temas y acciones
diversos. Se organizaron foros de consulta popular (que
no fueron tales), en los cuales se exponían necesidades y sugerencias,
que trataban de resolverse e incluirse por medio de la
concertación con grupos y particulares. Establecidos esos medios
de comunicación, empezaron a elaborarse planes y programas
sectoriales y regionales, inmediatos y mediatos. Ese interés en mejorar
y ampliar la tarea de planeación fue una de las tesis del proyecto
de De la Madrid en cuanto recurso útil para el desarrollo
económico; de ahí también la insistencia en incorporar el desarrollo
regional.
Debido en muy buena parte al vigor con que la sociedad manifestó
su descontento ante los abusos de autoridad en que incurrió
el gobierno de López Portillo, De la Madrid recogió estas
inconformidades en su campaña y en los foros de consulta que
sirvieron para elaborar el plan de gobierno y tomar decisiones
para dar salida a ese descontento. De ahí que escogiera la renovación
moral de la sociedad como otro de los principios rectores
de su gobierno. Decidió, pues, fortalecer el control de las acciones
públicas para recuperar la confianza de los ciudadanos en
el funcionamiento de la maquinaria administrativa, pero sobre
todo en el comportamiento de los funcionarios y empleados públicos.
Lo que resultó de esa acción política se concretó en lo que
fue conocido —con mucho de exageración— como sistema nacional
de control y evaluación. De hecho, aunque dispersas y desintegradas,
esas funciones existían; se trató, pues, de fortalecerlas
en un programa integrado.