LA MODERNIZACIÓN ADMINISTRATIVA EN MÉXICO Propuesta ...

1960-1980 123
las reformas son necesarias, útiles, para que su trato con los usuarios
sea más expedito. Pero en vez de trabajar en ese aspecto,
fundamental para el buen éxito de la reforma, se recurrió una
vez más a la prebenda; en este caso, semana laboral de cinco días,
horarios y vacaciones escalonados y modificaciones a la Comisión
de Recursos Humanos del Gobierno Federal, que a partir
de febrero de 1978 incluyó a representantes de la Federación de
Sindicatos de Trabajadores al Servicio del Estado.
Otras medidas tenían por objeto establecer un sistema más
moderno y funcional para organizar al personal público. Lo que
se logró fue rediseñar el sistema de escalafón con base en una
gran cantidad de datos recabados para que las funciones correspondieran
a los puestos y establecer equivalencias entre ellas en
el tabulador de salarios. El nuevo sistema, que estableció jerarquías
en los puestos y asignó sueldos más elevados al personal
especializado, debía alentar la capacitación de los empleados, quienes
no seguirían desempeñando la misma función al pasar de una
categoría a otra. Se procuró además coordinar varias dependencias
para capacitar al personal, y se creó un procedimiento para
que las relaciones laborales entre el Estado y su personal coincidieran
mejor con las leyes vigentes. Hubo incluso un intento —que
no prosperó por falta de consenso— de crear un órgano central
encargado de establecer normas y políticas generales para administrar
los recursos humanos en el sector público.
Para nadie es novedad que en nuestro país era —y es— imprescindible
modernizar la administración de justicia. Con ese
objeto, se intentó que la aplicación de las normas de derecho fuera
más eficiente mediante la colaboración de todas las instituciones
comprometidas en ese aspecto. El 30 de abril de 1980, en una
reunión del gabinete, se elaboró el mecanismo de participación
y consulta para escoger los instrumentos y medidas con los cuales
diagnosticar y remediar los problemas de prevención, administración
de justicia, limitación de competencias jurídicas y readaptación
social. Pero era demasiado tarde; apenas se logró
avanzar en la definición de propósitos.
En resumen, ante la necesidad de acelerar el crecimiento económico
y, a la vez, distribuir sus beneficios, se reconoció que
la administración pública podía contribuir no como un mero recurso
instrumental, sino de manera activa y hasta determinante.
Pero no sólo eso; al tomarse conciencia de la importancia de