Alfonso Mellado, Carlos Luis; Fabregat Monfort, Gemma - cemical
Alfonso Mellado, Carlos Luis; Fabregat Monfort, Gemma - cemical Alfonso Mellado, Carlos Luis; Fabregat Monfort, Gemma - cemical
comunitario afectado» (art. 66 LBRL). El TS, en su sentencia de 16 de noviembre de 1994, recurso 2343/1993, aporta en este punto precisiones de indiscutible valor, señalando al respecto lo siguiente: «Se trata, por otra parte, de normas que aisladamente consideradas y desde el plano de su aplicación individual ofrecen efectivamente, en muchos casos, un contenido económico que, inclusive, es de modesta cuantía. Pero su alcance real deriva de un cuerpo normativo homogéneo, que jerárquicamente incide en áreas estatutarias regidas de modo preeminente por el ordenamiento jurídico general. Esta incidencia no queda reducida a dicho ámbito jerárquico sino que se extiende también en sentido horizontal por la capacidad potencial de irradiación que un acuerdo de esta naturaleza ejerce sobre un número indefinido de unidades negociadoras en las que intervienen las mismas siglas sindicales y con similares postulaciones reivindicativas concernientes a colectivos vinculados a idéntico régimen estatutario». Por ello, el citado tribunal entiende que «de todo ello se infiere que al acordar el tribunal de instancia la suspensión parcial del acuerdo, reducido exclusivamente a los preceptos nominativamente relacionados en el escrito de interposición del abogado del Estado –no obstante afectar a una parte esencial del acuerdo–, ha hecho la aplicación restrictiva del artículo 122.2 de la LRJCA que propone el Ayuntamiento y desde el correcto sentido finalista atribuido a la medida cautelar. Y al suspender individualizadamente la ejecutividad de los preceptos que el auto impugnado relaciona, no lo hace exclusivamente en salvaguardia de intereses económicos que, aisladamente considerados, serían susceptibles de otra garantía de conservación distinta a la de suspensión acordada, sino que objetivamente asegura la preservación del interés general ligado a la intangibilidad del ordenamiento jurídico estatal en materia funcionarial». Impugnación por las entidades locales El artículo 63.1 b) de la LBRL reconoce legitimación para impugnar los actos y acuerdos de las entidades locales y, entre ellos, a los miembros de las corporaciones que hubieran votado en contra de tales pactos y acuerdos, en cuyo caso será necesario acreditar el voto en contra. Por último, debe señalarse que los artículos 19.1 e) de la LRJCA y 63.2 de la LBRL reconocen legitimación, en todo caso, a las entidades locales para impugnar los pactos y acuerdos de las Administraciones del Estado y de las comunidades autónomas que lesionen su ámbito de autonomía. 69
www.diba.cat/cemical El CEMICAL, constituido por la Diputación de Barcelona, la Federación de Municipios de Cataluña, la Asociación Catalana de Municipios y Comarcas, la Federación de Servicios Públicos de la UGT de Cataluña y la Federación de Servicios Públicos de CCOO, tiene dos objetivos: promocionar el progreso de las relaciones entre los representantes de las entidades locales y el personal a su servicio, y favorecer la resolución de los conflictos laborales. Con motivo de la aprobación de la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público (EBEP), desde el CEMICAL hemos editado este Documento que recoge las aportaciones de diversos autores de reconocido prestigio sobre los principales aspectos prácticos relacionados con la negociación colectiva de las condiciones de trabajo del personal al servicio de las administraciones públicas. 2 El Estatuto Básico del Empleado Público La negociación colectiva de las condiciones de trabajo
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comunitario afectado» (art. 66 LBRL). El TS, en su sentencia de 16 de noviembre de 1994,<br />
recurso 2343/1993, aporta en este punto precisiones de indiscutible valor, señalando al respecto<br />
lo siguiente: «Se trata, por otra parte, de normas que aisladamente consideradas y desde<br />
el plano de su aplicación individual ofrecen efectivamente, en muchos casos, un contenido<br />
económico que, inclusive, es de modesta cuantía. Pero su alcance real deriva de un cuerpo<br />
normativo homogéneo, que jerárquicamente incide en áreas estatutarias regidas de modo preeminente<br />
por el ordenamiento jurídico general. Esta incidencia no queda reducida a dicho<br />
ámbito jerárquico sino que se extiende también en sentido horizontal por la capacidad potencial<br />
de irradiación que un acuerdo de esta naturaleza ejerce sobre un número indefinido de unidades<br />
negociadoras en las que intervienen las mismas siglas sindicales y con similares postulaciones<br />
reivindicativas concernientes a colectivos vinculados a idéntico régimen<br />
estatutario».<br />
Por ello, el citado tribunal entiende que «de todo ello se infiere que al acordar el tribunal de instancia<br />
la suspensión parcial del acuerdo, reducido exclusivamente a los preceptos nominativamente<br />
relacionados en el escrito de interposición del abogado del Estado –no obstante<br />
afectar a una parte esencial del acuerdo–, ha hecho la aplicación restrictiva del artículo 122.2<br />
de la LRJCA que propone el Ayuntamiento y desde el correcto sentido finalista atribuido a la<br />
medida cautelar. Y al suspender individualizadamente la ejecutividad de los preceptos que<br />
el auto impugnado relaciona, no lo hace exclusivamente en salvaguardia de intereses económicos<br />
que, aisladamente considerados, serían susceptibles de otra garantía de conservación<br />
distinta a la de suspensión acordada, sino que objetivamente asegura la preservación<br />
del interés general ligado a la intangibilidad del ordenamiento jurídico estatal en<br />
materia funcionarial».<br />
Impugnación por las entidades locales<br />
El artículo 63.1 b) de la LBRL reconoce legitimación para impugnar los actos y acuerdos de<br />
las entidades locales y, entre ellos, a los miembros de las corporaciones que hubieran votado<br />
en contra de tales pactos y acuerdos, en cuyo caso será necesario acreditar el voto en<br />
contra.<br />
Por último, debe señalarse que los artículos 19.1 e) de la LRJCA y 63.2 de la LBRL reconocen<br />
legitimación, en todo caso, a las entidades locales para impugnar los pactos y acuerdos de las<br />
Administraciones del Estado y de las comunidades autónomas que lesionen su ámbito de<br />
autonomía.<br />
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