Corpus Bilingüe Tomo I Vol. 1 - Archivo Abierto Institucional de la ...

CONSTITUCIÓN DE NUEVA HAMPSHIRE 1784
XXVI. Los militares debieran estar, en todos los casos y en todo momento,
estrictamente sometidos al poder civil y ser gobernados por él.
XXVII. Ningún soldado en tiempo de paz será acuartelado en una casa sin el
consentimiento de su propietario; y en tiempo de guerra tales acuartelamientos
sólo se harán por [orden del] magistrado civil [y] en la forma ordenada por el
legislativo.
XXVIII. Ningún impuesto, cargo, imposición, tasa o derecho deberá ser establecido,
fijado, impuesto o recaudado, bajo ningún pretexto, sin el consentimiento
del pueblo, del de sus representantes en el legislativo, o por autoridad derivada
de ese cuerpo.
XXIX. La potestad de suspender la leyes o su ejecución nunca se ejercerá
salvo por el legislativo, o por una autoridad derivada de él que lo hará sólo en
aquellos casos en que el legislativo lo prevea expresamente.
XXX. La libertad de deliberación, palabra y debate en cualquiera de las cámaras
del legislativo es tan esencial para [proteger] los derechos del pueblo que
no puede ser la causa de ninguna acusación o persecución, acción o queja, ante
ningún otro tribunal ni en ningún otro lugar.
XXXI. El legislativo deberá reunirse frecuentemente para la reparación de injusticias;
para corregir, reforzar y confirmar las leyes; y para dictar nuevas leyes,
según lo exija el bien común.
XXXII. El pueblo tiene derecho a reunirse de forma ordenada y pacífica para
tratar sobre su bien común, para dar instrucciones a sus representantes y para
solicitar al cuerpo legislativo, mediante solicitud o por protesta, el desagravio de
las injusticias recibidas y de los daños que ha sufrido.
XXXIII. Ningún magistrado o tribunal de derecho exigirá fianzas o garantías
excesivas, impondrá multas excesivas, o infligirá castigos crueles o inusuales
XXXIV. Ninguna persona será sometida en ningún caso a la ley marcial, o
a ningún castigo o penas según dicha ley, excepto los reclutados en el ejército
o la marina, y excepto los milicianos en servicio activo, salvo por mandato del
legislativo.
XXXV. Es esencial para la conservación de los derechos de todo individuo,
su vida, su libertad, su propiedad y su honor, que se haga una interpretación
imparcial de las leyes y de la administración de la justicia. Es el derecho de
todo ciudadano ser juzgado por jueces tan imparciales como lo permita la naturaleza
humana. Por lo tanto, no sólo es la mejor política, sino [lo mejor] para
garantizar los derechos del pueblo, que los jueces del tribunal judicial supremo
(o superior) mantengan sus cargos mientras su comportamiento sea bueno,
y que tengan sueldos honorables determinados y fijados por leyes escritas.
XXXVI. Siendo la economía la virtud más esencial en todos los estados,
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