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“Trabajo presentado en el V Congreso Nacional de Ciencia Política –
Sociedad Argentina de Análisis Político – 14 al 17 de Noviembre de
2001”
Apellido y Nombre: Ouviña Hernán
DNI: 25.805.968
e-mail/tel: hernanou@hotmail.com 4-209-3658
Entidad a la cual pertenece o representa: Facultad de Ciencias
Sociales, Universidad de Buenos Aires
Panel: Area Economía, Sociedad y Política
Opción I: “Nuevas relaciones entre Economía y Política”
Opción II: “Reforma económica, reforma institucional y políticas
públicas”
Título: Reestructuración capitalista y metamorfosis del Estado
durante la década menemista

Reestructuración capitalista y metamorfosis del Estado durante la década menemista *
I. Introducción
Hernán Ouviña
1
El Estado es una cosa demasiado seria
como para convertirlo en una arlequinada
Karl Marx
Asistimos atónitos al sepelio del Estado argentino. Su desaparición está aconteciendo, de
acuerdo a teóricos del más diverso pelaje, al calor de las recetas neoliberales
implementadas en buena parte del mundo. Sin embargo, o precisamente por ello, el Estado
como objeto de investigación política hace tiempo que ha dejado de estar en boga. Con
excepción de ciertos trabajos que tienden a mistificar las instituciones públicas como
entidades por encima de -o ajenas a- la lucha de clases, practicamente no existen estudios
serios que den cuenta de las sustanciales transformaciones sufridas en las últimas décadas a
nivel estatal, ni de las teorías que le dan sustento a estas políticas. El vacío no es para nada
azaroso. Antes bien, resulta sumamente funcional a los sectores dominantes, habida cuenta
las profundas consecuencias negativas que dichos cambios implican.
Por ello, teniendo en cuenta que, tal como expresa Atilio Borón 1 , el neoliberalismo no es
tan sólo una respuesta técnica surgida de una revalorización de la herencia teórica de la
escuela austriaca y de las iniciales contribuciones de Adam Smith, sino también una
propuesta que contiene, en diferentes grados de elaboración, una teoría política sobre la
organización del Estado, su naturaleza y funciones, y sobre el papel que la ciudadanía y en
especial las clases populares tienen que cumplir en él, resulta imprescindible avanzar en el
análisis de los fundamentos teórico-políticos de la llamada “Modernización del Estado”,
dentro de la cual se enmarca la ofensiva neoliberal en curso en gran parte de América
Latina.
Comenzaremos, pues, describiendo el contexto en el cual cobra un protagonismo creciente
la contrarrevolución neoconservadora a nivel mundial, para luego abordar su imposición en
el cono sur de latinoamérica a partir de los años ’80 en el marco de la reestructuración
capitalista iniciada a finales de la década del ‘70. A continuación, contrastaremos el
diagnóstico hegemónico de la minimización del Estado argentino con algunos indicadores
que, en principio, darían cuenta de un proceso mucho más complejo de reconfiguración del
aparato estatal. Luego, pasaremos revista de la experiencia neocelandesa de gerenciamiento
de lo público, finalizando el trabajo con un balance provisional de las consecuencias
sociales, políticas y económicas desatadas en Argentina a partir del repliegue estrepitoso
del Estado en aras de la absolutización del mercado como máximo (y al parecer, único)
asignador de recursos.
* El presente trabajo se inscribe en el marco de un Proyecto de Investigación UBACyT en curso, bajo la dirección del Dr.
Oscar Oszlak. Se agradece a este último las sugerencias y aclaraciones formuladas al texto preliminar.
1 Estado asistencialista, neoliberalismo y democracia en América Latina, en Memorias del Seminario Internacional de
Redimensionamiento y Modernización de la Administración Pública en América Latina, INAP, Mexico, 1989.

II. Antecedentes históricos del desguace estatal
La reestructuración capitalista a escala planetaria tuvo como antesala un conjunto de
sucesos que posibilitaron el cuestionamiento del Estado benefactor como forma
privilegiada de mediación socio-política. Entre ellos, pueden citarse la crisis de petroleo y
el creciente déficit fiscal que debían afrontar los Estados burocráticos centrales, así como
los populistas en América Latina, a mediados de los años 70. El agotamiento del modelo de
acumulación fordista, según la llamada “Escuela de la Regulación”, también contribuyó al
quiebre de la forma de dominación social de posguerra. No es nuestro objetivo indagar en
los por qué de la crisis 2 , sino más bien describir el contexto en el cual cobra fuerza la
predica privatista y neoconservadora.
Con la llegada de Margaret Tatcher y Ronald Reagan al poder, el discurso neoliberal
adquiere un protagonismo inusitado. La “ingobernabilidad”, descripta de manera elocuente
por el tristemente famoso Informe de la Comisión Trilateral, sólo permitía una única salida,
tal como rezaba el slogan de campaña de la dama de hierro: el ajuste estructural y la
ofensiva generalizada contra todas aquellas conquistas históricas de los sectores
subalternos, cristalizadas en numerosos espacios, organismos y políticas estatales, tales
como las destinadas a la seguridad social.
En el caso específico de los países latinoamericanos, la perspectiva neoliberal se condensó
en el “Consenso de Washington” 3 -verdadero Bretton Woods de los ’90-, que apuntaba a
una feroz apertura económica y a un desguace indiscriminado del aparato estatal,
incluyendo un drástico ajuste del gasto público, entre otras medidas. Los supuestos males a
erradicar eran la deuda externa y el déficit fiscal 4 . En paralelo, escuelas como las de
Chicago y Virginia, cubiertas con un ropaje tecnicista y neutral 5 , se encargaron de brindar
los basamentos teóricos del repliegue y reducción del Estado a su “mínima” expresión. El
estatismo, tal como había pregonado Von Hayek varias décadas atrás, era el camino
inevitable hacia la servidumbre 6 .
2
Al respecto, puede consultarse, entre otros, los textos de John Holloway, Se abre el abismo. Surgimiento y caída del
Keynesianismo, en Marxismo, Estado y Capital, Ed. Tierra del Fuego, 1994, así como de Antonio Negri, John Maynard
Keynes y la teoría capitalista del estado en el ’29, en Revista El Cielo por Asalto, Nº 2, 1991. Para una interpretación en
clave regulacionista, confróntese con el brillante libro de Michel Aglietta, Regulación y crisis del capitalismo, Ed. Siglo
XXI, 1986.
3
John Williamson, Latin American Adjustment: How much has Happened, Washington D.C., 1990. Para una
descripción detallada del proceso social y político en que emerge el Consenso de Washington véase La insuficiencia
crónica del ajuste, Frances Sttewart, en Todos Entran. Propuesta para sociedades incluyentes, UNICEF, 1998.
4
Como bien sabemos, ambos problemas, lejos de ser superados, no sólo subsistieron sino que incluso se intensificaron
enormemente en los últimos años.
5
Este tipo de discurso se encuentra nuevamente en auge, reactualizado por el New Public Management: Koldo
Echebarría, uno de sus principales exponentes en Iberoamérica, ha expresado que “el management se presenta como un
conjunto de valores, instituciones, conceptos y técnicas caracterizados por su portabilidad y neutralidad política”. La
formación de cuadros públicos en las escuelas de gestión, CEFIR, 1998.
6
Huelga decir que quienes califican al Estado como demiurgo de todos los males, omiten mencionar que fue
precisamente a partir de la creciente intervención del mismo que el capitalismo pudo salir airoso de la profunda crisis
sufrida a nivel mundial a comienzos del ’30. Irónicamente, Antonio Negri afirma que a partir de esta etapa, el capital se
hizo socialista. Aunque desde otra perspectiva, de manera análoga, Guillermo O’Donnell vislumbra al Estado como límite
negativo a las consecuencias disruptivas inherentes al patrón de acumulación capitalista.
2

Experimentos como los de Pinochet en Chile demostraban que era necesaria una
generalizada dosis de miedo y represión para imponer un modelo, por demás excluyente,
que redefiniera la intervención estatal. En Argentina, de manera similar, la cruenta
dictadura sentó las bases del disciplinamiento social, proceso que terminará de consumarse
con el shock psicológico de la hiperinflación. El terrorismo político y el económico daban
forma así al nuevo patrón de dominación que se consolidaría en los primeros años del
gobierno menemista. La fragmentación y rotura de los lazos de solidaridad entre los
diversos sectores de la sociedad civil posibilitó que se avanzara, como en pocos lugares del
mundo, hacia un salvaje darwinismo social que el sentido común de la época sintetizó
sabiamente como el “salvese quien pueda”, sucesor inmediato del “por algo será”.
Ya a finales de los ’80, y durante toda la década del 90, tal como señala Oscar Oszlak, la
mayoría de los países del mundo se embarcaron en programas de ajustes estructurales de
enorme envergadura, cuyo característica principal fue la disminución del aparato estatal a
través de políticas de desregulación, descentralización, privatización, tercerización y
achicamiento de las dotaciones de personal. El Banco Mundial las englobó en la común
denominación de “reformas de primera generación”, previendo que una segunda generación
de reformas acometería la tarea pendiente de mejorar el aparato institucional remanente 7 .
De esta forma, las opciones monetaristas y neoconservadoras fueron ganando cada vez más
terreno en el continente, al calor de las experiencias “exitosas” en Inglaterra y los Estados
Unidos. Es importante aclarar que, paradojicamente, las políticas de ajuste propuestas por
los países capitalistas avanzados fueron negadas en la práctica tanto en Europa como en
Norteamérica, donde el Estado continuó ejerciendo importantes funciones de regulación
directa e indirecta y, lejos de haberse achicado en términos materiales (v.g. gasto público,
personal), tendío cuanto menos a solventarse o incluso acrecentarse 8 . En la misma época en
que se pregonaba en América Latina como salida única la estrepitosa reducción del Estado
en todas sus facetas, en los países desarrollados acontecía todo lo contrario. Así, entre 1978
y 1994, los gastos totales de las Administraciones Públicas en porcentaje sobre el Producto
Interior Bruto crecieron en todos los países de la OCDE, en especial en los países europeos
donde este porcentaje se incrementó desde el 43,6 al 53,5 9 .
En Argentina, así como en buena parte del continente, parodiando un juego de suma cero,
la decidida pasividad estatal tuvo como correlato un protagonismo creciente del mercado
como “eficiente” asignador de recursos 10 . La re-mercantilización de una serie de relaciones
7
El mito del Estado mínimo: una década de reforma estatal en Argentina, trabajo presentado al V Congreso Internacional
del CLAD sobre la Reforma del Estado y de la Administración Pública, 2000.
8
Véase Peter Baldwin, The politics of social solidarity: class bases of the european welfare state, Nueva York,
Cambrigde University Press, 1990.
9
Enrique Alvarez Conde, Fernando Vallespin, Enrique Guerrero y Francisco Velasquez, Conclusiones del debate sobre el
papel del Estado: Transformaciones de la organización de las Administraciones Públicas, de las burocracias estatales,
de las relaciones entre Administración y ciudadanos y de las formas de participación de estos en los asuntos públicos, III
Congreso del CLAD. Es importante aclarar que estos datos no niegan (antes bien: afirman) que en dichos países haya
habido una radical redefinición del rol del Estado, así como una desarticulación de sus políticas bienestaristas.
10
Un caso paradigmático al respecto es el de los llamados “colgados”, que tras la privatización de Segba pasaron a ser
considerados delincuentes bajo la sombra del código penal. De acuerdo a las propias autoridades del ENRE, la
3

sociales que anteriormente regían bajo el amparo de la regulación del Estado devino en un
requisito imprescindible, de acuerdo al discurso neoliberal. No obstante, más allá de los
numerosos ejemplos que podrían relatarse, lo que interesa es mostrar el profundo cambio
producido: de ciudadanos portadores de derechos universales, a meros clientes cuya única
mediación se encuentra constituida por el mercado 11 .
Pero si en los primeros años de las reformas estructurales los organismos internacionales
hicieron oidos sordos a las críticas efectuadas desde diversos sectores sociales y políticos,
ya una vez consolidadas las mismas se comenzó a tener en cuenta la necesidad de un
Estado que, aunque “mínimo”, permitiera al menos la reproducción del orden social. Al
respecto, resulta interesante leer el Informe anual del Banco Mundial para 1997 12 , en donde
se propone una segunda etapa de reforma estatal. En este primer paper del organismo
dedicado exclusivamente a la problemática del Estado, se admite que el mismo “es
fundamental para el proceso de desarrollo económico y social” 13 .
A pesar de la limitada autocrítica, la citada advertencia supone un notable contraste con las
recomendaciones hechas por el organismo en su informe de un año atrás 14 , donde augura
sin medias tintas que el Estado debe convencerse de que es mejor hacer poco y bién, que
mucho y mal; para lo cual “deberá realizar de inmediato una doble tarea: reducir su
presencia y modificar su naturaleza”.
Bajo este contexto, los sucesivos gobiernos argentinos reificaron plenamente el decálogo
recetado por el Banco Mundial y los restantes organismos multilaterales de crédito. De
hecho, el eufemismo tan en boga entre los partidarios del reciente ajuste es la mentada
“Modernización del Estado”. A principios de 2001, la Secretaría de Modernización del
Estado y la Subsecretaría de la Función Pública (hoy en día convertidas ambas en una sola
Secretaría) presentaron conjuntamente en el Congreso el Plan Nacional de Modernización
del Estado, versión doméstica del National Perfomance Review, programa de
reestructuración de la Administración Pública norteamericana lanzado hace unos años por
el entonces presidente Bill Clinton y coordinado por Al Gore. Pero veamos cuáles fueron
las tranformaciones que llevaron a esta discusión actual.
incapacidad por parte de los sectores carenciados de obtener energía eléctrica deriva de su escaso poder adquisitivo en el
ámbito mercantil.
11
Aún con todas las limitaciones que puedan señalarse, consideramos que la ciudadanía no se acota al “derecho a tener
derechos” sino que más bien el proceso de ciudadanización implica un sujeto que goza de derechos iguales en lugar de
privilegios, y que requiere de condiciones de inserción económica y no sólo simbólica, como sustento de su autonomía y
ejercicio efectivo de su potestad. Desde esta perspectiva, la ciudadanía supondría un status independiente de -a la vez que
en tensión permanente con- el vinculo mercantil. Para un desarrollo de este punto véase Alejandra Ciriza: Democracia y
ciudadanía de mujeres. Encrucijadas teóricas y políticas. Ponencia presentada en las Primeras Jornadas de Teoría y
Filosofía Política, 21 y 22 de agosto de 1998, Facultad de Ciencias Sociales, UBA, EURAL, CLACSO, Buenos Aires.
12
El Estado en un mundo en transformación, Informe sobre el Desarrollo Mundial, Banco Mundial, Washington D.C.,
1997.
13
También el Banco Interamericano de Desarrollo formuló una serie de cuestionamientos e inconsistencias al “Consenso
de Washington”, en especial a su concepción acrítica de la relación entre estabilización/ajuste y crecimiento/desarrollo.
Al respecto, pueden consultarse, entre otros, los siguientes documentos: El legado de Prebisch, Enrique Iglesias, BID,
1993, y Social Reform and Poverty. Toward a Comprehensive Agenda for Development, BID, 1993.
14
De la planificación centralizada a la economía de mercado, Banco Mundial, Washington D.C., 1996.
4

III. El hiato entre los deseos neoliberales y la realidad: ¿minimización o metamorfosis
del Estado? 15
Es un lugar común afirmar que el Estado argentino se ha replegado en los últimos años, y
debe seguir haciendolo hasta su virtual desaparición, tanto en términos de su volúmen,
como en relación a su “intervención” en la sociedad civil y la economía. Sin embargo, la
realidad dista de ser así. En efecto, basta contrastar los datos provistos por los principales
organismos internacionales y nacionales para darse cuenta que, lejos de haberse achicado
en tamaño y participación, el Estado ha incrementado (o, cuanto menos, mantenido estable)
su planta de personal, sus unidades organizativas, y su gasto público, por nombrar sólo los
indicadores más conocidos. A continuación, contrastaremos el discurso hegemónico de la
minimización del Estado 16 , con los datos que permiten dar cuenta del carácter falseado del
mismo. Lo que se produjo, creemos, fue una disminución en el ritmo de crecimiento -a la
vez que una profunda reformulación, al calor de la reestructuración capitalista- de estos
indicadores, que es bien distinto a postular su abrupta caída.
Teniendo en cuenta este planteo, podemos afirmar que el mentado “adelgazamiento” del
Estado trocó, en realidad, en ausencia o disminución de su presencia en áreas claves e
indelegables en relación a la lógica del mercado: regulación de los servicios públicos
privatizados, políticas activas y sistemáticas de lucha contra el desempleo y la pobreza,
fomento de las economías regionales y de pequeña escala, vigencia y respeto de los
derechos humanos, atención médico-sanitaria, educación pública y gratuita, etc 17 . Como
contrapartida, el Estado se mantuvo por demás activo en otros ámbitos: pago puntual de los
intereses de la deuda externa, incremento desmedido de su aparato represivo (v.g.
gendarmería, policia, guardia carceles, etc.), así como exenciones impositivas y subsidios a
empresas privatizadas y grupos transnacionales. En este último caso, tal como expresa
Atilio Borón, existe una “renovada presencia estatal en todo aquello que se relacione con
cortejar a los inversores y volcar a favor de los empresarios las condiciones de contratación
y utilización de la fuerza de trabajo” 18 . Esta especie de keynesianismo invertido da cuenta
de la complejidad de la ofensiva neoliberal actual: lejos de implicar solamente un
15
En este punto, se retoman y profundizan los principales aspectos problemáticos de las modificaciones sufridas por el
Estado a lo largo del menemismo, planteados en Ouviña, Hernán: ¿Minimización o metamorfosis del Estado? Las
transformaciones de la última década en el aparato estatal argentino, ponencia presentada en las Jornadas de Discusión:
“Transformaciones sociales y reestructuración capitalista en la Argentina del siglo XX”, Universidad Nacional de
Quilmes, 2001.
16
De acuerdo a Robert Nozick, uno de los mayores exponentes de esta concepción, “un Estado mínimo, limitado a las
estrechas funciones de protección contra la violencia, el robo y el fraude, de cumplimiento de contratos, etcétera, se
justifica; cualquier Estado más extenso violaría el derecho de las personas de no ser obligadas a hacer ciertas cosas y, por
tanto, no se justifica”. Anarquía, Estado y Utopía, Fondo de Cultura Económico, 1991. Desde un ala menos filosófica,
puede consultarse el libro de Milton Friedman, Capitalismo y libertad, Ed. Rialp, Madrid, 1966.
17
Al respecto, Rubén Lo Vuolo ha planteado que el proceso de retracción de la faceta bienestarista del Estado argentino
se basa en los siguientes postulados: 1) igualar los bienes públicos “generalizables” (típicos de las áreas sociales) con una
suma de bienes privados operando en áreas segmentadas; 2) mayor inestabilidad en el puesto y en los ingresos por el
trabajo, como forma de estimular el “esfuerzo individual”; 3) desmantelamiento de los componentes universalistas del
sistema y su reemplazo por programas asistencialistas; 4) fortalecimiento del componente corporativo del Estado
Bienestarista, con la variante de privatizar su administración; 5) desconcentración administrativa, con objetivos
fundamentalmente fiscales y políticos. Lecciones de un presente reaccionario y el campo de las posibilidades de las
políticas sociales y económicas, en Escenarios Alternativos Año 2 Nº 3, 1998.
18
Las transformaciones en el Estado en el período 1999-2003, en Aportes para el Estado y la Administración
Gubernamental, Año 6 Nº 14, 1999.
5

achicamiento estrepitoso de los aparatos administrativos gubernamentales, supone a la vez -
y sobre todo- una reformulación fundamental de los límites entre el Estado y el mercado (lo
que es decir entre la política y la economía) 19 . No estaría en cuestión, por lo tanto, la
intervención del Estado como tal, sino más bien una reconfiguración de la misma en
función de la sustancial transformación de la correlación de fuerzas entre los múltiples
sectores que desgarran la totalidad social.
Por ello, si bien es cierto que el Estado se ha minimizado, huelga insistir que esto ocurrió
sólo en buena parte de aquellas áreas “improductivas” en relación a la acumulación del
capital. Por el contrario, como expresamos anteriormente, su nivel de intervención creció
en aquellos ámbitos que potencian dicho ciclo. Tal como ha descripto Alejandro Rofman,
“lo que se hizo fue convertir al Estado en una herramienta destinada a favorecer
plenamente a un segmento social, altamente concentrado, con el cual se articuló una alianza
que perdura hasta hoy. En lugar de estar ausente, el Estado estuvo omnipresente en la
defensa de intereses concretos. Entonces, es una gruesa equivocación plantear que el sector
público ha desempeñado un rol pasivo, en cuestiones referidas al accionar de grandes
empresas privadas” 20 .
De esta forma, el Estado argentino actuó selectivamente para garantizar extraordinarios
beneficios a grandes grupos locales y extranjeros, intentando desarticular, en paralelo, a
todo movimiento opositor a nivel sindical, político y social. Por ello, es importante aclarar
que la supuesta “muerte” del Estado argentino, resultó en realidad una selección muy
minuciosa de sus herederos en vida 21 .
Sin embargo, el carácter minimalista del Estado no se vislumbra incluso en algunas áreas
que, en principio, resultan improductivas para los grupos económicos. Dos factores pueden
explicar esta aparente paradója: por un lado, el incremento de las erogaciones sociales,
vinculada a la enorme tasa de desempleo; por el otro, el voluminoso gasto previsional, cuyo
origen radica, en buena medida, en el desfinanciamiento de las cajas de reparto, así como
en el crecimiento demográfico de los jubilados 22 .
Como vimos, la minimización del Estado es sobre todo un concepto-fetiche, que intenta
opacar la reconfiguración económico-política de la sociedad argentina en la última década.
Vale la pena, entonces, revisar en forma sucinta algunos indicadores que, hasta cierto
punto, permiten medir el “volumen” de la estructura material del Estado 23 , a los efectos de
19 Salvando las diferencias, un hecho similar se planteó ante la asunción de Ronald Reagan. El principal valuarte del
neoconservadurismo en Norteamerica, pese a su encendido discurso anti-estatista, tendió a incrementar el gasto público y
la estructura político-administrativa a través del llamado “keynesianismo militar”.
20 ¿Reforma o un nuevo rol para el Estado?, en Aportes para el Estado y la Administración Gubernamental, Año 5, Nº11,
1998. El autor cita como ejemplos la determinación por ley de un tipo de cambio fijo, la limitación -también en términos
normativos- de las negociaciones colectivas que determinan el sueldo y salario de los trabajadores, así como el
vertiginoso proceso de privatización de empresas estatales de producción de bienes y servicios. Según Rofman, los tres
casos mencionados no hacen más que confirmar la estrecha vinculación del Estado con los intereses del poder económico
interno y externo.
21 Rubén Lo Vuolo, El mito del Estado mínimo, Suplemento Zona, Clarín, 24/10/99.
22 Este fenómeno no es propio de los países latinoamericanos, ya que también los Estados que forman parte de la OCDE
han aumentado la proporción del Producto Nacional Bruto que destinan a estas áreas.
23 Siguiendo a Guillermo O’Donnell, entendemos al Estado en una doble dimensión: como una forma específica de
dominación social, esto es, como la relación política básica que existe en la sociedad capitalista; y como la rigidización de
6

desenmascarar el discurso ideológico neoliberal que sataniza a lo público y vanagloria al
mercado con igual pasión.
Un primer dato que arroja luz sobre la cuestión es la evolución del número de agentes
públicos, así como las modalidades de contratación y empleo por parte del Estado. A
contrapelo de lo que indica el sentido común, y luego de diez años de ajuste estructural, la
dotación de personal del Estado argentino se ha visto parcialmente incrementada 24 . En
efecto, mientras el ámbito privado sufría un recesión inasutada en los años ’90 -alcanzando
un pico de desocupación de más del 18%- el empleo público tendía a un aumento relativo 25 ,
o al menos a un estancamiento parcial de su crecimiento en ciertas áreas. En rigor, tal como
plantea Orlansky, el proceso de privatizaciones “fue el único instrumento que condujo al
‘achicamiento’ ‘genuino’ del Estado nacional en términos de empleo público” 26 . Las
restantes supuestas reducciones estuvieron vinculadas, sobre todo, con la descentralización
-impulsada bajo el pretexto de una mayor eficiencia administrativa y participación
comunitaria-, el retiro voluntario (o forzado), así como el traspaso de empleados a otras
dependencias.
Como posibles explicaciones de este contraste con respecto al sector privado pueden
mencionarse el hecho de que los Estados provinciales y municipales ocupen personal ante
la crisis de las economías regionales, la existencia de sólidas estructuras políticas
clientelares (en especial en las provincias “rezagadas”), las considerables ventajas del
régimen laboral del sector estatal frente al privado, así como la tradición organizativa y de
lucha de los trabajadores públicos.
No obstante, si bien no se pudo avanzar masivamente en la reducción de personal público,
sí se impuso una silenciosa transformación en las condiciones contractuales de empleo: se
tendió, de forma paulatina y creciente, a la supresión de la estabilidad laboral por medio de
múltiples mecanismos. En un principio, a través de declaraciones de prescindibilidad no
fundadas en razones reales de servicio; posteriormente, mediante contrataciones,
remuneraciones por horas-cátedra para tareas no docentes, pasantías y cargos ejecutivos
transitorios, terciarización, personal temporario de baja calificación, así como otros
artilugios que atentaban de lleno contra una de las conquistas básicas de los trabajadores.
dicho vinculo social (necesariamente inestable), en tanto dimensión institucional del Estado. En este último caso
estaríamos hablando de los aparatos estatales. El Estado sería así una abstracción real realizada materialmente bajo este
último modo de existencia. Al respecto, véase Apuntes para una teoría del Estado, en Oscar Oszlak: Teorías críticas de
la burocracia estatal, Paidós, 1982.
24 Huelga aclarar que, cuando hacemos alusión al ensanchamiento del Estado en términos de dotación de personal,
incluímos tanto a la Administración Pública Nacional, como a los Estados provinciales y municipales, debido a que en
palabras de Oscar Oszlak, en la actualidad “cabría observar al Estado como un sistema de vasos comunicantes que
relaciona de manera diferente sus distintos niveles jurisdiccionales, y no como el sistema de gestión exclusiva, al que
parecía responder la división del trabajo entre nación y provincias/ municipios hasta comienzos de la última década”. El
Estado transversal, Revista Encrucijadas Nº 6, Universidad de Buenos Aires, 2001.
25 De acuerdo a Dora Orlansky, este fenómeno ya se venía produciendo desde inicios de los ’80. Durante esta década, el
conjunto de las administraciones provinciales se expandió con una tasa anual superior al 7%. Crisis y Transformación del
Estado en la Argentina (1960-1993), en Revista Ciclos, Año IV, Nº 7, 1994.
26 Reforma del Estado, reestructuración laboral y reconversión sindical en el sector público, en Revista Aportes, Año 3
Nº 6, 1996. Según la autora, el sector de las empresas estatales pasó de 347.240 empleados en 1989 a 66.731 a fines de
1993. La cifra contrasta, en parte, con la dada por la representante del Banco Mundial en la Argentina, Myrna Alexander:
de 293.000 empleados que tenían en 1988, se redujeron a 48.000 en 1993. Declaraciones en el diario Clarín, 13/5/99.
7

De esta forma, una porción considerable del personal público contratado en plantas “no
permanentes” comenzó a permanecer en funciones por períodos fluctuantes entre uno y
cinco años 27 . Lo que subyace a esta modalidad de empleo es un uso más “flexible” y
“adecuado” de los empleados estatales, garantizando una creciente precarización. La
generalizada implementación de los llamados presupuestos por programa, así como la
creciente intervención de los organismos internacionales -a nivel decisional y
prospectivo-, a través del sostenimiento económico-financiero de proyectos, condicionó
también esta mutación en el perfil de los trabajadores públicos 28 .
Aún así, el promedio salarial de los empleados del Estado se ubica actualmente por encima
de los ocupados por el sector privado 29 . Mientras el primero asciende a 750 pesos, el
segundo ronda los 400. Desde esta perspectiva, se entiende por qué los sectores dominantes
intentan nivelar a la baja los salarios de la Administración Pública Nacional. Como parte de
las medidas a implementar en el marco de la llamada “Modernización del Estado”, el actual
gobierno impuso un recorte de salarios que no hizo más que expresar su decisión
indeclinable de erosionar la estabilidad de las remuneraciones del sector público. Este tipo
de políticas sistemáticas inducen a un claro disciplinamiento en las filas del Estado, además
de “compensar” sus niveles de la estructura salarial con respecto al ámbito privado 30 .
Este hecho, lejos de ser sorpresivo, ya figuraba como una de las metas prioritarias a
cumplir antes de su asunción, tal como lo expresó en plena campaña electoral el ex ministro
de Defensa y Economía, Ricardo López Murphy, propiciando una reducción de salarios de
más del 10%, propuesta que fue inmediatamente desautorizada por toda la cúpula
aliancista. Idéntico diagnóstico realizó en 1997 Myrna Alexander: Según la representante
del Banco Mundial en Argentina, la relación entre sueldos y gasto público de la
Administración Central es todavía muy alta, si se la compara con Chile o -más aún- los
países de la OCDE 31 . Por supuesto, lo que omite mencionar esta señora es que por cada
peso que el Estado paga en sueldos de empleados públicos destina 1,35 peso a los intereses
de la deuda, que en la actualidad equivale a más del 55% del “tamaño” de la economía
nacional, medida por su PBI.
Ahora bien, volviendo al tema del empleo público, es interesante destacar que tras una
década de ofensiva neoliberal y desmembramiento del Estado, más de 100.000 personas
27 Oscar Oszlak, El servicio civil en América Latina: situación y retos futuros, ponencia presentada para el VI Congreso
Internacional del CLAD sobre la Reforma del Estado y la Administración Pública, Buenos Aires, noviembre 2001.
28 Según datos del Presupuesto Nacional 2001 y de otras fuentes oficiales, el Estado argentino reporta alrededor de 20.000
empleados en carácter de contratados o personal temporario. Precisamente debido a su vulnerabilidad, este sector fue uno
de los más perjudicados por el reciente ajuste, sufriendo una reducción del 30% en sus haberes.
29 Cabe aclarar que existe una gran disparidad en términos salariales en el conjunto de la administración pública nacional:
mientras cerca del 50% de los agentes ganan menos de 1.000 mensuales, y el 75% no alcanza los 1.500 pesos, unos 3.000
funcionarios perciben remuneraciones promedio de entre 4.700 y 8.400 pesos, e incluso algunos directivos de organismos
descentralizados ostentan salarios de alrededor de 15.000 pesos (v.g. Superintendencia de Administración de Fondos de
Jubilaciones y Pensiones). Suplemento Cash, Página/12, 16/01/00.
30 En palabras del propio Pablo Guidotti, ex viceministro de Economía, “un problema es que, cuando hay caída de la
economía, el sector privado ajusta y el público se queda igual (...) lo que sería mejor es un mecanismo más moderno
donde los salarios del sector público estén relacionados con lo que sucede en el privado. En este momento si se hace
mano militar y se rebajan, va a ser una señal positiva”. Ambito Financiero, 29/5/00.
31 Suplemento Cash Nº 396, Página/12, 23/11/97.
8

cobran seguro de desempleo, contra un promedio de 12.000 que lo hacían en 1992, a lo que
se suman cerca de 300.000 personas -2,2% de la PEA- que poseen empleos públicos
precarios con un pago menor a $200 por mes. Frente al aumento de la desocupación, el
Estado nacional comenzó a implementar programas de empleo transitorios que, sin contar
los provinciales, en 1993 abarcaron a 307.000 trabajadores. Ya en 1995, en plena recesión
y crisis tequila, se amplió a 570.000 personas por mes. En los años siguientes, a pesar de la
reactivación, siguió en aumento, al punto de que en 1997, por ejemplo, llegó a extenderse a
más de 1.500.000 personas 32 . De esta forma, a pesar de haber intentado eliminar el
sobreempleo público hace casi una década, el Estado tiene hoy a su cargo alrededor de
2.300.000 personas; practicamente la misma cantidad que hace 10 años atrás. Se terminó
creando, tal como afirma Ismael Bermudez, “otro ‘sobreempleo’ por la vía de los planes
precarios y los subsidios” 33 . Esto se debió, en buena medida, a la creciente organización y
combatividad de los sectores desocupados. que demandaron fuentes de trabajo al Estado
nacional y a los Estados provinciales y municipales. Como veremos más adelante, si bien el
Estado se vió forzado a esta situación, intensificó en paralelo su perfil represivo en pos de
garantizar la implementación de las políticas neoliberales en la región.
Una segunda cuestión que merece destacarse es la evolución del gasto público, medido en
millones de pesos o en comparación con el PBI. En efecto, el incremento del gasto
consolidado entre 1990 y 1999 fue de casi el 60% en moneda constante 34 . Practicamente en
todos los niveles jurisdiccionales se duplicaron los gastos de funcionamiento estatal, con lo
cual se estaría refutando, al menos parcialmente, el discurso hegemónico que ha pregonado
una sustancial reducción del Estado en la pasada década. No obstante, revisando el gasto
público consolidado, se constata un incremento de 27.000 millones de pesos en el período
1991-1994. De ese aumento, sólo el 6% se destinó a la Administración Nacional, mientras
que el gasto en Seguridad Social recibió el 39%, y las Provincias y Municipios el 55% 35 .
Más aún, si -como se argumenta incansablemente desde las usinas ideológicas de la clase
dominante- el estancamiento y la pauperización creciente en Argentina tienen una íntima
relación con el déficit público, habría que aclarar que el mismo no se debe al exceso de
personal estatal o a sus altas remuneraciones, sino que más del 90% del incremento tiene su
origen en el desfinanciamiento del sistema jubilatorio estatal a través de las AFJP y el pago
de los intereses de la deuda externa 36 . Asimismo, es preciso relativizar el supuesto
sobredimensionamiento del gasto estatal, principal argumento justificador de los últimos
ajustes implementados al interior del Estado. De acuerdo a Claudio Lozano y Roberto
Felletti, la magnitud del gasto público nacional (incluyendo Nación, provincias y
municipios) es irrisorio en comparación con los niveles que exhiben otros países. El gasto
público representa algo más del 26% del PBI, mientras que en los países del denominado
Primer Mundo el porcentaje supera el 50% del PBI. Australia, la de menor gasto público,
32 Clarín, 23/5/99; reproducido en Oszlak, Oscar: El mito del Estado mínimo: una década de reforma estatal en
Argentina, trabajo presentado en el V Congreso Internacional del CLAD sobre la Reforma del Estado y de la
Administración Pública, 2000.
33 Ibid.
34 Instituto Argentino de Ejecutivos de Finanzas (IAEF), Reducción el Gasto Público. Una estrategia de ahorro,
Departamento de Investigaciones, 2000.
35 Juri, María de la Esperanza, Las provincias ante el desafío de adecuar el tamaño de su Estado, en Novedades
económicas Año 17 Nº172/73, 1995.
36 Cao, Horacio, y Vaca, Angel, ¿Es la solución un ajuste en la administración pública nacional?, Realidad Económica
Nº 180, 2001.
9

muestra cifras superiores al 37% del PBI y Noruega, la de mayor gasto, exhibe magnitudes
que superan un 56 por ciento del PBI 37 . Como vimos, a contrapelo del diagnóstico del
establishment local, no es la inflexibilidad a la baja de los recursos destinados al pago de
remuneraciones de los empleados estatales lo que genera el creciente deficit público, sino
una serie de factores ligados de lleno a la reestructuración capitalista iniciada a escala
mundial en las últimas décadas. En particular, la reducción de los aportes patronales y el
surgimiento de las AFJP 38 , que en conjunto transfirieron alrededor de 55.000 millones de
pesos del ámbito estatal hacia la esfera privada. A este monto, también podrían sumarse los
más de 35.000 millones de dólares que se evaden (o, en muchos casos, se eluden) en
términos tributarios y aduaneros 39 .
Un tercer punto a tener en cuenta, por otra parte, es que la parcial disminución de la planta
de personal en ciertas instituciones del Estado nacional tampoco supuso un correlato en la
estructura organizativa, que “siguió siendo aprovechada por una casta de funcionarios de
media y alta remuneración y redes paralelas de consultores financiados en parte por
organismos internacionales” 40 . En consecuencia, especialmente a partir de 1992, la
creación de una nueva Secretaría inducía a crear varias Subsecretarías, cada una de las
cuales, a su vez, provocaba la aparición de varias nuevas Direcciones, y así sucesivamente.
Los dos organismos políticos por excelencia, Presidencia de la Nación y el Ministerio del
Interior, pasaron de tener, respectivamente, 8 y 5 Secretarías en 1990, a 17 y 15 en 1999 41 ,
lo cual da cuenta, además, de la necesaria concentración de poder en dichos ámbitos,
habida cuenta las políticas excluyentes implementadas a lo largo de la década.
De esta forma, desmintiendo el discurso neoliberal subyacente a la Reforma del Estado, el
pretendido desmantelamiento de los organismos públicos trocó en paulatino incremento de
los mismos. Además, si se tiene en cuenta la parcial disminución de la dotación de
personal en ciertas áreas, así como el traspaso de numerosas funciones a otros ámbitos de la
sociedad, podemos concluir que un mayor número de unidades organizativas pasó a
ocuparse de un menor número de gestiones 42 . No obstante, es importante aclarar que los
procesos de privatización, descentralización o terciarización, no suponen per se una
disminución de la cantidad de organismos que componen la administración pública. Por el
contrario, en muchos casos, generan nuevas instancias de mediación estatal 43 .
37 Suplemento Cash, Página/12, 19/11/96.
38 Este hecho ha tenido consecuencias nefastas para el Estado argentino, debido a que el déficit fiscal se incrementó a raiz
no sólo del fenómeno demográfico que supuso un aumento del porcentaje de las prestaciones de seguridad social, sino
también (lo que es más importante aún) como consecuencia de la transferencia de estas últimas a las AFJP, sin que exista
como contrapartida una responsabilidad respecto de las antiguas prestaciones.
39 Al respecto, Atilio Borón ha expresado que “el talón de Aquiles de la crisis fiscal no radica en la desmesura del gasto
sino en la incapacidad extractiva de nuestros gobiernos, y en su desinterés (más que en su debilidad política) para
doblegar el ‘veto contributivo’ que las clases dominantes han acordado (o en defecto, impuesto) a las fuerzas políticas -
democráticas o autoritarias- que gobernaron en los diversos países de la región”. La sociedad civil después del diluvio
neoliberal, en Las tramas del neoliberalismo, Emir Sader y Pablo Gentili (comp.), Oficina de Publicaciones del CBC,
1997.
40 Artemio López, Suplemento Cash, 16/01/00.
41 Centro de Estudios para el Desarrollo Institucional (CEDI) Documento de Trabajo Nº 22, 2000.
42 Oscar Oszlak, El mito del Estado mínimo: una década de reforma estatal en Argentina, trabajo presentado en el V
Congreso Internacional del CLAD sobre la Reforma del Estado y de la Administración Pública, 2000.
43 Un claro ejemplo es el de la privatización de los servicios públicos: no sólo muchas de las empresas aún hoy continúan
funcionando en carácter “residual”, generando cuantiosas pérdidas para el Estado, sino que la conformación de los
respectivos entes reguladores ha traido aparejado un incremento y variación en las formas de intervención estatal.
10

En efecto, la emergencia de la mayoría de estas unidades a lo largo de los ’90 va a estar
vinculada, en gran parte, con la transformación del rol del Estado al calor de las
innovadoras formas de valorización y circulación capitalistas: si tenemos en cuenta que son
practicamente inexistentes las empresas estatales (salvo contadas excepciones, como ser
Fabricaciones Militares), y que la descentralización eliminó al personal educativo y de
salud de la esfera estrictamente nacional, podemos concluir que gran parte de los
empleados del Estado realizan tareas de índole represivas. Con esto no estamos afirmando
solamente que buena parte de su personal ejerza a diario, en términos de Max Weber, el
monopolio de violencia física, sino también que el Estado se ha tornado, en grado cada vez
mayor, una institución macro vigilante. Se reactualizaría, de manera mucho más
pronunciada, la figura de aquel guardían nocturno del siglo XIX, en la medida en que su
poder regulador se acotaría -de forma cada vez más clara y unilateral- a velar por el respeto
a la propiedad privada y la salvaguarda del orden jurídico. En efecto, si bien el Estado
capitalista -en tanto materialización institucional- nace mediatizando y regulando las
relaciones y los conflictos sociales, hoy en día esta función se intensifica en su faceta
propiamente represiva y de control. Así, este nuevo tipo de Estado, que provisoriamente
podría denominarse guardián diurno o nocturno ampliado, no ejerce la coerción de
manera excepcional, sino en forma creciente y sistemática (g.v. represión policial cotidiana,
intervención de la gendarmería en conflictos internos, criminalización de la protesta social,
etc.) 44 .
En consonancia con este planteo, Dora Orlansky ha postulado que el supuesto achicamiento
del Estado nacional ocultó a la vez un proceso subrepticio de recomposición funcional que
consiste en la intensificación de su perfil político 45 . Al concentrarse en las funciones
estrictamente políticas (administración general, seguridad, defensa, relaciones exteriores,
etc.) su prioridad funcional tendió a erigirse en el ejercicio casi exclusivo de la dominación,
en desmedro de la construcción consensual y la inclusión por la vía de beneficios y
garantías sociales. A modo de ejemplo, podemos mencionar el caso del Ministerio del
Interior, cuya cantidad de personal pasó de 38.480 en 1989, a 67.564 en el 2000 46 .
Pero, ¿en qué nos basamos para afirmar esto? Ante todo, en un dato por demás
contundente: de cada 10 empleados de la Administración Pública Nacional, más de 6
desempeñan funciones políticas en sentido estricto. Tras el proceso de privatización y
descentralización, más de 500.000 empleados públicos se desvincularon del Estado
nacional. En el caso del sector militar y policial (alrededor de 170.000), las razones de su
no inclusión en la Reforma del Estado estuvieron, en buena medida, vinculadas a la
debilidad política de la sociedad civil para desmontar los sistemas de privilegio fundantes y
Organismos tales como el ENRE, el ETOSS, la CNC, o el Tribunal de Defensa de la Competencia, por nombrar solo unos
pocos, dan cuenta de la complejidad de dicho proceso. Esto sin tener en cuenta, claro está, los abultados subsidios que en
la actualidad reciben de parte del Estado varios de los grupos económicos que se han hecho cargo de la prestación de
dichos servicios.
44
Este creciente protagonismo que ha ido asumiendo el aparato represivo puede vislumbrarse en las localidades de
General Mosconi y Tartagal, en donde la Gendarmería (supuesta custodia de las fronteras nacionales) tendió a sustituir a
la Policía salteña, deviniendo una fuerza policial militarizada con amplias atribuciones para el “disciplinamiento social”.
45
Crisis y Transformación del Estado en la Argentina (1960-1993), en Revista Ciclos, Año IV, Nº 7, 1994.
46
En paralelo, no casualmente, se verificó una disminución del empleo público en las áreas de Salud, Educación y
Trabajo.
11

profundizados durante la etapa del Terrorismo de Estado 47 . Asimismo, se tornó
imprescindible aceitar los mecanismos represivos del Estado de cara a un modelo que
tendió a generar cada vez más exclusión y miseria: el reciente intento de fusionar a la
Armada y la Prefectura, otorgandole a la primera funciones policiales y de represión
interna, es el ejemplo más contundente de las perspectivas que se abren de cara a un futuro
de creciente conflictividad social.
De ahí que, siguiendo a Oszlak 48 , podemos expresar que el Estado argentino vuelve a
focalizar actualmente sus funciones en dos de sus facetas básicas que lo constituyen como
tal: la recaudación (verdadera sangre del Estado) y la represión (límite último del orden
social dominante). En el primer caso, que por cuestiones de espacio no desarrollaremos 49 ,
se produce una reapropiación de parte del excedente social a través de la asignación de los
recursos recaudados, para volcarlo al circuito financiero mediante el pago de los intereses
de la deuda y las transferencias a la Seguridad Social y al sector privado, que abarcan en su
conjunto cerca del 85% del Presupuesto Nacional 50 .
Otro mito recurrente del discurso neoliberal es aquel que postula la erosión del poder
estatal frente a la llamada “globalización de los mercados”. Más allá del carácter
sumamente ideológico del término, la intensificación del flujo de capitales a nivel mundial
ha traído aparejada una reformulación del rol de los Estados. En grado cada vez mayor, los
mismos se ven obligados a tornarse atractivos para el capital que circula en forma liquida a
nivel planetario. Crear condiciones de rentabilidad para que porciones de capital puedan
afincar productivamente es una tarea ineludible de todo Estado, al margen de su color 51 . Tal
como expresa Jorchim Hirsh, “ante la competencia internacional que se intensifica y la
creciente flexibilidad del capital global, la ‘política de posicionamiento’, es decir, la
creación de condiciones óptimas de valorización del capital en el marco estatal-nacional, se
convierte en una prioridad política decisiva” 52 . En consonancia con este planteo, John
Holloway ha indicado que en la medida en que los ingresos y la estabilidad de cualquier
Estado depende de la acumulación global dentro de su territorio, cada Estado tiene que
tratar de atraer o retener dentro del mismo el mayor volumen de porciones de plusvalor,
intentando asegurar las mejores premisas para el proceso de acumulación capitalista. De
acuerdo al autor inglés, eso define el marco de referencia de toda la política -el
mantenimiento del orden social, el sistema de educación, la provisión de infraestructura, así
como las políticas comerciales para dar apoyo a capitales operando dentro del territorio del
Estado. En este contexto, el vinculo entre los diferentes Estados es una relación
47 Bozzo, Cristina, Beatriz López y Andrea Zapata, Los Procesos de Reforma del Estado. La segunda etapa y su agenda,
en Aportes para el Estado y la Administración Gubernamental, Año 3 Nº 6, 1996.
48 El mito del Estado mínimo: una década de reforma estatal en Argentina, trabajo presentado en el V Congreso
Internacional del CLAD sobre la Reforma del Estado y de la Administración Pública, 2000.
49 Al respecto, véase el citado artículo de Oscar Oszlak: El Estado transversal.
50 La regresividad a nivel fiscal resulta, además, asombrosa: el 10 por ciento de la población más rica del país (que se
queda con más del 40% del PBI) no llega a pagar el 2 por ciento de los impuestos. A modo de ejemplo, es interesante
señalar que, mientras los países de la OCDE recaudan por impuestos a la renta un promedio del 15% anual del PBI,
Argentina sólo alcanza el 3%. Página/12, 28/06/01.
51 Un claro ejemplo de ello es la China “comunista”.
52 Globalización del capital y las transformaciones de los sistemas de Estado: del “Estado de seguridad” al “Estado
nacional competitivo”, en Administración Pública y Sociedad, Nº 10, 1997.
12

competitiva 53 . Asimismo, la regulación de la fuerza de trabajo por parte del Estado resulta
en la actualidad, paradojicamente, más imperiosa que nunca: el control migratorio, tan en
auge en estos días a nivel mundial, expresa la necesidad de acotar los margenes de
movilidad territorial de los trabajadores, por oposición a un capital liquido que circula
mundialmente casi sin ataduras.
Por ello, del mismo modo que la “globalización” del capital no implica una pérdida de la
importancia del Estado a nivel planetario, tampoco la regionalización supone
necesariamente la erosión de su intervención: antes bien, la mayoría de los procesos de
integración son impulsados por los propios Estados nacionales para reforzar (y no para
diluir) su inserción en los circuitos de capital 54 . En tanto estrategia política, permite actuar
como contratendencia frente a las crecientes amenazas de otros Estados, así como de
grupos económicos y sociales transnacionales, que intentan impugnar su capacidad
decisoria. Así, por ejemplo, en el caso de la Unión Europea, sus miembros no han perdido
el carácter de Estados independientes, e incluso países como Alemania han visto
enormemente potenciado su poder a nivel político y económico 55 .
De ahí que, tal como postulan Acuña y Smith, “las afirmaciones en el sentido de que en
América Latina el poder del Estado se está ‘debilitando’ dicen muy poco”, en la medida en
que “disimulan las diferencias existentes entre los países en que el Estado es impotente para
llevar a la práctica las políticas neoliberales favorecidas por las elites estatales, y aquellos
otros países en que, pese a su ‘debilitamiento’, el Estado posee aún suficiente poder como
para imponer la reforma económica y desmembrar a los actores sociales molestos” 56 . En
rigor, lo que resulta imposible explicar desde la optica minimalista es por qué este supuesto
Estado volatilizado posee aún un por demás considerable margen de discrecionalidad
socio-político. El objetivo de este discurso neoliberal derrotista es claro: generar una visión
del Estado como organismo impotente e inmovil que debe adaptarse a las profundas
transformaciones en curso, de las cuales se mantiene totalmente ajeno. Si bien es cierto que
muchos Estados han visto limitados sus “márgenes de maniobra”, ello no implica
desconocer el enorme poder del que gozan aún hoy en día frente al resto de la sociedad. A
esto se han referido numerosos autores al hablar de la paradoja ortodóxa: las políticas
neoliberales de ajuste estructural y repliegue estatal suponen un Estado fuerte con
capacidad efectiva para lograrlo.
Además, lo que subyace a estos planteos “extinguicionistas” del Estado es una concepción
antagónica de la relación entre este último y los flujos de capital. Aún cuando se plantee
que existe, desde los origenes del capitalismo, una tensión entre la delimitación territorial
de los Estados y el carácter mundialmente móvil del capital, no puede afirmarse que haya
una vínculo oposicional de suma cero entre ambos. Por el contario, se ha constatado a nivel
53
El Poder del Trabajo y la Reorganización de los Estados Capitalistas, En Marxismo, Estado y Capital, Ed. Tierra del
Fuego, 1994.
54
Para una desarrollo de este punto, puede consultarse el artículo de Horacio Corti: El proceso de integración y el
discurso anti-estatal, en Los desafíos para el Estado en la Argentina actual, CEPAS, Oficina de Publicaciones del
CBC, 1998.
55
Aunque en menor medida, lo propio ocurre con Brasil en el marco del Mercosur.
56
La economía política del ajuste estructural: la lógica de apoyo y oposición a las reformas neoliberales, en Revista
Desarrollo Económico Nº141, abril/junio 1996.
13

histórico una mutua articulación y complementariedad entre mercado y Estado 57 . Por ello,
la reconfiguración del entramado organizacional del Estado tiene por objetivo volver
funcionales las instituciones públicas respecto del proceso de valorización actualmente en
curso.
IV. Las bases teórico-políticas de la actual ofensiva neoliberal
Puede resultar paradójico que luego de casi dos décadas de experimentos neoliberales
practicamente no existan documentos críticos que den cuenta de esta nueva forma que
asume la acumulación de capital en las postrimerías de siglo 58 . Al parecer, ha sido olvidada
la frase de Antonio Gramsci que pregona que sólo es posible combatir aquello que se
conoce, dedicándose la mayor parte de los intelectuales a despotricar contra las políticas
económicas regresivas sin indagar en las teorías que le dan sustento ideológico. En el
presente apartado intentaremos, precisamente, dar cuenta en forma sucinta de algunas de
ellas.
Así pues, uno de las fundamentos teóricos de los últimos ajustes en el aparato estatal
argentino fue el informe de la FIEL realizado para el Consejo Empresario Argentino 59 . En
él se menciona la existencia de un exceso de personal en la Administración Central del
orden de 128.000 agentes -excluyendo cuidadosamente de dicho excedente a las Fuerzas
Armadas y de Seguridad-, se impulsa la custodia de los presos federales por parte de
empresas privadas bajo contratos con el Estado, el análisis de áreas tan delicadas como las
de Salud y Educación en función de una lógica de “costo-beneficio”, así como el
cumplimiento de la función de regulación, en el caso de los entes de control de servicios
públicos, como “comercio”.
Pero no es este documento el único soporte en el cual se sustenta la reestructuración estatal
iniciada meses atrás. Podemos citar, a manera de ejemplo, el famoso talmud gerencialista
de Osborne y Gaebler para la Reinvención del Gobierno 60 , verdadero libro de cabecera del
ex vicepresidente Chacho Alvarez. El polémico texto argumenta que la competencia es un
poderoso elemento de motivación en el sector público, redundando en una maximización de
beneficios. No es de extrañar, por tanto, que empleen la expresión gobierno empresarial
para referirse al nuevo modelo a implementar. Como veremos más adelante, dicho gobierno
deberá orientarse plenamente hacia las necesidades del cliente. En palabras de los propios
57
Véase, entre otros, el documentado estudio de Karl Polanyi, La gran tranformación, Fondo de Cultura Económica,
1984.
58
Una excepción la constituyen los aportes hechos por Atilio Borón, en su Estado, Capitalismo y Democracia, Oficina
de Publicaciones del CBC, 1997; así como los realizados por Emir Sader, Perry Anderson, Pablo Gentili y otros, en la
compilación Las tramas del neoliberalismo, Oficina de Publicaciones del CBC, 1997. También Héctor Guillén Romo,
con su escasamente conocido trabajo La contrarrevolución neoliberal, Ed. Era, México, 1997, ha brindado un exaustivo
análisis de las teorías de Milton Friedman y Friedrich Von Hayek. Por último, vale la pena destacar a autores como Mabel
Thwaites Rey, Daniel Campione, Ireñe Muñoz, Andrea López, Carlos Vilas, Dora Orlansky, Jorge Schvarzer, Naum
Minsburg y Oscar Oszlak, quienes -desde diferentes perspectivas teórico-políticas- han intentado dar cuenta de algunos de
los aspectos centrales del proceso de desmantelamiento estatal y reestructuración capitalista acaecido en Argentina.
59
Administración Pública Nacional. Propuesta para su reestructuración, FIEL, 1996.
60
Es decir, del Estado, ya que la corriente anglosajona tiende a identificar, erróneamente, al gobierno con la porción del
aparato estatal que “ocupa” en forma transitoria.
14

autores, “la mayoría de los gobiernos norteamericanos ignoran por completo al cliente,
mientras que Mc Donald’s y Frito-Lay se inspiran en el cliente. Tal vez sea ésta la
acusación fundamental que se le puede hacer al gobierno burocrático” 61 . Otra de sus
caracterizaciones polémicas es la del empleado público, considerado como un clavo sin
cabeza, en tanto se lo puede poner facilmente, aunque es imposible sacarlo. Risas aparte, y
más allá de las críticas que podrían formularse a esta burocracia (o incluso, en un nivel más
teórico, a ella en tanto tal), lo cierto es que dicha conceptualización resulta funcional al
discurso neoconservador que postula la necesidad de asimilar las reglas propias del ámbito
empresarial a los organismos públicos y avanzar así sobre la estabilidad laboral de los
trabajadores del Estado.
Por supuesto, era de esperar que surgiera una burda copia de aquel manual de recetas en
nuestra periferia: en efecto, la versión argentina fue escrita por Mario Quintana y Horacio
Rodríguez Larreta (h) en el marco de la Fundación Grupo Sophía, bajo el título sugestivo
de Domando al elefante blanco, en una clara alusión al Estado argentino
“sobredimensionado”. Los antecedentes inmediatos de este texto son una serie de
cuadernillos elaborados por el propio Grupo Sophía 62 como fruto del conjunto de
conferencias dadas por Osborne durante su estadía en la Argentina a fines del ’96 63 .
Ya en un plano más teórico, y a nivel general, podemos diferenciar dos grandes corrientes,
con muchos puntos de contacto entre sí, que han servido de fuentes de inspiración para las
“reformas de segunda generación”: por una parte, el neoinstitucionalismo, afirmando la
importancia crucial de “las reglas de juego” para el crecimiento socio-económico. Por el
otro, el neoutilitarismo, más conocido como public choice o teoría del Principal-Agente 64 .
En el caso del neoutilitarismo, también denominado New Public Management, al reducir
el sujeto social a mero homo economicus, tiende a identificar la lógica del interés público
con la lógica contractual propia del ámbito privado, induciendo a la competencia a las
diferentes agencias burocráticas, devenidas “empresas prestadoras de servicios”, y
orientadas a la satisfacción del cliente y no del ciudadano. Términos tales como mercado
político, costo-beneficio o gerenciamiento empresarial, son comunmente utilizados por esta
corriente.
Dentro de este esquema, las diversas agencias estatales no son más que empresas
competitivas que pugnan por obtener los mayores beneficios al menor costo, en tanto que
los ciudadanos, ya de por sí reducidos a meros votantes, devendrían en clientes a los cuales
brindarles múltiples servicios. El burócrata representaría al gerente de la empresa, y los
políticos, propietarios de acciones, generarían constantes incentivos (premios y castigos)
61 Siguiendo esta línea, Marcos Makón propuso en el marco de la pomposa “modernización estatal” la implementación de
incentivos del tipo empleado del mes, inspirado también en la cadena de hamburgueserías Mc Donald’s. Al respecto,
véase el Suplemento Cash, Página/12, 16/01/00.
62 Pueden mencionarse, entre otros, Hacia un Sector Público Competitivo y Eficiente (1996) y Hacia un Nuevo Sector
Público. Experiencias exitosas de Gestión en Argentina (1997).
63 Los párrafos salientes de una de ellas fueron reproducidos bajo el título de Reinventando el Gobierno, en Aportes para
el Estado y la Administración Gubernamental, Año 3 N° 6, otoño 1996.
64 Para una profundización de este punto, véase el artículo de Sonia Fleury: Reforma del Estado en América Latina.
¿Hacia dónde?, en Nueva Sociedad Nº160, marzo-abril 1999.
15

para conseguir un ejemplar desempeño de los primeros. En el marco de esta concepción
sumamente racionalista del Principal-Agente, debe entenderse la propuesta de gestión por
resultados, contrario al apego a la normativa burocrática tan perjudicial para la empresa o
agencia, términos ambos que a esta altura vendrían a significar más o menos lo mismo, ya
que las pocas diferencias que se enumeran entre una y otra (el carácter sobredimensionado
del gobierno y la inexistencia de competencia en su seno; la lógica de beneficio en el caso
del ámbito mercantil) pueden ser saldadas mediante la reducción del personal y del número
de unidades organizativas, la incorporación de una lógica lucrativa, así como la
competencia inter e intra agencia/s 65 , con lo que estaríamos frente a una empresa privada
con todas las letras. Lo catastrófico de esta concepción es que percibe como virtudes lo que
a nuestro entender resultan ser graves problemas a resolver, entre los cuales basta
mencionar la sustitución del ciudadano portador de derechos inalienables (aún con todas las
limitaciones que esta categoría puede suponer) por un cliente que, en palabras de Marx,
lleva su poder social en el bolsillo 66 . Por ello, coincidimos con Atilio Borón que “la pura
rational choice del mercado es incapaz de capturar todas las múltiples dimensiones del
fenómeno del intervencionismo estatal, cuyas raíces económicas son tanto o más fuertes
que las que suelen suponer sus adversarios” 67 .
El neoinstitucionalismo, por su parte, focaliza el nudo gordiano en las “reglas de juego”, y
aún cuando intente reconocer en forma implícita la relevancia de los conflictos y pujas que
desgarran a la normativa vigente, sólo lo hace en la medida en que dichas tensiones son
generadas precisamente por la carencia de leyes claras y “transparentes” o de instituciones
de puedan encauzar (léase: diluir) el conflicto. Sin embargo, creemos que, por el contrario,
es preciso entender a las instituciones en tanto cristalizaciones de una determinada
correlación de fuerzas a nivel histórico, esto es, como la cosificación material de dicha
relación. De esta forma, se evita caer en un fetichismo de las organizaciones estatales, y
más aún de las leyes y normas que rigen en la actualidad. Así, pues, dentro de este marco
teórico debe encararse la crítica a la propuesta de gerenciamiento de lo público.
Precisamente, uno de los discursos que subyace a la insistente mercantilización de lo estatal
es el de la autogestión (en particular a nivel financiero) de las diferentes unidades
organizativas, generando recursos propios a partir de la prestación de servicios a “la
comunidad”. Pero si para las corrientes anarquistas y socialistas era sinonimo de
solidaridad y decisión colectiva, para los impulsores de la actual descentralización supone
todo lo contrario: una sobrecarga de funciones sin capacidad económica alguna para
gestionarlas, lo que obliga a acudir al mercado a ofrecer bienes y/o prestaciones en busca
de los imprescindibles recursos. Frente a esta situación, cabe preguntarse: ¿qué tipo de
servicios se brindaría y a quiénes irían dirigidos? ¿qué sectores se encuentran en
“condiciones” de contratarnos y con qué objetivos? ¿es éste el proyecto de Universidad, y
más aún de sociedad, al que aspiramos?.
65 Para un desarrollo de los principales postulados de esta teoría, véase Santiago Urbiztondo, Reflexiones preliminares
para entender y reformar la burocracia en la Argentina, en Aportes para el Estado y la administración gubernamental,
Año 4 Nº 9, 1997. Un análisis más crítico, aunque inscripto en la misma corriente, es el efectuado por Adam Przeworski
en su Acerca del diseño del Estado: una perspectiva principal-agente, Revista Argentina de Ciencia Política Nº 2, 1998.
66 Karl Marx, Elementos fundamentales para la crítica de la economía política (Grundisse), Siglo XXI, 1997.
67 Estado asistencialista, neoliberalismo y democracia en América Latina, en Memorias del Seminario Internacional de
Redimensionamiento y Modernización de la Administración Pública en América Latina, INAP, Mexico, 1989.
16

Las respuestas se tornan sumamente relevantes a la luz de la Ley de Educación Superior y
de la Reforma iniciada en el conjunto de las Universidades Nacionales, en ambos casos
enmarcadas en un volumiso paquete de leyes dentro de las cuales se ubica en forma
privilegiada la flexibilización laboral, entendida como “la remoción de barreras al derecho
de la empresa de decir a los trabajadores qué hacer, dónde hacerlo y a qué ritmo” 68 .
Pero para la teoría neoliberal, estas tendencias a la desigualdad, lejos de representar un
desfasaje indeseable, resultan sumamente beneficiosas para el desarrollo social 69 . Desde
teóricos de los organismos financieros internacionales, como Kuznets y su famosa curva de
la U invertida, hasta netos valuartes de la ortodóxia, como Friedrich Von Hayek y Milton
Friedman, todos postulan la necesidad de dejar librados al azar -es decir, a la “mano
invisible del mercado”, que por desgracia tiende a sufrir mal de parkinson- a aquellos que
no pueden garantizar de ninguna manera su subsistencia. Un autor que refleja esta idea
llevada al extremo es Kenichi Ohmae, quien en su libro El fin del estado-nación postula
que es necesario “convencer a la gente de que tener un sistema mínimo socialmente
garantizado es una mala política” debido a que “se financien como se financien, las
prestaciones y los costos sociales de estas magnitudes reducen, inevitablemente, la
motivación que tienen las personas para trabajar en sus puestos de trabajo actuales, para
aumentar su productividad laboral o incluso -cuando sea necesario- para aceptar empleos
alternativos con salarios inferiores” 70 . En el siguiente apartado, veremos cuáles son las
consecuencias que trae aparejada la imposición de este tipo de políticas.
V. Excursus: El modelo neocelandés, ¿un ejemplo a seguir?
Luego de vislumbrar las profundas transformaciones acaecidas en el andamiaje material del
Estado argentino, así como en sus funciones básicas, intentaremos abordar brevemente la
ofensiva privatista impuesta en Nueva Zelanda a nivel estatal. Debido a que este pequeño
país unitario, de tan sólo tres millones de habitantes 71 , es “levantado en andas” por la
ortodóxia neoliberal como el experimento triunfante de sus recetas 72 , resulta imprescindible
desmitificar sus “logros”. Pero dejemos que sea uno de sus exponentes teóricos el que
describa este virulento proceso: en efecto, tal como señala Peter Osborne, “desde el
advenimiento de la Ley de Contratos Laborales, Nueva Zelanda ha experimentado
transformaciones en las actitudes entre trabajadores y empresarios y un avance espectacular
en la productividad laboral. La LCL entró en vigor en 1991. Dejaron de existir los premios
nacionales y desapareció la situación protegida de que gozaban los sindicatos. Todos los
trabajadores pasaron a estar empleados bajo los términos de un contrato, ya fuera individual
68
John Holloway, La rosa roja de Nissan, en Cuadernos del Sur N°7, Buenos Aires, 1988.
69
Véase al respecto la breve pero incisíva crítica realizada por Atilio Borón en El lugar de la desigualdad en el
paradigma neoliberal, en Democracia, Estado y Desigualdad, Claudio Lozano (comp), Eudeba, 2000.
70
Kenichi Ohmae, El fin del estado-nación, Ed. Andres Bello, Chile, 2000.
71
Características éstas que, junto con otras, no parecen ser tenidas en cuenta al momento de extrapolar a diversas latitudes
del planeta esta particular experiencia.
72
De acuerdo al propio Banco Mundial, Nueva Zelanda es “un ejemplo líder de la Nueva Administración Pública”. Más
allá del Consenso de Washington: La hora de la Reforma Institucional, Washintgon D.C., 1998.
17

o colectivo. La confianza empresarial se encuentra actualmente en el punto más alto de los
últimos veinte años” 73 .
La débil tradición sindical, sumado al desconcierto de que fuera precisamente un gobierno
socialdemócrata quien impulsará las reformas neoliberales, permitió en parte que la
restructuración avanzara como en ningún otro país del mundo. Como resultado de este
vertiginoso proceso, el citado autor celebra que “los conflictos industriales son poco
frecuentes y localizados y no existe un equivalente a la amenaza de explosión salarial que
hay en Australia”. Pero incluso en el discurso neoconservador de Osborne no todo es un
hermoso lecho de rosas. Como él mismo se encarga de aclarar “sería vano sostener que las
reformas de Nueva Zelanda han estado exentas de sufrimiento. La mayoría de las personas
han sufrido disminuciones de sus niveles de vida y muchos trabajadores han perdido sus
empleos a causa de los cambios estructurales”.
Idéntico diagnostico, aunque con diferentes conclusiones, realiza John Gray en su último
libro 74 . Vale la pena reproducir algunas de las críticas realizadas por el autor al
experimento neocelandés, debido a que resulta interesante que sea un ex partidario de la
nueva derecha quien se encargue de refutar los “beneficios” de la implementación a
rajatabla del modelo neoliberal. En efecto, según este economista inglés, la confianza
festejada por Osborne se sustenta, en buena medida, en la sustitución a partir de 1991 del
sistema nacional de negociación colectiva por contratos de trabajo individuales, tanto en el
sector estatal como en el privado, en paralelo a la “regulación” de la totalidad de los
servicios públicos por el mercado. Entre las consecuencias de estas políticas de ajuste Gray
señala que “las desigualdades en los ingresos aumentaron más en Nueva Zelanda que en
cualquier otro país occidental”. De hecho, el desmembramiento estrepitoso del Estado de
bienestar ha redundado en el surgimiento de “una subclase económicamente marginada y
socialmente excluida”. Sin embargo, para Gray el costo mayor del alavado experimento ha
sido “la pérdida de cohesión social”, algo similar a lo ocurrido en Argentina luego de diez
años de menemato.
Estas son sólo algunas de las consecuencias sociales profundamente negativas, pero a la
vez consustanciales, a los proyectos de reforma estructural promovidos a partir del
“Consenso de Washington”. Dichos flajelos, lejos de representar un problema a resolver,
significan un rasgo benéfico del crecimiento socio-económico, según la visión de
fundaciones con gran influencia en el establishment local, como FIEL 75 . En efecto, su
consejero académico en el año ´96, Manuel Solanet, expresó en el marco de un seminario
sobre Reforma del Estado organizado en Paraná por la Asociación Argentina de
Presupuesto Público que “en Nueva Zelanda, se ha eliminado la estabilidad y se ha ido a un
régimen de contratos, que son renovados cada 2 o 4 años, que colocan a los funcionarios en
situación de demostrar y competir para renovar esos contratos. A tal punto se ha ido allí a
una estructura multifuncional, descentralizada, horizontalizada, que los funcionarios por
73 La transformación de Nueva Zelanda eclipsa la de Australia, Apéndice de El fin del estado-nación, op. cit..
74 Falso Amanecer. Los engaños del capitalismo global, Ed. Paidós, 1999.
75 La Fundación de Investigaciones Económicas Latinoamericanas, junto con el Consejo Empresario Argentino, brindaron
en plena crisis hiperinflacionaria buena parte del basamento teórico para la reestructuración estatal impulsada a principios
de los ’90. Los nombres de los documentos que difundían por aquel entonces hablan por si solos: El fracaso del estatismo
(1987), Los costos del Estado regulador (1988), y Argentina: Hacia una economía de mercado (1990).
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debajo del nivel del Ministro llevan la denominación de ‘managers’, o sea, gerentes, y las
unidades se aproximan lo más posile, a unidades autosostenidas, tal como las que en
general se buscan en el sector privado” 76 .
Una vez más, la equiparación del ámbito público y de (posible) gestión colectiva con el del
mercado, se torna una añoranza desgraciadamente factible y real. Resulta irónico recordar
que originariamente el término “managers” aludía al manejo o doma de los caballos (to
manage a horse) 77 . Tal vez sea esta la concepción de agente público que pretenden imponer
los sectores dominantes al interior de esa enorme empresa que todavía gustan llamar
Estado.
VI. El futuro del Estado argentino: El ajuste del ajuste como lógica permanente
¿Qúe tenemos hoy, en Argentina, luego de las reformas estructurales realizadas a lo largo
de una década?. En palabras del secretario de Modernización del Estado, Marcos Makón,
en lo que se transformó ese denigrado elefante blanco fue en “una liebre descontrolada, que
uno no sabe para dónde va, ni contra qué se puede golpear” 78 .
A lo largo del artículo, intentamos esbozar algunas respuestas que parecerían desmentir el
hecho de que el Estado nacional se haya convertido en ese pequeño animal. Como
expresamos anteriormente, la transformación no tiene que ver tanto con el tamaño o la
dotación del personal, sino más bien con la definición del rol del Estado, lo que nos lleva a
la siguiente reflexión acerca de qué tipo de relaciones sociales expresa este aparato estatal
reformado y cuáles son las nuevas fronteras que tendieron a dibujarse entre lo público y lo
privado: transcurridos diez años de aquellos acontecimientos, resulta claro que la
pregonada jibarización del Estado redundó en realidad en un ensanchamiento estrepitoso
del mercado, con todas las consecuencias negativas que ello supuso. La re-mercantilización
del conjunto de vínculos sociales y políticos significó la conversión de gran parte de los
sectores populares en meros clientes despojados de toda reminiscencia ciudadana que
exceda la esfera del consumo, además de crear un contingente de excluídos definidos por
su escaso o nulo poder adquisitivo en términos económicos, y por ser potenciales “clientes”
de las fuerzas represivas. Este hecho, si bien no debe hacernos olvidar que, tal como
expresa Oscar Oszlak, “a pesar de su creciente descrédito y del virtual desmantelamiento a
que lo ha sometido la embestida neo-conservadora, el Estado sigue siendo la máxima
instancia de articulación social” 79 , sí nos obliga a repensar la profunda modificación
acaecida en su relación con la sociedad civil y el mercado.
Desde esta perspectiva, sin caer en una defensa de un Estado que en última instancia
continuó siendo capitalista, podemos coincidir con Mabel Thwaites Rey en que el antiguo
andamiaje, creado para un modelo de acumulación superado, entorpecía los requerimientos
de valorización y circulación capitalistas prevalecientes debido a que expresaba en su seno
la cristalización material de intereses contradictorios plasmados en un determinado
76 Exposición reproducida en la Revista N° 15 de la ASAP, 1998.
77 Omar Guerrero, Del Estado Gerencial al Estado Cívico, UNAM, 1999.
78 Entrevista realizada por el Suplemento Cash, Página/12, 16/1/00.
79 Estado y Sociedad: ¿nuevas reglas de juego?, en Revista Reforma y Democracia Nº9, CLAD, 1997.
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contexto histórico 80 . De ahí que ciertos espacios y sectores públicos que representan logros
significativos, aunque desde ya no absolutos 81 , para el bienestar de las clases subalternas,
sean fervientemente denostados por la clase dominante, mientras que los sectores y las
funciones del aparato estatal más directamente ligadas al apoyo a la acumulación y al
mantenimiento del orden reciban su beneplácito constante a traves de las usinas ideológicas
del sistema.
Hoy en día, el Estado nacional ha visto reducidas sus funciones a la defensa de la
propiedad, la administración de justicia, las relaciones exteriores, el cobro de impuestos y
la emisión de moneda, siendo incluso algunas de ellas cuestionadas profundamente por
diversos grupos empresarios y políticos 82 . El desarrollo sustentable, la educación, la salud,
la defensa del medio ambiente, la erradicación de la pobreza y la desocupación, la
investigación y capacitación en sentido amplio, así como un sin fin de funciones
históricamente desempeñadas por él, son (en teoría) materia de gestión de las ONGs y, en
mucha mayor medida, de empresas privadas. Los sectores subalternos han quedado así, al
decir de Oszlak, casi en su totalidad privados del Estado, por oposición a las clases
dominantes, que continúan valiéndose de sus fuertes vinculaciones con el aparato estatal
para la consecución de sus fines y la garantía de sus privilegios 83 . La retirada del Estado
redundó así en una brutal disminución del poder de los trabajadores en relación con las
clases, fracciones y elites dominantes a nivel económico y político.
Teniendo en cuenta este planteo, se vuelve comprensible por qué se decide hoy expulsar o
rescindir contratos de personal civil de escasa jerarquía cuando más del 60% de los agentes
de la administración central son miembros de las Fuerzas Armadas y de seguridad interior,
según cifras del propio Presupuesto Nacional del 2001. También resulta clara la decisión de
imponer una reducción de salarios a los trabajadores que ganan más de 1.000 pesos, a la
vez que se omite la restitución de los aportes patronales a empresas como Repsol-YPF, que
obtienen beneficios anuales del orden de los 1.200 millones de dólares. Se torna, asimismo,
sumamente significativo que por primera vez el Estado argentino gaste más en el pago de
los intereses de la (ilegal, ilegítima, y todas las i restantes) deuda externa (9.500 millones)
que en las remuneraciones de la administración pública nacional (7.300), diferencia ésta
que sin duda tenderá a incrementarse aún más de cara al futuro. De ahí que todos estos
datos no hagan más que aseverar algo que, si bien a esta altura puede parecer una verdad de
perogrullo, no está de más afirmar: el carácter político y estratégico del actual ajuste,
enmarcado en una feroz ofensiva neoliberal cuya prioridad no es otra que la de imponer un
80 Las paradojas de una contradicción. Apuntes sobre el Estado y las privatizaciones, en Revista Doxa N° 9/10, 1993/4.
81 Somos conscientes de la contradicción inherente a la propia conformación de las instituciones estatales, así como del
carácter fetichizante de las mismas. No obstante, no es nuestra intención desarrollar aquí esta arista tan compleja de la
forma-Estado como expresión material de la relación social de capital. En tal caso, nos remitimos a John Holloway:
Capital, Crisis y Estado, en Marxismo, Estado y Capital, Ed. Tierra del Fuego, 1994.
82 Así, por ejemplo, fundaciones como el CEMA o FIEL, por citar sólo las más conocidas, propugnan la necesidad de
introducir la lógica privada en la administración de justicia y la recaudación de impuestos, así como la dolarización como
posible salida de la crisis socio-económica. Respecto de la garantía de la seguridad, queda claro que en la actualidad se
solventa cada vez más en empresas privadas.
83 En consonancia, Campione y Muñoz postulan que la conformación de un aparato estatal más receptivo y permeable a
las demandas de los sectores dominantes fue una de las principales consecuencias del proceso de Reforma del Estado
iniciado en 1989 en la Argentina. El Estado y la Sociedad. De Alfonsín a Menem, Ed. Letra Buena, 1994.
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creciente disciplinamiento social que posibilite una recuperación de la alicaída tasa de
ganancia a nivel mundial.
Por ello, luego de analizar sus principales transformaciones, queda claro que se encuentra
a la orden del día un violento desguace estructural del Estado nacional, así como de los
Estados provinciales. Como vimos, los salarios de los empleados públicos no han podido
aún ser nivelados a la baja. Ese es uno de los objetivos prioritarios de la actual coalición
gobernante. Sumado a esto, la privatización de las áreas educativas y sanitarias, así como la
supresión de múltiples organismos públicos, la expulsión de numerosos contingentes de
empleados estatales y la intensificación de la flexibilización laboral (vía contratos de
gestión por resultados, pasantías, acuerdos programa, controles de competencia
administrada, y presupuesto de base cero) para aquellos que queden dentro. Frente a este
panorama, en apariencia tan desolador, se avisora una fuerte resistencia y disputa política al
interior -y por fuera- de los aparatos estatales, encabezada por los trabajadores y empleados
públicos. La conflictividad de este sector, emergente en la década del ’80, y extendida a lo
largo de los años ’90 al calor de paros, movilizaciones y múltiples formas de lucha -que
van desde los piquetes y cortes de ruta, hasta la instalación de carpas de protesta y marcha
federales-, lejos de aplacarse, comienza a dar un salto cualitativo, en la medida en que
tiende a confluir con los restantes sectores perjudicados por la imposición del ajuste
estructural.
Desde esta perspectiva, debemos entender que el único límite del ajuste es la reacción de
los ajustados. El selectivo proceso de minimización de las instituciones públicas supone en
realidad un desmantelamiento sistemático de aquellas instancias de participación y
mediación que, al menos parcialmente, implican una presencia concreta de los sectores
subalternos al interior de la estructura material del Estado. Es preciso, entonces,
transformar nuestra indignación en energía disruptiva que posibilite no sólo la reacción
frente a los constantes embates de la clase dominante, sino la creación de nuevas formas de
organización autónoma y participación democrática. Dicho en otros téminos: más que
espectadores forzados del drama neoliberal, debemos ser sus iracundos antagonistas,
reapropiándonos del escenario histórico. De lo contrario, tal como profetizaba Karl Marx,
la tragedia se repetirá indefectiblemente como farsa.
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