memoria hector valladares - Tesis Electrónicas Universidad de Chile

argumentativa que afecta e inmoviliza el intercambio de ideas así como el proceso
agonal y conflictual mismo. Uno de los presupuestos de toda comunicación y, en
particular, de todo intercambio de ideas, reside en la necesidad de establecer un
diálogo sin coacciones. Esta expresión hace referencia a la necesidad de sostener la
plática sin la amenaza de sufrir daño por la revelación del pensamiento. Esta condición
es el presupuesto básico de toda deliberación. Existen además, elementos internos a la
argumentación política que entorpecen y atascan el avance del debate y el logro de
acuerdos razonables, para el caso de este análisis, en materia de propiedad.
En materia de legislación de bienes es usual que se presenten al debate público y, en
particular, en el debate sobre propiedad, argumentos que diferenciaré clasificándolos
entre argumentos de primer y segundo orden.
En la introducción a este capítulo ya he adelantado el tenor y el criterio de la
clasificación. He señalado que el criterio central de la distinción entre argumentos de
primer orden y de segundo orden atiende a si el argumento, para defender un
determinado estatuto de propiedad, se opone o no, a las consecuencias de la
deliberación democrática sobre los mismos. Como sabemos, estar dispuestos a aceptar
los resultados de la deliberación democrática significa, en primer término, reconocer la
autoridad del parlamento (legislador soberano) para zanjar los desacuerdos en materia
de apropiación de bienes y de disposición de estos; y, en segundo lugar, aceptar que la
regla de mayoría es la forma de resolver esos desacuerdos.
Los argumentos de primer orden son aquellos que por definición no se oponen a que el
legislador soberano resuelva los desacuerdos en esta materia. Por el contrario, los
argumentos de segundo orden son aquellos que niegan validez al legislador del Estado
para regular esta materia. En este sentido los argumentos de segundo orden reclaman
un estatus privilegiado para el estatuto propietario que defienden.
He planteado que una de las principales tareas de toda organización política es definir
las reglas que regulan la propiedad. Además, si agregamos que la forma de esa
organización política es un estado democrático y representativo, sabemos que el
procedimiento para establecer las normas sobre propiedad, es a través de la
deliberación y el consenso. El resultado de esa deliberación y transacción obliga a
optar por alguno de los tres grandes estatutos posibles de organización de la