memoria hector valladares - Tesis Electrónicas Universidad de Chile

propiedad. Ahora bien, no debemos olvidar que todas las sociedades actuales integran
los tres grupos de reglas, en distintas áreas de su sistema jurídico, por lo que la
decisión más que aceptar un estatuto (colectivo, propiedad privada o comunitaria) en
perjuicio de otro, tiene que ver con la pregunta sobre cuál será la preponderancia de
cada uno y como se limitarán o delimitarán los derechos individualmente reconocidos
cuando entren en conflicto con políticas de carácter social o general.
Hacer la distinción propuesta sería innecesario si no existieran argumentos que
negaran el poder del soberano para modelar los derechos de propiedad. Pero como
existen posiciones y argumentos presentados a favor de alguno de los estatutos de
propiedad que no reconocen la autoridad del legislador soberano para modelar estas
reglas es que tiene sentido la clasificación. Los argumentos que no reconocen dicha
autoridad son los que denominé de segundo orden.
Los argumentos de primer orden, atienden a razones que pueden ser de tipo
económico, moral, histórico, político, sociológico u otros; pero tienen como
característica común el hecho de poder ser ponderados por el legislador. Los
argumentos de segundo orden buscan limitar la acción regulatoria del Estado, ex ante.
Se presentan argumentativamente como verdaderas barreras de contención frente a la
acción regulatoria del Estado.
Los argumentos de primer orden, en cambio, buscan influir en la decisión regulatoria
que se adopte. Cuando se presenta un argumento de segundo orden en esta materia
se busca advertir y mantener a raya al legislador soberano, señalándole que no puede
regular o disminuir los derechos de tal tipo porque esta determinación le es
indisponible 200 . En cambio, un argumento de primer orden, buscan persuadir o
estimular la opción regulatoria que promueve. Veamos ahora ejemplos de argumentos
de primer y segundo orden.
3.7.1 Ejemplos de Argumentos de Primer Orden:
200 Según Oscar Godoy, Locke, incluso amenaza con poner al pueblo en estado de guerra contra el soberano si
se amenazan los derechos de propiedad privada. Entonces, dice Godoy, el Estado que se vuelve inmoderado
debe ser combatido por el legítimo derecho a la resistencia civil.