Versión Estenográfica - Congreso del Estado de Baja California

H. Vigésima Legislatura Secretaría de Servicios Parlamentarios
VERSIÓN ESTENOGRÁFICA DE SESIÓN ORDINARIA DEL TERCER
PERÍODO ORDINARIO DEL SEGUNDO AÑO DE EJERCICIO LEGAL DE LA
HONORABLE VIGÉSIMA LEGISLATURA CONSTITUCIONAL DEL ESTADO
LIBRE Y SOBERANO DE BAJA CALIFORNIA, CELEBRADA EN EL SALÓN DE
SESIONES “LICENCIADO BENITO JUÁREZ GARCÍA”, EL DÍA JUEVES
CINCO DE JULIO DEL DOS MIL DOCE.
Presidente, C. Dip. Alfonso Garzón Zatarain
(Asistencia de veinticuatro ciudadanos Diputados)
Secretario, Dip. Fausto Zárate Zepeda
- EL C. PRESIDENTE: (Inicia: 10:11 horas). Sesión Ordinaria del Tercer Período
Ordinario de Sesiones, correspondiente al Segundo Año de Ejercicio Legal de la
Honorable Vigésima Legislatura Constitucional del Estado de Baja California.
Diputado Secretario sírvase pasar lista de asistencia.
- EL C. SECRETARIO: Si, buenos días compañeros, bienvenidos todos y todas.
Inicio el pase de lista: Agatón Muñiz Claudia Josefina, Carranza Hernández
Gregorio, Dado Alatorre Laurencio, García López José Máximo, García Muñoz Julio
Felipe, Garzón Zatarain Alfonso, Lozano Pérez David Jorge, Montejano de la Torre
Juan Bautista, Murguía Mejía Carlos, Navarro Gutiérrez Víctor Hugo, Noriega Ríos
Virginia, Rodríguez Rubio María del Rosario, Soto Agüero Elisa Rosana, Topete
Robles Elí, Vargas Rodríguez Juan, Vizcarra Calderón Marco Antonio, y Zárate
Zepeda Fausto, existe quórum.
- EL C. PRESIDENTE: Muy bien, muchas gracias; Diputado Secretario, en virtud de
que sí tenemos quórum, se abre la sesión. Diputado Secretario, toda vez que se
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ha circulado con anticipación y se encuentra publicado en la gaceta de este día, se
pone a consideración de la asamblea en votación económica el orden del día.
- EL C. SECRETARIO: Se somete a votación económica levantando su mano para
aprobar el orden del día, por mayoría. 1.- Aprobación del acta de la sesión
ordinaria del día 26 de junio de 2012. 2.- Acuerdos de los órganos de gobierno. 3.-
Iniciativas. 4.- Dictámenes. 5.- Proposiciones. 6.- Posicionamientos. 7.- Cita.
- EL C. PRESIDENTE: Aprobado el orden del día, pasamos al primer punto:
―Aprobación del Acta de la Sesión anterior celebrada el día martes 26 de junio del
2012‖; el acta respectiva, señores Diputados, se encuentra en el correo electrónico
de cada uno de ustedes, por lo que se les pregunta si tienen alguna enmienda que
hacer, y de no ser así, se solicita la dispensa de la lectura así como la aprobación
de la misma.
- EL C. SECRETARIO: De manera económica la aprobación del acta de la sesión
anterior, aprobado por mayoría.
(SE INSERTA EL ACTA DE LA SESIÓN CELEBRADA EL DÍA 26 DE JUNIO DE 2012).
―ACTA DE SESIÓN ORDINARIA DEL TERCER PERÍODO ORDINARIO DEL SEGUNDO
AÑO DE EJERCICIO LEGAL DE LA HONORABLE VIGÉSIMA LEGISLATURA
CONSTITUCIONAL DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE BAJA CALIFORNIA,
CELEBRADA EN EL SALÓN DE SESIONES ―LICENCIADO BENITO JUÁREZ GARCÍA‖,
EL DÍA MARTES VEINTISEIS DE JUNIO DEL DOS MIL DOCE.
Presidente, C. Dip. Alfonso Garzón Zatarain
(Asistencia de veintitrés ciudadanos Diputados)
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Secretario, Dip. Fausto Zárate Zepeda
En la ciudad de Mexicali, Baja California, siendo las diez horas con siete
minutos del día martes veintiséis de junio del año dos mil doce, da inicio la Sesión
Ordinaria de la Honorable Vigésima Legislatura del Estado de Baja California; y
encontrándonos constituidos en el Recinto Oficial de este Poder Legislativo, el
Diputado Presidente solicita al Diputado Secretario proceda a pasar lista de
asistencia, mismo que certifica la presencia de los ciudadanos Diputados: Agatón
Muñiz Claudia Josefina, Alanís Quintero Rubén, Carranza Hernández Gregorio,
Dado Alatorre Laurencio, Fernández Gonsález Rubén, Galarza Villarino Arcelia,
García López José Máximo, García Muñoz Julio Felipe, García Poyato falcón Abel
Anwar, Garzón Zatarain Alfonso, Lozano Pérez David Jorge, Magallanes Cortés
Gustavo, Magaña Mosqueda Ricardo, Montejano de la Torre Juan Bautista, Navarro
Gutiérrez Víctor Hugo, Noriega Ríos Virginia, Rodríguez Rubio María del Rosario,
Sánchez Corona Francisco Javier, Soto Agüero Elisa Rosana, Topete Robles Elí,
Vargas Rodríguez Juan, Vizcarra Calderón Marco Antonio, Zárate Zepeda Fausto;
asimismo se justifica la inasistencia de los Diputados Barreto Luna Gregorio y
Murguía Mejía Carlos.
Acto seguido, el Diputado Presidente le solicita al Diputado Secretario
someta a consideración el orden del día propuesto para esta sesión, siendo el
siguiente:
1.- Aprobación del acta de Sesión Anterior
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2.- Iniciativas
3.- Dictámenes
4.- Proposiciones
5.- Posicionamientos
6.- Cita.
A continuación, el Diputado Presidente le solicita al Diputado Secretario en
funciones someta a consideración de la asamblea el orden del día, resultando
aprobado en votación económica por unanimidad de los Diputados presentes.
Posteriormente, se pasa al primer punto que se refiere a: ―Aprobación de
Acta de Sesión Ordinaria celebrada el día martes 19 de junio del año en curso‖,
informando el Diputado Presidente a los ciudadanos Diputados y Diputadas que el
acta respectiva se encuentra en el correo electrónico de cada uno de ellos, por lo
que les pregunta si tienen alguna enmienda que hacer, y al no ser así, les solicita
la dispensa de la lectura así como la aprobación de la misma, resultando aprobada
en votación económica por mayoría de los Diputados presentes.
Para antes de continuar con el siguiente apartado, el Diputado Presidente
procede a dar la bienvenida a las personalidades de la Presidencia del DIF en los
diferentes municipios de Baja California, de Mexicali la señora Ema Pedrero de
Pérez Tejada, de Tecate la señora Denisse Vargas de Urbalejo, de Ensenada la
señora Carolina Navarro de Pelayo, de Tijuana la señora Carolina Bustamante de
García, así como a todos personas que las acompañan, mismo que les agradece su
visita a esta Asamblea.
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Se continúa con el siguiente apartado, referente a: ―Iniciativas‖, en donde
hace uso de la voz el Diputado Rubén Fernández Gonsález, para darle lectura a
nombre del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, del
Partido Verde Ecologista de México, del Partido Estatal de Baja California y del
Partido del Trabajo, Iniciativa con Proyecto de Decreto que crea la Ley del
Fideicomiso Público para la Construcción, Regularización y Operación del Servicio
Público Central de Abasto en Baja California, a fin de normar las medidas y
acciones que contribuyan a una mejor organización en el abasto, comercio y
distribución de los bienes y crecimiento en la economía del Estado.
Posteriormente, el Diputado Presidente procede a turnar dicha iniciativa a la
Comisión de Gobernación, Legislación y Puntos Constitucionales.
Enseguida, el Diputado Víctor Hugo Navarro Gutiérrez hace uso de la
tribuna para presentar a nombre del Partido Verde Ecologista de México, el Grupo
Parlamentario del Partido Nueva Alianza, del Partido del Trabajo, del Partido
Estatal de Baja California y del Partido de la Revolución Democrática, Iniciativa con
Proyecto de Decreto que reforma el artículo 15 de la Constitución Política del
Estado Libre y Soberano de Baja California, a efecto de fortalecer la participación
de las minorías en el Congreso del Estado.
Posteriormente, el Diputado Presidente procede a turnar dicha Iniciativa a
las Comisiones Unidas de Reforma del Estado y Gobernación, Legislación y Puntos
Constitucionales.
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Acto seguido, el Diputado Elí Topete Robles hace uso de la tribuna para dar
lectura a nombre de todos los integrantes de la Vigésima Legislatura del Estado,
Iniciativa con Proyecto de Decreto que reforma diversos artículos del Código Civil
para el Estado de Baja California, y del Código de Procedimientos Civiles para el
Estado de Baja California, a fin de reducir el proceso de adopción de menores a un
tiempo no mayor de nueve meses, iniciativa en la que se manifiesta lo siguiente:
―Diputado Alfonso Garzón Zatarain, Presidente de la Mesa Directiva del Congreso
del Estado de Baja California. Compañeras Diputadas, compañeros Diputados.
Honorable Asamblea: Los suscritos Diputados, integrantes de la Honorable XX
Legislatura del Congreso del Estado de Baja California, de conformidad con lo
dispuesto por los artículos 27, fracción I; 28, fracción I, de la Constitución Política
del Estado Libre y Soberano de Baja California, así como 110, fracción I; 112; 115,
fracción I; 116; 117; 118 y demás numerales relativos y aplicables de la Ley
Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Baja California, nos permitimos
someter al Pleno de esta Honorable Legislatura, INICIATIVA DE REFORMA A LA
FRACCION I DEL ARTICULO 394, SE ADICIONAN LAS FRACCIONES IV, V, VI, LOS
PARRAFOS, SEGUNDO, TERCERO, CUARTO Y QUINTO AL ARTICULO 440, SE
DEROGAN LAS FRACCIONES V y VI, LOS PARRAFOS, SEGUNDO, TERCERO,
CUARTO Y QUINTO DEL ARTICULO 441, TODOS DEL CODIGO CIVIL PARA EL
ESTADO DE BAJA CALIFORNIA; ASI TAMBIEN, SE ADICIONAN LOS ARTICULOS
908 BIS Y 908 TER AL CODIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA EL ESTADO
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DE BAJA CALIFORNIA, lo anterior en los términos de la siguiente: EXPOSICIÓN DE
MOTIVOS
Primeramente, consideramos necesario resaltar, que la presente iniciativa es el
resultado del trabajo conjunto, realizado por los suscritos Diputados y cada una de
las Presidentas del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia a nivel
municipal, mediante diversas mesas de trabajo, a las que también asistieron los
Titulares de la Dirección del referido organismo, correspondientes,
respectivamente, a los municipios de Tijuana, Mexicali, Tecate, Ensenada y Playas
de Rosarito, así como representantes de Instituciones de Asistencia Privada en la
Entidad. Igualmente, se efectuó la revisión de los modelos de adopción en otras
entidades del País y, particularmente en el Estado de México, por sus avances en
la materia y principalmente en virtud de que en dicho Estado, recientemente se
realizaron reformas a diversos ordenamientos legales, con el propósito de
simplificar el proceso de adopción y adecuar su marco jurídico a las Convenciones
y Tratados Internacionales en materia de menores, siendo en razón de ello que se
realizó visita de trabajo a la Ciudad de Toluca, Estado de México.
En esa tesitura, tuvimos la oportunidad de recibir la orientación y asesoría, por
parte del Presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México,
Servidores Públicos del Poder Judicial, de la Procuraduría de la Defensa del Menor
y la Familia, del Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia, de la
Subsecretaría de Asuntos Jurídicos y del Poder Legislativo de la citada Entidad
Mexiquense.
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La meta fijada en los referidos trabajos, fue el establecer en el Estado de Baja
California, nuevos mecanismos legales, con el propósito de simplificar y con ello
agilizar el proceso de adopción de menores, para que ellos puedan gozar de
mayores expectativas de vida, tener una mejor calidad de vida y sean
reintegrados a una familia y sociedad en la que obtengan un correcto y sano
desarrollo, físico, intelectual, emocional y mental, rodeados de amor fraternal.
Adicionalmente, nuestra pretensión legislativa tiene como objetivo central, el
bienestar de los menores, no sólo en lo relativo a su seguridad e integridad física
inmediata, sino en su derecho y necesidad para tener la oportunidad de formar
parte de un seno familiar y un hogar que eventualmente los integre en mejores
condiciones a la sociedad, considerando lo siguiente:
1. Los factores que inhiben la conclusión de un proceso de adopción en un
término deseable, son en muchos casos de tipo burocrático y en otros muchos,
debido a los alcances de las leyes en la materia.
2. El crecimiento biológico de los menores expósitos o en situación de
abandono no puede detenerse, y la necesidad de un vínculo familiar para su
integración a la sociedad con una condición sicosocial adecuada, requiere de
procedimientos institucionales más sensibles, ágiles, simplificados y apegados a la
realidad actual de nuestra entidad, al margen del factor político.
3. Se requiere un Consejo de Adopciones que actué como verdadero cuerpo
colegiado, que sea incluyente de aquellas instancias involucradas en el proceso de
adopción o que de una u otra manera intervienen en el mismo, tales como el
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Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia a nivel municipal, de cada uno de
los municipios en la Entidad, así como Instituciones de Asistencia Privada, mismos
que con su participación, fortalecerá al Cuerpo Colegiado en alusión, en virtud del
conocimiento que sobre el tema tienen, relacionado con la problemática que en
particular se vive en cada uno de los cinco municipios.
En relación con lo que antecede, debe tenerse en consideración que las funciones
y roles institucionales en materia de adopciones, deben estar provistos de un
sentido más humano. Es así, que nos dimos a la tarea de encontrar una medida,
un mecanismo más justo para alinear tanto el interés de los menores y los padres
adoptivos, así como la obligación del Estado para lograr que dicho vínculo se
establezca en los mejores términos.
Históricamente, la familia ha sido el pilar fundamental de la sociedad así como el
medio natural en que se desarrolla la personalidad del individuo, es así que se
vuelven necesarias las adecuaciones legislativas de conformidad con las tendencias
a nivel internacional incluso nacional de permitir la plena integración de los
menores de edad a un grupo familiar distinto al suyo cuando el propio no les
garantiza el bienestar mínimo necesario para su desarrollo integral, ya sea por
decisión de los progenitores o por causas ajenas a su voluntad.
En el ámbito internacional, los esfuerzos por regular la adopción han sido
plasmados en diversos instrumentos, jurídicamente vinculantes para el Estado
mexicano derivado de la reciente reforma constitucional que reconoce a todas las
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personas como titulares de los derechos humanos establecidos en la Constitución y
en los Tratados Internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte.
En ese tenor, es obligación ineludible de las autoridades estatales, adecuar su
marco jurídico a las Convenciones y Tratados Internacionales en materia de
menores, por lo cual, se hace indispensable en el contexto analizado, ajustar
nuestra legislación en materia de adopción, acorde con lo estipulado en la
normativa internacional pues no puede seguir siendo incongruente la primera con
la segunda, al quedar colocados los Tratados Internacionales por encima de las
leyes locales, de acuerdo con la reforma constitucional sobre derechos humanos.
Se debe enfatizar que la Convención sobre los Derechos del Niño, ha reconocido
que existen menores que viven en condiciones extraordinarias de vulnerabilidad y
riesgo, que por ende, requieren de cuidados y atenciones específicas y
permanentes, lo que necesariamente, nos obliga como Estado, a propiciar esas
condiciones para su desarrollo biopsicosocial. Reconociendo que el menor, para
llegar a su pleno y armonioso desarrollo, debe crecer en el seno de una familia,
donde se le brinde felicidad, amor y comprensión como otro miembro de aquella.
Es así, que la Adopción adquiere cada vez más significado y relevancia, ya que en
la actualidad, la gran preocupación, es garantizar los derechos de los infantes,
principalmente el de desarrollarse en un ambiente social y familiar sano, que les
permita adquirir todas sus potencialidades, por tal circunstancia el derecho del
adoptado debe ser preponderante frente al de los adoptantes.
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Por consiguiente, al llevar a cabo el proceso de adopción, ante las instancias
judiciales correspondientes, se deben evaluar a todos los participantes así como
observar los principios que protegen la integridad del menor, como son –entre
otros-: el del interés superior del menor; el de la no-discriminación y el de trato
con respeto y sensibilidad de conformidad, con el protocolo de actuación para
quienes imparten justicia en casos que afecten a niñas, niños y adolescentes
publicado recientemente por la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Ahora bien, en relación con nuestro objetivo de lograr la reducción de los tiempos
en el proceso de adopción, cabe destacar, que de la revisión y análisis a las
reformas realizadas a la normatividad en materia de adopciones en el Estado de
México, se desprende, que parte de la simplificación en el procedimiento de
adopción, se debe a la eliminación de obstáculos para adoptar, a través de
reformar el Código Civil y el Código de Procedimientos Civiles, eliminando la
necesidad de obtener resolución judicial sobre pérdida de la patria potestad. De
igual forma, nos percatamos que el organismo denominado Consejo Mexiquense
de Adopciones, consiste en un verdadero cuerpo colegiado, en virtud de la
pluralidad de instancias que lo conforman, a diferencia del Consejo
correspondiente a Baja California, en el que todos sus integrantes emanan del
Sistema para el desarrollo integral de la familia en el Estado. En ese sentido,
estamos convencidos que al ser el Consejo de Adopciones, un instrumento de
apoyo y asesoría de la Procuraduría para la Defensa del Menor y la Familia, para la
definición de políticas y acciones en materia de adopción de menores y hogares
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sustitutos, debe operar como un verdadero cuerpo colegiado, integrado por todas
aquellas instancias involucradas en el proceso de adopción o que de una u otra
manera intervienen en el mismo, tales como el Sistema para el Desarrollo Integral
de la Familia a nivel municipal, de cada uno de los municipios en la Entidad, así
como Instituciones de Asistencia Privada, estas últimas, a invitación expresa y
discrecional del propio Consejo.
Con la reconformación del Consejo de Adopciones que se señala en el párrafo que
precede, se fortalecerán y legitimaran las decisiones que colegiada y
consensadamenté ahí se tomen, al conjugarse la diversidad de experiencias y
situaciones propias de cada uno de los municipios del Estado de Baja California,
que a través de las representaciones municipales del Sistema para el Desarrollo
Integral de la Familia abonaran a un mejor proveer en las determinaciones del
consejo en comento.
Por otra parte, estimamos necesario adicionar una fracción IV al artículo 440 del
Código Civil para el Estado de Baja California, que disponga que la patria potestad
se acaba cuando: quienes ejerzan la patria potestad hayan aceptado ante la
autoridad judicial la entrega del menor a las instituciones de asistencia pública o
privada; de igual forma se propone, derogar las fracciones V, VI, los párrafos,
SEGUNDO, TERCERO, CUARTO y QUINTO del artículo 441, para adicionarlas como
fracciones V y VI y como párrafos los párrafos, SEGUNDO, TERCERO, CUARTO y
QUINTO del referenciado artículo 440 del Código Civil para el Estado de Baja
California, por considerar que los dos casos cuyo contenido es:
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1) Por el abandono sin causa justificada que el padre, la madre o quien ejerza la
patria potestad hiciere de las personas menores de dieciocho años de edad o
personas que no tengan capacidad para comprender el significado del hecho, por
más de tres meses en alguna institución de asistencia pública o privada; 2) Cuando
se exponga por más de un día a la persona menor de dieciocho años de edad o
persona que no tenga capacidad para comprender el significado del hecho,
poniendo en riesgo su integridad personal; deben quedar como hipótesis de
conclusión de la patria potestad por ministerio de ley, y no como una causal de
pérdida de la patria potestad de las que requieren resolución judicial.
Lo anterior a fin de dar agilidad a los trámites de adopción que por su exceso,
entre ellos el que se tenga que obtener resolución judicial sobre pérdida de la
patria potestad, en esos casos en que los propios progenitores no presentan el
más mínimo interés por sus hijos o los familiares, en quienes recae la posibilidad
de ejercer la patria potestad de manera directa o subsidiaria, para que el menor
quede en posibilidad de ser adoptado, se convierte innecesariamente en un
obstáculo en los trámites de adopción desalentando a posibles adoptantes.
Se considera además que los niños y niñas que tienen la calidad de expósitos o
abandonados ante las instituciones públicas o privadas de asistencia, requieren de
la mayor protección de la ley y de brindarles la oportunidad sin mayor dilación,
para ser susceptibles de adopción. De manera que se propone reformar la fracción
I, del artículo 394 del Código Civil para que en estos casos no se requiera el
consentimiento de quien ejerza la patria potestad para la adopción del menor.
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Con esta reforma, se fortalecerán también figuras como la del ejercicio de la patria
potestad o bien el de tutela, manteniendo así la certeza jurídica para aquellos
menores y/o discapacitados cuando su condición social o familiar lo requiera.
Así mismo, en virtud de que en el Código de Procedimientos Civiles vigente a la
fecha, en particular el capítulo IV que comprende lo relativo a la adopción, no se
establecen términos al desahogo del procedimiento en cita y es necesario efectuar
un acotamiento de dichos tiempos procesales, se recomienda la inclusión de un
artículo 908 BIS a efecto de establecer en continuidad y vinculación en forma
descriptiva con el artículo 908, que el termino de desahogo del proceso de
adopción, no podrá ser mayor a nueve meses. Cabe aclarar al respecto, que de la
revisión a manuales internos del Sistema para el desarrollo integral de la familia en
el Estado de distintos Estados de la Republica, se infiere que hacen alusión al
término de nueve meses para efectos del desarrollo del proceso de adopción,
como un símil del tiempo común de gestación del embarazo biológico.
De igual forma deberá adicionarse un articulo 908 TER, que instruya que el
Consejo de Adopciones para el Estado de Baja California, deberá incluir en su
conformación, un representante del Sistema para el Desarrollo Integral de la
Familia a nivel municipal, de cada uno de los municipios en la Entidad, así como,
representación de Organismos de la Sociedad Civil, estas últimas, a invitación
expresa y discrecional del propio Consejo, los cuales tendrán voz y voto.
En congruencia con las referenciadas propuestas de reforma y adición, en los
conducentes artículos transitorios deberá disponerse que el Ejecutivo Estatal
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emitirá en un término no mayor a 30 días hábiles contados a partir de que entre
en vigor la reforma planteada, un Decreto por el que se modifica el acuerdo
PUBLICADO EL 22 DE ENERO DE 1999, EN EL PERIODICO OFICIAL DEL ESTADO
DE BAJA CALIFORNIA, RELACIONADO CON EL CONSEJO DE ADOPCIONES, a fin
de que se contemple una descripción de los tiempos de desahogo del
procedimiento de adopción los cuales deberán ajustarse para que en conjunto
sean acordes a los nueve meses señalados en el mencionado artículo 908 BIS del
Código de Procedimientos Civiles y así también quede asentada la nueva
conformación del Consejo de Adopciones. De igual forma, en uno de los
referenciados artículos transitorios se estipulara que el Titular del Ejecutivo Estatal,
expedirá las disposiciones reglamentarias que resulten necesarias, para hacerlas
acordes al presente Decreto, dentro del plazo de treinta días hábiles a partir de su
entrada en vigor.
Es por lo antes expuesto, y con fundamento en los preceptos legales señalados al
inicio, que nos permitimos poner a consideración de esta Honorable Asamblea,
Iniciativa de reforma a los ordenamientos antes invocados, en los términos
siguientes:
PRIMERO.- Se reforma la fracción I, del artículo 394, se adicionan las fracciones
IV, V, VI y los párrafos SEGUNDO, TERCERO, CUARTO y QUINTO al artículo 440,
se derogan las fracciones V y VI, los párrafos SEGUNDO, TERCERO, CUARTO y
QUINTO, del artículo 441, todos del Código Civil para el Estado de Baja California,
para quedar como sigue:
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ARTÍCULO 394.- Para que la adopción simple o plena pueda tener lugar, deberán
consentir en ella, en sus respectivos casos:
I.- El que ejerce la patria potestad sobre la persona menor de dieciocho años de
edad que se trata de adoptar, salvo que se trate de abandonados, expósitos o
entregados a instituciones públicas o de asistencia privada legalmente reconocidas;
II.- …..;
III.-…..;
IV.-…..;
V.-…..;
…..
ARTÍCULO 440.- La patria potestad se acaba:
I.- Con la muerte del que la ejerce, si no hay otra persona en quien recaiga;
II.- Con la emancipación, derivada del matrimonio;
III.- Por la mayoría de edad del hijo;
IV.- cuando quienes ejerzan la patria potestad hayan aceptado ante la autoridad
judicial la entrega del menor a las instituciones de asistencia pública o privada;
V.- Por el abandono sin causa justificada que el padre, la madre o quien ejerza la
patria potestad hiciere de las personas menores de dieciocho años de edad o
personas que no tengan capacidad para comprender el significado del hecho, por
más de tres meses en alguna institución de asistencia pública o privada; y
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VI.- Cuando se exponga por más de un día a la persona menor de dieciocho años
de edad o persona que no tenga capacidad para comprender el significado del
hecho, poniendo en riesgo su integridad personal.
Para los efectos del párrafo anterior, se considera expósito a la persona menor de
dieciocho años de edad cuyo origen se desconoce y se coloca en situación de
desamparo en un hospital, casa particular o algún paraje público o privado por
quienes conforme a la Ley están obligados a protegerlos.
Se tendrá por abandonada, la persona menor de dieciocho años de edad cuyo
origen se desconoce y respecto de quien, los que ejercen la patria potestad o
tutela, dejaron de cumplir sus deberes; aceptando la posibilidad de que alguna
institución pública o privada se haga cargo del mismo.
El abandono no se interrumpe por el hecho de que el padre, la madre o quien
ejerce la patria potestad o tutela, visitaren a las personas menores de dieciocho
años de edad desamparados sin asumir de inmediato el ejercicio de los deberes
que natural y legalmente se deriven de la relación paterno-filial.
El Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia, por conducto de la
Procuraduría para la Defensa de las personas menores de dieciocho años de edad
y la Familia, podrá solicitar ante la autoridad jurídica conducente se emita
constancia de la conclusión de la patria potestad de las personas menores de
dieciocho años de edad expósitos o abandonados y tendrá atribuciones para
promover, en su carácter de tutor, la reintegración inmediata y oportuna de estos
a un ambiente familiar a través de hogares adoptivos o substitutos.
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ARTÍCULO 441.- La patria potestad se pierde:
I.- Cuando el que la ejerza es condenado expresamente a la pérdida de ese
derecho, o cuando haya sido condenado por delito grave;
II.- En los casos de divorcio, teniendo en cuenta lo que dispone el artículo 280;
III.- Cuando por las costumbres o hábitos de quienes la ejercen, malos tratos o
abandono de sus deberes, uso de algún tipo de enervante, alcoholismo,
prostitución, que afecte o ponga en riesgo la seguridad, la salud, la moralidad, la
tranquilidad, el bienestar o el desarrollo armónico de las personas menores de
dieciocho años de edad o personas que no tengan capacidad para comprender el
significado del hecho, aun cuando esos hechos o conductas no cayeren bajo la
sanción de la Ley Penal;
IV.- Cuando quienes ejercen la patria potestad permitan o toleren que otras
personas atenten contra la seguridad e integridad física, emocional y sexual de las
personas menores de dieciocho años de edad o personas que no tengan
capacidad para comprender el significado del hecho.
V.- DEROGADA
VI.- DEROGADA
ARTICULOS TRANSITORIOS
Primero.- Las presentes reformas entrarán en vigor el día de su publicación en el
Periódico Oficial del Estado.
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Segundo.- Una vez publicadas las presentes reformas, el Congreso del Estado,
deberá homologar las disposiciones relativas a las mismas, en los diversos
ordenamientos del Estado, en un plazo que no exceda los treinta días hábiles.
Tercero.- Se derogan todas las disposiciones que se opongan o contradigan a lo
contenido en estas Reformas.
SEGUNDO.- Se adicionan los artículos 908 bis y 908, al Código de Procedimientos
Civiles para el Estado de Baja California, para quedar como sigue:
Artículo 908 Bis.- El proceso de adopción deberá desahogarse en un término no
mayor a nueve meses, contados a partir de la presentación de la solicitud por el
interesado, considerando que dentro de esos nueve meses, se les realizarán a los
adoptantes, todos los estudios, valoraciones, entrevistas, análisis y exámenes
necesarios para asegurar que puedan concluir un proceso sano, y así también,
dentro del referido termino de nueve meses, los adoptantes deberán asistir a
escuela para padres, por lo menos una vez por semana o en su caso las veces que
el consejo de adopciones considere necesarias. Todo esto regulado de acuerdo al
manual interno de proceso de adopción que rige al Consejo de Adopciones, en el
cual se incluye la forma en que se harán los estudios a los adoptantes y los
requisitos que deben cumplir.
Artículo 908 Ter.- Para los efectos previstos en el presente capitulo, el Consejo de
Adopciones para el Estado de Baja California, deberá estar integrado por:
I.- UN PRESIDENTE: Que será el Presidente del Patronato del Sistema para el
desarrollo integral de la familia en el Estado.
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II.- UN SECRETARIO TECNICO: Que será el Director General del Sistema para el
desarrollo integral de la Familia en el Estado.
III.- UN COORDINADOR: Que será el Procurador para la defensa de las Personas
Menores de Dieciocho Años de Edad y la Familia.
IV.- UN CONSEJERO: Que será el Coordinador de Adopciones.
V.- UN CONSEJERO: Que será designado y en su caso removido por el Director
General del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia en el Estado.
VI.- UN VOCAL: Que será un Psicólogo designado y en su caso removido por el
Director General del Sistema para el desarrollo Integral de la Familia en el Estado.
VII.- CINCO VOCALES.- Que serán cada uno de los representantes del Sistema
para el Desarrollo Integral de la Familia a nivel municipal, de los cinco municipios
en la Entidad.
VIII.- VOCALES.- Que será un representante por Institución de Asistencia Privada,
que expresa y discrecionalmente sea invitada por el propio Consejo, cumpliendo
para ello con los requisitos y condiciones conducentes, que fije el citado Cuerpo
Colegiado.
ARTICULOS TRANSITORIOS
Primero.- Las presentes reformas entrarán en vigor el día de su publicación en el
Periódico Oficial del Estado.
Segundo.- Una vez publicadas las presentes reformas, el Congreso del Estado,
deberá homologar las disposiciones relativas a las mismas, en los diversos
ordenamientos del Estado, en un plazo que no exceda los treinta días hábiles.
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Tercero.- Se derogan todas las disposiciones que se opongan o contradigan a lo
contenido en estas Reformas.
Cuarto.- El Titular del Ejecutivo del Estado, deberá emitir en un plazo que no
exceda los 30 días hábiles contados a partir de que entren en vigor las reformas
planteadas, un Decreto por el que se modifica el Acuerdo PUBLICADO EL 22 DE
ENERO DE 1999 EN EL PERIODICO OFICIAL DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA,
RELACIONADO CON EL CONSEJO DE ADOPCIONES, a fin de que se contemple una
descripción de los tiempos de desahogo del procedimiento de adopción los cuales
deberán ajustarse para que en conjunto sean acordes a los nueve meses
señalados en el mencionado artículo 908 BIS del Código de Procedimientos Civiles
y así también en dicho Acuerdo, quede asentada la nueva conformación del
Consejo de Adopciones.
Quinto.- De igual forma, el Titular del Ejecutivo Estatal, expedirá las disposiciones
reglamentarias que resulten necesarias, para hacerlas acordes a las presentes
reformas, dentro del plazo de treinta días hábiles a partir de su entrada en vigor.
Dado en el Salón de Sesiones ―Lic. Benito Juárez García‖ del Honorable Congreso
del Estado, en la Ciudad de Mexicali, Baja California, a los 26 días del mes de Junio
del año dos mil doce.‖
Posteriormente, el Diputado Presidente procede a turnar dicha Iniciativa a la
Comisión de Gobernación, Legislación y Puntos Constitucionales.
A continuación, el Diputado Gregorio Carranza Hernández hace uso de la
tribuna para presentar a nombre del Grupo Parlamentario del Partido Nueva
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Alianza, Iniciativa con Proyecto de Decreto que crea la Ley de Capacitación y
Educación Cívica, Ética y Cultura Política para la Democracia en el Estado de Baja
California.
Posteriormente, el Diputado Presidente procede a turnar dicha Iniciativa a la
Comisión de Gobernación, Legislación y Puntos Constitucionales, y asimismo
procede a decretar un receso de 3 minutos para despedir a las Presidentas del DIF
de los diferentes municipios del Estado, siendo las diez horas con cuarenta y dos
minutos.
Se reanuda la sesión siendo las diez horas con cuarenta y cinco minutos y
una vez verificado el quórum, se continúa con la sesión.
Enseguida, la Diputada Virginia Noriega Ríos hace uso de la tribuna para
presentar a nombre del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario
Institucional, del Partido Verde Ecologista de México, del Partido Estatal de Baja
California y del Partido del Trabajo, Iniciativa con Proyecto de Decreto que
adiciona la fracción VIII del artículo 30 de la Ley de Educación para el Estado de
Baja California, con el objeto de que la educación física promueva un estilo de vida
saludable en los educandos en las escuelas del Estado.
Posteriormente, el Diputado Presidente procede a turnar dicha Iniciativa a la
Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología.
Acto seguido, la Diputada Virginia Noriega Ríos, de nueva cuenta hace uso
de la tribuna para presentar a nombre del Grupo Parlamentario del Partido
Revolucionario Institucional, del Partido Verde Ecologista de México, del Partido
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H. Vigésima Legislatura Secretaría de Servicios Parlamentarios
Estatal de Baja California y del Partido del Trabajo, Iniciativa con proyecto de
Decreto que reforma el artículo 71 de la Ley de Salud Pública, a efecto de que la
Secretaría de Salud Pública del Estado, emita certificaciones en materia de salud
nutricional a establecimiento público y privado que incluyan menús saludables.
Posteriormente, el Diputado Presidente procede a turnar dicha Iniciativa a la
Comisión de Salud.
A continuación, el Diputado José Máximo García López, hace uso de la
tribuna para presentar a nombre del Grupo Parlamentario de Acción Nacional,
Iniciativa con proyecto de Decreto que reforma la Ley de Hacienda del Estado, con
la pretensión de estimular la industria vitivinícola vinculada a la producción
artesanal en el Estado.
Posteriormente, el Diputado Presidente procede a turnar dicha Iniciativa a la
Comisión de Hacienda y Presupuesto.
Acto continuo, el Diputado Marco Antonio Vizcarra Calderón, hace uso de la
tribuna para presentar a nombre del Partido Estatal de Baja California y del Grupo
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, Iniciativa con proyecto de
Decreto que reforma los artículo 15 y 47 de la Ley de Educación del Estado de
Baja California, mediante el cual se propone que todos los tipos, niveles y
modalidades de educación que tenga el carácter de obligatoria se cuente con
acceso a internet, así como la creación de espacios públicos gratuitos de acceso a
dicho medio, como una manera de impulsar la educación informal.
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H. Vigésima Legislatura Secretaría de Servicios Parlamentarios
Posteriormente, el Diputado Presidente procede a turnar dicha Iniciativa a la
Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología.
A continuación hace uso de la voz la Diputada Elisa Rosana Soto Agüero
para presentar a nombre del Grupo parlamentario del Partido Revolucionario
Institucional, Partido Verde Ecologista de México, Partido Estatal de Baja California
y del Partido del Trabajo, Iniciativa de Reforma a los Artículos 5 y 10 de la Ley de
Firma Electrónica para el Estado de Baja California.
Posteriormente, el Diputado Presidente procede a turnar dicha Iniciativa a la
Comisión de Gobernación, Legislación y Puntos Constitucionales.
Acto seguido, hace uso de la Tribuna el Diputado Rubén Alanís Quintero
para dar lectura a Iniciativa que presenta el Grupo Parlamentario del Partido
Acción Nacional con proyecto de Decreto que reforma la Ley de Desarrollo Forestal
Sustentable del Estado de Baja California, con el objetivo de fortalecer los
lineamientos para el combate y prevención de incendios forestales.
Posteriormente, el Diputado Presidente procede a turnar dicha Iniciativa a la
Comisión de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Desarrollo Sustentable.
Enseguida, el Diputado Presidente manifiesta lo siguiente: ―yo quiero
felicitar a un grupo de niños que se encuentran aquí presentes, que encabeza la
señora Adriana Payán Gámez, no sé si estará presente, bienvenida señora. Este
grupo es el Equipo ―Diablas‖ del CREA Mexicali, que se están poniendo de pie y
quiero decirles, Diputados, que son de la categoría micro voleibol de 7 a 9 años y
que hace poquito participaron en el Campeonato Nacional de su categoría en
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H. Vigésima Legislatura Secretaría de Servicios Parlamentarios
Monterrey Nuevo León y son las Campeonas Estatales de voleibol en Baja
California, razón que les valió representar a su Estado; bienvenidas las niñas del
Equipo ―Diablas‖ y les volvemos a repetir, un fuerte aplauso porque se lo merecen.
(Aplausos) ellas vienen a participar aquí con nosotros en la Cámara de Diputados
para solicitarnos un apoyo, en virtud de que necesitan algún equipamiento para
continuar con sus actividades deportivas y traen por ahí un bote muy significativo,
yo les voy a pedir a los Diputados que podamos cooperar con lo que sea nuestra
voluntad con las niñas que van a pasar un momento aquí con ustedes y pueden
pasar, Van al nacional, perfecto, con más razón la cooperación. Ya que estamos
recibiendo a los jóvenes deportistas de Baja California, vamos a darle también la
bienvenida a la selección Liga Félix Arce, categoría Pre moyote de 6 años que ganó
el Estatal en Tijuana a finales de mayo, que se jugó el regional de Los Mochis y se
ganó el primer lugar donde se obtuvo el pase al nacional el cual se llevará a cabo
del 13 al 14 de julio de 2012 en Guaymas, Sonora. El equipo está conformado por
13 niños y el torneo durará 10 días y cada niño cubrirá sus gastos de transporte y
estancias, la Coordinadora de la Selección se encuentra aquí presente es la señora
Cinthya Rascón, pues también los vamos a recibir a todos ellos con un fuerte,
fuerte aplauso, bienvenidos. Traen botecito, van a pasar ahí con los señores
Diputados y Diputadas en demanda de apoyo. Felicidades a los niños deportistas
que representan a nuestro Estado; bien, muchas gracias, felicitamos a la
Coordinadora Cinthya Rascón, felicidades Cinthya, bienvenidos niños, esperamos y
estamos seguros van a salir campeones.
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H. Vigésima Legislatura Secretaría de Servicios Parlamentarios
A continuación, hace uso de la voz la Diputada Arcelia Galarza Villarino para
dar lectura a Iniciativa que presenta el Grupo del Partido Nueva Alianza con
proyecto de Decreto que reforma a diversos artículos de la Ley de Educación del
Estado de Baja California, a fin de establecer la obligación por parte del Estado de
que las escuelas de educación básica cuenten con todos los servicios públicos y
con cobertura universal del servicio de internet.
Posteriormente, el Diputado Presidente procede a turnar dicha Iniciativa a la
Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología.
Enseguida, hace uso de la tribuna la Diputada María del Rosario Rodríguez
Rubio para presentar a nombre del Grupo Parlamentario del Partido Acción
Nacional Iniciativa de Reforma a la Ley de Protección y Defensa de los Derechos
de los Menores y la Familia en el Estado de Baja California, a efecto de garantizar
la custodia y protección a menores infractores.
Posteriormente, el Diputado Presidente procede a turnar dicha Iniciativa a la
Comisión de Gobernación, Legislación y Puntos Constitucionales.
A continuación, hace uso de la voz el Diputado Juan Vargas Rodríguez para
presentar Iniciativa a nombre del por el Grupo Parlamentario del Partido
Revolucionario Institucional, del Partido Verde Ecologista de México, del Partido
Estatal de Baja California y del Partido del Trabajo, con proyecto de Decreto que
adiciona un segundo párrafo al artículo 12 de la Ley de Entrega y Recepción de los
Asuntos y Recursos Públicos para el Estado de Baja California, a fin de que los
titulares de los Órganos de Control al concluir su encargo incluyan en su informe
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final los datos de las sanciones y resoluciones de los procedimientos
administrativos correspondientes.
Posteriormente, el Diputado Presidente procede a turnar dicha Iniciativa a la
Comisión de Gobernación, Legislación y Puntos Constitucionales.
Continuando con el uso de la voz, el Diputado Juan Vargas Rodríguez
presenta Iniciativa a nombre del por el Grupo Parlamentario del Partido
Revolucionario Institucional, del Partido Verde Ecologista de México, del Partido
Estatal de Baja California y del Partido del Trabajo, con proyecto de Decreto que
adiciona una fracción IV al artículo 8 de la Ley del Régimen Municipal para el
Estado de Baja California, a fin de que el Síndico Procurador dé seguimiento a las
observaciones y/o salvedades remitidas por el Congreso del Estado hasta su total
terminación.
Posteriormente, el Diputado Presidente procede a turnar dicha Iniciativa a la
Comisión de Gobernación, Legislación y Puntos Constitucionales.
Acto seguido, hace uso de la voz el Diputado Gustavo Magallanes Cortés
para presentar a nombre del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional
Iniciativa con proyecto de decreto que reforma la Ley de Hacienda Municipal del
Estado de Baja California, relativo a las aportaciones en obra pública.
A continuación, el Diputado Presidente procede a turnar la iniciativa
presentada por el Diputado Gustavo Magallanes Cortés a la Comisión de Hacienda
y Presupuesto.
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Acto seguido, el Diputado Gregorio Carranza Hernández hace uso de la voz
para presentar a nombre del Grupo Parlamentario del Partido Nueva Alianza,
iniciativa con proyecto de decreto que reforma la Ley de Salud Pública en el
Estado de Baja California, con el propósito de que se trate como problema de
salud pública as las adicciones en el Estado.
Posteriormente, el Diputado Presidente procede a turnar la iniciativa a la
Comisión de Salud.
Acto seguido, el Diputado Marco Antonio Vizcarra Calderón hace uso de la
tribuna para presentar a nombre del Partido Estatal de Baja California y del Grupo
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, iniciativa con proyecto de
decreto que reforma el artículo 10 de la Ley de Fomento a la Competitividad y
Desarrollo Económico y que adiciona el artículo 181 a la Ley de Hacienda, ambos
ordenamientos del Estado de Baja California, a fin de que el desarrollo de los
programas previstos en la Ley de Protección al Ambiente para el Estado, puedan
ser objeto de estímulos fiscales (estímulos a empresas sustentables).
Acto continuo, el Diputado Presidente procede a turnar esta iniciativa a la
Comisión de Hacienda y Presupuesto.
Se continúa con el siguiente apartado referente a: ―dictámenes‖, en donde
hace uso de la voz el Diputado Julio Felipe García Muñoz para dar lectura al
dictamen número 71 de la Comisión de Gobernación, Legislación y Puntos
Constitucionales, en donde se establece el siguiente punto resolutivo:
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H. Vigésima Legislatura Secretaría de Servicios Parlamentarios
SE APRUEBA LA REFORMA A LOS ARTÍCULOS 46 Y 62 DE LA LEY DE
TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA PARA EL ESTADO DE
BAJA CALIFORNIA, PARA QUEDAR COMO SIGUE:
Artículo 46.- (…)
I a la II.- (...)
III.- (…)
a) Se formará una Comisión Especial encargada de la evaluación y selección de los
aspirantes, integrada por tres representantes, uno del Poder Legislativo, otro del
Poder Judicial y el tercero del Poder Ejecutivo, y por cuatro ciudadanos elegidos
por el Pleno del Órgano Garante.
b) al g).- (…)
IV.- (…)
Artículo 62.- (…)
I.- (…)
II.- (…)
Cuando la información sea negada total o parcialmente por un sujeto obligado al
solicitante, la Unidad de Transparencia remitirá al Comité, copia de la
determinación que se le entregue al interesado y deberá hacerse del conocimiento
del Instituto de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de
Baja California, para que éste, aún sin mediar queja o denuncia del solicitante,
proceda a determinar si la decisión de reserva o rechazo fue correcta, en caso
contrario se ordenará al sujeto obligado entregar la información al solicitante.
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H. Vigésima Legislatura Secretaría de Servicios Parlamentarios
III a la V.- (…)
TRANSITORIO: ÚNICO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su
publicación en el Periódico Oficial del Estado de Baja California. Dado en la Sala de
Sesiones ―Dr. Francisco Dueñas Montes‖ del H. Congreso del Estado de Baja
California, a los once días del mes de junio del año dos mil doce.
Enseguida, el Diputado Presidente con base a lo que establece el artículo
127 de la Ley Orgánica de este Congreso, se declara abierto el debate del
dictamen número 71 de la Comisión de Gobernación, Legislación y Puntos
Constitucionales; y con relación a lo que establece el artículo 128 de la Ley
Orgánica de este Congreso, se pregunta a los Diputados que deseen enlistarse
para participar en pro y en contra del presente dictamen lo hagan saber
levantando su mano, y no existiendo oradores en contra del dictamen de
referencia, el Diputado Presidente le solicita al Diputado Secretario Escrutador lo
someta a consideración de la asamblea, resultando aprobado en votación nominal
por veinte votos a favor de los siguientes Diputados: Vargas Rodríguez Juan,
Agatón Muñiz Claudia Josefina, Carranza Hernández Gregorio, Galarza Villarino
Arcelia, Sánchez Corona Francisco Javier, Dado Alatorre Laurencio, Lozano Pérez
David Jorge, García Muñoz Julio Felipe, Magaña Mosqueda Ricardo, Montejano
de la Torre Juan Bautista, Soto Agüero Elisa Rosana, Fernández Gonsález Rubén,
Navarro Gutiérrez Víctor Hugo, García López José Máximo, Alanís Quintero Rubén,
Magallanes Cortés Gustavo, Zárate Zepeda Fausto, García Poyato Falcón Abel
Anwar, Vizcarra Calderón Marco Antonio y Garzón Zatarain Alfonso.
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H. Vigésima Legislatura Secretaría de Servicios Parlamentarios
Acto seguido, el Diputado Presidente procede a declarar aprobado en lo
general y en lo particular el dictamen número 71 de la Comisión de Gobernación,
Legislación y Puntos Constitucionales, leído por el Diputado Julio Felipe García
Muñoz. Dado en el Salón de Sesiones ―Licenciado Benito Juárez García‖, del Poder
Legislativo del Estado de Baja California, en sesión ordinaria de la Honorable
Vigésima Legislatura a los veintiséis días del mes de junio del año 2012.
Posteriormente, el Diputado David Jorge Lozano Pérez hace uso de la voz
para presentar el dictamen número 75 de la Comisión de Gobernación, Legislación
y Puntos Constitucionales, estableciendo los siguientes puntos resolutivos:
PRIMERO.- ESTA H. XX LEGISLATURA DEL CONGRESO DEL ESTADO DE BAJA
CALIFORNIA CON BASE A LO ESTIPULADO POR EL ARTÍCULO 135 DE NUESTRA
CARTA MAGNA, EMITE VOTO APROBATORIO A LA MINUTA PROYECTO DE
DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 46 Y 105, FRACCIÓN I;
SE DEROGA LA FRACCIÓN XI DEL ARTÍCULO 76 DE LA CONSTITUCIÓN
POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, PARA QUEDAR COMO
SIGUE:
Artículo 46.- Las entidades federativas pueden arreglar entre sí y en cualquier
momento, por convenios amistosos, sus respectivos límites; pero no se llevarán a
efecto esos arreglos sin la aprobación de la Cámara de Senadores. De no existir el
convenio a que se refiere el párrafo anterior, y a instancia de alguna de las partes
en conflicto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación conocerá, sustanciará y
resolverá con carácter de inatacable, las controversias sobre límites territoriales
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H. Vigésima Legislatura Secretaría de Servicios Parlamentarios
que se susciten entre las entidades federativas, en los términos de la fracción I del
artículo 105 de esta Constitución.
Artículo 76.- Son facultades exclusivas del Senado:
I. a X. …
XI. Se deroga
XII. …
Artículo 105.- La Suprema Corte de Justicia de la Nación conocerá, en los términos
que señale la ley reglamentaria, de los asuntos siguientes:
I. De las controversias constitucionales que, con excepción de
las que se refieran a la materia electoral, se susciten entre:
a) a k) …
…
…
II y III. …
…
…
Transitorio: Único. La presente reforma entrará en vigor al día siguiente al de su
publicación en el Diario Oficial de la Federación, y quedarán derogadas todas las
disposiciones normativas que contravengan a este Decreto.
SEGUNDO.- Publíquese la aprobación a la MINUTA PROYECTO DE DECRETO
referida en el resolutivo anterior, en el Periódico Oficial, ―Órgano del Gobierno del
Estado de Baja California‖.
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H. Vigésima Legislatura Secretaría de Servicios Parlamentarios
TERCERO.- Aprobadas las presentes reformas por esta Soberanía, remítanse a la
Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, el presente VOTO APROBATORIO,
para los efectos del artículo 135 de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos.
Dictamen número 75 referente a minuta con proyecto de decreto que reforman los
artículos 46, 76 y 105 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Dado en la Sala de Juntas ―Francisco Dueñas Montes‖ del Honorable Poder
Legislativo, en la Ciudad de Mexicali, Estado de Baja California, a los once días del
mes de Junio del año dos mil doce.
Acto seguido, el Diputado Presidente con base a lo que establece el artículo
127 de la Ley Orgánica de este Congreso, declara abierto el debate del dictamen
número 75 de la Comisión de Gobernación, Legislación y Puntos Constitucionales,
y con relación a lo que establece el artículo 128 de la Ley Orgánica de este
Congreso se pregunta a los Diputados y Diputadas que deseen enlistarse para
participar en pro y en contra del presente dictamen lo hagan saber levantando su
mano, y no existiendo ningún orador en contra del dictamen de referencia, el
Diputado Presidente le solicita al Diputado Secretario Escrutador lo someta a
consideración de la asamblea, resultando aprobado en votación nominal por veinte
votos a favor de los siguientes Diputados: Vargas Rodríguez Juan, Agatón Muñiz
Claudia Josefina, Carranza Hernández Gregorio, Galarza Villarino Arcelia, Sánchez
Corona Francisco Javier, Dado Alatorre Laurencio, Lozano Pérez David Jorge,
García Muñoz Julio Felipe, Magaña Mosqueda Ricardo, Montejano de la Torre
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H. Vigésima Legislatura Secretaría de Servicios Parlamentarios
Juan Bautista, Soto Agüero Elisa Rosana, Fernández Gonsález Rubén, Navarro
Gutiérrez Víctor Hugo, Alanís Quintero Rubén, Magallanes Cortés Gustavo,
Rodríguez Rubio María del Rosario, Zárate Zepeda Fausto, García Poyato Falcón
Abel Anwar, Vizcarra Calderón Marco Antonio y Garzón Zatarain Alfonso.
A continuación, el Diputado Presidente procede a declarar aprobado en lo
general y en lo particular el dictamen número 75 de la Comisión de Gobernación,
Legislación y Puntos Constitucionales, leído por el Diputado David Jorge Lozano
Pérez. Dado en el Salón de Sesiones ―Licenciado Benito Juárez García‖, del Poder
Legislativo del Estado de Baja California, en sesión ordinaria de la Honorable
Vigésima Legislatura a los veintiséis días del mes de junio del año 2012.
Enseguida, el Diputado David Jorge Lozano Pérez presenta el dictamen
número 77 de la Comisión de Gobernación, Legislación y Puntos Constitucionales
en donde se establece el siguiente punto resolutivo:
ÚNICO.- SE APRUEBA LA REFORMA AL CAPÍTULO ÚNICO, PARA DENOMINARLO
―CAPÍTULO PRIMERO‖, LA ADICIÓN DE UN CAPÍTULO SEGUNDO DENOMINADO
―DE LA DIVULGACIÓN DEL PERIODICO OFICIAL POR MEDIOS ELECTRÓNICOS‖,
ASÍ COMO LA ADICIÓN DE LOS ARTÍCULOS 10, 11, 12, 13 Y 14 A LA LEY DEL
PERIÓDICO OFICIAL DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, PARA QUEDAR COMO
SIGUE:
CAPÍTULO PRIMERO DEL PERIÓDICO OFICIAL DEL ESTADO
Artículo 1 al 9.- (…)
CAPÍTULO SEGUNDO
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H. Vigésima Legislatura Secretaría de Servicios Parlamentarios
DE LA DIVULGACIÓN DEL PERIÓDICO OFICIAL POR MEDIOS ELECTRÓNICOS
ARTÍCULO 10.- La Secretaría General de Gobierno administrará la página
electrónica del Periódico Oficial en la Internet.
ARTÍCULO 11.- Cada edición del Periódico será reproducida en la página
electrónica del Periódico dentro de los siguientes seis días hábiles de su
publicación impresa.
ARTÍCULO 12.- La publicación del Periódico Oficial en la página electrónica
correspondiente deberá identificarse con los mismos datos y requisitos que se
enumeran en el artículo 5 de la presente Ley.
ARTÍCULO 13.- La publicación electrónica del Periódico Oficial será únicamente
para efectos de divulgación, por lo que no afecta la entrada en vigor ni el
contenido oficial de los materiales publicados en el formato impreso.
ARTÍCULO 14.- La Secretaría General de Gobierno procurará editar compilaciones
electrónicas del Periódico Oficial para facilitar su colección y análisis.
ARTÍCULO TRANSITORIO
ÚNICO.- Las presentes reformas entrarán en vigor al día siguiente de su
publicación en el Periódico Oficial del Estado de Baja California. Dado en la sala de
Comisiones ―Dr. Francisco Dueñas Montes‖ del H. Poder Legislativo en la Ciudad de
Mexicali, Baja California, a los once días del mes de Junio del año 2012.
Enseguida, el Diputado Presidente con base a lo que establece el artículo
127 de la Ley Orgánica de este Congreso, se declara abierto el debate del
dictamen número 77 de la Comisión de Gobernación, Legislación y Puntos
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H. Vigésima Legislatura Secretaría de Servicios Parlamentarios
Constitucionales, y con relación a lo que establece el artículo 128 de la Ley
Orgánica de este Congreso, se pregunta a los Diputados y Diputadas que deseen
enlistarse para participar en pro y en contra del presente dictamen lo hagan saber
levantando su mano, de no ser así, el Diputado Presidente solicita al Diputado
Secretario Escrutador lo someta a consideración de la asamblea resultando
aprobado en votación nominal por veintiún votos a favor de los siguientes
Diputados: Vargas Rodríguez Juan, Agatón Muñiz Claudia Josefina, Carranza
Hernández Gregorio, Galarza Villarino Arcelia, Sánchez Corona Francisco Javier,
Dado Alatorre Laurencio, Lozano Pérez David Jorge, García Muñoz Julio Felipe,
Magaña Mosqueda Ricardo, Montejano de la Torre Juan Bautista, Soto Agüero
Elisa Rosana, Fernández Gonsález Rubén, Navarro Gutiérrez Víctor Hugo, García
López José Máximo, Alanís Quintero Rubén, Magallanes Cortés Gustavo,
Rodríguez Rubio María del Rosario, Zárate Zepeda Fausto, García Poyato Falcón
Abel Anwar, Vizcarra Calderón Marco Antonio y Garzón Zatarain Alfonso.
Posteriormente, el Diputado Presidente procede a declarar aprobado en lo
general y en lo particular el dictamen número 77 de la Comisión de Gobernación,
Legislación y Puntos Constitucionales, leído por el Diputado David Jorge Lozano
Pérez. Dado en el Salón de Sesiones ―Licenciado Benito Juárez García‖, del Poder
Legislativo del Estado de Baja California, en sesión ordinaria de la Honorable
Vigésima Legislatura a los veintiséis días del mes de junio del año 2012.
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H. Vigésima Legislatura Secretaría de Servicios Parlamentarios
A continuación, la Diputada Elisa Rosana Soto Agüero hace uso de la
tribuna para presentar los siguientes dictámenes: 134, 135, 136 y 137 de la
Comisión de Hacienda y Presupuesto.
- DICTAMEN NÚMERO 134; estableciéndose el siguiente punto resolutivo:
ÚNICO.- Es de aprobarse y se aprueba la transferencia de partidas presupuestales
al Presupuesto de Egresos del Estado de Baja California, para el ejercicio fiscal del
2012, por la cantidad $.125,000 (SON CIENTO VEINTICINCO MIL PESOS 00/100
M.N.), que modifica el presupuesto asignado al Ramo 04 de la Secretaría General
de Gobierno, en las partidas presupuestales siguientes:
PARTIDAS CONCEPTO AMPLIACIÓN REDUCCIÓN
211001 Materiales, útiles y equipos menores
de oficina $ 25,000
314001 Servicio telefónico tradicional 100,000
317001 Servicio de acceso a internet, redes
y procesamiento de información $ 100,000
336001 Servicios de apoyo administrativo y
fotocopiado 25,000
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__________
SUMA $ 125,000 $ 125,000
DADO.- En la Sala de Juntas de la Presidencia, del H. Poder Legislativo, en la
Ciudad de Mexicali, Baja California, a los veinte días del mes de junio del año dos
mil doce.
- DICTAMEN NÚMERO 135: en donde se establece el siguiente punto resolutivo:

H. Vigésima Legislatura Secretaría de Servicios Parlamentarios
ÚNICO.- Es de aprobarse y se aprueba la transferencia de partidas presupuestales
al Presupuesto de Egresos del Estado de Baja California, para el ejercicio fiscal del
2012, por la cantidad $.1’441,784 (ES UN MILLÓN CUATROCIENTOS CUARENTA Y
UN MIL SETECIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS 00/100 M.N.), que modifica el
presupuesto asignado al Ramo 06 de la Procuraduría General de Justicia del
Estado, en las partidas presupuestales siguientes:
PARTIDAS CONCEPTO AMPLIACIÓN REDUCCIÓN
344001 Seguros de responsabilidad
patrimonial y fianzas $ 1’441,784
345001 Seguros de bienes patrimoniales $ 1’441,784 __________
SUMA $ 1’441,784 $ 1’441,784
DADO.- En la Sala de Juntas de la Presidencia, del H. Poder Legislativo, en la Ciudad
de Mexicali, Baja California, a los veinte días del mes de junio del año dos mil doce.
- DICTAMEN NÚMERO 136: estableciéndose el siguiente punto resolutivo:
ÚNICO.- Es de aprobarse y se aprueba la transferencia de partidas presupuestales
al Presupuesto de Egresos del Estado de Baja California, para el ejercicio fiscal del
2012, por la cantidad $.150,202 (SON CIENTO CINCUENTA MIL DOSCIENTOS
DOS PESOS 00/100 M.N.), que modifica el presupuesto asignado al Ramo 14 de la
Secretaría de Educación y Bienestar Social, en las partidas presupuestales
siguientes:
PARTIDAS CONCEPTO AMPLIACIÓN REDUCCIÓN
322001 Arrendamiento de edificios y locales $ 42,134
344001 Seguros de responsabilidad
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$ 108,068

H. Vigésima Legislatura Secretaría de Servicios Parlamentarios
patrimonial y fianzas
345001 Seguros de bienes patrimoniales 108,068
351001 Conservación y mantenimiento menor
de edificios y locales 42,134 ___ ______
SUMA $ 150,202 $ 150,202
DADO.- En la Sala de Juntas de la Presidencia, del H. Poder Legislativo, en la
Ciudad de Mexicali,. Baja California, a los veinte días del mes de junio del año dos
mil doce.
- DICTAMEN NÚMERO 137: en donde se establece el siguiente punto resolutivo:
ÚNICO.- Es de aprobarse y se aprueba la transferencia de partidas presupuestales
al Presupuesto de Egresos del Estado de Baja California, para el ejercicio fiscal del
2012, por la cantidad de $59,163 (SON CINCUENTA Y NUEVE MIL CIENTO
SESENTA Y TRES PESOS 00/100 M.N.), que modifica el presupuesto asignado al
Ramo 08 de la Dirección de Control y Evaluación Gubernamental, en las partidas
presupuestales siguientes:
PARTIDA CONCEPTO AMPLIACIÓN REDUCCIÓN
211001 Materiales, Útiles y Equipos Menores
de Oficina
$ $ 2,270
214001 Materiales, Útiles y Equipos Menores
de Tecnología de la Información y
Comunicaciones
2,270
344001 Seguros de Responsabilidad
Patrimonial y Fianzas
9,373
345001 Seguros de Bienes Patrimoniales 9,373
358001 Servicios de Limpieza 47,520
359002 Servicios de Fumigación 47,520 _________
SUMA $ 59,163 $ 59,163
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H. Vigésima Legislatura Secretaría de Servicios Parlamentarios
DADO.- En la Sala de Juntas de la Presidencia, del H. Poder Legislativo, en la
Ciudad de Mexicali, Baja California, a los veinte días del mes de junio del año dos
mil doce.
Posteriormente, el Diputado Presidente con base a lo que establece el
artículo 127 de la Ley Orgánica de este Congreso, declara abierto el debate del
dictamen número 134 de la Comisión de Hacienda y Presupuesto, y con relación a
lo que establece el artículo 128 de la Ley Orgánica de este Congreso pregunta a
los Diputados y Diputadas que deseen enlistarse para participar en pro y en contra
del presente dictamen lo hagan saber levantando su mano, de no ser así, el
Diputado Presidente le solicita al Diputado Secretario Escrutador lo someta a
consideración de la asamblea resultando aprobado en votación nominal por veinte
votos a favor de los siguientes Diputados: Vargas Rodríguez Juan, Agatón Muñiz
Claudia Josefina, Carranza Hernández Gregorio, Galarza Villarino Arcelia, Sánchez
Corona Francisco Javier, Dado Alatorre Laurencio, García Muñoz Julio Felipe,
Magaña Mosqueda Ricardo, Montejano de la Torre Juan Bautista, Soto Agüero
Elisa Rosana, Fernández Gonsález Rubén, Navarro Gutiérrez Víctor Hugo, García
López José Máximo, Alanís Quintero Rubén, Magallanes Cortés Gustavo,
Rodríguez Rubio María del Rosario, Zárate Zepeda Fausto, García Poyato Falcón
Abel Anwar, Vizcarra Calderón Marco Antonio y Garzón Zatarain Alfonso.
Enseguida, el Diputado Presidente procede a declarar aprobado en lo
general y en lo particular el dictamen número 134 de la Comisión de Hacienda y
Presupuesto, leído por la Diputada Elisa Rosana Soto Agüero. Dado en el Salón de
Página 40

H. Vigésima Legislatura Secretaría de Servicios Parlamentarios
Sesiones ―Licenciado Benito Juárez García‖, del Poder Legislativo del Estado de
Baja California, en sesión ordinaria de la Honorable Vigésima Legislatura a los
veintiséis días del mes de junio del año 2012.
A continuación, el Diputado Presidente y con base a lo que establece el
artículo 127 de la Ley Orgánica de este Congreso, declara abierto el debate del
dictamen número 135 de la Comisión de Hacienda y Presupuesto; y con relación a
lo que establece el artículo 128 de la Ley Orgánica de este Congreso, pregunta a
los Diputados y Diputadas que deseen enlistarse para participar en pro y en contra
del presente dictamen lo hagan saber levantando su mano, y al no ser así, se
solicita al Diputado Secretario Escrutador lo someta a consideración de la
asamblea, resultando aprobado votación nominal por diecisiete votos a favor de los
siguientes Diputados: Agatón Muñiz Claudia Josefina, Carranza Hernández
Gregorio, Galarza Villarino Arcelia, Sánchez Corona Francisco Javier, Dado
Alatorre Laurencio, García Muñoz Julio Felipe, Magaña Mosqueda Ricardo,
Montejano de la Torre Juan Bautista, Fernández Gonsález Rubén, Navarro
Gutiérrez Víctor Hugo, García López José Máximo, Magallanes Cortés Gustavo,
Rodríguez Rubio María del Rosario, Zárate Zepeda Fausto, García Poyato Falcón
Abel Anwar, Vizcarra Calderón Marco Antonio y Garzón Zatarain Alfonso.
Acto seguido, el Diputado Presidente procede a declarar aprobado en lo
general y en lo particular el dictamen número 135 de la Comisión de Hacienda y
Presupuesto, leído por la Diputada Elisa Rosana Soto Agüero. Dado en el Salón de
Sesiones ―Licenciado Benito Juárez García‖, del Poder Legislativo del Estado de
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Baja California, en sesión ordinaria de la Honorable Vigésima Legislatura a los
veintiséis días del mes de junio del año 2012.
Acto seguido, el Diputado Presidente y con base a lo que establece el
artículo 127 de la Ley Orgánica de este Congreso, se declara abierto el debate del
dictamen número 136 de la Comisión de Hacienda y Presupuesto, y con relación a
lo que establece el artículo 128 de la Ley Orgánica de este Congreso se pregunta a
los Diputados y Diputadas que deseen enlistarse para participar en pro y en contra
del presente dictamen lo hagan saber levantando su mano, y al no ser así, le
solicita al Diputado Secretario Escrutador lo someta a consideración de la
asamblea, resultando aprobado en votación nominal por diecisiete votos a favor de
los siguientes Diputados: Agatón Muñiz Claudia Josefina, Carranza Hernández
Gregorio, Galarza Villarino Arcelia, Sánchez Corona Francisco Javier, Dado
Alatorre Laurencio, García Muñoz Julio Felipe, Magaña Mosqueda Ricardo,
Montejano de la Torre Juan Bautista, Fernández Gonsález Rubén, Navarro
Gutiérrez Víctor Hugo, García López José Máximo, Magallanes Cortés Gustavo,
Rodríguez Rubio María del Rosario, Zárate Zepeda Fausto, García Poyato Falcón
Abel Anwar, Vizcarra Calderón Marco Antonio y Garzón Zatarain Alfonso.
Enseguida, el Diputado Presidente procede a declarar aprobado en lo
general y en lo particular el dictamen número 136 de la Comisión de Hacienda y
Presupuesto, leído por la Diputada Elisa Rosana Soto Agüero. Dado en el Salón de
Sesiones ―Licenciado Benito Juárez García‖, del Poder Legislativo del Estado de
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Baja California, en sesión ordinaria de la Honorable Vigésima Legislatura a los
veintiséis días del mes de junio del año 2012.
Acto continuo, el Diputado Presidente y con base a lo que establece el
artículo 127 de la Ley Orgánica de este Congreso, declara abierto el debate del
dictamen número 137 de la Comisión de Hacienda y Presupuesto, y con relación a
lo que establece el artículo 128 de la Ley Orgánica de este Congreso, pregunta a
los Diputados y Diputadas si desean enlistarse para participar en pro y en contra
del presente dictamen lo hagan saber levantando su mano, y al no ser así, le
solicita al Diputado Secretario Escrutador lo someta a consideración de la
asamblea, resultando aprobado en votación nominal por dieciséis votos a favor de
los siguientes Diputados: Agatón Muñiz Claudia Josefina, Carranza Hernández
Gregorio, Galarza Villarino Arcelia, Sánchez Corona Francisco Javier, García
Muñoz Julio Felipe, Magaña Mosqueda Ricardo, Montejano de la Torre Juan
Bautista, Fernández Gonsález Rubén, Navarro Gutiérrez Víctor Hugo, García
López José Máximo, Magallanes Cortés Gustavo, Rodríguez Rubio María del
Rosario, Zárate Zepeda Fausto, García Poyato Falcón Abel Anwar, Vizcarra
Calderón Marco Antonio y Garzón Zatarain Alfonso.
Acto continuo, el Diputado Presidente procede a declarar aprobado en lo
general y en lo particular el dictamen número 137 de la Comisión de Hacienda y
Presupuesto, leído por la Diputada Elisa Rosana Soto Agüero. Dado en el Salón de
Sesiones ―Licenciado Benito Juárez García‖, del Poder Legislativo del Estado de
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Baja California, en sesión ordinaria de la Honorable Vigésima Legislatura a los
veintiséis días del mes de junio del año 2012.
A continuación, el Diputado Gregorio Carranza Hernández presenta los
dictámenes números: 8, 9, 10 y 11 de la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y
Tecnología. Asimismo, solicita la dispensa de trámite de los dictámenes ya
mencionados.
- DICTAMEN NÚMERO 8: en donde se establece el siguiente punto resolutivo:
ÚNICO.- ESTE HONORABLE CONGRESO CON BASE AL ARTÍCULO 34 DE LA
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, APRUEBA LA
REFORMA DEL ARTÍCULO 35 DE LA LEY DE EDUCACIÓN DEL ESTADO DE BAJA
CALIFORNIA, PARA QUEDAR COMO SIGUE:
Artículo 35.- (…)
(…)
Cada escuela que imparta educación básica y educación media superior en el
Sistema Educativo Estatal y Municipal, deberá de contar con un área especializada
en psicología para la rápida y oportuna atención de los educandos, principalmente
aquellos que sean canalizados y detectados por las autoridades escolares y que se
evidencie problemas de aprendizaje, maltrato físico, psicoemocional o presenten
conductas violentas, sean o hayan sido víctimas de cualquier tipo de abuso que
colocara en riesgo su desarrollo integral, así como cualquier trauma o estrés
postraumático. De igual manera el área especializada en psicología deberá de
ofrecer asesoría y apoyo a maestros y padres de familia para la oportuna y
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acertada atención a los educandos dentro de los planteles regulares de una
manera colegiada e integral. El cabal cumplimiento de esta disposición estará
sujeto a la planeación y disponibilidad presupuestaria.
ARTÍCULO TRANSITORIO: ÚNICO: El presente Decreto iniciará su vigencia al día
siguiente al de su publicación en el Periódico Oficial del Estado de Baja California.
Dado en la Sala de Juntas de Presidencia del Honorable Poder Legislativo, en la
Ciudad de Mexicali, Estado de Baja California, a los doce días del mes de Junio
del año dos mil doce.
- DICTAMEN NÚMERO 9: estableciéndose el siguiente punto resolutivo:
UNICO: SE APRUEBAN LAS REFORMAS A LA FRACCIÓN IV DEL ARTÍCULO 14, LA
ADICIÓN DE UN PÁRRAFO SEGUNDO AL ARTÍCULO 24, LA ADICIÓN DE UN
PÁRRAFO TERCERO AL ARTÍCULO 25 Y LA ADICIÓN DE UN PÁRRAFO TERCERO
AL ARTÍCULO 26, todos de la LEY DE EDUCACIÓN DEL ESTADO DE BAJA
CALIFORNIA, para quedar como sigue:
ARTÍCULO 14.- (…)
I a la III.- (…)
IV.- Enseñar el español como lengua nacional común de los mexicanos, sin
menoscabo del rescate y la enseñanza de las lenguas de los grupos indígenas que
existan en el Estado, así como garantizar la impartición en la educación básica del
idioma inglés.
V al XXI.- (…)
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ARTÍCULO 24.- La educación preescolar tendrá como propósito fundamental la
sociabilización del menor a partir de los tres años de edad, atendiendo, mediante
personal especializado con título académico del nivel o acreditación como
licenciado en educación preescolar; aspectos psicológicos, pedagógicos,
cognoscitivos, afectivos y psicomotrices que le permitan crecer en un ambiente de
libertad, cooperación y progreso, procurando que adquieran los conocimientos
básicos sobre la naturaleza, la vida y la sociedad y se oriente su desarrollo hacia la
creatividad, además de la orientación a los padres de familia o tutores. La
educación preescolar se orientará a la promoción del conocimiento del idioma
inglés.
ARTÍCULO 25.- La educación primaria persigue esencialmente el desarrollo y
adaptación de los educandos al medio que les es propio, capacitándolos para un
desarrollo afectivo, cognoscitivo, psicomotriz; para una vida social y de
cooperación que asegure su bienestar y progreso, procurando que adquieran los
conocimientos básicos sobre la naturaleza, la vida y la sociedad, y se oriente a la
investigación y al trabajo. La Educación primaria se sujetará a los planes y
programas que determine la Secretaría de Educación Pública y será atendida con
personal que cuente con título académico del nivel o de licenciado en educación
primaria. La educación primaria se enfocará además al conocimiento y desarrollo
del idioma inglés.
ARTÍCULO 26.- La educación secundaria tiene como propósito alentar el proceso
de madurez de la personalidad del adolescente, orientar sus opciones vocacionales
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y favorecer su integración comunitaria mediante un impulso pedagógico que le
permita su propia superación académica. La educación secundaria se sujetará a los
planes y programas que determine la Secretaría de Educación Pública y será
atendida por personal que acredite previamente el título académico del nivel o la
licenciatura en Normal Superior para las asignaturas de tipo académico; para las
materias técnicas, deberán satisfacer los requisitos que en su caso, señalen las
autoridades competentes. La educación secundaria se enfocará además al dominio
del idioma inglés.
TRANSITORIOS: PRIMERO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente
de su publicación en el Periódico Oficial del Estado de Baja California.
SEGUNDO.- Para dar cumplimiento a lo establecido en los artículos 24, 25 y 26 del
presente Decreto, se deberán hacer las adecuaciones necesarias en los respectivos
presupuestos, de tal manera que para el ciclo escolar 2013-2014 se iniciara al 100
por ciento con los alumnos de 3° de preescolar y 100 por ciento para los alumnos
de 1°, 2° y 3° grado de primaria. A partir del ciclo escolar 2014-2015, se cubrirá al
100 por ciento a los alumnos de 4°, 5° y 6° grado de primaria. Para el ciclo escolar
2016-2017 se aplicará en su totalidad en el nivel básico del Sistema Educativo
Estatal. Dado en la Sala de Comisiones ―Presidencia‖, de este edificio del H. Poder
Legislativo del Estado, a los 11 días del mes de junio de 2012.
- DICTAMEN NÚMERO 10: en donde se estabelece el siguiente punto resolutivo:
ÚNICO.- Se aprueba la reforma al artículo 15 de la Ley de Educación del Estado de
Baja California, para quedar como sigue:
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ARTÍCULO 15.- El Ejecutivo del Estado, tiene las siguientes facultades y
obligaciones en materia educativa:
I.- (…)
II.- Estructurar el Sistema Educativo Estatal, de tal manera que permita al
educando integrarse a la vida económica y social de la entidad, sin que suspenda
su escolaridad, para tal efecto, por conducto de la Secretaría de Educación y
Bienestar Social, establecerá acciones y mecanismos pedagógicos tendientes a
evitar el abandono anticipado del educando, en educación básica y media superior.
III. a la XXVII.- (...)
ARTÍCULO TRANSITORIO
Único.- El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el
Periódico Oficial del Estado. Dado en la Sala de Presidencia, de este edificio del H.
Poder Legislativo del Estado, a los 12 días del mes de Junio de 2012.
- DICTAMEN NÚMERO 11: estableciendo el siguiente punto resolutivo:
ÚNICO.- Se aprueba la reforma al artículo 10 de la Ley de Educación del Estado de
Baja California, para quedar como sigue:
ARTÍCULO 10.- La educación que se imparta en el sistema educativo estatal será
laica, por lo que se mantendrá ajena por completo a cualquier creencia o práctica
religiosa, el criterio que orientará dicha educación se basará en los resultados del
progreso científico, luchará contra la ignorancia y sus efectos, las servidumbres,
los fanatismos y los prejuicios, la formación de estereotipos, la discriminación y la
violencia especialmente la que se ejerce contra las mujeres, niñas y niños,
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debiendo implementar políticas públicas de Estado orientadas a la transversalidad
de criterios. Sustentará los ideales de fraternidad e igualdad de derechos de todos
los seres humanos evitando los privilegios de razas, de religión, de grupos, de
género o de individuos.
ARTÍCULO TRANSITORIO: ÚNICO.- Las presentes reformas entrarán en vigor al
día siguiente al de su publicación en el Periódico Oficial del Estado. DADO en la
Sala de Juntas de la Presidencia, ubicada en el edificio del Poder Legislativo en la
ciudad de Mexicali, Baja California, a los 12 días del mes de junio del año 2012.
No sin antes comentar que estos dictámenes ayer fueron comentados en la Junta
de Coordinación Política a efecto de que sometieran a consideración de este Pleno
para su aprobación en virtud de que se obviara la dispensa de trámite y fueran
aprobados como tal lo hemos planteado.
Enseguida, el Diputado Presidente y con base a lo que establece el artículo
127 de la Ley Orgánica de este Congreso, declara abierto el debate de la dispensa
de trámite del dictamen número 8 de la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y
Tecnología, y con relación a lo que establece el artículo 129 de la Ley Orgánica de
este Congreso, le pregunta a los y las Diputadas si desean intervenir en contra de
la dispensa de trámite, y al no ser así, le solicita al Diputado Secretario Escrutador
la someta a consideración de la asamblea, resultando aprobado en votación
económica por unanimidad.
Posteriormente, el Diputado Presidente y con base a lo que establece el
artículo 127 de la Ley Orgánica de este Congreso, declara abierto el debate del
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dictamen número 8 de la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología; y
con relación a lo que establece el artículo 128 de la Ley Orgánica de este
Congreso, se pregunta a los Diputados y Diputadas que deseen enlistarse para
participar en pro y en contra del presente dictamen lo hagan saber levantando su
mano, y al no ser así, el Diputado Presidente le solicita al Diputado Secretario
Escrutador lo someta a consideración de la asamblea, resultando aprobado en
votación nominal por veinte votos a favor de los siguientes Diputados: Agatón
Muñiz Claudia Josefina, Carranza Hernández Gregorio, Galarza Villarino Arcelia,
Sánchez Corona Francisco Javier, García Muñoz Julio Felipe, Magaña Mosqueda
Ricardo, Montejano de la Torre Juan Bautista, Fernández Gonsález Rubén,
Navarro Gutiérrez Víctor Hugo, García López José Máximo, Alanís Quintero Rubén,
Magallanes Cortés Gustavo, Rodríguez Rubio María del Rosario, Soto Agüero Elisa
Rosana, Lozano Pérez David Jorge, Noriega Ríos Virginia, Zárate Zepeda Fausto,
García Poyato Falcón Abel Anwar, Vizcarra Calderón Marco Antonio y Garzón
Zatarain Alfonso.
A continuación, el Diputado Presidente procede a declarar aprobado en lo
general y en lo particular el dictamen número 8 de la Comisión de Educación,
Cultura, Ciencia y Tecnología, leído por el Diputado Gregorio Carranza Hernández.
Dado en el Salón de Sesiones ―Licenciado Benito Juárez García‖ del Poder
Legislativo del Estado de Baja California, en sesión ordinaria de la Honorable
Vigésima Legislatura a los veintiséis días del mes de junio del año 2012.
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H. Vigésima Legislatura Secretaría de Servicios Parlamentarios
Posteriormente, el Diputado Presidente con base a lo que establece el
artículo 127 de la Ley Orgánica de este Congreso, declara abierto el debate de la
dispensa de trámite del dictamen número 9 de la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología; y con relación a lo que establece el artículo 129 de la Ley
Orgánica de este Congreso, pregunta a los y las Diputadas si desean intervenir en
contra de la dispensa de trámite, y al no ser así, el Diputado Presidente le solicita
al Diputado Secretario Escrutador la someta a consideración de la asamblea,
resultando aprobada en votación económica por unanimidad.
Acto seguido, el Diputado Presidente con base a lo que establece el artículo
127 de la Ley Orgánica de este Congreso, declara abierto el debate del dictamen
número 9 de la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología; y con
relación a lo que establece el artículo 128 de la Ley Orgánica de este Congreso
pregunta a los Diputados y Diputadas si desean enlistarse para participar en pro o
en contra del presente dictamen lo hagan saber levantando su mano, y al no ser
así, le solicita al Diputado Secretario Escrutador someta a votación nominal el
Dictamen No. 09 de la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología,
resultando aprobado con veinte votos a favor de los ciudadanos Diputados: Agatón
Muñiz Claudia Josefina, Carranza Hernández Gregorio, Galarza Villarino Arcelia,
Sánchez Corona Francisco Javier, Lozano Pérez David Jorge, García Muñoz Julio
Felipe, Dado Alatorre Laurencio, Magaña Mosqueda Ricardo, Montejano de la Torre
Juan Bautista, Fernández Gonsález Rubén, Navarro Gutiérrez Víctor Hugo, García
López José Máximo, Alanís Quintero Rubén, Magallanes Cortés Gustavo, Rodríguez
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H. Vigésima Legislatura Secretaría de Servicios Parlamentarios
Rubio María del Rosario, Noriega Ríos Virginia, Zárate Zepeda Fausto, Vizcarra
Calderón Marco Antonio, García Poyato Falcón Abel Anwar, y Garzón Zatarain
Alfonso.
Posteriormente, el Diputado Presidente procede a declarar aprobado en lo general
y en lo particular con veinte votos el dictamen No. 09 de la Comisión de Educación,
Cultura, Ciencia y Tecnología, leído por el Diputado Gregorio Carranza Hernández. Dado
en el Salón de Sesiones ―Licenciado Benito Juárez García‖ del Poder Legislativo del
Estado de Baja California, en sesión ordinaria de la Honorable Vigésima Legislatura a los
veintiséis días del mes de junio del año 2012.
Enseguida, el Diputado Presidente con base a lo que establece el artículo 127 de
la Ley Orgánica de este Congreso, declara abierto el debate de la dispensa de trámite
del dictamen No. 10 de la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología; y con
relación a lo que establece el artículo 129 de la Ley Orgánica de este Congreso, pregunta
a los ciudadanos Diputados si desean intervenir en contra de la dispensa de trámite, y
no siendo así, solicita al Diputado Secretario Escrutador someta a votación económica
dicha dispensa de trámite, resultando aprobada por unanimidad.
Posteriormente, el Diputado Presidente con base a lo que establece el artículo
127 de la Ley Orgánica de este Congreso, declara abierto el debate del dictamen No. 10
de la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología, y con relación a lo que
establece el artículo 129 de la Ley Orgánica de este Congreso, pregunta a los
ciudadanos Diputados si desean enlistarse para participar en pro y en contra del
presente dictamen, y no siendo así, solicita al Diputado Secretario Escrutador someta a
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H. Vigésima Legislatura Secretaría de Servicios Parlamentarios
votación nominal el dictamen en comento, resultando aprobado con veinte votos a favor
de los ciudadanos Diputados: Carranza Hernández Gregorio, Agatón Muñiz Claudia
Josefina, Galarza Villarino Arcelia, Sánchez Corona Francisco Javier, Lozano Pérez David
Jorge, García Muñoz Julio Felipe, Dado Alatorre Laurencio, Magaña Mosqueda Ricardo,
Montejano de la Torre Juan Bautista, Fernández Gonsález Rubén, Navarro Gutiérrez
Víctor Hugo, García López José Máximo, Alanís Quintero Rubén, Magallanes Cortés
Gustavo, Rodríguez Rubio María del Rosario, Noriega Ríos Virginia, Zárate Zepeda
Fausto, Vizcarra Calderón Marco Antonio, García Poyato Falcón Abel Anwar, y Garzón
Zatarain Alfonso.
Acto seguido, el Diputado Presidente procede a declarar aprobado en lo general
y en lo particular el dictamen No. 10 de la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y
Tecnología, leído por el Diputado Gregorio Carranza Hernández. Dado en el Salón de
Sesiones ―Licenciado Benito Juárez García‖, del Poder Legislativo del Estado de Baja
California en sesión ordinaria de la Honorable Vigésima Legislatura a los veintiséis días
del mes de junio del año 2012.
Se continua con la votación del dictamen No. 11 de la Comisión de Educación,
Cultura, Ciencia y Tecnología, y el Diputado Presidente en base a lo que establece el
artículo 127 de la Ley Orgánica de este Congreso, declara abierto el debate de la
dispensa de trámite del dictamen No. 11 de la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y
Tecnología; y con relación a lo que establece el artículo 129 de la Ley Orgánica de este
Congreso, pregunta a los ciudadanos Diputados si desean intervenir en contra de la
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H. Vigésima Legislatura Secretaría de Servicios Parlamentarios
dispensa de trámite, y no siendo así, solicita al Diputado Secretario Escrutador someta a
votación económica la dispensa de trámite, resultando aprobada por unanimidad.
A continuación, el Diputado Presidente con base a lo que establece el artículo
127 de la Ley Orgánica de este Congreso, declara abierto el debate del dictamen No. 11
de la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología; y con relación a lo que
establece el artículo 128 de la Ley Orgánica de este Congreso, pregunta a los
ciudadanos Diputados si desean enlistarse para participar en pro o en contra del
presente dictamen, y no siendo así, solicita al Diputado Secretario Escrutador someta a
votación nominal el dictamen No. 11 de la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y
Tecnología, resultando aprobado con diecinueve votos de los ciudadanos Diputados:
Carranza Hernández Gregorio, Agatón Muñiz Claudia Josefina, Sánchez Corona Francisco
Javier, Lozano Pérez David Jorge, García Muñoz Julio Felipe, Dado Alatorre Laurencio,
Magaña Mosqueda Ricardo, Montejano de la Torre Juan Bautista, Fernández Gonsález
Rubén, Navarro Gutiérrez Víctor Hugo, García López José Máximo, Alanís Quintero
Rubén, Magallanes Cortés Gustavo, Rodríguez Rubio María del Rosario, Noriega Ríos
Virginia, Zárate Zepeda Fausto, Vizcarra Calderón Marco Antonio, García Poyato Falcón
Abel Anwar y Garzón Zatarain Alfonso.
Acto seguido, el Diputado Presidente procede a declarar aprobado en lo general y
en lo particular con diecinueve votos a favor el dictamen No. 11, de la Comisión de
Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología, leído por el Diputado Gregorio Carranza
Hernández. Dado en el Salón de Sesiones ―Licenciado Benito Juárez García‖, del Poder
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H. Vigésima Legislatura Secretaría de Servicios Parlamentarios
Legislativo del Estado de Baja California en sesión ordinaria de la Honorable Vigésima
Legislatura a los veintiséis días del mes de junio del año 2012.
Continuando con el apartado de dictámenes, el Diputado Presidente concede el
uso de la voz al Diputado Abel Anwar García Poyato Falcón, Presidente de la Comisión de
Justicia, para que presente y de lectura al dictamen No. 16, estableciéndose los
siguientes Puntos Resolutivos:
ARTÍCULO PRIMERO.- Se expide la Ley de Extinción de Dominio para el Estado de Baja
California, para quedar como sigue:
LEY DE EXTINCIÓN DE DOMINIO PARA EL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
CAPÍTULO I
DISPOSICIONES GENERALES
ARTÍCULO 1.- La presente ley es de orden público, interés social y de observancia
general en el Estado de Baja California y tiene por objeto reglamentar la
instauración del procedimiento de Extinción de Dominio previsto en el artículo 22
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
ARTÍCULO 2.- Para los efectos de la presente Ley, se entenderá por:
I. Acción: La Acción de Extinción de Dominio;
II. Afectado: La persona titular de los derechos de propiedad del bien sujeto al
Procedimiento de Extinción de Dominio, con legitimación para acudir a
proceso;
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III. Agente del Ministerio Público: El Agente del Ministerio Público de la
Procuraduría General de Justicia del Estado, especializado en materia de
extinción de dominio.
IV. Bienes: Todos los que puedan ser objeto de apropiación que no estén
excluidos del comercio, ya sean muebles e inmuebles, y que actualicen los
supuestos señalados en el artículo 5 de esta Ley.
V. Consejo de la Judicatura.- El Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del
Estado de Baja California;
VI. Delincuencia organizada: La organización de hecho de tres o más personas
para cometer, en forma permanente o reiterada, alguno de los delitos a que
se refiere el artículo 4 de la Ley contra la Delincuencia Organizada para el
Estado de Baja California;
VII. Delitos Patrimoniales: El robo de vehículos, la extorsión, o la adquisición,
recepción u ocultación de bienes producto de un delito contemplada en el
artículo 232 del Código Penal, todos con relación a la delincuencia
organizada;
VIII.- Hecho ilícito: Hecho, típico y antijurídico, constitutivo de cualquiera de los
delitos de delincuencia organizada, delitos contra la salud de competencia
estatal, secuestro, robo de vehículos y trata de personas; aun cuando no se
haya determinado quien o quienes fueron sus autores, participaron en él o el
grado de su intervención;
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IX. Juez: El Juez encargado de conocer del procedimiento de extinción de
dominio, de conformidad con la presente ley y la normatividad que rija la
actuación del Poder Judicial;
X. Ley: Ley de Extinción de Dominio para el Estado de Baja California;
XI. Procurador: El Procurador General de Justicia del Estado de Baja California;
XII. Tercero: Persona que, sin ser afectado en el procedimiento de extinción de
dominio, comparece en él para deducir un derecho propio sobre los bienes
materia de la acción, y
XIII. -Víctima u Ofendido: Los previstos respectivamente en las fracciones I y II
del artículo 2 de la Ley de Atención y Protección a la Víctima o el Ofendido
del Delito para el Estado de Baja California, lesionado o puesto en peligro con
la ejecución del hecho ilícito a que se refiere la fracción VIII del presente
artículo.
ARTÍCULO 3.- En los casos no previstos en esta ley, se estará a las siguientes
reglas de supletoriedad:
I. En la preparación del ejercicio de la Acción de Extinción de Dominio, a lo
previsto en el Código de Procedimientos Penales para el Estado.
II. En el Procedimiento de Extinción de Dominio, a lo previsto en el Código de
Procedimientos Civiles para el Estado;
III. En cuanto a los delitos, a lo previsto en el Código Penal para el Estado, y
IV. En los aspectos relativos la regulación de bienes u obligaciones, a lo previsto
en el Código Civil para el Estado.
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CAPÍTULO II
DE LA ACCIÓN DE EXTINCIÓN DE DOMINIO
ARTÍCULO 4.- La Extinción de Dominio es la pérdida de los derechos de propiedad
de los bienes mencionados en el artículo 5 de esta Ley, sin contraprestación ni
compensación alguna para el afectado, cuando se acredite el hecho ilícito en los
casos de delincuencia organizada, delitos contra la salud de competencia estatal,
secuestro, robo de vehículos y trata de personas, y el afectado no logre probar la
procedencia lícita de dichos bienes y su actuación de buena fe, o que estaba
impedido para conocer su utilización ilícita.
La Extinción de Dominio es de naturaleza jurisdiccional, de carácter real y de
contenido patrimonial, y procederá sobre cualquier derecho real, principal o
accesorio, independientemente de quien los tenga en su poder, o los haya
adquirido.
La acción es autónoma, distinta e independiente de cualquier otra de naturaleza
penal que se haya iniciado simultáneamente, de la que se haya desprendido, o en
la que tuviera origen, sin perjuicio de los terceros de buena fe.
La extinción de dominio no procederá sobre bienes previamente decomisados por
la autoridad judicial, en sentencia ejecutoriada.
Los bienes sobre los que se declare la Extinción de Dominio se aplicarán a favor
del Gobierno del Estado y serán destinados al apoyo o asistencia de las víctimas u
ofendidos de los hechos ilícitos a que se refiere el párrafo primero del presente
artículo, y al bienestar social, mediante decreto del titular del Ejecutivo estatal que
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se publique en el Periódico Oficial del Estado. Cuando se trate de bienes fungibles
se destinarán en porcentajes iguales a la Procuración de Justicia y la Seguridad
Pública.
Toda la información que se genere u obtenga con relación a esta Ley se regirá en
los términos de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el
Estado de Baja California.
ARTÍCULO 5.- Se determinará procedente la Extinción de Dominio, previa
declaración jurisdiccional, respecto de los bienes siguientes:
I. Aquellos que sean instrumento, objeto o producto del delito, aun cuando no
se haya dictado la sentencia que determine la responsabilidad penal, pero
existan elementos suficientes para determinar que el hecho ilícito sucedió;
II. Aquellos que no sean instrumento, objeto o producto del delito, pero que
hayan sido utilizados o destinados a ocultar o mezclar bienes producto del
delito, siempre y cuando se reúnan los extremos de la fracción anterior;
III. Aquellos que estén siendo utilizados para la comisión de delitos por un
tercero, si su dueño tuvo conocimiento de ello y no lo notificó a la autoridad
o hizo algo para impedirlo;
IV. Aquellos que estén intitulados a nombre de terceros, pero existan suficientes
elementos para determinar que son producto de delitos patrimoniales o de
delincuencia organizada, y el acusado por estos delitos se comporte como
dueño.
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El supuesto previsto en la fracción III de este artículo será aplicable cuando el
Agente del Ministerio Público acredite que el tercero utilizó el bien para cometer
delitos patrimoniales, delitos contra la salud de competencia estatal, delincuencia
organizada, secuestro, trata de personas o robo de vehículos y que el dueño tenía
conocimiento de esa circunstancia.
ARTÍCULO 6.- El ejercicio de la acción corresponde al Ministerio Público.
A la acción le serán aplicables las reglas de prescripción previstas para los hechos
ilícitos señalados en el artículo 4 párrafo primero de esta ley, de conformidad con
los plazos establecidos en el Código Penal para el Estado, excepto en el caso de los
bienes que sean producto del delito que será imprescriptible.
ARTÍCULO 7.- El ejercicio de la acción se sustentará en la información que recabe
el Ministerio Público cuando se haya iniciado la investigación, averiguación previa,
o en las actuaciones conducentes del procedimiento penal respectivo, o de ambas,
cuando de ella se desprenda que el hecho ilícito sucedió y que los bienes se ubican
en los supuestos del artículo 5 de la presente Ley.
La muerte del o los probables responsables no extingue la acción.
ARTÍCULO 8.- El ejercicio de la acción no excluye que el Ministerio Público solicite
el decomiso de los mismos bienes con motivo del ejercicio de la acción penal, en
los casos que resulte procedente.
ARTÍCULO 9.- La absolución del afectado en el proceso penal o la no aplicación de
la pena de decomiso de bienes, no prejuzga respecto de la legitimidad de ningún
bien.
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ARTÍCULO 10.- También procederá la acción respecto de los bienes objeto de
sucesión hereditaria, cuando dichos bienes sean de los descritos en el artículo 5 de
esta Ley, siempre y cuando se ejerza antes de la etapa de inventario y liquidación
de bienes, en el procedimiento sucesorio correspondiente.
ARTÍCULO 11.- Se restituirán a la víctima u ofendido del delito los bienes de su
propiedad que sean materia de la acción, cuando acredite dicha circunstancia en el
procedimiento previsto en esta Ley.
El derecho a la reparación de daño, para la víctima u ofendido del delito, será
procedente de conformidad con la legislación vigente, cuando obren suficientes
medios de prueba en el Procedimiento y no se haya dictado sentencia ejecutoriada
al respecto.
Cuando la víctima u ofendido obtengan la reparación del daño en el procedimiento
de Extinción de Dominio, no podrán solicitarlo por ninguna de las otras vías, que
para tal efecto establecen las leyes aplicables.
ARTÍCULO 12.- Cuando los bienes materia de la acción, después de ser
identificados, no pudieran localizarse o se presente alguna circunstancia que
impida la declaratoria de Extinción de Dominio, se procederá conforme a las reglas
siguientes:
I. La extinción se decretará sobre bienes de valor equivalente;
II. Cuando los bienes se hayan transformado o convertido en otros bienes, sobre
estos se hará la declaratoria, o
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III. Cuando se hayan mezclado con bienes adquiridos lícitamente, estos podrán
ser objeto de la declaratoria de Extinción de Dominio hasta el valor estimado
del producto entremezclado, respetando el derecho de propiedad de terceros
ajenos al proceso.
ARTÍCULO 13.- No se podrá disponer de los bienes sujetos a la acción hasta que
exista una sentencia ejecutoriada que haya declarado la extinción de dominio.
Si la sentencia fuere absolutoria, los bienes y sus productos se reintegrarán al
propietario.
CAPÍTULO III
DE LAS MEDIDAS CAUTELARES
ARTÍCULO 14.- El Agente del Ministerio Público solicitará al Juez las medidas
cautelares que considere procedentes a fin de evitar que puedan sufrir menoscabo,
extravío o destrucción; que sean ocultados o mezclados; o se realice acto traslativo
de dominio; sobre aquellos bienes de los que existan indicios suficientes que
hagan presumir fundadamente que es alguno de los señalados en el artículo 5 de
esta Ley y relacionados con alguno de los delitos señalados en el artículo 4 párrafo
primero de este ordenamiento. El Juez deberá resolver en un plazo de 6 horas a
partir de la recepción de la solicitud.
Las medidas cautelares podrán consistir en:
I. La prohibición para enajenarlos o gravarlos;
II. La suspensión del ejercicio de dominio;
III. La suspensión del poder de disposición;
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IV. Su retención;
V. Su aseguramiento;
VI. El embargo de bienes; dinero en depósito en el sistema financiero; títulos valor
y sus rendimientos, lo mismo que la orden de no pagarlos cuando fuere
imposible su aprehensión física, o
VII. Las demás contenidas en la legislación vigente o que considere necesarias,
siempre y cuando funde y motive su procedencia.
Las medidas cautelares dictadas por el Juez, cuando se trate de bienes inmuebles,
se inscribirán en el Registro Público de la Propiedad y de Comercio del Estado, se
comunicarán formalmente a los notarios y corredores públicos del Estado o a la
autoridad municipal competente, según corresponda y tratándose de bienes
muebles, se informarán a través del oficio respectivo, a las instancias
correspondientes. En todos los supuestos se determinarán los alcances de las
medidas cautelares que se decretan.
En todos los supuestos, los bienes materia de las medidas cautelares quedarán en
depósito de la Oficialía Mayor de Gobierno, o de la Secretaría de Planeación y
Finanzas tratándose de recursos en numerario o títulos financieros de valores, y a
disposición de las autoridades que determine el Juez.
ARTÍCULO 15.- Las medidas cautelares obligan a los propietarios, poseedores,
quienes se ostenten como dueños, depositarios, interventores, administradores
albaceas, o cualquier otro que tenga algún derecho sobre dichos bienes.
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Las medidas cautelares no implican modificación alguna a los gravámenes
existentes sobre los bienes.
ARTÍCULO 16.- La Secretaría de Planeación y Finanzas procederá preferentemente
sobre los bienes sujetos a medidas cautelares, a constituir fideicomisos de
administración; o, en su defecto, a arrendar o celebrar otros contratos que
mantengan la productividad y valor de los bienes, o aseguren su uso en atención
al destino que señala la Ley, debiendo informar al Juez de su administración.
En todos los casos, a la fiduciaria se le pagará el valor de sus honorarios y de los
costos de administración que realice, con cargo individualizado a los bienes
administrados o a sus productos.
Cualquier faltante que se presente para cubrirlos, será exigible con la misma
preferencia con la que se tratan los gastos de administración en un concurso de
acreedores, sobre el valor de los bienes, una vez que se liquiden o se subasten.
ARTÍCULO 17.- Previa autorización del Juez, los bienes fungibles, de género,
muebles susceptibles de deterioro o pérdida y los demás que en adición a los
anteriores determine la Oficialía Mayor de Gobierno podrá ser enajenados al mejor
postor o en condiciones de mercado; cuando fuere el caso, la Secretaría de
Planeación y Finanzas administrará el producto líquido, de acuerdo con las normas
vigentes, e informará al Agente del Ministerio Público y al Juez.
Los bienes inmuebles se administrarán y custodiarán, por la Oficialía Mayor de
Gobierno de conformidad con la legislación vigente, e informará al Agente del
Ministerio Público y al Juez.
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ARTÍCULO 18.- Durante la sustanciación del procedimiento, se podrá solicitar la
ampliación de medidas cautelares respecto de los bienes sobre los que se haya
ejercido la acción. También se podrán solicitar medidas cautelares con relación a
otros bienes sobre los que no se hayan solicitado en un principio, pero que formen
parte del procedimiento.
La ampliación de las medidas cautelares sólo será posible antes de acordar el
cierre de la instrucción.
ARTÍCULO 19.- Cuando el Agente del Ministerio Público tenga conocimiento de que
va a celebrarse o se está celebrando un acto civil, mercantil o cualquier otro acto
jurídico, que tenga como objeto alguno de los bienes señalados en el artículo 5 de
la presente ley, solicitará las medidas cautelares que considere pertinentes para
tutelar derechos de terceros de buena fe, que intervengan en dichos actos.
Las autoridades y los notarios públicos que intervengan en la celebración de esos
actos o en la inscripción de los mismos, están obligados a informar al Ministerio
Público cuando tengan conocimiento o indicios de que los bienes objeto de tales
actos se encuentran en alguna de las hipótesis previstas en el artículo 5 de esta
ley, en caso contrario serán responsables en términos de la legislación penal o
administrativa.
ARTÍCULO 20.- Contra la resolución que ordene o niegue medidas cautelares
procederá el recurso de apelación que se admitirá, en su caso, sólo en el efecto
devolutivo.
CAPÍTULO IV
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DE LA DENUNCIA
ARTÍCULO 21.- Cualquier persona podrá presentar denuncia ante el Agente del
Ministerio Público, sobre hechos posiblemente constitutivos de los delitos
señalados en el artículo 4 párrafo primero de esta ley.
ARTÍCULO 22.- En la denuncia podrá formularse la descripción de los bienes que el
denunciante presuma sean de los señalados en el artículo 5 de esta Ley.
ARTÍCULO 23.- Toda persona que en los términos antes señalados, presente una
denuncia, tendrá derecho a que se guarde absoluta secrecía respecto de sus datos
personales.
CAPÍTULO V
DE LA COLABORACIÓN
ARTÍCULO 24.- El Juez que conozca de un procedimiento de extinción de dominio,
de oficio o a petición del Agente del Ministerio Público en términos del artículo 33
de esta Ley, podrá requerir información o documentos del sistema financiero por
conducto de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, la Comisión Nacional de
Seguros y Fianzas o la Comisión Nacional del Sistema de ahorro para el Retiro, así
como información financiera o fiscal al Sistema de Administración Tributaria y
demás entidades públicas o privadas, que puedan servir para la sustanciación del
procedimiento. El Juez y el Agente del Ministerio Público deberán guardar la más
estricta confidencialidad sobre la información y documentos que se obtengan con
fundamento en este artículo.
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ARTÍCULO 25.- Cuando los bienes motivo de la acción se encuentren en una
Entidad federativa, o en el extranjero, se utilizarán los exhortos, la vía de
asistencia jurídica internacional, los demás instrumentos legales que establezcan el
Código de Procedimientos Civiles para el Estado, la legislación vigente, los tratados
e instrumentos internacionales o, en su defecto la reciprocidad internacional, para
la ejecución de las medidas cautelares y la sentencia.
Los bienes que se recuperen con base en la cooperación con entidades federativas
e internacionales, o el producto de éstos, serán destinados a los fines que
establece el artículo 4 de esta Ley.
CAPÍTULO VI
DE LAS GARANTÍAS Y DERECHOS DE LOS AFECTADOS, TERCEROS,
VICTIMAS Y OFENDIDOS
ARTÍCULO 26.- En el procedimiento de extinción de dominio se respetarán las
garantías de audiencia y debido proceso, permitiendo al afectado, terceros,
victimas y ofendidos, comparecer en el procedimiento, oponer las excepciones y
defensas, presentar pruebas e intervenir en su preparación y desahogo, así como
los demás actos procedimentales que estimen convenientes.
ARTÍCULO 27.- Durante el procedimiento el Juez garantizará y protegerá que los
afectados puedan probar:
I. La procedencia lícita de dichos bienes, su actuación de buena fe, así como que
estaba impedido para conocer su utilización ilícita;
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II. Que los bienes materia del procedimiento no son de los señalados en el
artículo 5 de esta Ley, y
III. Que respecto de los bienes sobre los que se ejerció la acción se ha emitido una
sentencia firme favorable dentro de un procedimiento de Extinción de Dominio,
por identidad respecto a los sujetos.
También garantizará que los terceros ofrezcan pruebas conducentes para que se
reconozcan sus derechos sobre los bienes materia de la acción; y las víctimas u
ofendidos únicamente en lo relativo a la reparación del daño, cuando comparezca
para tales efectos.
ARTÍCULO 28.- Cuando el afectado lo solicite por cualquier medio, el Juez le
designará un defensor de oficio, quien realizará todas las diligencias para
garantizar la audiencia y el debido proceso. Cuando comparezcan terceros y la
víctima, en caso de requerirlo, tendrán derecho a que se les garantice defensa
adecuada.
CAPÍTULO VII
DE LAS PARTES
ARTÍCULO 29.- Son partes en el procedimiento de Extinción de Dominio:
I. El afectado;
II. La víctima;
III. El ofendido;
IV. El tercero, y
V. El Agente del Ministerio Público.
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CAPÍTULO VIII
DE LA PREPARACIÓN DELA ACCIÓN
ARTÍCULO 30.- Cuando se haya iniciado una investigación, averiguación previa,
durante la substanciación de un proceso penal o se dicte sentencia penal respecto
de los delitos previstos en el artículo 4 párrafo primero de esta Ley y sean
identificados, detectados o localizados algunos de los bienes a que se refiere el
artículo 5 de este ordenamiento, el Agente del Ministerio Público que este
conociendo del asunto, remitirá copia certificada de las diligencias conducentes, al
Agente del Ministerio Público para sustanciar la acción.
ARTÍCULO 31.- El Agente del Ministerio Público preparará y ejercerá la acción ante
el Juez y para ese efecto, tendrá las siguientes atribuciones:
I. Recabará, recibirá y practicará las diligencias que considere necesarias para
obtener las pruebas que acrediten cualquiera de los hechos ilícitos a que se
refiere el artículo 4 párrafo primero de la presente Ley;
II. Recabará los medios de prueba que acrediten indiciariamente que los bienes
se encuentran en alguno de los supuestos previstos en el artículo 5 de esta
Ley;
III. Solicitará al juez, durante el procedimiento respectivo, las medidas cautelares
previstas en la presente ley, y
IV. Las demás que señale esta Ley, la legislación vigente o que considere
necesarias para el cumplimiento del objeto de este ordenamiento.
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ARTÍCULO 32.- Recibidas las copias certificadas de las constancias ministeriales,
los autos del proceso penal o la sentencia penal, el Agente del Ministerio Público
de inmediato realizará todas las diligencias necesarias para preparar la acción y
procederá a complementar o, en su caso, recabar la información necesaria para la
identificación de los bienes materia de la acción. Si los bienes se encuentran a
disposición de alguna otra autoridad, les informará al respecto.
Realizará el inventario de los bienes, cuando no exista constancia de su realización,
y determinará las medidas cautelares necesarias previstas en el capítulo III de esta
Ley.
Para la etapa de preparación de la acción, el Agente del Ministerio Público tiene un
término de ciento ochenta días hábiles, contados a partir de la recepción de las
constancias. El término se podrá ampliar por acuerdo específico del Procurador, sin
que exceda el término de prescripción.
ARTÍCULO 33.- Si requiere información o documentos que obren en las
instituciones a que hace referencia el artículo 24 de esta Ley, el Agente del
Ministerio Público solicitará al Juez, por cualquier medio, que haga el pedimento
correspondiente. El Juez desahogará de inmediato la solicitud, requiriendo a las
autoridades facultadas la contestación en un término no mayor de diez días
naturales.
ARTÍCULO 34.- En caso de que el Agente del Ministerio Público acuerde ejercer la
acción, la presentará ante el Juez, dentro de las setenta y dos horas siguientes,
debiendo contener cuando menos:
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I. El Juez ante quien promueve;
II. Los nombres y domicilios del afectado, tercero, víctimas o testigos, en caso de
contar con esos datos;
III. La identificación de los bienes sobre los que se ejercita la acción;
IV. Los razonamientos y pruebas con los que acredite la existencia de alguno de
los hechos ilícitos previstos en el artículo 4 párrafo primero de esta Ley y que
los bienes sobre los que ejerce la acción indiciariamente son de los
mencionados en el artículo 5 de este ordenamiento;
V. Las pruebas que ofrezca, conducentes para acreditar la existencia de alguno
de los hechos ilícitos de los señalados en el artículo 4 párrafo primero de esta
Ley y que los bienes sobre los que ejercita la acción son de los mencionados
en el artículo 5 de este ordenamiento;
VI. Los fundamentos de derecho;
VII. La solicitud, en su caso, de medidas cautelares sobre los bienes materia de la
acción;
VIII. La solicitud de notificar al afectado, tercero, víctima y ofendido, determinados
e indeterminados;
IX. La petición para que se declare en la sentencia correspondiente la extinción de
dominio de los bienes, y
X. Las demás que considere necesarias para el cumplimiento del objeto de esta
Ley.
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ARTÍCULO 35.- En los casos en que el Agente del Ministerio Público determine la
improcedencia de la acción, deberá someter su resolución a la revisión del
Procurador.
El Procurador, analizando los argumentos de la resolución de improcedencia,
decidirá en definitiva si debe ejercerse la acción ante el Juez.
El Agente del Ministerio Público podrá desistirse de la acción, en cualquier
momento hasta antes del cierre de la instrucción, previo acuerdo del Procurador.
En los mismos términos podrá desistirse de la pretensión respecto de ciertos
bienes objeto de la acción. En ambos casos pagará costas, en los términos del
artículo 31 del Código de Procedimientos Civiles.
CAPÍTULO IX
DE LAS NOTIFICACIONES
ARTÍCULO 36.- Deberán notificarse personalmente:
I. La admisión del ejercicio de la acción al afectado;
II. Cuando se deje de actuar durante más de ciento ochenta días naturales, por
cualquier motivo, y
III. Cuando el Juez estime que se trata de un caso urgente y así lo ordene
expresamente.
Las demás notificaciones se realizarán a través del Boletín Judicial del Estado.
ARTÍCULO 37.- En todos los casos que se admita el ejercicio de la acción, el Juez
mandará publicar en el Boletín Judicial del Estado, el auto respectivo por tres
veces, debiendo mediar entre cada publicación dos días hábiles, y por una sola
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ocasión en el Periódico Oficial del Estado, así como en un diario de circulación en
el municipio donde se encuentran los bienes materiales dl procedimiento derivado
de dicha acción, para que comparezcan las personas que se consideren afectados,
terceros, víctimas u ofendidos a manifestar lo que a su derecho convenga.
ARTÍCULO 38.- Cuando se trate de la notificación personal al afectado por la
admisión del ejercicio de la acción, la cédula deberá contener copia íntegra del
auto de admisión.
ARTÍCULO 39.- Las notificaciones deberán seguir las formalidades establecidas en
el Capítulo V del Título segundo del Código de Procedimientos Civiles para el
Estado.
ARTÍCULO 40.- Bastará la manifestación del Agente del Ministerio Público de que
se desconoce el domicilio de las personas a notificar personalmente, situación que
acreditará con los informes de investigación respectivos, para que se ordene a
través de edictos.
CAPÍTULO X
DEL PROCEDIMIENTO
ARTÍCULO 41.- El Juez admitirá la acción, en el plazo de setenta y dos horas
siguientes a su recepción, si considera que se encuentra acreditado alguno de los
hechos ilícitos de los señalados en el artículo 4 párrafo primero de la Ley y que los
bienes sobre los que se ejerce la acción probablemente son de los enlistados en el
artículo 5 de este ordenamiento, en atención al ejercicio de la acción formulada
por el Agente del Ministerio Público; y si se cumplen los demás requisitos previstos
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en el artículo 34 de esta Ley. Si no los reúne mandará aclararla, en el término de
cuarenta y ocho horas.
El Agente del Ministerio Público subsanará las observaciones de ser procedentes, si
considera que no lo son realizará la argumentación correspondiente.
Contra el auto que admita el ejercicio de la acción no procede recurso alguno,
contra el que lo niegue procede el recurso de apelación en efecto devolutivo.
Cualquiera que sea la resolución que se adopte en el procedimiento penal, así
como en los juicios de amparo por actos reclamados dentro del procedimiento
penal, no serán vinculantes respecto de las resoluciones que se dicten en el
procedimiento de extinción de dominio.
ARTÍCULO 42.- El Juez acordará, en el auto que admita la acción:
I. La admisión de las pruebas ofrecidas;
II. Lo relativo a las medidas cautelares que le solicite;
III. La orden de emplazar a las partes mediante notificación personal;
IV. La orden de publicar el auto admisorio en el Periódico Oficial del Estado, en
términos de lo previsto en el artículo 37 de esta Ley;
V.- El término de diez días hábiles, contados a partir del día siguiente a la
notificación, para comparecer por escrito, por sí o a través de su abogado y
manifestar lo que a su derecho convenga y ofrecer las pruebas que considere
acrediten su dicho; apercibiéndoles que de no comparecer y no ofrecer
pruebas en el término concedido, precluirá su derecho para hacerlo, y
VI. Las demás determinaciones que considere pertinentes.
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El notificador tendrá un término improrrogable de tres días hábiles para practicar
las notificaciones personales.
ARTÍCULO 43.- Las pruebas que ofrezca el afectado deberán ser conducentes para
acreditar:
I. La no existencia del hecho ilícito;
II. La procedencia lícita de los bienes sobre los que se ejercitó la acción, su
actuación de buena fe, así como que estaba impedido para conocer la
utilización ilícita de dichos bienes, y
III. Que los bienes no se encuentran en ninguno de los supuestos previstos en el
artículo 5 de la presente ley.
Los terceros ofrecerán pruebas conducentes para que se reconozcan sus derechos
sobre los bienes materia de la acción; y las víctimas u ofendidos únicamente en lo
relativo a la reparación del daño.
Las pruebas que ofrezca el Agente del Ministerio Público deberán ser conducentes,
primordialmente, para acreditar la existencia de cualquiera de los hechos ilícitos
señalados en el artículo 4 párrafo primero de esta Ley, desde el inicio de la
averiguación previa para la admisión de la acción por el Juez, así como para
demostrar que los bienes son de los enlistados en el artículo 5 del mismo
ordenamiento, para el dictado de la sentencia. Además, el Juez le dará vista con
todas las determinaciones que tome, para que manifieste lo que conforme a
derecho proceda, con relación a los terceros, víctimas u ofendidos; y estará
legitimado para recurrir cualquier determinación que tome.
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ARTÍCULO 44.- Si las partes, excepto el Agente del Ministerio Público, no tuvieren
a su disposición los documentos que acrediten su defensa o lo que a su derecho
convenga, designarán el archivo o lugar en que se encuentren los originales, y la
acreditación de haberlos solicitado para que, a su costa, se mande expedir copia
de ellos.
Se entiende que las partes tienen a su disposición los documentos, siempre que
legítimamente puedan pedir copia autorizada de los originales.
ARTÍCULO 45.- El derecho a ofrecer pruebas le asiste también al Agente del
Ministerio Público, quien contará con el término de diez días hábiles, contados a
partir del siguiente a la notificación, para ofrecer pruebas diversas a las ofrecidas
en su escrito inicial. En su caso, se dará vista a las partes mediante notificación
personal, por un término de cinco días a fin de que manifiesten lo que a su interés
corresponda.
ARTÍCULO 46.- Concluidos los términos para que comparezcan las partes, el juez
dictará auto, en un término de tres días hábiles, donde acordará lo relativo a:
I. La admisión de las pruebas que le hayan ofrecido;
II. La fecha de la audiencia de desahogo de pruebas y formulación de alegatos;
que se celebrará dentro de los quince días hábiles siguientes, y
III. Las demás determinaciones que considere pertinentes.
La audiencia se celebrará estén o no presentes las partes, excepto el Ministerio
Público, así como los peritos o testigos cuya presentación quedará a cargo de la
parte que los ofrezca. La falta de asistencia de los peritos o testigos que el Juez
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haya citado para la audiencia, tampoco impedirá su celebración; pero se impondrá
a los faltistas debidamente notificados una multa de hasta cien días de salario
mínimo vigente en el Estado.
De no ser posible por la hora o por cuestiones procesales, el Juez suspenderá la
audiencia y citará para su continuación dentro de los tres días hábiles siguientes.
ARTÍCULO 47.- Concluida la etapa de la audiencia de desahogo de pruebas, se
abrirá la de formulación de alegatos, que podrán ser verbales o por escrito, en el
primer supuesto se observarán las siguientes reglas:
I. El secretario leerá las constancias de autos que solicite la parte que esté en
uso de la palabra;
II. Alegará primero el Agente del Ministerio Público, y a continuación las demás
partes que comparezcan;
III. Se concederá el uso de la palabra por dos veces a cada una de las partes,
quienes podrán alegar tanto sobre la cuestión de fondo como sobre las
circunstancias que se hayan presentado en el procedimiento;
IV. En los casos en que el afectado esté representado por varios abogados, sólo
hablará uno de ellos en cada tiempo que le corresponda;
V. En sus alegatos, procurarán las partes la mayor brevedad y concisión, y
VI. No se podrá usar la palabra por más de media hora cada vez; a excepción que
el Juez permita mayor tiempo porque el alegato lo amerite, pero se observará
la más completa equidad entre las partes.
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ARTÍCULO 48.- Terminada la audiencia, el Juez declarará mediante acuerdo el
cierre de la instrucción, visto el procedimiento y citará para sentencia dentro del
término de quince días hábiles, que podrá duplicarse cuando el expediente exceda
de más de dos mil fojas.
CAPÍTULO XI
DE LAS PRUEBAS
ARTÍCULO 49.- Se admitirán todos los medios de prueba que señale el Código de
Procedimientos Civiles para el Estado.
Tratándose de la prueba pericial, si hubiere discrepancia entre los dictámenes, se
nombrará perito tercero preferentemente de los que disponga el Tribunal Superior
de Justicia del Estado.
La testimonial, pericial y confesional se desahogarán con la presencia ineludible del
Juez.
ARTÍCULO 50.- Los documentos que versen sobre los derechos reales o personales
que se cuestionan sobre los bienes, deberán ser analizados detenidamente por el
Juez a fin de determinar el origen y transmisión de los mismos.
CAPÍTULO XII
DE LA SENTENCIA
ARTÍCULO 51.- La sentencia se ocupará exclusivamente de la acción, excepciones
y defensas que hayan sido materia del procedimiento.
Cuando hayan sido varios los bienes en extinción de dominio, se hará, con la
debida separación, la declaración correspondiente a cada uno de ellos.
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ARTÍCULO 52.- El juez, al dictar la sentencia, determinará procedente la Extinción
de Dominio de los bienes materia del procedimiento cuando:
I. Se haya acreditado la existencia del hecho ilícito, por el que el Agente del
Ministerio Público ejerció la acción, de los señalados en el artículo 4 párrafo
primero de esta Ley;
II. Se haya probado que los bienes son de los señalados en el artículo 5 de la Ley,
y
III. El afectado no haya probado la procedencia lícita de dichos bienes, su
actuación de buena fe, así como que estaba impedido para conocer su
utilización ilícita.
En caso contrario, ordenará la devolución de los bienes respecto de los cuales el
afectado hubiere probado la procedencia legítima de dichos bienes y los derechos
que sobre ellos detente.
La sentencia que determine la Extinción de Dominio también surte efectos para los
acreedores prendarios o hipotecarios, o de cualquier otro tipo de garantía prevista
en la ley, de los bienes materia del procedimiento, en atención a la ilicitud de su
adquisición. Con excepción de las garantías constituidas ante una institución del
sistema financiero legalmente reconocida y de acuerdo con la legislación vigente.
La sentencia también resolverá, entre otras determinaciones, lo relativo a los
derechos preferentes, únicamente los alimenticios y laborales de los terceros, así
como la reparación del daño para las víctimas u ofendidos, que hayan comparecido
en el procedimiento.
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Cuando hubiere condena de frutos, intereses, daños o perjuicios, y en los
supuestos de los dos párrafos anteriores, el Juez fijará su importe en cantidad
líquida o por valor equivalente en especie, y se ordenará el remate de los bienes
para su cumplimiento, pero se permitirá que el Gobierno del Estado pueda optar
por pagar a los terceros, víctimas u ofendidos para conservar la propiedad de los
bienes.
ARTÍCULO 53.- La Extinción de Dominio procede con independencia del momento
de adquisición o destino ilícito de los bienes sobre los que se ejercitó la acción. En
todos los casos se entenderá que la adquisición ilícita de los bienes no constituye
justo título.
ARTÍCULO 54.- En ningún caso el juez podrá aplazar, dilatar, omitir ni negar la
resolución de las cuestiones que hayan sido discutidas en el juicio.
ARTÍCULO 55.- Excepcionalmente, cuando para declarar la extinción de dominio el
Juez requiera pronunciarse conjuntamente con otras cuestiones que no hubieren
sido sometidas a su resolución, lo hará saber al Agente del Ministerio Público para
que amplíe la acción a las cuestiones no propuestas, siguiendo las reglas previstas
en esta ley para los trámites del procedimiento. La resolución que ordene la
ampliación es apelable y se admitirá, en su caso, en ambos efectos.
ARTÍCULO 56.- Si luego de concluido el procedimiento de Extinción de Dominio
mediante sentencia firme, se supiere de la existencia de otros bienes propiedad del
condenado se iniciará nuevo proceso de extinción del dominio respecto de los
bienes restantes.
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ARTÍCULO 57.- Una vez que cause ejecutoria la sentencia que resuelva la extinción
del bien, el Juez ordenará su ejecución y la aplicación de los bienes a favor del
Estado, en los términos de lo dispuesto en esta ley y en la normatividad que al
efecto resulte aplicable.
Los bienes sobre los que sea declarada la extinción de dominio o el producto de la
enajenación de los mismos serán adjudicados al Gobierno del Estado y puestos a
su disposición para el destino final de los mismos, de conformidad con lo dispuesto
por esta ley, y su reglamento.
El Gobierno del Estado no podrá disponer de los bienes, aún y cuando haya sido
decretada la extinción de dominio, si en alguna causa penal se ha ordenado la
conservación de éstos por sus efectos probatorios, siempre que dicho auto o
resolución le haya sido debidamente notificado previamente.
CAPÍTULO XIII
DE LA NULIDAD DE ACTUACIONES.
ARTÍCULO 58.- La nulidad de actuaciones procederá únicamente por la ausencia o
defecto en la notificación.
CAPÍTULO XIV
DE LOS INCIDENTES Y RECURSOS
ARTÍCULO 59.- Los incidentes no suspenden el procedimiento y todas las
excepciones que se opongan se resolverán en la sentencia definitiva.
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ARTÍCULO 60.- Procede el recurso de revocación contra los autos que dicte el juez
en el procedimiento, con excepción de los que esta ley expresamente señale que
procede el recurso de apelación.
Previa vista que le de a las partes con el recurso de revocación, por el término de
dos días hábiles, el Juez resolverá el recurso en un término de dos días hábiles.
ARTÍCULO 61.- En contra de la sentencia que ponga fin al juicio, procede el
recurso de apelación que se admitirá en ambos efectos.
Contra el acuerdo que rechace medios de prueba ofrecidos en tiempo y forma,
procede el recurso de apelación que se admitirá solo en el efecto devolutivo.
ARTÍCULO 62.- La revocación y la apelación se sustanciarán en los términos
previstos en el Código de Procedimientos Civiles para el Estado.
ARTÍCULO SEGUNDO.- Se reforma la fracción XXXII del artículo 6 contenida en el
Decreto número 446 publicado en el Periódico Oficial del Estado el quince de
octubre de dos mil diez y se adicionan las fracciones XXXIII y XXXIV; se adiciona
un artículo 6 Bis y se reforma el artículo 40, todos de la Ley Orgánica de la
Procuraduría General de Justicia del Estado de Baja California, para quedar como
sigue:
ARTÍCULO 6.- (…)
I a la XXXI.- (…)
XXXII.- Preparar y ejercer la acción de extinción de dominio, así como ejercer las
atribuciones que le correspondan en el procedimiento respectivo, de conformidad
con la ley de la materia, y demás disposiciones aplicables;
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XXXIII.- Ejercer las acciones que las disposiciones normativas en materia de
extinción de dominio de bienes prevean a favor o en beneficio de las víctimas y
ofendidos, y
XXXIV.- Las demás que le otorguen las disposiciones legales y reglamentarias
aplicables.
ARTÍCULO 6 Bis.- Las atribuciones en materia de extinción de dominio a que se
refiere la fracción XXXII del artículo 6 de esta Ley y que ejercerá el Ministerio
Público especializado en la materia, comprenden:
I.- Solicitar al Juez las medidas cautelares necesarias y, en su caso, su ampliación,
respecto de los bienes señalados en la Ley de la materia o su ampliación;
II.- Requerir información o documentos del sistema financiero, a través del Juez de
Extinción de Dominio, que puedan servir para la sustanciación del procedimiento;
III.- Vigilar el respeto, durante el transcurso del procedimiento, a las garantías de
audiencia y debido proceso del afectado, terceros, ofendidos o víctimas del delito;
IV.- Preparar, ejercer la Acción de Extinción de Dominio y ser parte en los términos
que señale la ley de la materia;
V.- Ampliar la Acción de Extinción de Dominio;
VI.- Someter la resolución de improcedencia de la Acción de Extinción de Dominio
a revisión del Procurador;
VII.- Someter al visto bueno del Procurador el desistimiento de la Acción de
Extinción de Dominio;
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VIII.- Solicitar al Procurador la ampliación del término para la preparación de la
Acción de Extinción de Dominio;
IX.- Ordenar la búsqueda o solicitar información, a las autoridades
correspondientes, de las personas a notificar personalmente de las que no se
conozca su domicilio;
X.- Aclarar y subsanar las observaciones que formule el Juez por el ejercicio de la
acción;
XI.- Ofrecer los medios de prueba conducentes para acreditar la existencia de los
hechos ilícitos y que los bienes son de los señalados en la ley de la materia;
XII.- Presentar los medios de impugnación que señala la ley en la materia, cuando
sea procedente, y
XIII.- Las demás que le otorguen las disposiciones legales y reglamentarias
aplicables.
ARTÍCULO TERCERO.- Se reforma el artículo 40 y se adiciona un artículo 6 Bis,
todos de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Baja
California, para quedar como sigue:
ARTÍCULO 6 Bis.- Las atribuciones en materia de extinción de dominio a que se
refiere la fracción XXXII del artículo 6 de esta Ley y que ejercerá el Ministerio
Público especializado en la materia, comprenden:
I.- Solicitar al Juez las medidas cautelares necesarias y, en su caso, su ampliación,
respecto de los bienes señalados en la Ley de la materia o su ampliación;
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II.- Requerir información o documentos del sistema financiero, a través del Juez de
Extinción de Dominio, que puedan servir para la sustanciación del procedimiento;
III.- Vigilar el respeto, durante el transcurso del procedimiento, a las garantías de
audiencia y debido proceso del afectado, terceros, ofendidos o víctimas del delito;
IV.- Preparar, ejercer la Acción de Extinción de Dominio y ser parte en los términos
que señale la ley de la materia;
V.- Ampliar la Acción de Extinción de Dominio;
VI.- Someter la resolución de improcedencia de la Acción de Extinción de Dominio
a revisión del Procurador;
VII.- Someter al visto bueno del Procurador el desistimiento de la Acción de
Extinción de Dominio;
VIII.- Solicitar al Procurador la ampliación del término para la preparación de la
Acción de Extinción de Dominio;
IX.- Ordenar la búsqueda o solicitar información, a las autoridades
correspondientes, de las personas a notificar personalmente de las que no se
conozca su domicilio;
X.- Aclarar y subsanar las observaciones que formule el Juez por el ejercicio de la
acción;
XI.- Ofrecer los medios de prueba conducentes para acreditar la existencia de los
hechos ilícitos y que los bienes son de los señalados en la ley de la materia;
XII.- Presentar los medios de impugnación que señala la ley en la materia, cuando
sea procedente, y
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XIII.- Las demás que le otorguen las disposiciones legales y reglamentarias
aplicables.
ARTÍCULO 40.- (…)
I a la VI.- (…)
VII.- Incumplir cualquiera de las obligaciones a que se refiere el siguiente artículo;
VIII.- Abstenerse de ejercer la acción de extinción de dominio en los casos y en los
términos que establezca la ley de la materia, y
IX.-Las demás que establezcan otras disposiciones aplicables.
ARTÍCULO CUARTO.-Se reforman los artículos 1, 2, 50, 53, 54, 102, y se adiciona
un capítulo VIII denominado ―De la Organización de los Juzgados de Primera
Instancia en materia de Extinción de Dominio‖ al Título Quinto, que comprenderá
el artículo 90 sexies; todos de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado, para
quedar como sigue:
ARTÍCULO 1.-Corresponde a los Tribunales de Justicia del Fuero Común del Estado
de Baja California, dentro de los términos que establece la Constitución General de
la República y la Constitución Política del Estado, la facultad de aplicar las leyes en
los asuntos civiles, penales, de extinción de dominio, familiares y de justicia para
adolescentes, que sean de su conocimiento, así como los casos en que las demás
leyes les concedan jurisdicción.
La facultad a que se refiere el párrafo anterior se ejerce:
I a la IV.- (…)
V.- Por el Juez de Primera Instancia en materia de extinción de dominio.
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VI.- Por los Jueces de Primera Instancia de Jurisdicción Mixta.
VII.-Por los Jueces de Primera Instancia Especializados para Adolescentes.
VIII.-Por los Jueces de Paz.
IX.-Por los Jurados Populares,
X.-Por el Consejo de la Judicatura del Estado de Baja California.
XI.- Por los demás Servidores Públicos y auxiliares de la administración de Justicia
en los términos que establezca esta Ley, los Códigos de Procedimientos y Leyes
correspondientes.
(…)
(…)
ARTÍCULO 2.- Son órganos jurisdiccionales del Poder Judicial:
I a IV.- (…)
V.- El Juzgado de Primera Instancia en materia de extinción de dominio;
VI.- Los Juzgados de Primera Instancia Especializados para Adolescentes.
VII.- Los Juzgados de Paz, y
VIII.- Tribunal de Justicia Electoral, actuando en Pleno o en Salas.
(…)
ARTÍCULO 50.- (…)
I.- De los Recursos de Apelación, de responsabilidad y queja, en su caso, que se
interpongan en Asuntos Civiles, de lo familiar y de extinción de dominio contra las
resoluciones dictadas en esa materia por los Jueces de Primera y Única Instancia
del Estado.
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II a la V.- (…)
VI.- De los impedimentos y recusaciones de las autoridades judiciales del Fuero
Común del Estado, tanto en materia civil, familiar, de extinción de dominio, del
ramo penal y para Adolescentes.
VII a la VIII.- (…)
ARTÍCULO 53.-Son Jueces de Primera Instancia:
I a III.- (…)
IV.- El de Primera Instancia en materia de extinción de dominio.
V.- Los de Primera Instancia Especializados para Adolescentes.
VI.- Los mixtos de Primer Instancia.
VII.- Los de Paz en materia penal, en las causas en que proceda la apelación y
denegada apelación, y
VIII.- Los de Garantía.
ARTÍCULO 54.- En el Partido Judicial de Mexicali, habrá cuando menos cuatro
Juzgados de Primera Instancia Civil, dos Juzgados de Primera Instancia de lo
Familiar, cinco Juzgados de Primera Instancia Penal y cuatro Juzgados de Paz,
distribuidos de la siguiente manera: Uno Civil y uno Penal en la Ciudad de Mexicali,
uno Mixto en Guadalupe Victoria y otro Mixto en San Felipe. Además contará con
un Juzgado de Primera Instancia Especializado para Adolescentes y uno en materia
de extinción de dominio.
Tratándose del Juzgado de Primera Instancia en materia de extinción de dominio,
además de la competencia territorial que le corresponde al Partido Judicial de
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Mexicali, conocerá de lo que conforme a esta ley y a la Ley de Extinción de
Dominio del Estado de Baja California le corresponda, dentro de las competencias
territoriales de los partidos judiciales de los restantes municipios de la entidad.
CAPÍTULO VIII
DE LA ORGANIZACIÓN DEL JUZGADO DE
PRIMERA INSTANCIA EN MATERIA DE
EXTINCIÓN DE DOMINIO
ARTÍCULO 90 Sexies.- El juzgado en materia de extinción de dominio conocerá:
I.- De los procedimientos de extinción dominio establecidos en la Ley de la
materia;
II.- De las medidas cautelares en materia de extinción de dominio;
III.- De la diligenciación de los exhortos, rogatorias, suplicatorias, requisitorias y
despachos, en la materia, y
IV.- De las demás diligencias, acuerdos, y actividades que les encomiende la Ley
de Extinción de Dominio para el Estado y demás legislación vigente.
ARTÍCULO 102.- Si un Juez de lo Civil, de extinción de dominio, de lo Penal o Mixto
de Primera Instancia, deja de conocer por impedimento, recusación o excusa,
conocerá el asunto el que le sigue en número, si lo hubiera de igual categoría o
ramo dentro del mismo partido judicial y en caso de que estos también tuvieran
impedimento o en aquel partido no hubiere otro Juez, conocerá el que sigue en
razón de la distancia, según la forma indicada.
(…)
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(…)
(…)
ARTÍCULO QUINTO.- Se adiciona a la Iniciativa de LEY DE EXTINCIÓN DE
DOMINIO PARA EL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA y DE REFORMA A DIVERSOS
ARTÍCULOS DE LA LEY ORGÁNICA DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA
y DE LA LEY ORGÁNICA DEL PODER JUDICIAL, AMBOS ORDENAMIENTOS DEL
ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, la reforma al artículo segundo transitorio del
Código de Procedimientos Penales para el Estado de Baja California, publicado el
19 de octubre de 2007, para quedar como sigue:
ARTÍCULO SEGUNDO.- (…)
I a la VI.- (…)
VII.- Como ordenamiento jurídico supletorio de la LEY DE EXTINCIÓN DE
DOMINIO PARA EL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, en los términos que ésta
disponga.
(…)
ARTÍCULOS TRANSITORIOS
PRIMERO.- El presente Decreto entrará en vigor a los noventa días posteriores de
su publicación en el Periódico Oficial del Estado de Baja California.
SEGUNDO.- En tanto el Ejecutivo estatal realice las adecuaciones a la
reglamentación correspondiente, a fin de dar el debido cumplimiento a las
disposiciones de este ordenamiento, serán competentes para conocer sobre los
delitos previstos en el artículo 4 párrafo primero de esta ley y ejercer la acción de
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extinción de dominio, las áreas o unidades adscritas a la Subprocuraduría contra la
Delincuencia Organizada de la Procuraduría General de Justicia del Estado, de
conformidad con los acuerdos que para tal efecto emita el Procurador.
TERCERO.- En tanto el Poder Judicial del Estado realice las adecuaciones
necesarias a su estructura interna, a fin de dar cumplimiento en el ámbito de su
competencia a lo establecido en esta ley, serán competentes para conocer del
procedimiento de extinción de dominio los juzgados de lo civil, de conformidad con
los acuerdos que para tal efecto determine el Consejo de la Judicatura.
Dado en la Sala de Sesiones ―Dr. Francisco Dueñas Montes‖ de la ciudad de
Mexicali, Baja California, a los 24 días del mes de abril del año dos mil doce.
Enseguida, el Diputado Presidente con base a lo que establece el artículo
127 de la Ley Orgánica de este Congreso, declara abierto el debate del dictamen
No. 16 de la Comisión de Justicia; y con relación a lo que establece el artículo 128
de la Ley Orgánica de este Congreso, pregunta a los ciudadanos Diputados si
desean enlistarse para participar en pro o en contra del presente dictamen, y no
siendo así, solicita al Diputado Vicepresidente de la mesa Directiva, Marco Antonio
Vizcarra Calderón, someta a votación nominal el dictamen No. 16 de la Comisión
de Justicia, resultando aprobado con veinte votos a favor de los ciudadanos
Diputados: Agatón Muñiz Claudia Josefina, Galarza Villarino Arcelia, Sánchez
Corona Francisco Javier, Lozano Pérez David Jorge, García Muñoz Julio Felipe,
Dado Alatorre Laurencio, Magaña Mosqueda Ricardo, Montejano de la Torre Juan
Bautista, Fernández Gonsález Rubén, Topete Robles Elí, Navarro Gutiérrez Víctor
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Hugo, García López José Máximo, Magallanes Cortés Gustavo, Rodríguez Rubio
María del Rosario, García Poyato Falcón Abel Anwar, Carranza Hernández Gregorio,
Noriega Ríos Virginia, Zárate Zepeda Fausto, Vizcarra Calderón Marco Antonio y
Garzón Zatarain Alfonso.
Posteriormente, el Diputado Presidente procede a declarar aprobado en lo
general y en lo particular con veinte votos a favor el dictamen No. 16 de la
Comisión de Justicia, leído por el ciudadano Diputado Abel Anwar García Poyato
Falcón. Dado en el Salón de Sesiones ―Licenciado Benito Juárez García‖ del Poder
Legislativo del Estado de Baja California, en sesión ordinaria de la Honorable
Vigésima Legislatura a los veintiséis días del mes de junio del año 2012.
Posteriormente se continúa con el apartado de: ―Proposiciones‖, en donde el
Diputado Presidente concede el uso de la voz hasta por ocho minutos al ciudadano
Diputado David Jorge Lozano Pérez, para dar lectura a Proposición con Punto de
Acuerdo con dispensa de trámite, en donde se establece el siguiente Punto
Resolutivo:
ÚNICO.- La XX Legislatura del Congreso del Estado de Baja California, exhorta al
Procurador de los Derechos Humanos y Protección Ciudadana del Estado, Lic.
Arnulfo de León Lavenant, para que haya personal a su cargo en los filtros o
retenes que el Ejército Mexicano instale dentro del territorio del Estado de Baja
California.
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Dado en el Salón de Sesiones ―Lic. Benito Juárez García‖ del Honorable Congreso
del Estado, en la Ciudad de Mexicali, Baja California, a los 26 días del mes de junio
del año dos mil doce.
Acto seguido, el Diputado Presidente con base a lo que establece el
artículo 127 de la Ley Orgánica de este Congreso, declara abierto el debate de la
dispensa de trámite del Acuerdo leído por el ciudadano Diputado David Jorge
Lozano Pérez; y con relación a lo que establece el artículo 129 de la Ley Orgánica
de este Congreso, pregunta a los ciudadanos Diputados si desean intervenir en
contra de la dispensa de trámite, y no siendo así, solicita al Diputado Secretario
Escrutador someta a votación económica la dispensa de trámite, resultando
aprobada de manera unánime.
Enseguida, el Diputado Presidente con base a lo que establece el artículo
127 de la Ley Orgánica de este Congreso, declara abierto el debate del Acuerdo
leído por el Diputado David Jorge Lozano Pérez; y con relación a lo que establece
el artículo 129 de la Ley Orgánica de este Congreso, pregunta a los ciudadanos
Diputados si desean intervenir en contra del presente acuerdo, y no siendo así,
solicita al Diputado Secretario Escrutador someta a votación económica el
acuerdo, resultando aprobado por unanimidad.
Posteriormente, el Diputado Presidente procede a declarar aprobada la
proposición con punto de Acuerdo leída por el Diputado David Jorge Lozano Pérez.
Dado en el salón de sesiones ―Lic. Benito Juárez García‖ del Poder Legislativo del
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Estado de Baja California, en sesión ordinaria de la Honorable Vigésima Legislatura
a los veintiséis días del mes de junio del año dos mil doce.
A continuación, el Diputado Presidente concede el uso de la voz la Diputada
Claudia Josefina Agatón Muñiz, hasta por ocho minutos, para dar lectura a la
Proposición con punto de acuerdo, con dispensa de trámite, en donde se establece
el siguiente Punto Resolutivo:
ÚNICO.- Por conducto de la Presidencia de este H. Congreso, se insista al
Ciudadano Gobernador del Estado, Lic. José Guadalupe Osuna Millán, para que
apruebe y publique el Protocolo de Seguridad y Regulación de Actividades
Periodísticas en Baja California, propuesto mediante Punto de Acuerdo del 17 de
abril del 2012 y adicionado de acuerdo a la adenda del 24 del mismo mes y año.
Dado en el Salón de Sesiones ―Benito Juárez García‖ del Poder Legislativo del
Estado de Baja California, a los 26 días del mes de junio del 2012.
Posteriormente, el Diputado Presidente con base a lo que establece el
artículo 127 de la Ley Orgánica de este Congreso, declara abierto el debate de la
dispensa de trámite del Acuerdo leído por la Diputada Claudia Josefina Agatón
Muñiz; y con relación a lo que establece el artículo 129 de la Ley Orgánica de este
Congreso, pregunta a los ciudadanos Diputados si desean intervenir en contra del
presente Acuerdo, y no siendo así, solicita al Diputado Secretario Escrutador
someta a votación económica la dispensa de trámite, resultando aprobada de
manera unánime.
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Acto seguido, el Diputado Presidente con base a lo que establece el
artículo 127 de la Ley Orgánica de este Congreso, declara abierto el debate del
Acuerdo leído por la Diputada Claudia Josefina Agatón Muñiz; y con relación a lo
que establece el artículo 129 de la Ley Orgánica de este Congreso, pregunta a los
ciudadanos Diputados si desean intervenir en contra del acuerdo, y no siendo así,
solicita al Diputado Secretario Escrutador someta a votación económica el
presente acuerdo, resultando aprobado por unanimidad.
Enseguida, el Diputado Presidente procede a declarar aprobado el Acuerdo
leído por la Diputada Claudia Josefina Agatón Muñiz. Dado en el salón de sesiones
―Lic. Benito Juárez García‖ del Poder Legislativo del Estado de Baja California, en
sesión ordinaria de la Honorable Vigésima Legislatura a los veintiséis días del mes
de junio del año dos mil doce.
A continuación, hace uso de la Tribuna el Diputado José Máximo García
López, para dar lectura a la Proposición con punto de acuerdo en donde se
establece el siguiente Punto Resolutivo:
ÚNICO.- LA VIGESIMA LEGISLATURA DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA,
EXHORTA AL CIUDADANO PRESIDENTE MUNICIPAL DEL XX AYUNTAMIENTO DE
TIJUANA PARA QUE EN USO DE SUS FACULTADES, INSTRUYA AL FIDEICOMISO
INMOBILIARIA MUNICIPAL TIJUANA, APOYE SUBSIDIARIAMENTE A LAS FAMILIAS
EN CONDICIÓN VULNERABLE RESIDENTES DE LA COLONIA TIJUANA PROGRESO,
CONCEDIENDOLES LA ELIMINACION DE RECARGOS ASI COMO EL
REFINANCIAMIENTO EN EL PAGO EN SUS ADEUDOS EN SUS CREDITOS CON EL
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GOBIERNO MUNICIPAL CON MOTIVO DEL ATRASO EN LAS MENSUALIDADES DE
SU VIVIENDA.
Con fundamento en lo señalado en el artículo 31 de la Constitución Política del
Estado Libre y Soberano de Baja California y su correlativo 119 de la Ley Orgánica
del Poder Legislativo del Estado, en virtud de la urgente y obvia resolución, solicito
sea sometida para su aprobación ante esta Asamblea.
Dado en el Salón de Sesiones ―Lic. Benito Juárez García‖ del Poder Legislativo del
Estado de Baja California, a los 26 días del mes de Junio del año dos mil doce.
Acto seguido, el Diputado Presidente con base a lo que establece el artículo
127 de la Ley Orgánica de este Congreso, declara abierto el debate de la dispensa
de trámite del Acuerdo leído por el Diputado José Máximo García López, y con
relación a lo que establece el artículo 129 de la Ley Orgánica de este Congreso,
pregunta a los ciudadanos Diputados si desean intervenir en contra de la dispensa
de trámite, y no siendo así, solicita al Diputado Secretario Escrutador someta a
votación económica la dispensa de trámite, resultando aprobada por mayoría.
Posteriormente, el Diputado Presidente con base a lo que establece el
artículo 127 de la Ley Orgánica de este Congreso, declara abierto el debate del
Acuerdo leído por el Diputado José Máximo García López; y con relación a lo que
establece el artículo 129 de la Ley Orgánica de este Congreso, pregunta a los
ciudadanos Diputados si desean intervenir en contra del acuerdo, y no siendo así,
solicita al Diputado Secretario Escrutador someta a votación económica el
acuerdo, resultando aprobado de manera unánime.
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Enseguida, el Diputado Presidente procede a declarar aprobado el Acuerdo
leído por el Diputado José Máximo García López. Dado en el salón de sesiones ―Lic.
Benito Juárez García‖ del Poder Legislativo del Estado de Baja California, en sesión
ordinaria de la Honorable Vigésima Legislatura, a los veintiséis días del mes de
junio del año dos mil doce.
Se pasa al siguiente Punto del Orden del Día referente a:
―Posicionamientos‖, en donde hace uso de la Tribuna la Diputada Claudia Josefina
Agatón Muñiz, para presentar Posicionamiento Político referente a las elecciones
federales del primero de julio en donde habrá de renovarse el Congreso de la
Unión así como el Titular del Ejecutivo Federal, y comparte su deseo de que los
ciudadanos acudan a las urnas electorales con libertad y tranquilidad.
Agotados los Posicionamientos, y no habiendo ninguna otra intervención por
parte de los ciudadanos Diputados, y agotado el orden del día, el Diputado
Presidente declara formalmente levantada la sesión siendo las catorce horas del
día martes veintiséis de junio del año en curso, y cita a los ciudadanos Diputados
integrantes de la Vigésima Legislatura del Estado para el día jueves cinco de julio
a las diez horas, en este Recinto Oficial ―Licenciado Benito Juárez García‖ en la
ciudad de Mexicali, Baja California.
La presente Acta fue aprobada en Sesión Ordinaria de la Honorable
Vigésima Legislatura el día jueves cinco de julio del año 2012, ante la presencia del
C. Diputado Presidente Alfonso Garzón Zatarain, quien autoriza la presente Acta
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asistido del Diputado Secretario de esta Mesa Directiva Fausto Zárate Zepeda,
quien con su firma da fe.
- (RELACIÓN DE CORRESPONDENCIA RECIBIDA AL 05 DE JULIO DE 2012).
- EL C. SECRETARIO: 1.- OFICIO No. 1232-2/12 II P.O. recibido el 25 de junio de
2012, que remite el CONGRESO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA, en el que remite
copia de Acuerdo No. 481/2012- II P.O., mediante el cual exhorta al Ejecutivo
Federal, para que se realicen los trámites necesarios con el propósito de que se
decrete al Municipio de Juárez, como Zona Libre.
- EL C. PRESIDENTE: Túrnese a la SECRETARIA DE SERVICIOS
ADMINISTRATIVOS.
- EL C. SECRETARIO: 2.- OFICIO No. 908 recibido el 25 de junio de 2012, que
remite el C. AGUILAR BOJÓRQUEZ MANUEL FRANCISCO, en su calidad de
SECRETARIO DE PLANEACIÓN Y FINANZAS, mediante el cual envía solicitud de
autorización de modificación presupuestal para ampliar la asignación de recurso
del Ramo 10 Secretaría de Infraestructura y Desarrollo Urbano del Estado, por un
importe de $ 700 MIL PESOS 00/100 M.N.
- EL C. PRESIDENTE: Túrnese a la Comisión de Hacienda y Presupuesto
- EL C. SECRETARIO: OFICIO No. 909 recibido el 25 de junio de 2012, que remite
el C. AGUILAR BOJÓRQUEZ MANUEL FRANCISCO, en su calidad de SECRETARIO
DE PLANEACIÓN Y FINANZAS, mediante el cual envía aviso de modificación
presupuestal para ampliar la asignación del Ramo 10 "Secretaría de Infraestructura
y Desarrollo Urbano" del Presupuesto de Egresos de Baja California para el
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ejercicio fiscal 2011, por la cantidad de $ 1 MILLONES 433 MIL 313 PESOS 03/100
M.N.
- EL C. PRESIDENTE: Túrnese a la Comisión de Hacienda y Presupuesto
- EL C. SECRETARIO: 4.- OFICIO No. 910 recibido el 25 de junio de 2012, que
remite el C. AGUILAR BOJÓRQUEZ MANUEL FRANCISCO, en su calidad de
SECRETARIO DE PLANEACIÓN Y FINANZAS, mediante el cual envía aviso de
modificación presupuestal para ampliar la asignación del Ramo 17 "Secretaría del
Trabajo y Previsión Social", del Presupuesto de Egresos para el ejercicio fiscal
2012, por un importe de $ 183 MIL 160 PESOS 00/100 M.N.
- EL C. PRESIDENTE: Túrnese a la Comisión de Hacienda y Presupuesto
- EL C. SECRETARIO: OFICIO No. 911 recibido el 25 de junio de 2012, que remite
el C. AGUILAR BOJÓRQUEZ MANUEL FRANCISCO, en su calidad de SECRETARIO
DE PLANEACIÓN Y FINANZAS, mediante el cual envía aviso de modificación
presupuestal para ampliar la asignación del Ramo 04 "Secretaría General de
Gobierno", del Presupuesto de Egresos para el ejercicio fiscal 2012, por un importe
de $ 37 MIL 050 PESOS 00/100 M.N.
- EL C. PRESIDENTE: Túrnese a la Comisión de Hacienda y Presupuesto
- EL C. SECRETARIO: 6.- OFICIO No. CAJ/CSP/162/2012 recibido el 26 de junio de
2012, que remite el DIP. VIZCARRA CALDERÓN MARCO ANTONIO, en su calidad
de INTEGRANTE DE LA H. XX LEGISLATURA DEL ESTADO DE B. C., mediante el
cual envía Iniciativa de reforma que modifica la denominación del título cuarto de
su capítulo I, y que adiciona a dicho título un capítulo II, así como los artículos 50,
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51 y 52, todos de la Ley que Regula los Servicios de Control Vehicular en el Estado
de Baja California.
- EL C. PRESIDENTE: Túrnese a la Comisión de Desarrollo Metropolitano,
conurbación, Infraestructura, Comunicaciones y Transporte
- EL C. SECRETARIO: 7.- OFICIO No. 54 recibido el 26 de junio de 2012, que
remite el C. LAMADRID MORENO LUIS MARIO, en su calidad de DIRECTOR DEL
INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA Y DESARROLLO DE ENSENADA B.C.
mediante el cual envía la Cuenta Pública Anual correspondiente al Ejercicio Fiscal
de 2011 del Instituto Municipal de Cultura y Desarrollo Humano de Ensenada, B.
C., consistente en los Estados Financieros y su notas, Estados Presupuestales y
Programáticos y demás información que se adjunta. UN ENCUADERNADO
- EL C. PRESIDENTE: Túrnese a la Comisión de Fiscalización del Gasto Público
- EL C. SECRETARIO: 8.- OFICIO No. 916 recibido el 26 de junio de 2012, que
remite el C. AGUILAR BOJÓRQUEZ MANUEL FRANCISCO, en su calidad de
SECRETARIO DE PLANEACIÓN Y FINANZAS, mediante el cual remite la
documentación que ampara la Tercera Modificación Presupuestal del Ejercicio
Fiscal de 2012 aprobada a la Entidad Paraestatal denominada, Instituto de la
Juventud de Baja California.
- EL C. PRESIDENTE: Túrnese a la Comisión de Fiscalización del Gasto Público
- EL C. SECRETARIO: 9.- OFICIO No. C1202469MX recibido el 26 de junio de
2012, que remite el C. CONTRERAS RODRÍGUEZ JESÚS EDGARDO, en su calidad
de CONTRALOR GENERAL DEL ESTADO, mediante el cual envía observaciones del
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Dictamen No. 182 emitido por la Comisión de Fiscalización del Gasto Público,
correspondiente a la Cuenta Pública del Fideicomiso Fondo Mixto de Fomento a la
Investigación Científica y Tecnológica en el Estado de Baja California (CONACYT-
BC) por el ejercicio fiscal de 2010
- EL C. PRESIDENTE: Túrnese a la Comisión de Fiscalización del Gasto Público
- EL C. SECRETARIO: 10.- OFICIO No. 311/1673/12 recibido el 27 de junio de
2012, que remite el Mtro. HERNANDEZ LEGASPI ANTONIO, en su calidad de
TITULAR DE LA UNIDAD DE ENLACE LEGISLATIVO, mediante el cual envía copia
del oficio número 112.2520/2012 al C.CSALVADOR MORENO CERDA, Director
General Adjunto de Estudios Interinstitucionales de la Secretaría de Agricultura,
Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación remite respuesta al Punto de
Acuerdo aprobado por la H. XX Legislatura de B. C. relativo a la actividad pesquera
de la comunidad indígena CUCAPÁ, en la Reserva de la Biósfera del Alto Golfo de
California y Delta del Río Colorado.
Con lo anterior se da respuesta al Acuerdo presentado, en Sesión Ordinaria
celebrada el 24 de abril de 2012.
- EL C. PRESIDENTE: TURNESE AL INICIALISTA
- EL C. SECRETARIO: 11.- COPIA OFICIO No. 311/1644/12 recibido el 27 de junio
de 2012, que remite el Mtro. HERNANDEZ LEGASPI ANTONIO, en su calidad de
TITULAR DE LA UNIDAD DE ENLACE LEGISLATIVO, mediante el cual envía oficio
al C. Lic. Luis Eduardo Lara Gutiérrez, Jefe de la Unidad de Apoyo Técnico del
Secretario de Hacienda y Crédito Público, en el que le remite copia del Punto de
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Acuerdo aprobado por la XX Legislatura del Estado, B.C., relativo a la apertura de
la totalidad de las garitas de los cruces internacionales entre las ciudades de
Mexicali, B. C., México y Calexico, California, E.U.A.
Con lo anterior se da respuesta al Acuerdo presentado, en Sesión Ordinaria
celebrada el 29 de mayo de 2012.
- EL C. PRESIDENTE: TURNESE AL INICIALISTA
- EL C. SECRETARIO: 12.- OFICIO No. 0584/2011 recibido el 27 de junio de 2012,
que remite el ARQ GOMEZ ALVAREZ ABRAHAM, en su calidad de DIRECTOR
GENRERAL DE LA PROMOTORA DEL DESARROLLO URBANO DE PLAYAS DE
ROSARITO, mediante el cual comunica la apertura de Cuentas Bancarias en la
sucursal Banamex a Nombre de la Promotora del Desarrollo Urbano de Playas de
Rosarito, para los Recursos Federales: No: 7000/06999377 Recurso Federal
FONDO SUSEMUN 2012 y 7888107412 FODO DE INVERSION SUBSEMUN 2012
- EL C. PRESIDENTE: Túrnese a la Comisión de Fiscalización del Gasto Público
- EL C. SECRETARIO: 13.- OFICIO recibido el 28 de junio de 2012, que remite la
C. MTRA. CASTALDI ACEVES LAURA PATRICIA, en su calidad de DIRECTORA DEL
JARDIN DE NIÑOS GRAL.LAZARO CARDENAS, mediante el cual envía para su
conocimiento irregularidades e injusticias de las cuales ha sido objeto por parte de
la H. Comisión Estatal Mixta de Escalafón, por haber salido del Sindicato Nacional
de Trabajadores de la Educación Secc. 37, y agremiarse al nuevo Sindicato del
SETE BC., por así convenir a sus ideales políticos y no estar de acuerdo con la
forma de trabajo, y sus dirigentes
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- EL C. PRESIDENTE: Túrnese a la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y
tecnología
- EL C. SECRETARIO: 14.- OFICIO No. 925 recibido el 28 de junio de 2012, que
remite el C. AGUILAR BOJÓRQUEZ MANUEL FRANCISCO, en su calidad de
SECRETARIO DE PLANEACIÓN Y FINANZAS, mediante el cual remite la Cuarta
Modificación Presupuestal del Ejercicio Fiscal de 2012 aprobada a la Entidad
Paraestatal denominada, Comisión Estatal del Agua.
- EL C. PRESIDENTE: Túrnese a la Comisión de Fiscalización del Gasto Público
- EL C. SECRETARIO: 15.- OFICIO No. 0091 recibido el 29 de junio de 2012, que
remite el (la) LIC. OSUNA MILLÁN JOSÉ GUADALUPE, en su calidad de
GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, mediante el
cual comunica entradas y salida múltiples, tanto en el País como en el extranjero.
- EL C. PRESIDENTE: NOS DAMOS POR ENTERADOS.
- EL C. SECRETARIO: 16.- OFICIO No. 199/12 recibido el 29 de junio de 2012,
que remite el LIC. AMAYA RABAGO PEDRO, en su calidad de SECRETARIO
GENERAL DE ACUERDOS DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL ESTADO,
mediante el cual comunica los periodos vacacionales del personal de del Poder
Judicial del Estado.
- EL C. PRESIDENTE: NOS DAMOS POR ENTERADOS
- EL C. SECRETARIO: 17.- OFICIO No. 939 recibido el 29 de junio de 2012, que
remite el C. AGUILAR BOJÓRQUEZ MANUEL FRANCISCO, en su calidad de
SECRETARIO DE PLANEACIÓN Y FINANZAS, mediante el cual envía la
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H. Vigésima Legislatura Secretaría de Servicios Parlamentarios
documentación que ampara la Segunda Modificación Presupuestal del Ejercicio
Fiscal de 2012 aprobada a la Entidad Paraestatal denominada, Comité de
Planeación para el Desarrollo del Estado.
- EL C. PRESIDENTE: Túrnese a la Comisión de Fiscalización del Gasto Público
- EL C. SECRETARIO: 18.- OFICIO No. 941 recibido el 29 de junio de 2012, que
remite el C. AGUILAR BOJÓRQUEZ MANUEL FRANCISCO, en su calidad de
SECRETARIO DE PLANEACIÓN Y FINANZAS, mediante el cual envía documentación
que ampara la Cuarta Modificación Presupuestal del Ejercicio Fiscal de 2012
aprobada a la Entidad Paraestatal denominada, Universidad Politécnica de Baja
California.
- EL C. PRESIDENTE: Túrnese a la Comisión de Fiscalización del Gasto Público
- EL C. SECRETARIO: 19.- OFICIO No. 052/2012 recibido el 29 de junio de 2012,
que remite el C. GONZALEZ SANCHEZ ALFONSO, en su calidad de COORD. GRAL.
DE RELACIONES PUBLICAS E INTERNACIONALES DEL GOBIERNO DEL ESTADO,
mediante el cual solicita apoyo económico equivalente al costo de 25 Pendones
Alusivos con estructura metálica, con la finalidad de poder decorar las principales
rutas del Centro Cívico de Mexicali, con motivo de las tradicionales Fiestas Patrias
2012.
- EL C. PRESIDENTE: NOS DAMOS POR ENTERADOS
- EL C. SECRETARIO: 20.- OFICIO No. 0948 recibido el 29 de junio de 2012, que
remite el (la) C. AGUILAR BOJÓRQUEZ MANUEL FRANCISCO, en su calidad de
SECRETARIO DE PLANEACIÓN Y FINANZAS, por medio del cual envían aviso de
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H. Vigésima Legislatura Secretaría de Servicios Parlamentarios
modificación presupuestal para ampliar la asignación de recursos del Presupuesto
de Egresos de las diversas Dependencias del Gobierno del Estado de B.C. por un
importe global de $ 2 MILLONES 881 MIL 178 pesos 87/100 M.N.).
- EL C. PRESIDENTE: Túrnese a la Comisión de Hacienda y Presupuesto
- EL C. SECRETARIO: 21.- OFICIO No. 949 recibido el 29 de junio de 2012, que
remite el C. AGUILAR BOJÓRQUEZ MANUEL FRANCISCO, en su calidad de
SECRETARIO DE PLANEACIÓN Y FINANZAS, mediante cual envía Aviso de
modificación presupuestal para ampliar la asignación del Presupuesto de Egresos
del Ramo 08 " Dirección de Control y Evaluación Gubernamental", por un importe
global de $ 809 MIL 635 PESOS 00/100 m.n.). (ANEXOS).
- EL C. PRESIDENTE: Túrnese a la Comisión de Fiscalización del Gasto Público
- EL C. SECRETARIO: 22.- OFICIO No. 1069.2 recibido el 02 de julio de 2012, que
remite el SEN. GARCÍA CERVANTES RICARDO FRANCISCO, en su calidad de
VICEPRESIDENTE DEL PODER LEGISLATIVO FEDERAL, mediante el cual exhorta a
los Congresos de los 31 Estados de la República y a la Asamblea Legislativa del
Distrito Federal a establecer los mecanismos de transparencia y rendición de
cuentas, así como instituir a los órganos de fiscalización a su cargo a realizar
auditorías sobre la situación financiera de las Haciendas Públicas de los Estados y
el Distrito Federal.
- EL C. PRESIDENTE: Túrnese a la SECRETARIA DE SERVICIOS PARLAMENTARIOS
- EL C. SECRETARIO: 23.- OFICIO No. CP2R3A.-898.2 recibido el 02 de julio de
2012, que remite el SEN. GARCIA CERVANTES RICARDO FRANCISCO, en su
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H. Vigésima Legislatura Secretaría de Servicios Parlamentarios
calidad de VICEPRESIDENTE DEL PODER LEGISLATIVO FEDERAL, en el que
exhorta respetuosamente a las Legislaturas Estatales que aún no la han resuelto, a
someter a consideración la reforma de la fracción XXI del artículo 73
Constitucional, para que pueda ser aprobada a la brevedad.
- EL C. PRESIDENTE: Túrnese a la SECRETARIA DE SERVICIOS PARLAMENTARIOS
- EL C. SECRETARIO: 24.- OFICIO No. SMTJ/735/2012 recibido el 03 de julio de
2012, que remite el LIC. GONZALEZ JIMENEZ FIDEL, en su calidad de DIRECTOR
DEL SISTEMA MUNICIPAL DEL TRANSPORTE, mediante el cual informa sobre la
solicitud de se revisen y sancionen a las empresas concesionarias del Transporte
Público que no utilicen el servicio de aire acondicionado y no cumplan con el pago
de la tarifa acordada.
- EL C. PRESIDENTE: SE TURNA AL INICIALISTA
- EL C. SECRETARIO: 25.- OFICIO No. 3856 recibido el 03 de julio de 2012, que
remite el LIC. DUARTE CORRAL GABRIEL TOBIAS, en su calidad de SECRETARIO
DEL AYUNTAMIENTO DE MEXICALI B.C., mediante el cual remite la certificación
del acuerdo tomado en Sesión de Cabildo, celebrada el día veintisiete de Marzo de
2012, en la que se aprueba en todos sus términos la Segunda adecuación
presupuestal y programática para el Presupuesto de Egresos del Municipio de
Mexicali, Baja California, para el Ejercicio Fiscal 2012.
- EL C. PRESIDENTE: Túrnese a la Comisión de Fiscalización del Gasto Público
- EL C. SECRETARIO: 26.- OFICIO No. 3857 recibido el 03 de julio de 2012, que
remite el LIC. DUARTE CORRAL GABRIEL TOBIAS, en su calidad de SECRETARIO
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H. Vigésima Legislatura Secretaría de Servicios Parlamentarios
DEL AYUNTAMIENTO DE MEXICALI B.C., en el que remite certificación del acuerdo
de Cabildo de fecha veintiocho de febrero de 2012, mediante el cual se aprueba en
todos sus términos la Primera adecuación presupuestal y programática para el
Presupuesto de Egresos del Municipio de Mexicali, Baja California, para el Ejercicio
Fiscal 2012.
- EL C. PRESIDENTE: Túrnese a la Comisión de Fiscalización del Gasto Público
- EL C. SECRETARIO: 27.- OFICIO No. 3858 recibido el 03 de julio de 2012, que
remite el LIC. DUARTE CORRAL GABRIEL TOBIAS, en su calidad de SECRETARIO
DEL AYUNTAMIENTO DE MEXICALI B.C., en el que remite certificación del acuerdo
de Cabildo de fecha veinticinco de mayo de 2012, mediante el cual se aprueba en
todos sus términos la Tercera adecuación presupuestal para el Presupuesto de
Egresos del Municipio de Mexicali, B. C., para el Ejercicio Fiscal 2012.
- EL C. PRESIDENTE: Túrnese a la Comisión de Fiscalización del Gasto Público
- EL C. SECRETARIO: 28.- OFICIO No. 3859 recibido el 03 de julio de 2012, que
remite el LIC. DUARTE CORRAL GABRIEL TOBIAS, en su calidad de SECRETARIO
DEL AYUNTAMIENTO DE MEXICALI B.C., en el que remite la certificación del
acuerdo de Cabildo de fecha veinticinco de Mayo de 2012, mediante el cual se
aprueba en todos sus términos la Cuarta adecuación programática y presupuestal
para el Presupuesto de Egresos del Municipio de Mexicali, B.C., para el Ejercicio
Fiscal 2012.
- EL C. PRESIDENTE: Túrnese a la Comisión de Fiscalización del Gasto Público
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H. Vigésima Legislatura Secretaría de Servicios Parlamentarios
- EL C. SECRETARIO: 29.- OFICIO No. 213/081/2012 recibido el 03 de julio de
2012, que remite el LIC. MARTINEZ ALVAREZ ALEJANDRO, en su calidad de
SUBSECRETARIO DE GOBIERNO, en el que envía contestación al Punto de Acuerdo
aprobado por el Congreso del Estado de B. C., relativo a que se solucione de
manera total y definitiva la problemática que enfrentan los ex trabajadores
migratorios mexicanos generación 1942-1964.
- EL C. PRESIDENTE: SE TURNA AL INICIALISTA
- (RELACIÓN DE CORRESPONDENCIA DESPACHADA AL 05 DE JULIO DE 2012).
- Oficio de fecha 26 de junio, dirigido al LIC. ARNULFO DE LEÓN LAVENANT,
Procurador de los Derechos Humanos y Protección Ciudadana del Estado de Baja
California, mediante el cual La XX Legislatura del Congreso del Estado de Baja
California, exhorta al Procurador de los Derechos Humanos y Protección Ciudadana
del Estado, Lic. Arnulfo de León Lavenant, para que haya personal a su cargo en
los filtros o retenes que el Ejército Mexicano instale dentro del territorio del Estado
de Baja California.
- Oficio de fecha 26 de junio, dirigido al LIC. JOSÉ GUADALUPE OSUNA MILLÁN,
Gobernador Constitucional del Estado de Baja California, mediante el cual
Presidencia de este H. Congreso, le insista al Ciudadano Gobernador del Estado,
para que apruebe y publique el Protocolo de Seguridad y Regulación de
Actividades Periodísticas en Baja California, propuesto mediante Punto de Acuerdo
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H. Vigésima Legislatura Secretaría de Servicios Parlamentarios
del 17 de abril del 2012 y adicionado de acuerdo a la adenda del 24 del mismo
mes y año.
- Oficio de fecha 26 de junio, dirigido al LIC. CARLOS W. BUSTAMANTE
ANCHONDO, Presidente Municipal del H. XX Ayuntamiento de Tijuana, mediante el
cual la Vigésima Legislatura del Estado de Baja California, exhorta al Ciudadano
Presidente Municipal del H. XX Ayuntamiento de Tijuana, para que en uso de sus
facultades, instruya al Fideicomiso Inmobiliaria Municipal Tijuana, apoye
subsidiariamente a las familias en condición vulnerable residentes de la Colonia
Tijuana Progreso, concediéndoles la eliminación de recargos así como el
refinanciamiento en el pago en sus adeudos en sus créditos con el Gobierno
Municipal con motivo del atraso en las mensualidades de su vivienda.
- Decreto 225 Se aprueba la reforma a los artículos 46 y 62 de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Baja California.
- Decreto 226 Esta h. XX Legislatura del Congreso del Estado de Baja
California con base a lo estipulado por el artículo 135 de nuestra Carta Magna,
emite Voto Aprobatorio a la Minuta Proyecto de Decreto por el que se reforman los
artículos 46 y 105, fracción I; se deroga la fracción XI del artículo 76 de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
- Decreto 227 Se aprueba la reforma al Capítulo Único, para denominarlo
―Capítulo Primero‖, la adición de un Capítulo Segundo denominado ―De la
Divulgación del Periódico Oficial por Medios Electrónicos‖, así como la adición de
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H. Vigésima Legislatura Secretaría de Servicios Parlamentarios
los artículos 10, 11, 12, 13 y 14 a la Ley del Periódico Oficial del Estado de Baja
California.
- Decreto 228 se aprueba la transferencia de partidas presupuestales al
Presupuesto de Egresos del Estado de Baja California, para el ejercicio fiscal del
2012, por la cantidad $.125,000 (SON CIENTO VEINTICINCO MIL PESOS 00/100
M.N.), que modifica el presupuesto asignado al Ramo 04 de la Secretaría General
de Gobierno.
- Decreto 229 se aprueba la transferencia de partidas presupuestales al
Presupuesto de Egresos del Estado de Baja California, para el ejercicio fiscal del
2012, por la cantidad $.1’441,784 (ES UN MILLÓN CUATROCIENTOS CUARENTA Y
UN MIL SETECIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS 00/100 M.N.), que modifica el
presupuesto asignado al Ramo 06 de la Procuraduría General de Justicia del
Estado.
- Decreto 230 se aprueba la transferencia de partidas presupuestales al
Presupuesto de Egresos del Estado de Baja California, para el ejercicio fiscal del
2012, por la cantidad $.150,202 (SON CIENTO CINCUENTA MIL DOSCIENTOS DOS
PESOS 00/100 M.N.), que modifica el presupuesto asignado al Ramo 14 de la
Secretaría de Educación y Bienestar Social.
- Decreto 231 se aprueba la transferencia de partidas presupuestales al
Presupuesto de Egresos del Estado de Baja California, para el ejercicio fiscal del
2012, por la cantidad de $59,163 (SON CINCUENTA Y NUEVE MIL CIENTO
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H. Vigésima Legislatura Secretaría de Servicios Parlamentarios
SESENTA Y TRES PESOS 00/100 M.N.), que modifica el presupuesto asignado al
Ramo 08 de la Dirección de Control y Evaluación Gubernamental.
- Decreto 232 Este Honorable Congreso con base al artículo 34 de la
Constitución Política del Estado de Baja California, aprueba la reforma del artículo
35 de la Ley de Educación del Estado de Baja California.
- Decreto 233 Se aprueban las reformas a la fracción IV del artículo 14, la
adición de un párrafo segundo al artículo 24, la adición de un párrafo tercero al
artículo 25 y la adición de un párrafo tercero al artículo 26, todos de la Ley de
Educación del Estado de Baja California.
- Decreto 234 Se aprueba la reforma al artículo 15 de la Ley de Educación del
Estado de Baja California.
- Decreto 235 Se aprueba la reforma al artículo 10 de la Ley de Educación del
Estado de Baja California.
- Decreto 236 Se expide la Ley de Extinción de Dominio para el Estado de
Baja California.
(SE TERMINA DE INSERTAR ACTA, CORRESPONDENCIA RECIBIDA Y
DESPACHADA).
- EL C. PRESIDENTE: Muy bien, este, continuamos con el siguiente apartado del
orden del día: ―Acuerdos de los órganos de gobierno‖, en donde tiene el uso de la
voz el Diputado Gregorio Carranza Hernández, para dar lectura al Acuerdo de la
Junta de Coordinación Política por el cual se somete a consideración de esta
honorable asamblea, la solicitud presentada por la C. Diputada Nancy Guadalupe
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H. Vigésima Legislatura Secretaría de Servicios Parlamentarios
Sánchez Arredondo para reincorporarse al cargo de Diputada Propietaria de la XX
Legislatura del H. Congreso del Estado de Baja California.
DIP. ALFONSO GARZÓN ZATARAÍN, PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL
CONGRESO DEL ESTADO. PRESENTE. HONORABLE ASAMBLEA: CON
FUNDAMENTO EN LOS ARTÍCULOS 5° DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, 27 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO
LIBRE Y SOBERANO DE BAJA CALIFORNIA, ASI COMO LOS ARTÍCULOS 13
FRACCIÓN III, 37, 38 Y DEMÁS RELATIVOS DE LA LEY ORGÁNICA DEL PODER
LEGISLATIVO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, LOS INTEGRANTES DE LA
JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA, NOS PERMITIMOS SOMETER A
CONSIDERACIÓN DE ESTA SOBERANÍA EL SIGUIENTE ACUERDO
PARLAMENTARIO, RELATIVO A LA SOLICITUD DE REINCORPORACIÓN A SUS
FUNCIONES DE DIPUTADA DE ESTA H. XX LEGISLATURA, PRESENTADA POR LA
DIPUTADA NANCY GUADALUPE SÁNCHEZ ARREDONDO AL TENOR DE LOS
SIGUIENTES ANTECEDENTES Y CONSIDERANDOS:
ANTECEDENTES
PRIMERO: Que el pasado 02 de julio del año dos mil doce, fue presentado ante la
Presidencia de este H. Congreso, un escrito firmado por la DIPUTADA CON
LICENCIA NANCY GUADALUPE SÁNCHEZ ARREDONDO, mediante el cual solicita se
le tenga por concluida la licencia temporal aprobada por el Pleno, a fin de
reincorporarse a su cargo de Diputada de esta XX Legislatura.
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H. Vigésima Legislatura Secretaría de Servicios Parlamentarios
SEGUNDO: Recibida que fue la solicitud en comento por el Presidente de la Mesa
Directiva, de acuerdo con la facultad conferida por el artículo 50 fracción II inciso
f) de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado, la turnó mediante oficio de
fecha 03 de julio del año en curso a esta Junta de Coordinación Política.
TERCERO: Que en sesión de día 04 julio del presente año, los integrantes de la
Junta de Coordinación Política, decidimos revisar el contenido del escrito firmado
por la Diputada Nancy Guadalupe Sánchez Arredondo, llegando a los siguientes:
CONSIDERANDOS
PRIMERO: La Junta de Coordinación Política es la expresión de la pluralidad del
Congreso del Estado de Baja California, y por lo tanto, la instancia colegiada en
donde se impulsan, entendimientos y convergencias políticas a fin de alcanzar los
acuerdos para que el pleno esté en condiciones de adoptar las decisiones que
constitucional y legalmente le corresponden.
SEGUNDO: Expuesto el contenido total del escrito firmado por la Diputada Nancy
Guadalupe Sánchez Arredondo, en el cual solicita reintegrarse de manera
inmediata a sus obligaciones de diputada propietaria, manifestamos contar con
pleno conocimiento del contenido del documento antes referenciado.
TERCERO: Una vez concluida la revisión del documento citado en el considerando
que antecede, los Diputados integrantes de la Junta de Coordinación Política,
manifestamos estar de conformidad con la solicitud de la Legisladora y que ésta
cumple con todas las formalidades legales, y que por lo tanto es procedente
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H. Vigésima Legislatura Secretaría de Servicios Parlamentarios
someterla para su aprobación ante el Pleno del Congreso del Estado, para los
efectos legales correspondientes.
CUARTO.- Es facultad del Pleno del Congreso resolver respecto de la solicitud
presentada por el Legislador, por lo que en mérito a lo anterior, se determina que
resulta procedente someter a consideración de esta H. Soberanía, la aprobación de
la solicitud presentada por la Diputada Nancy Guadalupe Sánchez Arredondo, para
efecto de que se reincorpore a las funciones de Diputada.
QUINTO.- El presente acuerdo parlamentario fue aprobado por unanimidad de los
Diputados presentes siendo los Diputados Gregorio Carranza Hernández, Julio
Felipe García Muñoz, Rubén Alanís Quintero y Marco Antonio Vizcarra Calderón.
Por lo anteriormente expuesto y fundado, esta Junta de Coordinación
Política que suscribe, somete a la consideración de esta Honorable Asamblea, los
siguientes puntos:
RESOLUTIVOS
PRIMERO.- Se aprueba la Solicitud presentada por la C. DIPUTADA NANCY
GUADALUPE SÁNCHEZ ARREDONDO, para reincorporarse al cargo de Diputada
Propietaria de la XX Legislatura del H. Congreso del Estado de Baja California, la
cual surtirá sus efectos a partir del momento de su aprobación por el Pleno.
SEGUNDO.- Una vez aprobado el presente acuerdo parlamentario, se declara que
a partir de esta fecha se deja sin vigencia el acuerdo de fecha treinta y uno de
Enero del 2012 que concedió la licencia a la C. DIPUTADA NANCY GUADALUPE
SÁNCHEZ ARREDONDO.
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H. Vigésima Legislatura Secretaría de Servicios Parlamentarios
TERCERO.- Que a partir de la fecha mencionada en el resolutivo primero, la C.
Diputada Nancy Guadalupe Sánchez Arredondo se reintegra a todas las
comisiones de trabajo en la calidad de Presidente, Secretaria o Vocal que le
corresponda en cada una de ellas, hasta antes de concedida su licencia de fecha
treinta y uno de Enero del 2012.
CUARTO.- Notifíquese personalmente a la C. DIPUTADA NANCY GUADALUPE
SÁNCHEZ ARREDONDO, con copia certificada del presente acuerdo para los
efectos legales a que diere lugar.
QUINTO.- Por conducto del Secretario de la Mesa Directiva dese vista del presente
acuerdo al C. Diputado Rubén Fernández Gonsález para los efectos legales a que
haya lugar.
De conformidad con el artículo 31 de la Constitución Política del Estado Libre y
Soberano de Baja California, en relación con el 119 de la Ley Orgánica del Poder
Legislativo del Estado y toda vez que el presente Acuerdo Parlamentario fue
consensuado y discutido en esta Junta de Coordinación Política, se solicita a esta
Honorable Asamblea se dispense el trámite correspondiente del mismo y sea
discutido y aprobado en esta misma sesión.
DADO EN LA SALA DE PRESIDENCIA DEL PODER LEGISLATIVO DEL ESTADO DE
BAJA CALIFORNIA, A LOS 04 DÍAS DEL MES DE JULIO DEL AÑO 2012.
Atentamente Diputado Gregorio Carranza Hernández, Diputado Julio Felipe García
Muñoz, Diputado Rubén Alanís Quintero, Diputado Víctor Hugo Navarro Gutiérrez,
Diputada Claudia Josefina Agatón Muñiz, Diputado Francisco Javier Sánchez
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H. Vigésima Legislatura Secretaría de Servicios Parlamentarios
Corona, Diputado Marco Antonio Vizcarra Calderón, Integrantes todos de la
Junta de Coordinación Política. Es cuanto Presidente.
- EL C. PRESIDENTE: Muchas gracias señor Diputado; con base a lo que establece
el artículo 127 de la ley Orgánica de este Congreso se declara abierto el debate de
la dispensa de trámite del Acuerdo leído por el Diputado Gregorio Carranza
Hernández; con relación al artículo 129 de la Ley Orgánica de este Congreso, se
pregunta a los Diputados y Diputadas si desean intervenir en contra de la dispensa
de trámite, de no ser así, se solicita al Secretario Escrutador someta a votación
económica la dispensa de trámite.
- EL C. SECRETARIO ESCRUTADOR: Por instrucciones de la Presidencia, los
compañeros que estén a favor sírvanse manifestarlo levantando su mano: por
mayoría Presidente.
- EL C. SECRETARIO: Le aviso Presidente que llegó Ricardo Magaña y Gregorio
Barreto y Arcelia Galarza.
- EL C. PRESIDENTE: Con base en lo que establece el artículo 127 de la Ley
Orgánica de este Congreso, se declara abierto el debate del Acuerdo leído por el
ciudadano Diputado Gregorio Carranza Hernández; y con relación a lo que
establece el artículo 129 de la Ley Orgánica de este Congreso, se pregunta a los y
las Diputadas si desean intervenir en contra del acuerdo, de no ser así, se solicita
al Diputado Secretario Escrutado someta a votación económica el Acuerdo.
- EL C. SECRETARIO ESCRUTADOR: Los que estén a favor del Acuerdo sírvanlo
manifestar levantando su mano: a favor por mayoría señor Presidente.
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H. Vigésima Legislatura Secretaría de Servicios Parlamentarios
- EL C. PRESIDENTE: Muy bien y muchas gracias Secretario Escrutador; se declara
Aprobado el Acuerdo de la Junta de Coordinación Política, leído por el Diputado
Gregorio Carranza Hernández. Dado en el salón de sesiones ―Licenciado Benito
Juárez García‖ del Poder Legislativo del Estado de Baja California, en Sesión
Ordinaria de la Honorable Vigésima Legislatura, a los cinco días del mes de julio
del año dos mil doce. Tiene a continuación la palabra el compañero Diputado
Gregorio Carranza Hernández, para presentar Acuerdo de la Junta de Coordinación
Política, por el que solicita reincorporación a esta Honorable Vigésima Legislatura,
a la Diputada Lizbeth Mata Lozano.
- EL C. DIP. CARRANZA HERNÁNDEZ: Gracias Presidente. Acuerdo de la Junta de
Coordinación Política, por el cual se somete a consideración de esta Honorable
Asamblea la solicitud presentada por la C. Diputada Lizbeth Mata Lozano para
reincorporarse al cargo de Diputada Propietaria de la XX Legislatura del H.
Congreso del Estado de Baja California. DIP. ALFONSO GARZÓN ZATARAÍN,
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL CONGRESO DEL ESTADO, PRESENTE.
HONORABLE ASAMBLEA: CON FUNDAMENTO EN LOS ARTÍCULOS 5° DE LA
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, 27 DE LA
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE BAJA
CALIFORNIA, ASI COMO LOS ARTÍCULOS 13 FRACCIÓN III, 37, 38 Y DEMÁS
RELATIVOS DE LA LEY ORGÁNICA DEL PODER LEGISLATIVO DEL ESTADO DE
BAJA CALIFORNIA, LOS INTEGRANTES DE LA JUNTA DE COORDINACIÓN
POLÍTICA, NOS PERMITIMOS SOMETER A CONSIDERACIÓN DE ESTA SOBERANÍA
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H. Vigésima Legislatura Secretaría de Servicios Parlamentarios
EL SIGUIENTE ACUERDO PARLAMENTARIO, RELATIVO A LA SOLICITUD DE
REINCORPORACIÓN A SUS FUNCIONES DE DIPUTADA DE ESTA H. XX
LEGISLATURA, PRESENTADA POR LA DIPUTADA LIZBETH MATA LOZANO, AL
TENOR DE LOS SIGUIENTES ANTECEDENTES Y CONSIDERANDOS:
ANTECEDENTES
PRIMERO: Que el pasado 04 de julio del año dos mil doce, fue presentado ante la
Presidencia de este H. Congreso un escrito firmado por la DIPUTADA CON
LICENCIA LIZBETH MATA LOZANO, mediante el cual solicita se le tenga por
concluida la licencia temporal aprobada por el Pleno a fin de reincorporarse a su
cargo de Diputada de esta XX Legislatura.
SEGUNDO: Recibida que fue la solicitud en comento por el Presidente de la Mesa
Directiva, de acuerdo con la facultad conferida por el artículo 50 fracción II inciso
f) de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado, la turnó mediante oficio de
fecha 04 de julio del año en curso a esta Junta de Coordinación Política.
TERCERO: Que en sesión de día 04 julio del presente año, los integrantes de la
Junta de Coordinación decidimos revisar el contenido del escrito firmado por la
Diputada Lizbeth Mata Lozano, llegando a los siguientes:
CONSIDERANDOS
PRIMERO: La Junta de Coordinación Política es la expresión de la pluralidad del
Congreso del Estado de Baja California, y por lo tanto, la instancia colegiada en
donde se impulsan entendimientos y convergencias políticas a fin de alcanzar los
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H. Vigésima Legislatura Secretaría de Servicios Parlamentarios
acuerdos para que el pleno esté en condiciones de adoptar las decisiones que
constitucional y legalmente le corresponden.
SEGUNDO: Expuesto el contenido total del escrito firmado por la Diputada Lizbeth
Mata Lozano, en el cual solicita reintegrarse de manera inmediata a sus
obligaciones de Diputada propietaria, manifestamos contar con pleno conocimiento
del contenido del documento antes referenciado.
TERCERO: Una vez concluida la revisión del documento citado en el considerando
que antecede, los Diputados integrantes de la Junta de Coordinación Política
manifestamos estar de conformidad con la solicitud de la Legisladora y que ésta
cumple con todas las formalidades legales, y que por lo tanto es procedente
someterla para su aprobación ante el Pleno del Congreso del Estado para los
efectos legales correspondientes.
CUARTO.- Es facultad del Pleno del Congreso resolver respecto de la solicitud
presentada por el Legislador, por lo que en mérito a lo anterior se determina que
resulta procedente someter a consideración de esta H. Soberanía la aprobación de
la solicitud presentada por la Diputada Lizbeth Mata Lozano, para efecto de que se
reincorpore a las funciones de Diputada.
QUINTO.- El presente acuerdo parlamentario fue aprobado por unanimidad de los
Diputados presentes siendo los Diputados Gregorio Carranza Hernández, Julio
Felipe García Muñoz, Rubén Alanís Quintero y Marco Antonio Vizcarra Calderón.
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H. Vigésima Legislatura Secretaría de Servicios Parlamentarios
Por lo anteriormente expuesto y fundado, esta Junta de Coordinación
Política que suscribe, somete a la consideración de esta Honorable Asamblea los
siguientes puntos:
RESOLUTIVOS
PRIMERO.- Se aprueba la Solicitud presentada por la C. DIPUTADA LIZBETH MATA
LOZANO para reincorporarse al cargo de Diputada Propietaria de la XX
Legislatura del H. Congreso del Estado de Baja California, la cual surtirá sus
efectos a partir del momento de su aprobación por el Pleno.
SEGUNDO.- Una vez aprobado el presente acuerdo parlamentario, se declara que a
partir de esta fecha se deja sin vigencia el acuerdo de fecha diez de abril del
2012, que concedió la licencia a la C. DIPUTADA LIZBETH MATA LOZANO.
TERCERO.- Que a partir de la fecha mencionada en el resolutivo primero, la C.
Diputada Lizbeth Mata Lozano se reintegra a todas las comisiones de trabajo en la
calidad de Presidente, Secretaria o Vocal que le corresponda en cada una de ellas,
hasta antes de concedida su licencia de fecha diez de abril del 2012.
Incorporándose asimismo a la función de Secretaria Escrutadora de la Mesa
Directiva correspondiente al Tercer Periodo Ordinario del Segundo Año de Ejercicio
Legislativo.
CUARTO.- Notifíquese personalmente a la C. DIPUTADA LIZBETH MATA LOZANO,
con copia certificada del presente acuerdo para los efectos legales a que diere
lugar.
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H. Vigésima Legislatura Secretaría de Servicios Parlamentarios
QUINTO.- Por conducto del Secretario de la Mesa Directiva dese vista del presente
acuerdo al C. Diputado Abel Anwar García Poyato Falcón, para los efectos legales a
que haya lugar.
De conformidad con el artículo 31 de la Constitución Política del Estado Libre y
Soberano de Baja California, en relación con el 119 de la Ley Orgánica del Poder
Legislativo del Estado y toda vez que el presente Acuerdo Parlamentario fue
consensuado y discutido en esta Junta de Coordinación Política, se solicita a esta
Honorable Asamblea se dispense el trámite correspondiente del mismo y sea
discutido y aprobado en esta misma sesión.
DADO EN LA SALA DE PRESIDENCIA DEL PODER LEGISLATIVO DEL ESTADO DE
BAJA CALIFORNIA, A LOS 04 DÍAS DEL MES DE JULIO DEL AÑO 2012.
Atentamente : integrantes de la Junta de Coordinación Política el Diputado
Gregorio Carranza Hernández, Diputado Julio Felipe García Muñoz, Diputado
Rubén Alanís Quintero, Diputado Víctor Hugo Navarro Gutiérrez, Diputada Claudia
Josefina Agatón Muñiz, Diputado Francisco Javier Sánchez Corona, y Diputado
Marco Antonio Vizcarra Calderón. Es cuanto Presidente.
- EL C. PRESIDENTE: Muchas gracias Diputado; con base a lo que establece el
artículo 127 de la Ley Orgánica de este Congreso, se declara abierto el debate de
la dispensa de trámite del Acuerdo leído por el C. Diputado Gregorio Carranza
Hernández ; y con relación a lo que establece el artículo 129 de la Ley Orgánica de
este Congreso, se pregunta a los Diputados si desean intervenir en contra de la
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H. Vigésima Legislatura Secretaría de Servicios Parlamentarios
dispensa de trámite, de no ser así, se solicita al Señor Secretario Escrutador
someta a votación económica la dispensa de trámite.
- EL C. SECRETARIO: Los compañeros que estén a favor de la dispensa de trámite
favor de levantar su mano: por mayoría de los presentes.
- EL C. PRESIDENTE. Muchas gracias; con base a lo que establece el artículo 127
de la Ley Orgánica de este Congreso, se declara abierto el debate del Acuerdo
leído por el Diputado Gregorio Carranza Hernández, y con relación a lo que
establece el artículo 129 de la Ley Orgánica de este Congreso, ¿se pregunta a los
Diputados si desean intervenir en contra del Acuerdo? Adelante Diputado Magaña.
- EL C. DIP. MAGAÑA MOSQUEDA: Gracias Presidente.
- EL C. PRESIDENTE: Vamos a pedirle a los de la Mesa que dejen escuchar a un
Diputado.
- EL C. DIP. MAGAÑA MOSQUEDA: Gracias Presidente; nada mas no escuché yo, a
lo mejor por estar distraído, que no debe ser así, la facultad del Diputado para
regresar a la Comisión a la que estaba antes de pedir la licencia, y quisiera que se
rectificara el documento si ahí viene incluido, bueno, verdad, y si no pues que
nada más se rectifique a la Diputada Nancy como a la Diputada Lizbeth, digo, para
no entrar en polémica posterior y de una vez aprobáramos en ese sentido los dos
acuerdo. Es cuanto Presidente, porque no lo escuché.
- EL C. DIP. CARRANZA HERNÁNDEZ: Ya lo incluye el texto, pero con todo gusto
recibimos la observación y se ratifica lo que se expone.
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- EL C. PRESIDENTE: Si lo escuchamos en el texto, ya viene incluido, ¿algún otro
Diputado que desea intervenir?, de no ser así, se solicita al Diputado Secretario
Escrutador someta a votación económica el Acuerdo.
- EL C. SECRETARIO ESCRUTADOR: Los compañeros que estén a favor del
Acuerdo sírvanlo manifestar levantando su mano: por mayoría Presidente.
- EL C. PRESIDENTE: Muchas gracias Señor Secretario Escrutador; se declara
Aprobado el Acuerdo de la Junta de Coordinación Política, leído por el Diputado
Gregorio Carranza Hernández. Dado en el salón de sesiones ―Licenciado Benito
Juárez García‖ del Poder Legislativo del Estado de Baja California, en Sesión
Ordinaria de la Vigésima Legislatura, a los cinco días del mes de julio de año dos
mil doce. Antes de continuar con el siguiente apartado, vamos a declarar un
receso de 2 minutos para recibir a nuestras compañeras Diputadas y desde luego
despedir a nuestros compañeros que la suplieron. (10:31 horas). Continuamos con
el siguiente apartado correspondiente a: ―Iniciativas‖, (10:34 horas), pero antes
queremos aprovechar la oportunidad para recibir como ya lo hicimos a nuestras
compañeras Nancy Guadalupe Sánchez Arredondo y a la compañera Lizbeth Mata
Lozano, a quienes le damos la bienvenida y también agradecer el trabajo, el
compañerismo y desempeño que tuvieron los Diputados que la suplieron durante
su ausencia, quienes hacemos un reconocimiento al Diputado Rubén Fernández
Gonsález, que no se encuentra presente, y al Diputado Abel Anwar García Poyato
Falcón, aquí también reconocemos su participación durante la ausencia (aplausos);
bienvenidas Diputadas sabemos que se van a integrar con el ánimo con que
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siempre se han caracterizado. Continuamos con el siguiente apartado
correspondiente a: ―Iniciativas‖; tiene la palabra el señor Diputado José Máximo
García López, para dar lectura a Iniciativa presentada por el Grupo Parlamentario
del Partido Acción Nacional, con proyecto de Decreto que crea la Ley de Paternidad
Responsable para el Estado de Baja California, tiene la palabra señor Diputado.
- EL C. DIP. GARCÍA LÓPEZ: Buenas tardes; Diputado Alfonso Garzón Zatarain,
Presidente de la Mesa Directiva del Congreso el Estado de Baja California.
Honorable Asamblea: El Suscrito Diputado MÁXIMO GARCÍA LÓPEZ, integrante del
Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la Vigésima Legislatura del
Estado, con fundamento en lo dispuesto por los Artículos 27 y 28 ambos en su
fracción I de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Baja California,
así como en los numerales 110 fracción I, 112, 115 fracción I, 116, 117 y demás
aplicables de la Ley Orgánica del Poder Legislativo; presentamos ante este
Congreso, INICIATIVA DE LEY DE PATERNIDAD RESPONSABLE PARA EL ESTADO
DE BAJA CALIFORNIA, todo ello al tenor de la siguiente:
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
La Suprema Corte de Justicia de nuestra Nación ha establecido en sus tesis: ―En
materia de derecho público existe un objetivo muy claro sustentado en la
Constitución Federal, en los tratados internacionales y en las leyes federales y
locales, consistente en implementar mecanismos eficaces de protección de los
menores y en forjar una sólida cultura jurídica respetuosa de los derechos
humanos en torno al derecho familiar, y en especial el de los niños‖
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La presente Iniciativa se funda en un principio fundamental que ha regido nuestra
y que ha guiado a nuestra civilización en el curso del tiempo, como lo es la
dignidad de la persona humana.
En virtud de ésta eminente dignidad, como personas, podemos por una parte,
ejercer nuestros derechos, pero también, cumplir con nuestras responsabilidades
sociales.
El ser humano es el único que posee inteligencia y libre voluntad, que tiene
responsabilidad sobre sus propias acciones y que asume derechos universales,
inviolables e inalienables a los que corresponden obligaciones inherentes a su
propia naturaleza individual y social.
Pero también por nuestra dignidad, nadie puede ser reducido a la categoría de
instrumento de personas, grupos e instituciones.
En cada de familia y en cada padre, se asume por cuanto a los hijos, fines y
deberes naturales y legales que pueden ser desarrollados a través de la
comunicación de valores necesarios para la formación y perfeccionamiento de cada
persona y sobre todo, mediante el suministro o aportación a cada hijo de los
bienes necesarios para una vida digna, ordenada y suficiente.
En nuestra sociedad, lastimada por el menosprecio al valor de la familia y del
matrimonio; agraviada por las necesidades económicas de un entorno competitivo
y en ocasiones no suficiente, la familia pero muy especialmente los hijos, son los
que finalmente pagan o bien cobran las consecuencias por cuanto al ejercicio
responsable de la paternidad.
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El aumento actual de madres solteras nos ha colocado como gobierno en un
desafío inmediato a cumplir, cuya prioridad es indudablemente la protección del
interés superior del menor y la familia.
En esta vigésima legislatura, el tema de la paternidad responsable ha sido objeto
de diversas reformas; unas para garantizar que el concepto de alimentos no se
utilice a discreción o con limitaciones provechosas; otras para dar mayor severidad
al incumplimiento de obligaciones de asistencia familiar; unas más buscando la
creación de una perspectiva de familia, de protección a la maternidad pero en su
conjunto, aun y cuando en nuestro orden jurídico podemos constatar avances
trascendentes, queda todavía camino legislativo por recorrer.
Por ello, hoy los Diputados del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, en
aras de buscar el fortalecimiento de nuestro Estado de Derecho y con el objetivo
de proteger y salvaguardar de manera completa y suficiente los derechos de los
menores y de las madres en condición de jefas de familia, proponemos la creación
de una Ley de Paternidad Responsable.
El espíritu de este nuevo ordenamiento implica y trasciende hacia el esfuerzo de
garantizar el interés superior de la infancia, en relación al derecho a la filiación y
asistencia alimentaria de los menores conforme a lo establecido por los artículos 4
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 7 de la Convención
sobre los Derechos del Niño; 8º., de la Constitución Política del Estado Libre y
Soberano de Baja California; así como 5º., de la Ley de Protección y Defensa de
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los Derechos de los Menores y La Familia en el Estado de Baja California; y 3º, y
4º, de la Ley de la Familia para el Estado de Baja California.
Mediante este nuevo marco jurídico, que podrá ser ejercido dentro del contexto de
nuestra legislación civil, buscamos consolidar el irreductible deber de los padres, y
en su caso, de quienes ejerzan la tutela o la patria protestad de un menor, para
garantizar las condiciones necesarias para que estos vivan y crezcan en forma
saludable, con un nivel de vida adecuado para su desarrollo físico, mental,
afectivo, moral y social, procurando la permanencia del menor en el seno de la
familia, la escuela, la sociedad y las instituciones, siendo también responsabilidad
de estos, proteger a los menores contra cualquier forma de maltrato, perjuicio,
daño, agresión, abuso o explotación que vulnere o menoscabe su dignidad o
integridad.
Conforme a estadísticas del conocimiento público, cuando menos el 30 por ciento
de los niños nacidos en Baja California son hijos procedentes de matrimonios; la
mayoría, es decir el 56.3 por ciento, corresponden a hijos de parejas en condición
de unión libre; el 16.1 por ciento de madres solteras y 0.7 por ciento de madres
divorciadas.
Esto nos manifiesta la necesidad de buscar mecanismos y alternativas efectivas,
permanentes y rigurosas, por cuanto a criterios científicos, que permitan lograr
que cuando alguien tenga un hijo y no quiere asumir su responsabilidad pueda
llevarse a cabo un procedimiento de presunción de paternidad mediante el cual se
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construya una prueba o evidencia plena que posibilite a hacer exigible por la vía
jurisdiccional el cumplimiento de obligaciones de paternidad.
Esta prueba a la que nos referimos, se denomina ADN, descrita por la Ley que aquí
se propone como: ―La prueba biológica molecular de la caracterización del ácido
desoxirribonucleico de las células, establecida por el Artículo 348 Bis del Código de
Procedimientos Civiles para el Estado de Baja California‖.
Si el resultado de la prueba es positiva subyace la responsabilidad paternal hacia el
menor hasta los 18 años de vida.
De esta forma, abrimos el horizonte de oportunidades para propiciar mayor
corresponsabilidad, porque solo así tendremos mayor certidumbre en cuanto a los
derechos de dignidad de los menores.
La premisa es apoyar a las madres que injustamente han sido abandonadas y que
en su perjuicio obra la inexistencia de una relación filial y que por tanto han tenido
que asumir solas toda la responsabilidad de un hijo.
Conforme a la doctrina del Derecho Familiar, paternidad significa, en sentido
estrictamente gramatical, la calidad de padre y esta se refiere, precisamente, al
hecho biológico de la procreación, de donde se derivan una serie de deberes,
obligaciones, facultades y derechos entre el padre y el hijo, y de ahí, la
importancia de su determinación.
La filiación es la relación que de hecho y por razón natural existe entre el padre o
la madre y el hijo. Por tanto representa una relación de origen que permite
conocer quiénes son los ascendientes de una persona determinada.
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La relación de paternidad es la que se da entre padres e hijos, y constituye un
hecho natural que está basado en la procreación, y por tanto es un hecho jurídico,
puesto que produce consecuencias legales.
CIUDADANO PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA, EN RESPETO AL RELOJ
PARLAMENTARIO SOLICITO, SE INSCRIBA EL TEXTO INTEGRO DE LA PRESENTE
INICIATIVA DE LEY EN EL DIARIO DE LOS DEBATES. Atentamente Los miembros
de la Fracción Parlamentaria del Partido Acción Nacional.
CONTENIDO DEL NUEVO ORDENAMIENTO
La Ley de Paternidad Responsable para el Estado de Baja California, se compone
de siete capítulos y veinticuatro artículos.
En su dimensión general, se regula la obligación del Estado y de los municipios, de
garantizar la existencia de mecanismos e instrumentos de asesoría para la
protección y defensa de los derechos del menor conforme a los ordenamientos y
las disposiciones referidas en el Artículo 1º, de esta Ley.
Por cuanto al procedimiento de presunción de paternidad se describe en el
ordenamiento, que el único documento pericial mediante el cual será posible la
presunción de paternidad será la Prueba de ADN, a excepción de la hipótesis
prevista en el párrafo final del Artículo 348 del Código de Procedimientos Civiles;
esto es tratándose del caso en que el presunto progenitor sin causa justificada no
comparezca a la diligencia para la práctica de la prueba o se niegue expresamente
a proporcionar las muestras necesarias para su práctica, se presumirá la filiación,
salvo prueba en contrario.
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Dentro del marco competencial, se faculta exclusivamente al Juez de lo Familiar
correspondiente, para aplicar y desahogar el procedimiento de presunción de
paternidad, el cual se desarrollará a instancia de parte interesada.
Como medida de promoción de una cultura preventiva y de concientización social,
se establece en la Ley que Secretaría de Educación Pública y Bienestar Social del
Estado, así como el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia y demás
autoridades responsables en el ámbito de sus competencias, promoverán
programas que brinden servicios educativos para que los adolescentes conozcan
las obligaciones y derechos derivadas de la paternidad.
Por cuanto a los efectos de la declaración de paternidad la Ley estipula que causa
efectos desde la fecha de nacimiento de la niña o niño, y por consiguiente todos
los derechos que de la filiación se deriven se retrotraen a esa fecha.
Se dispone que la autoridad competente en materia de ciencias forenses, tendrá la
obligación de realizar la prueba de ADN y de garantizar la cadena de custodia de la
misma, así como de comunicar, en los plazos que fije el Juez de lo Familiar
solicitante, sobre los resultados de la misma.
En este sentido vinculado a esta probanza, la Ley describe que a solicitud del
Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado, la Secretaría de Salud
Pública del Estado, acreditará a aquellas instituciones privadas susceptibles de
realizar la prueba de ADN para efectos de esta Ley, brindándoles en su caso el
reconocimiento correspondiente, mismo que remitirá al Consejo para los efectos
correspondientes.
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PROCEDIMIENTO
Por cuanto al procedimiento el marco jurídico de esta iniciativa regula el supuesto
de iniciación y describe de manera específica que el Juez se asegurará de la debida
reserva de la información correspondiente a efecto de salvaguardar el principio de
inocencia.
Se declara también la imprescriptibilidad del derecho a iniciar el procedimiento de
presunción de paternidad así como los supuestos bajo los cuales queda sin efecto
por el desinterés de los promoventes.
Los juicios relativos a la impugnación o reconocimiento de la paternidad, deberán
desahogarse por la vía sumaria prevista por el Código de Procedimientos Civiles
para el Estado de Baja California.
PRUEBAS DE ADN
El Juez de lo Familiar competente, iniciará el procedimiento de presunción de
paternidad, conforme a las bases y términos previstos por el Artículo 348 BIS del
Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Baja California, el cual consigna
lo siguiente:
ARTÍCULO 348 BIS.- En las acciones de investigación de paternidad o maternidad,
cuando estas se nieguen o se ponga en duda las mismas, podrá pedirse y
decretarse la prueba biológica molecular de la caracterización del ácido
desoxirribonucleico de las células, también denominada ADN que se practicará
conforme a las siguientes reglas:
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I.- El Juez designará perito único, nombramiento que deberá recaer en una
institución certificada para este tipo de pruebas por la Secretaría de Salud del
Estado
II.- El Juez con la presencia de las partes interesadas, sus representantes legales,
del Ministerio Publico y de la Procuraduría para la Defensa de las Personas
Menores de Dieciocho Años de Edad y la Familia en su caso, y del perito
designado, presidirá la diligencia en la cual se tomarán las muestras físicas del
presunto progenitor
En caso de que el presunto progenitor sin causa justificada no comparezca a la
diligencia para la práctica de la prueba o se niegue expresamente a proporcionar
las muestras necesarias para su práctica, se presumirá la filiación, salvo prueba en
contrario.
III.-El dictamen que rinda el perito responsable, deberá contener lo siguiente:
a).- El señalamiento de las cuestiones que fueron materia de la pericia
b).- Una relación detallada y explicativa de las operaciones o experimentos
realizados para resolver las cuestiones periciales, señalando la fecha en que se
produjeron y,
c).- Las conclusiones o resultados obtenidos, especificando los principios de la
ciencia, arte o técnica que sirvieron de apoyo,
Si faltare alguno de estos requisitos, el dictamen carecerá de valor probatorio
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IV.- Rendido y ratificado el dictamen en los términos de esta Ley, se pondrá a la
vista de las partes y demás interesados para su observación y en su caso
impugnación
V.- Los honorarios del perito serán cubiertos por la parte que ofreció la prueba.
El valor de esta prueba será plena, siempre y cuando concurran las condiciones
antes señaladas y las observaciones o impugnaciones que en su caso se hicieron
no estén justificadas a criterio del Juez.
Serán aplicables a esta prueba, en lo conducente las reglas generales de la prueba
pericial.
DECLARACIÓN ADMINISTRATIVA
En caso de que el presunto progenitor sin causa justificada no comparezca a la
diligencia para la práctica de la prueba de ADN o se niegue expresamente a
proporcionar las muestras necesarias para su práctica, se presumirá la filiación,
salvo prueba en contrario.
REEMBOLSO DE GASTOS A FAVOR DE LA MADRE
Como resultado de la declaración de paternidad emitida por el Juez y una vez que
quede debidamente registrada administrativamente el menor ante el Registro Civil,
la madre podrá iniciar en contra del padre ante el Juez Familiar que corresponda,
un incidente de gastos, en el cual de ser procedente, no podrá ser inferior al pago
de los gastos de embarazo, maternidad, puerperio y alimentos, que hayan sido
generados o se generen durante los doce meses posteriores al nacimiento.
DE LAS POLÍTICAS PÚBLICAS Y DEL PRESUPUESTO
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El Ejecutivo del Estado y los Ayuntamientos, en su respectiva esfera de
competencias, deberán formular y ejecutar políticas públicas y campañas relativas
a la paternidad responsable, que promuevan el derecho de filiación de las niñas,
los niños o adolescentes y la corresponsabilidad de mujeres y hombres en la
crianza y educación de los hijos y las hijas, fomentando la perspectiva de familia,
por lo cual deberán incluir estas acciones en los presupuestos, planes y programas,
conforme a la política de protección integral de los derechos de las mujeres, los
niños, las niñas y adolescentes.
REGISTRO ESTATAL DE OBLIGADOS ALIMENTARIOS
La Ley materia de esta Iniciativa crea el Sistema Estatal de Registro de Obligados
Alimentarios, cuyo objetivo será sistematizar la información derivada de las
resoluciones que en materia alimentaria emitan los órganos jurisdiccionales
competentes, creando una base de datos que permitirá determinar las medidas y
acciones necesarias para garantizar y coordinar la intervención oficiosa para el
cumplimiento de la obligación alimentaria a favor de los menores de edad.
El Sistema Estatal de Registro de Obligados Alimentarios estará a cargo del órgano
que al efecto determine el Poder Judicial del Estado. Su estructura, procedimientos
y atribuciones se regularán en el reglamento que al efecto expida el Consejo de la
Judicatura del Estado de Baja California.
Es por las consideraciones, las justificaciones y motivaciones antes referidas que se
propone a esta Legislatura la presente iniciativa de LEY DE PATERNIDAD
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RESPONSABLE PARA EL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, en los términos
siguientes:
RESOLUTIVOS:
ARTÍCULO ÚNICO.- El Congreso del Estado de Baja California aprueba la Ley de
Paternidad Responsable para el Estado de Baja California, para quedar como
sigue:
Ley de Paternidad Responsable para el Estado de Baja California.
Capítulo I
Disposiciones Generales
Artículo 1.- La presente Ley regirá en todo el Estado de Baja California; sus
disposiciones son de orden público e interés social, y tiene por objeto fomentar el
ejercicio de la paternidad responsable para garantizar el interés superior de la
infancia en relación al derecho a la filiación y asistencia alimentaria de los menores
conforme a lo establecido por los artículos 4 de la Constitución Política de los
Estado Unidos Mexicanos; 7 de la Convención sobre los Derechos del Niño; 8º., de
la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Baja California; así como
5º., de la Ley de Protección y Defensa de los Derechos de los Menores y La Familia
en el Estado de Baja California; y 3º, y 4º, de la Ley de la Familia para el Estado
de Baja California.
Artículo 2.- Es deber de los padres, y en su caso, de quienes ejerzan la tutela o la
patria protestad de un menor, garantizar las condiciones necesarias para que estos
vivan y crezcan en forma saludable, con un nivel de vida adecuado para su
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desarrollo físico, mental, afectivo, moral y social, procurando la permanencia del
menor en el seno de la familia, la escuela, la sociedad y las instituciones, siendo
también responsabilidad de estos, proteger a los menores contra cualquier forma
de maltrato, perjuicio, daño, agresión, abuso o explotación que vulnere o
menoscabe su dignidad o integridad.
Es obligación del Estado y de los municipios garantizar la existencia de
mecanismos e instrumentos de asesoría para la protección y defensa de los
derechos del menor conforme a los ordenamientos y las disposiciones referidas en
el Artículo 1º, de esta Ley.
Artículo 3.- Para los efectos de esta ley, se entenderá por:
a) Código Civil: Al Código Civil del Estado de Baja California.
b) Código de Procedimientos Civiles: Al Código de Procedimientos Civiles para el
Estado de Baja California.
c) Asistencia Alimentaria: La obligación integral y permanente de los padres para
dar alimentos a los hijos consistente en comida, vestido, habitación, educación,
recreación, transporte, gastos de prevención y atención de la salud y asistencia en
caso de enfermedad, incluyendo los gastos de atención dental; los gastos de
atención psicológica y el pago de los gastos de embarazo y parto.
d) Filiación: La relación consanguínea entre dos personas, por el hecho de
engendrar o concebir una a la otra, o bien, al vínculo establecido entre dos
personas a través del reconocimiento;
e) Ley: La Ley de Paternidad Responsable para el Estado de Baja California;
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f) Prueba de ADN: La prueba biológica molecular de la caracterización del ácido
desoxirribonucleico de las células, establecida por el Artículo 348 Bis del Código de
Procedimientos Civiles para el Estado de Baja California.
g) Reconocimiento: Medio judicial por el cual se establece la filiación a través de
cualquiera de los modos que establecen el Código Civil, Código de Procedimientos
Civiles y la presente Ley de Paternidad Responsable para el Estado de Baja
California.
h) Registro Civil: A las Oficialías del Registro Civil en el Estado y Municipios de Baja
California.
i) Autoridad Competente en Materia de Ciencias Forenses: Se entenderá por tal a
la dependencia de gobierno encargada de la realización de las pruebas de carácter
pericial, en su defecto, al organismo privado que autorice el Poder Judicial del
Estado para la práctica de la prueba de ADN prevista por esta Ley.
Capítulo II
Procedimiento de Presunción de Paternidad
SECCION PRIMERA
COMPETENCIAS Y GENERALIDADES
Artículo 4.- El único documento pericial mediante el cual será posible la presunción
de paternidad será la Prueba de ADN, a excepción de la hipótesis prevista en el
párrafo final del Artículo 348 del Código de Procedimientos Civiles; en caso de que
el presunto progenitor sin causa justificada no comparezca a la diligencia para la
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práctica de la prueba o se niegue expresamente a proporcionar las muestras
necesarias para su práctica, se presumirá la filiación, salvo prueba en contrario.
Artículo 5.- Compete al Juez de lo Familiar correspondiente, en su ámbito de
competencias, aplicar y desahogar el procedimiento de presunción de paternidad.
Las Oficialías del Registro Civil, en su caso los Defensores de Oficio del Estado, así
como las áreas o unidades de los Sistemas Estatal y Municipales para el Desarrollo
Integral de la Familia, deberán en su caso informar a la madre o padre sobre las
disposiciones legales y administrativas establecidas para el procedimiento de
presunción de paternidad, así como las responsabilidades civiles y penales en que
puede incurrir por señalar como tal a quien no resultare ser el padre o la madre
biológica.
Artículo 6.- En concordancia con el principio de interés superior de la infancia, la
obligación paterna es exigible independientemente del vínculo en que se encuentre
el obligado a dar alimentos.
Artículo 7.- Cuando a quien se le impute el procedimiento de presunción de
paternidad sea menor de edad, se aplicarán las reglas establecidas por el Artículo
45 del Código de Procedimientos Civiles.
La Secretaría de Educación Pública y Bienestar Social del Estado, así como el
Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia y demás autoridades responsables
en el ámbito de sus competencias, promoverán programas que brinden servicios
educativos para que los adolescentes conozcan las obligaciones y derechos
derivadas de la paternidad.
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Artículo 8.- La declaración de paternidad causa efectos desde la fecha de
nacimiento de la niña o niño, por consiguiente todos los derechos que de la
filiación se deriven se retrotraen a esa fecha.
Artículo 9.- La autoridad competente en materia de ciencias forenses, tendrá la
obligación de realizar la prueba de ADN y de garantizar la cadena de custodia de la
misma, así como de comunicar, en los plazos que fije el Juez de lo Familiar
solicitante, sobre los resultados de la misma.
Artículo 10.- A solicitud del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado,
la Secretaría de Salud Pública del Estado, acreditará a aquellas instituciones
privadas susceptibles de realizar la prueba de ADN para efectos de esta Ley,
brindándoles en su caso el reconocimiento correspondiente, mismo que remitirá al
Consejo para los efectos correspondientes.
SECCIÓN SEGUNDA
PROCEDIMIENTO
Artículo 11.- Si al efectuar el registro de nacimiento del menor comparece
solamente la madre, y ésta declara el no reconocimiento del padre, podrá solicitar
el inicio del procedimiento de presunción de paternidad que se tramitará ante el
Juez de lo Familiar competente al Municipio en donde radique, debiendo señalar
bajo protesta de decir verdad el nombre, domicilio y cualquier otro dato adicional
que contribuya a la identificación y localización del presunto padre. El Juez se
asegurará de la debida reserva de la información correspondiente a efecto de
salvaguardar el principio de inocencia.
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Para efectos de lo dispuesto en el párrafo anterior, el Registro Civil podrá en su
caso canalizar al interesado directamente ante el Juez de lo Familiar competente,
pero en todo momento el personal brindará de manera subsidiaria la información y
asesoría correspondiente a quien lo solicite de manera gratuita.
Artículo 12.- A falta de la madre, podrá iniciar el procedimiento, quien acredite la
tutela o custodia del menor debiendo presentar la legitimación activa conforme a
las disposiciones legales correspondientes, en cuyo caso se dará la intervención a
la representación social correspondiente para que lo asista técnica y jurídicamente.
Artículo 13.- El término para iniciar el procedimiento de reconocimiento de
paternidad será imprescriptible.
Artículo 14.- La solicitud para iniciar el procedimiento de reconocimiento de
paternidad quedará sin efecto, si en un lapso de treinta días hábiles la parte
interesada, no se presenta a dar seguimiento a su petición, archivándose
consecuentemente el expediente, hasta que nuevamente comparezcan los
interesados.
Artículo 15.- Si la persona a quien se le inicia el procedimiento de reconocimiento
de paternidad radicare fuera del Estado o del Municipio en el que se ubica el
domicilio de la madre, el Juez de lo Familiar se procederá conforme lo dispone el
Código de Procedimientos Civiles.
Artículo 16.- En el supuesto del artículo anterior, el Juez de lo Familiar competente
deberá notificar al presunto padre en forma personal la imputación de su
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paternidad para efectos de que exprese lo que a su derecho convenga a partir del
día en que surta efectos la notificación.
Las notificaciones se deberán de llevar acabo de acuerdo a lo establecido en el
Código de Procedimientos Civiles, con los requisitos que se establecen para los
emplazamientos y notificaciones.
Capítulo III
De las Pruebas de ADN
Artículo 17.- El Juez de lo Familiar competente, iniciará el procedimiento de
presunción de paternidad, conforme a las bases y términos previstos por el Artículo
348 BIS del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Baja California.
Capítulo IV
Comparecencias
Artículo 18.- En caso de que el presunto progenitor sin causa justificada no
comparezca a la diligencia para la práctica de la prueba de ADN o se niegue
expresamente a proporcionar las muestras necesarias para su práctica, se
presumirá la filiación, salvo prueba en contrario.
Hecho lo anterior, el Juez competente procederá a ordenar al Oficial del Registro
Civil correspondiente, el asentamiento de la anotación marginal de declaración de
paternidad y dará lugar para que así se declare administrativamente y se
establezca la filiación administrativa del menor con los apellidos de ambos
progenitores. Dicha declaración administrativa otorgará las obligaciones legales
propias de la paternidad únicamente por cuanto a la obligación de dar alimentos.
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Artículo 19.- En el supuesto de que no se presenten ninguna de las partes a
realizarse las pruebas genéticas y no justificaran debidamente su inasistencia, la
instancia competente en materia de ciencias forenses, levantará el acta o el
informe respectivo del hecho, para que sea remitida a la brevedad posible al Juez
competente que corresponda, quien procederá a archivar el asunto por falta de
interés. En este supuesto, no podrá la parte promovente solicitar la misma prueba
sino hasta pasados doce meses posteriores a la fecha de la primer inasistencia.
Artículo 20.- Declarada por el Juez la Paternidad, podrá ser esta impugnada en los
términos previstos por el Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Baja
California.
Artículo 21.- Los juicios relativos a la impugnación o reconocimiento de la
paternidad, deberán desahogarse por la vía sumaria prevista por el Código de
Procedimientos Civiles para el Estado de Baja California.
Capítulo V
Reembolso de Gastos a Favor de la Madre
Artículo 22.- Como resultado de la declaración de paternidad emitida por el Juez y
una vez que quede debidamente registrada administrativamente el menor ante el
Registro Civil, la madre podrá iniciar en contra del padre ante el Juez Familiar que
corresponda, un incidente de gastos, en el cual de ser procedente, no podrá ser
inferior al pago de los gastos de embarazo, maternidad, puerperio y alimentos, que
hayan sido generados o se generen durante los doce meses posteriores al
nacimiento.
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Capítulo VI
De las Políticas Públicas y del Presupuesto
Artículo 23.- El Ejecutivo del Estado y los Ayuntamientos, en su respectiva esfera
de competencias, deberán formular y ejecutar políticas públicas y campañas
relativas a la paternidad responsable, que promuevan el derecho de filiación de las
niñas, los niños o adolescentes y la corresponsabilidad de mujeres y hombres en la
crianza y educación de los hijos y las hijas, fomentando la perspectiva de familia,
por lo cual deberán incluir estas acciones en los presupuestos, planes y programas,
conforme a la política de protección integral de los derechos de las mujeres, los
niños, las niñas y adolescentes.
Capítulo VII
Del Registro Estatal de Obligados Alimentarios
Artículo 23.- Se crea el Sistema Estatal de Registro de Obligados Alimentarios,
cuyo objetivo será sistematizar la información derivada de las resoluciones que en
materia alimentaria emitan los órganos jurisdiccionales competentes, creando una
base de datos que permitirá determinar las medidas y acciones necesarias para
garantizar y coordinar la intervención oficiosa para el cumplimiento de la obligación
alimentaria a favor de los menores de edad.
Artículo 24.- El Sistema Estatal de Registro de Obligados Alimentarios estará a
cargo del órgano que al efecto determine el Poder Judicial del Estado. Su
estructura, procedimientos y atribuciones se regularán en el reglamento que al
efecto expida el Consejo de la Judicatura del Estado de Baja California.
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TRANSITORIOS
PRIMERO.- La presente Ley entrará en vigor al día siguiente al de su publicación
en el Periódico Oficial del Estado de Baja California.
SEGUNDO.- En un plazo que no excederá de 90 días siguientes a la entrada en
vigor de la presente Ley el Consejo de la Judicatura emitirá el Reglamento que
crea el Registro Estatal de Obligados Alimentarios.
TERCERO: Las instancias correspondientes en materia de ciencias forenses
deberán emitir en un plazo de treinta días siguientes a la entrada en vigor de esta
Ley, los instrumentos necesarios para la práctica de las medidas probatorias a que
se refiere este ordenamiento.
CUARTO: El Poder Judicial del Estado, por conducto del Consejo de la Judicatura
implementará un programa permanente de capacitación y sensibilización al
personal de los Juzgados Familiares o Juzgados Competentes para conocer del
contenido de esta Ley, haciendo extensiva la invitación a los defensores de oficio,
así como a personal de las Oficialías del Registro Civil y de los Sistemas Estatal y
Municipales para el Desarrollo Integral de la Familia.
QUINTO: Con el objetivo de que las instancias correspondientes en materia de
ciencias forenses de Estado puedan equipar los laboratorios, adquirir reactivos,
materiales consumibles, equipo y contratar los recursos humanos requeridos para
atender la demanda estimada de pruebas a que esta ley se refiere, el Congreso del
Estado aprobará una partida presupuestaria específica.
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Dado en el Salón de Sesiones ―Benito Juárez García‖ en la ciudad de Mexicali, Baja
California a los 06 días del mes de Julio de 2012. FIRMAN: ―Por una patria
ordenada y generosa y una vida mejor y más digna para todos‖
Los Diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en
el Congreso de Baja California. Es cuanto Presidente.
- EL C. PRESIDENTE: Muchas gracias señor Diputado, así se hará, y se turna a la
Comisión de Gobernación, Legislación y Puntos Constitucionales. Continuando con
el desahogo, y viene ahora la Diputada Virginia Noriega Ríos para darle lectura a la
Iniciativa presentada por el Grupo Parlamentario del PRI, del Partido Verde
Ecologista, del Partido Estatal de Baja California y del Partido del Trabajo, con
proyecto de Decreto que adiciona una fracción al artículo 14 de la Ley de
Educación en el Estado de Baja California, a fin de impartir de manera obligatoria
la lectura dentro de las instituciones públicas, adelante Diputada.
- LA C. DIP. NORIEGA RÍOS: Con el permiso de la Presidencia, compañeras
Diputadas, compañeros Diputados, pueblo de Baja California. La suscrita Diputada
Virginia Noriega Ríos de la Vigésima Legislatura Constitucional del Congreso del
Estado de Baja California, en nombre y representación de los integrantes del
Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, del Partido Verde
Ecologista de México, del Partido Estatal de Baja California y del Partido del
Trabajo, con fundamento en los artículos 27 fracción I y 28 fracción I, de la
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Baja California, así como en
los artículos 110 fracción I, 115 fracción I, 116, 117 y 118 de la Ley Orgánica del
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Poder Legislativo del Estado de Baja California y demás relativos de los
ordenamientos aplicables, me permito presentar al Pleno de esta Honorable
Legislatura, la siguiente, INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE
ADICIONA UNA FRACCION XXI AL ARTICULO 14 DE LA LEY DE EDUCACION PARA
EL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, A FIN DE IMPARTIR DE MANERA OBLIGATORIA
LA MATERIA DE LECTURA DENTRO DE LAS INSTITUCIONES PUBLICAS Y
PRIVADAS DE EDUCACION BASICA , bajo la siguiente:
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Sin lugar a dudas el hábito de la lectura es una buena costumbre que fomenta la
amplitud en conocimientos que solo con el uso de esta útil herramienta se nos da
acceso.
Dentro de las múltiples formas en las que la lectura nos da acceso a conocimientos
se encuentra el uso escolar dentro del cual los alumnos tienen que repasar por
medio de la lectura y obtener conocimientos necesarios dentro de su proceso de
enseñanza- aprendizaje.
De las diversas materias que cursan los alumnos de los distintos niveles
educativos en todas ellas va involucrada la lectura como primer medio de contacto
con el conocimiento de manera visual.
Ahora bien la obtención del conocimiento solo se da con el repaso y la
comprensión de la lectura en sí misma, es decir, el comprender el contenido del
texto que se encuentra leyendo en tal caso el alumno, el cual puede ser de distinta
índole como pueden ser matemáticas, geografía, historia, cívica y ética, español
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por mencionar algunas de las materias que se imparten dentro del sistema
educativo nacional.
Algunas de estas materias tienen destinado un tiempo determinado para la lectura
de ciertos textos educativos que son inherentes a su esencia como materia
educativa, como lo puede ser español, historia y geografía, en los cuales es
necesario un comprensión lectora y de escritura que solo con el ejercicio de lectura
se pueden llegar a comprender.
Por otra parte un hecho mundialmente reconocido y aceptado es que no basta con
dar una educación estándar para lograr exitosamente los objetivos que busca una
educación de calidad, de tal suerte que esta constituye uno de los principales
vehículos para la generación de riqueza por parte de los países desarrollados, en
virtud de que la educación de manera natural da como consecuencia mayor
avance tecnológico y científico.
Baja California dentro de los resultados de la prueba Programa para la Evaluación
Internacional de los Estudiantes (PISA) que es aquella que se aplica para conocer
el promedio de aprovechamiento dentro de ciertos rubros de la educación como lo
son las matemáticas, las ciencias, y la lectura en los cuales Baja California obtuvo
buenos resultados, de estos, matemáticas con un 416, ciencias con 415 y por
ultimo lectura con 429.
En resumidas cuentas Baja California debe de emprender mecanismo de mejora
que implementen contenidos educativos encaminados a convertir en obligatoria la
lectura en las instituciones de educación básica, en donde a las niñas, niños y
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H. Vigésima Legislatura Secretaría de Servicios Parlamentarios
jóvenes se les imparta la materia de lectura como obligatoria dentro de su carga
de materias para conseguir la meta para este año que es 435 puntos en el área de
lectura y matemáticas, proporcionada por el Programa para la Evaluación
Internacional de los Estudiantes (PISA).
Honorable Presidencia, a nombre del Partido Revolucionario Institucional, del
Partido Verde Ecologista de México, del Partido Estatal de Baja California y del
Partido del Trabajo, solicito se incorpore de integra la presente Iniciativa en el
gaceta parlamentaria y en el diario de los debates.
Por lo anteriormente expuesto, se presenta iniciativa con proyecto de decreto que
adiciona una fracción XXI al artículo 14 de la Ley de Educación para el Estado de
Baja California, al tenor del siguiente proyecto de
DECRETO
ÚNICO.- Se adiciona la fracción XXI al artículo 14, de la Ley de Educación para el
Estado de Baja California, para quedar como sigue:
ARTÍCULO 14.- La Educación que impartan el Estado, los municipios, sus
organismos descentralizados y los particulares con autorización o reconocimiento
de validez oficial en cualquiera de sus tipos, niveles y modalidades, deberá
sujetarse a los principios establecidos por el artículo 3ro. de la Constitución Política
de los Estados Unidos Mexicanos y tendrá los siguientes fines:
I a la XX…
XXI.- La autoridad educativa estatal incorporara con carácter obligatorio, en el
nivel básico del sistema educativo estatal, una asignatura denominada Lectura, con
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el propósito de ampliar los conocimientos y la cultura de los ciudadanos, así como
para mejorar el nivel educativo de la entidad.
XXII.- Los demás que no se contrapongan a la Ley General de Educación, a la
presente Ley y que coadyuven al logro de sus objetivos.
ARTÍCULOS TRANSITORIOS
Artículo Primero.- El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su
publicación en el Periódico Oficial del Estado.
Artículo Segundo.- Túrnese el presente Decreto al Titular del Poder Ejecutivo del
Estado para los efectos de publicación en el Periódico Oficial del Estado de Baja
California.
Dado en el Salón de Sesiones ―Lic. Benito Juárez García‖ del Honorable Congreso
del Estado, en la Ciudad de Mexicali, Baja California, a los 05 días del mes de Julio
del año dos mil doce. Muchas gracias Diputado Presidente.
- EL C. PRESIDENTE: Muchas gracias Diputada, se hará como usted lo solicita; se
turna a la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología, le solicito
Diputada continúe en su lugar porque a continuación dará lectura a Iniciativa
presentada por el Grupo Parlamentario del PRI, del Verde Ecologista, del Estatal de
Baja California y del Partido del Trabajo, con proyecto de Decreto que reforma y
adiciona el artículo 2 de la Ley que Establece las Bases Mínimas para el Control de
la Explotación de Aparatos Mecánicos, Electrónicos, Electromecánicos y Musicales
para el Estado de Baja California, adelante Diputada.
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- LA C. DIP. NORIEGA RÍOS: Con su permiso Diputado Presidente, compañeras
Diputadas, compañeros Diputados, pueblo de Baja California. La suscrita Diputada
Virginia Noriega Ríos, de la Vigésima Legislatura Constitucional del Congreso del
Estado de Baja California, en nombre y representación de los Diputados
integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, del
Partido Verde Ecologista de México, del Partido Estatal de Baja California y del
Partido del Trabajo, conforme a las facultades establecidas en los artículos 27
fracción primera y 28 fracción primera de la Constitución Política del Estado Libre y
Soberano de Baja California, así como los artículos 110, 115, 116, 117 y 118 de la
Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Baja California, nos permitimos
someter al Pleno de esta Honorable Legislatura, INICIATIVA CON PROYECTO DE
DECRETO QUE ADICIONA UN SEGUNDO PARRAFO AL ARTICULO 2 DE LA LEY
QUE ESTABLECE LAS BASES MÍNIMAS PARA EL CONTROL DE LA EXPLOTACIÓN
DE APARATOS MECÁNICOS, ELECTRÓNICOS, ELECTROMECÁNICOS Y MUSICALES
PARA EL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, A FIN DE EVITAR EL TRASTORNO DE LA
LUDOPATIA EN LA NIÑEZ BAJACALIFORNIANA, lo anterior en los términos de la
siguiente:
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Ha sido preocupación de los Ayuntamientos de los Municipios del Estado la
instalación de máquinas tragamonedas que contienen juegos de azar cuyos
propietarios se esconden en el anonimato y operan de manera clandestina.
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Estos aparatos electrónicos y electromecánicos conocidos como ―maquinitas
tragamonedas‖ son instalados sobre todo en el interior de tiendas de abarrotes,
tortillerías, establecimientos de videojuegos, refresquerías y en toda clase de
comercios en donde acuden principalmente niños y adolescentes. Los propietarios
de los negocios cercanos a escuelas, parques públicos y centros de trabajo reciben
por ello una atractiva comisión por permitir instalarlos en sus locales sin
importarles el daño que causan a la niñez y a la juventud.
Hace tres años el XIX Ayuntamiento de Mexicali llevo a cabo una gran campaña
para erradicar estos aparatos electrónicos y electromecánicos bajo el argumento
que eran verdaderos juegos de azar los cuales creaban un verdadero vicio al juego
en perjuicio de los niños los cuales jugaban con ellas al salir de clases de sus
respectivas escuelas mediante la ilusión de que la ―maquinita tragamonedas‖ les
darían a cambio cantidades de dinero con el cual comprarían lo que desearan; con
ello crearon adicción al juego de azar a los niños y adolescentes quienes se
gastaban el dinero que sus padres les otorgaban por diversas razones inclusive el
ahorro; por esta razón, fue que los inspectores del Ayuntamiento de Mexicali
llevaron a cabo operativos en donde aseguraron cientos de maquinitas
tragamonedas sin que sus propietarios se presentaran a reclamarlas, por lo que las
grandes cantidades de dinero que contenían estos aparatos fue asignado al DIF
Municipal de Mexicali para ser utilizado en programas de la niñez desvalida. Así
mismo el Ayuntamiento antes referido procedió a la destrucción total de estas
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máquinas tragamonedas de azar que operaban en la total clandestinidad y fuera
de todo marco legal.
Hoy las autoridades del XX Ayuntamiento de Mexicali han denunciado a través de
su Secretaria que nuevamente personas sin escrúpulos, que operan de manera
clandestina, fuera del marco legal; tratan nuevamente de operar estas ―máquinas
tragamonedas‖ en tiendas de abarrotes o establecimientos cercanos a escuelas
para que los niños y jóvenes las operen a cambio de monedas con la ilusión de
obtener un premio en dinero, afectando con ello la salud mental de niños y
menores de edad, creando en ellos la enfermedad de la ludopatía que se refleja en
la necesidad descontrolada de obtener dinero para jugar juegos de azar en el
futuro.
Es por ello que como legisladora que promueve y protege el interés superior de la
infancia y la salud de la niñez de Baja California, veo la necesidad de enriquecer el
marco legal para que los Ayuntamientos de los Municipios del Estado puedan
actuar con toda prontitud a efecto de erradicar esta amenaza latente para la niñez
y todo menor de edad.
Honorable Presidencia, a nombre del Grupo Parlamentario del Partido
Revolucionario Institucional, del Partido Verde Ecologista de México, del Partido
Estatal de Baja California y del Partido del Trabajo, solicito se incorpore integro la
presente Iniciativa en la gaceta parlamentaria y en el diario de los debates.
Por lo anteriormente expuesto, se presenta iniciativa con proyecto de Decreto que
Adiciona un Segundo Párrafo al artículo 2 de la Ley que Establece las Bases
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Mínimas para el Control de la Explotación de Aparatos Mecánicos, Electrónicos,
Electromecánicos y Musicales para el Estado de Baja California; al tenor del
siguiente proyecto de
DECRETO
ÚNICO.- Se Adiciona un Segundo Párrafo al Artículo 2 de la Ley que Establece las
Bases Mínimas para el Control de la Explotación de Aparatos Mecánicos,
Electrónicos, Electromecánicos y Musicales para el Estado de Baja California; para
quedar como sigue:
ARTÍCULO 2 .-…
……
Por ningún motivo se otorgara permiso o autorización para la explotación de
máquinas tragamonedas en cualesquiera de sus modalidades, cuyos dispositivos
electrónicos o electromecánicos, digital, interactivo o de cualquier tecnología que
mediante la inserción de un billete, moneda, tarjeta, banda magnética, pago,
dispositivo electrónico, pago de contraprestación, esté disponible para operarse y
como resultado de dicha operación, ofrezca al usuario mediante el azar o la
combinación de azar y destreza la entrega inmediata o posterior de premios en
efectivo o especie.
Las autoridades Estatales y Municipales darán aviso de inmediato a las autoridades
federales competentes respecto a la instalación de máquinas tragamonedas para
su debida intervención y sanción; así mismo, coadyuvaran en todo lo necesario
para el retiro de las mismas; las autoridades de Salud Pública del Estado darán
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asistencia de manera expedita en caso de que se detecte a menores de edad con
problemas de salud mental a causa de ludopatía.
TRANSITORIOS
PRIMERO.- Las presentes reformas entrarán en vigor al día siguiente de su
publicación en el Periódico Oficial del Estado.
SEGUNDO.- A partir del día siguiente de su publicación, los Ayuntamientos del
Estado contarán con sesenta días para la adecuación del Reglamento Municipal
respectivo.
Dado en el Salón de Sesiones ―Lic. Benito Juárez García‖ del Honorable Congreso
del Estado, en la Ciudad de Mexicali, Baja California a los 5 días del mes de Julio
del año dos mil doce. Es cuanto Diputado Presidente.
- EL C. PRESIDENTE: Muchas gracias Diputada, así se hará, y se turna por lo
pronto a la Comisión de Salud. Continuando con el orden del día tiene ahora el uso
de la voz el Diputado Marco Antonio Vizcarra Calderón, para dar lectura a la
Iniciativa presentada por el Partido Estatal de Baja California y por el Grupo
Parlamentario del PRI, con proyecto de Decreto que reforma y modifica el párrafo
segundo, del artículo 156 de la Ley Orgánica del Poder Judicial para el Estado de
Baja California, mediante la cual se establece los parámetros para la designación
de los integrantes del Consejo de la Judicatura del Estado, tiene la palabra
Diputado.
- EL C. DIP. VIZCARRA CALDERÓN: Con el permiso de la Presidencia, compañeras
Diputadas y Diputados. La iniciativa ya leída por el señor Presidente. El suscrito
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Diputado Marco Antonio Vizcarra Calderón de la Vigésima Legislatura
Constitucional del Congreso del Estado de Baja California, en nombre y
representación del Partido Estatal de Baja California y de los integrantes del Grupo
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, de conformidad con lo
establecido en los artículos 27 fracción I y 28 fracción I de la Constitución Política
del Estado Libre y Soberano de Baja California, 110 fracción I, 115 fracción I, 116,
117 y 118 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Baja California,
me permito someter al Pleno de este H. Congreso del Estado, INICIATIVA DE
REFORMA QUE MODIFICA EL PÁRRAFO SEGUNDO, DEL ARTÍCULO 156 DE LA LEY
ORGÁNICA DEL PODER JUDICIAL PARA EL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, bajo la
siguiente:
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Sin duda, como autoridades debemos en todo momento ejercer y cumplir con
responsabilidad, cada una de las atribuciones que nos han sido confiadas; ello
como resultado a la natural y espontanea vocación de servicio hacia nuestra
sociedad.
Para lograr lo anterior, es importante tomar en cuenta ciertos aspectos
determinantes, tales como, la correcta distribución de competencias así como la
apropiada designación de servidores públicos; ello, a fin de lograr la normal
funcionabilidad y apropiada constitución de nuestras entidades de gobierno.
A manera de ejemplo, el Poder Judicial del Estado, específicamente el Consejo de
la Judicatura de Baja California, tiene a su cargo la administración, vigilancia,
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disciplina y carrera judicial del citado Poder, debe estar obligado a velar, en todo
momento, por la autonomía de los Órganos del Poder Judicial y por la
independencia e imparcialidad de los miembros de éste último, de ahí es donde
reviste la importancia de que éstos integrantes sean electos con la anticipación
debida, y bajo parámetros que salvaguarden el funcionamiento regular de dichos
órganos.
Ahora bien, actualmente la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Entidad prevé que
el Consejo de la Judicatura entrará en funciones el día 1 de diciembre del año en
que corresponda realizar las designaciones de los nuevos Consejeros y para tal
efecto, el Tribunal Superior de Justicia, el Poder Legislativo y el Titular del
Ejecutivo Estatal efectuarán las designaciones de sus integrantes en forma directa
y con la debida anticipación.
De lo anterior, se advierte que el artículo 156 del mencionado ordenamiento, no
establece un plazo determinado para efectuar las designaciones…
- EL C. PRESIDENTE: Permítame Diputado, no tenemos quórum, vamos a pedirle a
los compañeros que nos apoyan llamen a los señores Diputados que están.
- LA C. DIP. GALARZA VILLARINO: No hay Mesa Directiva.
- EL C. PRESIDENTE: No tenemos Mesa Directiva efectivamente diputada, ya hay
quórum.
- EL C. DIP. VIZCARRA CALDERÓN: Gracias Presidente. De lo anterior, se advierte
que el artículo 156 del mencionado ordenamiento, no establece un plazo
determinado para efectuar las designaciones de los aludidos Consejeros; situación
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que resulta indispensable subsanar, ya que, si bien, los mencionados Consejos, no
desarrollan una función propiamente jurisdiccional, éstos si participan de manera
fundamental en la impartición de justicia a los gobernados, mediante el
desempeño del aspecto operativo del ejercicio judicial que hace efectivos algunos
de los principios básicos en que se sustentan la autonomía e independencia
judiciales.
En este contexto, el debido acatamiento a los principios de división funcional de
poderes y de regularidad en el funcionamiento de los órganos públicos, exige
considerar la intervención de otros Poderes locales diversos al Judicial en la
elección de los Consejeros; razón por la cual el procedimiento relativo debe
efectuarse con anterioridad a que se produzcan las vacantes al seno del Consejo.
En efecto, la vía mediante la cual se lleva a cabo el nombramiento de los nuevos
Consejeros a que se refiere el citado precepto 156, debe de operar sin afectar el
funcionamiento regular del mencionado órgano administrativo, además de requerir
la existencia de un límite temporal en cuanto a la anticipación de las designaciones
para evitar que se pierda el sentido de oportunidad que la elección debe cumplir,
tanto por lo que se refiere a la conformación de los órganos encargados de
realizarla, como por las condiciones imperantes en ese momento.
De ahí, que dentro de los principios rectores establecidos en la Constitución
Federal, en relación con la integración de los Consejos de las Judicaturas locales
que deben observar los Congresos estatales al determinar tal integración se
encuentran, entre otros, los de la previsión de la designación anticipada de los
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Consejeros y la existencia de un límite temporal en la anticipación de la elección de
sus sustitutos, correspondiendo a su libertad de configuración legislativa la
determinación del plazo de anticipación, el cual deberá satisfacer el requisito de
razonabilidad.
Sirve de apoyo tesis número 2a. LIV/2012 (10 a.) de la Suprema Corte de Justicia
de la Nación: ―CONSEJEROS DE LA JUDICATURA LOCALES. LA ELECCIÓN DE SUS
SUSTITUTOS DEBE LLEVARSE A CABO ANTES DE QUE SE PRODUZCAN LAS
VACANTES RESPECTIVAS‖.
Asimismo, se reitera que los principios de regularidad en el funcionamiento de los
órganos públicos y de división funcional de poderes consagrados para el eficaz
desarrollo de las actividades encomendadas al Estado, bajo la idea de coordinación
o colaboración que logre un equilibrio de fuerzas y un control recíproco que
garantice la unidad del Estado y asegure el establecimiento y la preservación del
Estado de derecho, exigen que la designación de los titulares de los órganos de un
Poder que ejerzan el cargo por un plazo determinado y que se encomiende a otro
u otros Poderes, se lleve a cabo con la anticipación que permita la sustitución de
sus titulares bajo parámetros que salvaguarden el funcionamiento regular del
órgano; lo anterior, para no afectar su integración y desempeño así como para
asegurar su conformación plena en los términos legalmente previstos, ello de
conformidad con el criterio emitido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación
cuyo rubro es: ―TITULARES DE LOS ÓRGANOS DE UN PODER QUE EJERCEN EL
CARGO POR PLAZO DETERMINADO. SU DESIGNACIÓN ENCOMENDADA A OTROS
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PODERES, DEBE LLEVARSE A CABO CON LA ANTICIPACIÓN QUE PERMITA LA
SUSTITUCIÓN DE AQUÉLLOS BAJO PARÁMETROS QUE SALVAGUARDEN EL
FUNCIONAMIENTO REGULAR DEL ÓRGANO‖.
En virtud de lo expuesto, se propone reformar el párrafo segundo del numeral 156
de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Entidad, a fin de las designaciones de
nuevos Consejeros por el Tribunal Superior de Justicia, el Congreso del Estado y el
Gobernador del Estado sean efectuadas en forma directa, con la debida
anticipación y dentro de un plazo límite y razonable, que permita llevar a cabo la
sustitución de sus integrantes bajo parámetros que salvaguarden el
funcionamiento regular del órgano administrativo que nos atañe, a fin de no
afectar su integración y desempeño, así como asegurar su conformación plena.
Finalmente, cabe hacer énfasis, que los plazos y tiempos que se fijen para realizar
las designaciones de nuevos Consejeros, quedará en todo momento al arbitrio de
la autoridad judicial que corresponda, a fin de no afectar la operatividad propia del
Consejo de la Judicatura del Estado.
Honorable Presidencia y del Partido Estatal de Baja California y del PRI, solicito se
incorpore integra la presente Iniciativa con proyecto de Decreto en la gaceta
parlamentaria y en el diario de los debates.
Por lo expuesto y con fundamento en los artículos constitucionales señalados, me
permito poner a consideración de este H. Congreso del Estado, la siguiente:
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INICIATIVA DE REFORMA QUE MODIFICA EL PÁRRAFO SEGUNDO, DEL ARTÍCULO
156 DE LA LEY ORGÁNICA DEL PODER JUDICIAL PARA EL ESTADO DE BAJA
CALIFORNIA
ARTÍCULO ÚNICO.- Se modifica el párrafo segundo, del artículo 156 de la Ley
Orgánica del Poder Judicial del Estado de Baja California, para quedar como sigue:
ARTÍCULO 156.-…
El Consejo de la Judicatura entrará en funciones el día 1 de diciembre del año en
que corresponda realizar las designaciones de nuevos Consejeros. Para tal efecto
el Tribunal Superior de Justicia, el Congreso del Estado y el Gobernador del Estado
efectuarán las designaciones directas con la debida anticipación y dentro de un
plazo límite así como razonable, que permita llevar a cabo la sustitución de los
integrantes del Consejo bajo parámetros que salvaguarden su funcionamiento
regular, integración y desempeño; y que aseguren su conformación plena en los
términos que prevé la presente ley.
…
ARTÍCULOS TRANSITORIOS
ARTÍCULO ÚNICO.- La presentes reformas entrarán en vigor al día siguiente de su
publicación en el Periódico Oficial del Estado.
Dado en el Salón de Sesiones ―Lic. Benito Juárez García‖ del Honorable Congreso
del Estado, en la Ciudad de Mexicali, Baja California, a los 05 días del mes de Julio
del año dos mil doce. Muchas gracias.
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- EL C. PRESIDENTE: Así se hará Diputado, y le pido que permanezca en su lugar,
esta Iniciativa la turnamos a la Comisión de Gobernación, Legislación y Puntos
Constitucionales; y continua usted con el uso de la palabra para dar lectura a la
Iniciativa presentada por el Partido Estatal de Baja California y del Grupo
Parlamentario del PRI, con proyecto de Decreto que reforma y adiciona los
artículos 21 bis, 21 ter, 21 quarter y 21 quinquies de la Ley de Atención y
Protección a la Víctima o el ofendido del delito esto en el Estado de Baja California,
adelante señor Diputado.
- EL C. DIP. VIZCARRA CALDERÓN: Gracias y con permiso de todos. DIP.
ALFONSO GARZÓN ZATARAÍN, PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL
CONGRESO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA. HONORABLE ASAMBLEA: El
suscrito Diputado Marco Antonio Vizcarra Calderón de la Vigésima Legislatura
Constitucional del Congreso del Estado de Baja California, en nombre y
representación del Partido Estatal de Baja California y de los integrantes del Grupo
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, de conformidad con lo
establecido en los artículos 27 fracción I y 28 fracción I de la Constitución Política
del Estado Libre y Soberano de Baja California, 110 fracción I, 115 fracción I, 116,
117 y 118 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Baja California,
me permito someter al Pleno de este H. Congreso del Estado, INICIATIVA DE
REFORMA QUE ADICIONA LOS ARTÍCULOS 21 BIS, 21 TER, 21 QUARTER Y 21
QUINQUIES A LA LEY DE ATENCIÓN Y PROTECCIÓN A LA VÍCTIMA O EL
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OFENDIDO DEL DELITO PARA EL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, bajo la
siguiente:
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS:
Las circunstancias que actualmente prevalecen en nuestro Estado, no nos permite
ignorar la situación por demás preocupante que existe en materia de seguridad
pública, lo que inevitablemente pone en tela de juicio nuestra capacidad de
respuesta como autoridades, así como la integridad y dignidad con la que
ostentamos los cargos públicos que la sociedad nos ha confiado; más aún, por la
percepción de incompetencia ante la violencia y la delincuencia, lo que además de
ser frustrante e inconcebible, debilita la credibilidad y confianza de las instituciones
públicas que tienen encomendada tan importante tarea, como lo es la protección
de nuestra sociedad bajacaliforniana.
Aunado a lo anterior, el reto se vuelve mayor cuando servidores públicos, como los
elementos de instituciones policiales se han visto inmiscuidos en hechos delictivos,
que en muchos casos no han sido denunciados por el temor fundado a represalias,
lo que evidentemente cuestiona la existencia de avances contra la corrupción y la
impunidad.
Adicionalmente, no se puede omitir el sentimiento de abandono por parte de las
víctimas o los ofendidos, ya que con frecuencia se señala que la atención de las
autoridades se centra en la protección de los derechos de los delincuentes,
originando la idea de que existe una mayor interés por ellos o bien, un mayor
cuidado de que no vayan a ser perjudicados por nuestro sistema de justicia.
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H. Vigésima Legislatura Secretaría de Servicios Parlamentarios
Las realidades que se comentan, nos obliga como autoridades a reflexionar sobre
nuestro compromiso social y la responsabilidad que ello infiere, así como en la
necesidad de generar un cambio de actitud y visiones de solución que nos permita
recobrar la confianza de nuestra gente, la paz pública y la credibilidad de nuestras
instituciones.
En este orden de ideas, resulta indispensable la redefinición de los vínculos
existentes entre sociedad y gobierno, el fortalecimiento y defensa de nuestro
Estado de Derecho, el rescate de nuestros valores, así como la trascendencia de
reconocer y restaurar la dignidad de las personas afectadas por un delito.
Bajo esta perspectiva, y con el ánimo de que prevalezca el compromiso y la
responsabilidad institucional en tan importante labor pública, así como un sentido
de justicia y solidaridad social, se propone como parte de una política
reivindicadora y como un elemento fundamental de nuestra lucha contra sus
consecuencias del delito, el desarrollo de mecanismos que favorezcan el acceso a
medios que permitan afrontarlas oportuna y eficazmente.
De esta forma, y de manera similar a lo instituido en otras entidades federativas,
tales como Chiapas, Colima, Jalisco, Nuevo León, así como el Distrito Federal, se
plantean disposiciones adicionales que permitirán la implementación y
funcionamiento del Fondo General de Reparaciones a las Víctimas u Ofendidos,
previsto en el Código de Procedimientos Penales para el Estado, publicado en el
Periódico Oficial No. 43, de fecha 19 de octubre de 2007; fondo, que si bien se
concibe con motivo del nuevo sistema de justicia penal, ello no es óbice para que
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sus beneficios se hagan extensivos a quienes conforme al sistema tradicional
también tengan el carácter de víctimas u ofendidos, ya que ésta no debe ser una
condición que atienda sólo a cuestiones normativas de naturaleza adjetiva o
procedimental.
En este tenor, se propone que el Poder Ejecutivo del Estado, a través de la
Procuraduría General de Justicia y en congruencia con las disposiciones aplicables
en la materia, constituya un fidecomiso que permita la operatividad del
mencionado fondo, a fin de apoyar a las víctimas u ofendidos, en particular, a
aquellos que como consecuencia de un delito se encuentren en una situación de
emergencia o necesidad manifiesta, y carezcan de los recursos necesarios para
afrontarla, por ser precisamente quienes tienen mayor dificultad para superar las
secuelas de la conducta antisocial acaecida.
Asimismo, para la consecución de la intención legislativa se advierte la necesidad
de incentivar la participación de la sociedad, ya que a través de ella se crean y
fortalecen lazos.
De esta forma, se estima que los apoyos propuestos serían una medida
corresponsable que evitaría el desamparo de víctimas u ofendidos que se
encuentran en un estado de vulnerabilidad, y se reducirían los costos sociales que
hoy por hoy se originan por la inseguridad pública, pues como se mencionó, la
incidencia delictiva permea hacia los diversos sectores de nuestra comunidad e
incrementa el desánimo ante la percepción de una sociedad abatida por las
sucesos que se apartan de las más elementales normas de convivencia social.
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Ahora bien, cabe precisar que los mencionados apoyos tendrían una naturaleza
distinta a la reparación del daño, pues se recuerda que ésta última tiene el
carácter de pena al ser una sanción pecuniaria y, por ende, la misma no puede ser
asumida por el Estado.
De igual modo, para lograr la intención legislativa, consistente en ayudar a las
víctimas o a los ofendidos que se encuentren en un estado vulnerable, se
proponen diversas medidas para la integración del patrimonio del fondo, así como
para garantizar que el manejo y otorgamiento de los apoyos se hagan de una
manera transparente, adecuada y oportuna, evitando así la duplicidad de esfuerzos
y recursos.
Honorable Presidencia a nombre del Partido Estatal de Baja California y del Grupo
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, solicito se incorpore integra
la presente Iniciativa con proyecto de Decreto en la gaceta parlamentaria y en el
diario de los debates.
Por lo expuesto y con fundamento en los artículos señalados, nos permitimos
someter a consideración de este H. Congreso del Estado de Baja California, la
siguiente:
INICIATIVA DE REFORMA QUE ADICIONA LOS ARTÍCULOS 21 BIS, 21 TER, 21
QUARTER Y 21 QUINQUIES A LA LEY DE ATENCIÓN Y PROTECCIÓN A LA VÍCTIMA
O EL OFENDIDO DEL DELITO PARA EL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA.
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ARTÍCULO PRIMERO.- Se adicionan los artículos 21 BIS, 21 TER, 21 QUARTER Y
21 QUINQUIES a la Ley de Atención y Protección a la Víctima o el Ofendido del
Delito para el Estado de Baja California, para quedar como siguen:
ARTÍCULO 21 BIS.- Mediante el fideicomiso Fondo General de Reparaciones a las
Víctimas u Ofendido, la Procuraduría otorgará apoyos a aquellas víctimas u
ofendidos que se encuentren en una situación de emergencia o de necesidad
manifiesta, como consecuencia de un delito o de una conducta tipificada como
delito atribuible a un adolescente.
El Poder Ejecutivo del Estado, realizará acciones que tengan por objeto incentivar
la participación de la sociedad para la obtención de recursos.
ARTÍCULO 21 TER.- El Patrimonio del Fondo General de Reparaciones a las
Víctimas u Ofendido se integrará por:
I. Los montos que se obtengan por concepto de reparación del daño, cuando se
trate de hechos punibles que afecten intereses colectivos o difusos o que afecten
el patrimonio del Estado;
II. Las partidas presupuestales que le asigne el Gobierno del Estado;
III. Las aportaciones que a manera de donaciones, en especie o en dinero, hagan
las instituciones públicas o entes privados, y/o;
IV. Cualquier otra aportación que se efectúe, o que por cualquier circunstancia
incremente el patrimonio del fondo.
ARTÍCULO 21 QUARTER.- Para el otorgamiento de los apoyos se observará lo
siguiente:
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I.- La disponibilidad presupuestal del Fondo General de Reparaciones a las
Víctimas u Ofendido;
II.- Que la víctima o el ofendido sean de escasos recursos económicos;
III.- Que como consecuencia de los hechos materia de la denuncia o querella y
demás elementos que en su caso obren, se pueda considerar razonablemente que
la víctima o el ofendido se encuentran en una situación de emergencia o de
necesidad manifiesta;
IV.- Los apoyos únicamente serán brindados cuando el servicio o el bien requerido
por la víctima o el ofendido para afrontar la situación de emergencia o la necesidad
manifiesta, no pueda ser prestado o proporcionado por las instituciones públicas
del Estado;
IV.- Los apoyos que se otorguen únicamente contribuirán para que las víctimas o
los ofendidos puedan afrontar la situación de emergencia o la necesidad
manifiesta;
V.- Los apoyos se otorgaran mediante pago a proveedores o a través de cualquier
otra forma que garantice su correcta aplicación, y;
VI.- Las demás condiciones que resulten necesarias a fin de garantizar la
transparente, adecuada y oportuna administración y otorgamiento de los apoyos.
ARTÍCULO 21 QUINQUIES.- No se otorgará apoyos a la víctima u ofendido cuando:
I.- Se haya cubierto la reparación del daño;
II.- Se otorgue el perdón tratándose de delitos o conductas perseguibles por
querella;
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III.- Cuando sean beneficiarios en instituciones públicas diversas a las del Estado,
y en virtud de esa calidad o de cualquier otro derecho, dichas instituciones deban
prestarles el servicio o proporcionar el bien que se requiera para afrontar la
situación de emergencia o la necesidad manifiesta;
IV.- Cuando sean beneficiarios de algún ente privado, y en virtud de ello, dicho
ente deba prestarles el servicio o proporcionar el bien que se requiera para
afrontar la situación de emergencia o la necesidad manifiesta;
V.- Cuando sean beneficiarios de algún seguro que deba cubrir el servicio o
proporcionar el bien que se requiera para afrontar la situación de emergencia o la
necesidad manifiesta;
VI.- Cuando proporcionen datos falsos para obtener el apoyo. En estos casos, con
independencia de las sanciones que procedan de conformidad con las
disposiciones que resulten aplicables, existirá la obligación de reintegrar el apoyo
que se haya entregado, y/o;
VII.- En los demás que al efecto se establezcan.
ARTÍCULOS TRANSITORIOS
ARTÍCULO PRIMERO.- Las presentes reformas entrarán en vigor al día siguiente de
su publicación en el Periódico Oficial del Estado.
ARTÍCULO SEGUNDO.- En un término no mayor al de tres meses contados a partir
de la entrada en vigor de las presentes reformas, el Poder Ejecutivo del Estado
constituirá el fideicomiso Fondo General de Reparaciones a las Víctimas u
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Ofendido, de conformidad con la Ley de las Entidades Paraestatales del Estado de
Baja California y demás disposiciones que resulten aplicables.
Dado en el Salón de Sesiones ―Lic. Benito Juárez García‖ del Honorable Congreso
del Estado, en la Ciudad de Mexicali, Baja California, a los 05 días del mes de Julio
del año dos mil doce. Muchas gracias.
- EL C. PRESIDENTE: Así se hará señor Diputado, y se turna a la Comisión de
Justicia. Continuamos, tiene la palabra la Diputada Arcelia Galarza Villarino, para
dar lectura a la Iniciativa presentada por el Grupo Parlamentario del Partido Nueva
Alianza, con proyecto de Decreto que reforma los artículos 1255 fracción V y 1522
del Código Civil para el Estado de Baja California, en materia de concubinato.
Tenemos quórum, si adelante.
- LA C. DIP. GALARZA VILLARINO: No deje salir a nadie. Diputado Alfonso Garzón
Zatarain, Presidente de la Mesa Directiva del Congreso del Estado de Baja
California. Compañeras Diputadas y compañeros Diputados. LOS SUSCRITOS
ARCELIA GALARZA VILLARINO Y GREGORIO CARRANZA HERNÁNDEZ DIPUTADOS
INTEGRANTES DE LA FRACCIÓN PARLAMENTARIA DEL PARTIDO NUEVA ALIANZA
DE LA XX LEGISLATURA DEL CONGRESO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, CON
FUNDAMENTO EN LOS ARTÍCULOS 14, 27, FRACCIÓN I, 28 FRACCIÓN I DE LA
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO, ASÍ COMO LOS ARTÍCULOS 88 PÁRRAFO
SEGUNDO, 110, FRACCIÓN III, 112, 115 FRACCIÓN I Y 117 DE LA LEY ORGÁNICA
DEL PODER LEGISLATIVO, SOMETEMOS A CONSIDERACIÓN DEL PLENO,
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LOS
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ARTÍCULOS 1255 FRACCION V Y 1522 DEL CODIGO CIVIL PARA EL ESTADO DE
BAJA CALIFORNIA, EN MATERIA DE CONCUBINATO, LO ANTERIOR EN BASE A LA
SIGUIENTE:
Exposición de Motivos:
El matrimonio es una relación civil en que los cónyuges se unen con el propósito
de constituir una familia, de forma permanente, tanto así que para crearlo o
disolverlo se requiere seguir ciertas formas establecidas por el Derecho, y sólo
puede conseguirse si lo sanciona una autoridad competente.
Por otro lado, el Concubinato es la relación que se crea entre un hombre y una
mujer, por el hecho de vivir como marido y esposa durante un término
preestablecido por la ley, la que no puede dejar de reconocer que también de esta
forma se constituyen lazos familiares de afecto y ayuda mutua, sobre todo si se
procrean hijos; pero esta clase de vínculo sólo es reconocida por el Derecho,
mientras perdure la situación de hecho así creada.
En el año 2003 la Suprema Corte de Justicia de la Nación mediante una Tesis
Aislada definió al concubinato como una relación de facto que se crea entre un
hombre y una mujer por el hecho de vivir en pareja durante un término
preestablecido por la ley, y ambos pueden ponerle fin voluntariamente, sin que
pueda invocarse esa ruptura como fuente de daños y perjuicios.
De la misma manera, en el año 2005 la Corte estableció que el concubinato es la
unión sin matrimonio entre un hombre y una mujer que nace espontáneamente y
puede terminar, de igual modo, en cualquier momento; de tal manera que los
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derechos y obligaciones que nacen de dicha relación sólo subsisten mientras dicho
vínculo perdure.
Por tanto, los efectos que emanan del concubinato, tales como el derecho a
heredar o a recibir alimentos, sólo se producen si esa relación subsiste al momento
del deceso de uno de ellos, o al que se solicitan los alimentos.
Cabe mencionar, que el tema del concubinato no se ha actualizado en Baja
California desde que en el año de 1975 cuando así lo hizo la Honorable VIII
Legislatura, siendo Gobernador Constitucional, el C. Lic. Milton Castellanos
Everardo.
El Censo de Población y Vivienda 2010 muestra que en Baja California, 37.7 por
ciento de la población de 15 años y más está casada y 20.8 por ciento vive en
unión libre, en conjunto, seis de cada diez personas se encuentran unidas.
El mismo Censo arrojó que entre 2000 y 2009 el monto de matrimonios en Baja
California se redujo 5.6 por ciento y el de los divorcios aumentó 69.5 por ciento.
Estamos pues ante un fenómeno social que hay que analizar y sobre el cual deben
emprenderse acciones legislativas que respondan a estos cambios en las relaciones
de parejas que mantienen los ciudadanos en Baja California.
El considerable porcentaje de personas que se encuentran en unión libre, nos da
una idea de que existe una cantidad enorme de parejas que encuentran en la
figura jurídica del concubinato una protección y preservación de sus derechos y
libertades, particularmente, la mujer que opta por la unión libre vería fortalecidos y
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ampliados sus derechos en materia testamentaria lo cual es el objetivo principal de
esta reforma que hoy ponemos a la consideración de este Pleno.
En el Artículo 1255 de nuestro Código Civil se señala que el testador debe dejar
alimentos a los descendientes que sean personas menores de dieciocho años de
edad respecto de los cuales estaba obligado a proporcionar alimentos al momento
de la muerte; a los descendientes que estén imposibilitados de trabajar, cualquiera
que sea su edad, cuando exista la obligación, al cónyuge supérstite o sobreviviente
cuando esté impedido de trabajar y no tenga bienes suficientes, en tanto no
contraiga matrimonio y viva honestamente, salvo disposición expresa en contrario,
del testador; a los ascendientes; a la persona con quien el testador vivió como si
fuera su cónyuge durante los 5 años que precedieron inmediatamente a su muerte
o con quien tuvo hijos, siempre que ambos hayan permanecido libres de
matrimonio durante el concubinato y que el superviviente esté impedido de
trabajar y no tenga bienes suficientes.
Este Artículo reitera que este derecho sólo subsistirá mientras la persona de que se
trate no contraiga nupcias y observe buena conducta. Si fueren varias las personas
con quien el testador vivió como si fuera su cónyuge, ninguna de ellas, tendrá
derecho a alimentos;
Por último se señalan a los hermanos y demás parientes, colaterales dentro del
cuarto grado, si son personas menores de dieciocho años de edad o personas que
no tengan la capacidad para comprender el significado del hecho, si no tienen
bienes para subvenir a sus necesidades.
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H. Vigésima Legislatura Secretaría de Servicios Parlamentarios
Por su parte, el numeral 1522 de nuestro Código establece que la persona con
quien el autor de la herencia vivió como si fuera su cónyuge durante los cinco años
que precedieron inmediatamente a su muerte o con la que tuvo hijos, siempre que
ambos hayan permanecido libres de matrimonio durante el concubinato, tiene
derecho a heredar.
Los diputados de Nueva Alianza como legisladores, estamos conscientes de que es
nuestra responsabilidad el asegurar en la Ley el pleno ejercicio de los derechos de
las mujeres y hombres y asegurarles que puedan desenvolverse en cualquier
ámbito de manera segura. Como partido liberal, Nueva Alianza legisla en favor de
la sociedad y sobre todo identificando los deseos y aspiraciones que en la realidad
vienen surgiendo como fuentes reales del Derecho, por eso consideramos que se
deben actualizar y ampliar los derechos que emanan del concubinato y una de las
medidas iniciales, para tal efecto, es reducir el plazo para que se pueda actualizar
la figura del concubinato en materia sucesoria de cinco a tres años.
Debido al extenso de la presente y en apego al Acuerdo relativo al reloj
parlamentario, solicitamos atentamente a esta Honorable Asamblea, se incorpore
integro el texto de la presente Iniciativa con proyecto de Decreto en la gaceta
parlamentaria y en el diario de los debates.
Para mejor ilustración de nuestra pretensión legislativa presentamos a
continuación el siguiente cuadro comparativo:
Dice Diría
ARTICULO 1255.- El testador
debe dejar alimentos a las
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ARTICULO 1255.- El testador
debe dejar alimentos a las

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personas que se mencionan en
las fracciones siguientes:
I.- …
…
V.- A la persona con quien el
testador vivió como si fuera su
cónyuge durante los 5 años que
precedieron inmediatamente a su
muerte o con quien tuvo hijos,
siempre que ambos hayan
permanecido libres de matrimonio
durante el concubinato y que el
superviviente esté impedido de
trabajar y no tenga bienes
suficientes. Este derecho sólo
subsistirá mientras la persona de
que se trate no contraiga nupcias
y observe buena conducta. Si
fueren varias las personas con
quien el testador vivió como si
fuera su cónyuge, ninguna de
ellas, tendrá derecho a alimentos;
ARTICULO 1522.- La persona
con quien el autor de la herencia
vivió como si fuera su cónyuge
durante los cinco años que
precedieron inmediatamente a su
muerte o con la que tuvo hijos,
siempre que ambos hayan
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personas que se mencionan en
las fracciones siguientes:
I.- …
…
V.- A la persona con quien el
testador vivió como si fuera su
cónyuge durante los 3 años que
precedieron inmediatamente a su
muerte o con quien tuvo hijos,
siempre que ambos hayan
permanecido libres de matrimonio
durante el concubinato y que el
superviviente esté impedido de
trabajar y no tenga bienes
suficientes. Este derecho sólo
subsistirá mientras la persona de
que se trate no contraiga nupcias
y observe buena conducta. Si
fueren varias las personas con
quien el testador vivió como si
fuera su cónyuge, ninguna de
ellas, tendrá derecho a alimentos;
ARTICULO 1522.- La persona
con quien el autor de la herencia
vivió como si fuera su cónyuge
durante los tres años que
precedieron inmediatamente a su
muerte o con la que tuvo hijos,
siempre que ambos hayan

H. Vigésima Legislatura Secretaría de Servicios Parlamentarios
permanecido libres de matrimonio
durante el concubinato, tiene
derecho a heredar conforma a las
reglas siguientes:
…
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permanecido libres de matrimonio
durante el concubinato, tiene
derecho a heredar conforma a las
reglas siguientes:
Por lo antes fundado y motivado, ponemos a consideración del Pleno de este H.
Legislatura la presente Iniciativa de Reforma, bajo el siguiente:
RESOLUTIVO:
ÚNICO: SE REFORMAN LOS ARTÍCULO 1255 FRACCION V Y 1522 DEL CODIGO
CIVIL PARA EL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, PARA QUEDAR COMO SIGUE:
ARTICULO 1255.- El testador debe dejar alimentos a las personas que se
mencionan en las fracciones siguientes:
I.- …
…
V.- A la persona con quien el testador vivió como si fuera su cónyuge durante los 3
años que precedieron inmediatamente a su muerte o con quien tuvo hijos, siempre
que ambos hayan permanecido libres de matrimonio durante el concubinato y que
el superviviente esté impedido de trabajar y no tenga bienes suficientes. Este
derecho sólo subsistirá mientras la persona de que se trate no contraiga nupcias y
observe buena conducta. Si fueren varias las personas con quien el testador vivió
como si fuera su cónyuge, ninguna de ellas, tendrá derecho a alimentos;
…

H. Vigésima Legislatura Secretaría de Servicios Parlamentarios
ARTICULO 1522.- La persona con quien el autor de la herencia vivió como si fuera
su cónyuge durante los tres años que precedieron inmediatamente a su muerte o
con la que tuvo hijos, siempre que ambos hayan permanecido libres de matrimonio
durante el concubinato, tiene derecho a heredar conforma a las reglas siguientes:
…
Artículos Transitorios
PRIMERO: Las presentes Reformas entrarán en vigor al día siguiente al de su
publicación en el Periódico Oficial del Estado. Por su atención muchas gracias.
Dado en la Salón de Sesiones ―Benito Juárez García‖ del Edificio del H. Poder
Legislativo, a los 5 días del mes de julio de 2012. Atentamente por la Fracción
Parlamentaria del Partido Nueva Alianza. Diputado Gregorio Carranza Hernández.
Diputada Arcelia Galarza Villarino. Es cuanto señor Presidente.
- EL C. PRESIDENTE: Muchas gracias Diputada, se turna a la Comisión de
Gobernación, Legislación y Puntos Constitucionales. Continuamos con el apartado
de Iniciativas; viene a continuación con la palabra la Diputada María del Rosario
Rodríguez Rubio, para dar lectura a Iniciativa presentada por el Grupo
Parlamentario del Partido Acción Nacional, con proyecto de Decreto que reforma la
Ley de Educación del Estado de Baja California, a efecto de que los programas
educativos fomenten y promuevan la educación no violenta hacia los niños y niñas,
adelante Diputada.
- LA C. DIP. RODRÍGUEZ RUBIO: Gracias Diputado Presidente, muy buenos días a
todos. Honorable Asamblea. Diputados y Diputadas. Diputado Alfonso Garzón
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Zatarain. Presidente del Congreso del Estado de Baja California. La suscrita y
servidora DIPUTADA MARÍA DEL ROSARIO RODRÍGUEZ RUBIO, de conformidad
con los artículos 27 y 28 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de
Baja California, así como de los artículos 110, 112, 115, 116, 117 y demás relativos
de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado, someto a la consideración de
esta Honorable Asamblea, la INICIATIVA DE REFORMAS A LA LEY DE EDUCACION
DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, en razón de la siguiente,
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS:
La Convención Sobre los Derechos del Niño obliga a los estados parte a adecuar
sus marcos jurídicos en beneficio del interés superior de los niños, para tales
efectos, las normas legales deben garantizar en entorno sano que brinde al menor
una niñez sin pobreza, ni desigualdad, con acceso a educación y sistemas de
justicia basados en el respeto por los derechos fundamentales.
De igual modo, la adecuación de las normas jurídicas deberá verse complementada
por el actuar social, concientizado de la importancia de aplicar los mismos
principios en la convivencia familiar, así como en la educación a cargo de las
instituciones públicas y privadas, y en general, en todos los niveles y ámbitos de la
administración pública.
Es fundamental pues, que todos y cada uno de los actores sociales conozcan los
principios en los que se basa el marco jurídico internacional en materia de
protección y promoción de derechos de los niños, y logren implementar tales
principios en el actuar diario.
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En ese sentido, reviste especial importancia el que los modelos educativos
fomenten la cultura de la no violencia hacia los niños, de modo tal, que la
educación que reciban los menores, tanto en instituciones de educación básica,
como en el seno de sus propias familias, se base en el respeto absoluto de los
derechos humanos, y prohíba cualquier tipo de castigo corporal hacia los menores,
por mesurado o más aun, justificado, que ello pueda parecer.
El pretender que la educación de los menores puede incluir castigos corporales, no
solo constituye un hábito cultural que ha quedado fuera de contexto, sino que
significa para nuestra realidad social, una verdadera forma de violencia legalizada
que urge erradicar tanto en el aspecto jurídico como cultural.
En ese tenor, es menester que el marco jurídico en materia de educación prevea
que los programas y contenidos educativos precisen la obligación de capacitar
tanto a educadores, como a los propios padres de familia, respecto de la
importancia de evitar el castigo corporal, como método educativo; esto en la
intención de que sean precisamente los programas educativos el instrumento legal
que garantice la educación sin violencia, de manera tal, que con la educación
básica, los menores reciban esa formación en valores que deje en claro la
importancia de educar y ser educados sin violencia de ningún tipo.
Así pues, la presente propuesta pretende establecer en la ley de educación, la
obligación de educar a los menores, inculcando en ellos la cultura de la no
violencia, pero sobre todo, informándolos respecto de sus derechos
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H. Vigésima Legislatura Secretaría de Servicios Parlamentarios
fundamentales, y concientizándolos de ese modo, sobre la importancia de que
sean respetados sus derechos, especialmente por parte de sus padres y maestros.
De tal manera, se propone la reforma de la Ley de Educación para el Estado, para
establecer la obligación de que los contenidos y programas educativos incluyan
instrucción escolar y asesoramiento para educandos, educadores y padres de
familia, que fomente el principio de no violencia hacia los niños, lo cual nos
permitirá contar con una verdadera cultura de respeto y legalidad.
En virtud de las consideraciones anteriores, tengo a bien presentar para el análisis
y aprobación de este Honorable Poder Legislativo, la Iniciativa de Reformas a la
Ley de Educación del Estado de Baja California, en los términos que se describen a
continuación:
ARTICULO UNICO: Se reforman los artículos 5 y 15 de la Ley de Educación del
Estado de Baja California, para quedar como sigue:
―Articulo 5.- . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
I.- a IV.- . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
V.- Efectuará programas dirigidos a los Padres de Familia, que les permitan dar
mejor atención a sus hijos, y brindarles educación bajo el principio de no violencia
hacia los niños, de manera tal, que los programas incluyan asesoría y orientación
sobre los derechos de los niños a la protección, la promoción de la educación no
violenta y la solución no violenta de conflictos.
VI.- a la VIII.- . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Articulo 15.- . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
I.- a la XVIII.- . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
XIX.- Elaborar programas de enseñanza activa, encaminados a promover los
derechos de los niños y la educación no violenta, basada en modelos educativos
que prohíban el castigo corporal, así como a fomentar la cultura de la prevención
de delito y de concientizar de las influencias negativas que el delito provoca en la
sociedad;
XX.- a la XXVII.- . . . . . . . . . . . . . . . . .
ARTÍCULO TRANSITORIO
ÚNICO: Las presentes reformas entrarán en vigor al día siguiente de su publicación
en el Periódico Oficial del Estado de Baja California. FIRMAN: ―Por una patria
ordenada y generosa y una vida mejor y más digna para todos‖ Los Diputados
integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en el Congreso de
Baja California. Diputado Rubén Alanís Quintero. Diputado Gustavo Magallanes
Cortés. Diputado José Máximo García López. Diputado Ricardo Magaña Mosqueda.
Diputada Lizbeth Mata Lozano y la de la voz su servidora Diputada María del
Rosario Rodríguez Rubio. Es cuanto Diputado Presidente.
- EL C. PRESIDENTE: Muchas gracias Diputada, se turna a la Comisión de
Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología. Vamos a continuar con el desahogo de la
reunión, vamos al siguiente apartado y corresponde al tema de: ―Dictámenes‖, le
cedemos el uso de la voz al señor Diputado David Jorge Lozano Pérez, para dar
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lectura al Dictamen No. 8 de la Comisión de Desarrollo Metropolitano,
Conurbación, Infraestructura, Comunicaciones y Transportes. Muy bien vamos a
dejarlo para más adelantito, vamos a darle el uso de la voz al señor Diputado Juan
Bautista Montejano de la Torre para dar lectura al Dictamen No. 72 de la Comisión
de Gobernación, Legislación y Puntos Constitucionales.
- EL C. DIP. MONTEJANO DE LA TORRE: Gracias Diputado Presidente, buenos días
a todos. COMISIÓN DE GOBERNACIÓN, LEGISLACIÓN Y PUNTOS
CONSTITUCIONALES. DICTÁMEN No. 72. HONORABLE ASAMBLEA: La Comisión de
Gobernación, Legislación y Puntos Constitucionales, recibió para su estudio,
análisis y dictaminación INICIATIVA DE REFORMA QUE MODIFICA LOS
ARTÍCULOS 2191 Y 2194 DEL CÓDIGO CIVIL PARA EL ESTADO DE BAJA
CALIFORNIA, presentada ante esta Soberanía de la XX Legislatura Constitucional
del Honorable Congreso del Estado de Baja California, por los C. Diputados MARCO
ANTONIO VIZCARRA CALDERON, integrante del Partido Estatal de Baja California,
JULIO FELIPE GARCIA MUÑOZ, VIRGINIA NORIEGA RIOS, JUAN VARGAS
RODRIGUEZ, FAUSTO ZARATE ZEPEDA, LAURENCIO DADO ALATORRE, ALFONSO
GARZON ZATARAIN, JUAN BAUTISTA MONTEJANO DE LA TORRE, ELI TOPETE
ROBLES, DAVID JORGE LOZANO PEREZ, CARLOS MURGUIA MEJIA, ELISA ROSANA
SOTO AGÜERO, NANCY GUADALUPE SANCHEZ ARREDONDO Y GREGORIO
BARRETO LUNA, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario
Institucional, con fecha 31 de enero de 2012.
Con fundamento en los Artículos 27 fracción I, 28 y 29 de la Constitución
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Política del Estado Libre y Soberano de Baja California, ésta Comisión en uso de las
facultades que le conceden en su ejercicio los artículos 55, 56, 57, 62, 63, 70, 72,
73, 74, 77 TER, 110 fracción I, 115, fracción I, 116, 117, 118, 120, 122, 123, 124
y demás relativos de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Baja
California realiza el presente dictamen con base en los siguientes:
ANTECEDENTES:
I. Con fecha de 31 de enero del 2012, los C. Diputados MARCO ANTONIO
VIZCARRA CALDERON, integrante del Partido Estatal de Baja California,
JULIO FELIPE GARCIA MUÑOZ, VIRGINIA NORIEGA RIOS, JUAN VARGAS
RODRIGUEZ, FAUSTO ZARATE ZEPEDA, LAURENCIO DADO ALATORRE,
ALFONSO GARZON ZATARAIN, JUAN BAUTISTA MONTEJANO DE LA
TORRE, ELI TOPETE ROBLES, DAVID JORGE LOZANO PEREZ, CARLOS
MURGUIA MEJIA, ELISA ROSANA SOTO AGÜERO, NANCY GUADALUPE
SANCHEZ ARREDONDO Y GREGORIO BARRETO LUNA, integrantes del
Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentaron
ante el Pleno de la XX Legislatura Constitucional del Honorable Congreso
del Estado de Baja California, INICIATIVA DE REFORMA QUE MODIFICA
LOS ARTÍCULOS 2191 Y 2194 DEL CÓDIGO CIVIL PARA EL ESTADO DE
BAJA CALIFORNIA.
II. Recibida que fue la iniciativa en comento, la Presidencia de la Mesa
Directiva, de éste Poder Legislativo del Estado, de acuerdo a la facultad
conferida en el artículo 29 fracción I, de la Constitución Política del Estado
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Libre y Soberano de Baja California y artículo 50 fracción II inciso f), de la
Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Baja California; con fecha
31 de enero del año 2012, la turnó a esta Comisión de Gobernación,
Legislación y Puntos Constitucionales.
III. Conforme a lo establecido por el artículo 77 ter, párrafo cuarto de la Ley
Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Baja California, mediante oficio
número SSP-CES/467/2012 de fecha 09 de febrero de 2012, la Secretaría
de Servicios Parlamentarios remitió a la Dirección General de Consultoría
Legislativa la iniciativa para su estudio y análisis.
IV. Una vez recibida la iniciativa correspondiente, analizada que fue en todos y
cada uno de sus términos, la Comisión que suscribe en cumplimiento con lo
previsto en la fracción II, del artículo 62 de la Ley Orgánica del Poder
Legislativo del Estado de Baja California, elabora el presente Dictamen, bajo
los términos siguientes:
ANÁLISIS Y ESTUDIO DE LA INICIATIVA
A la iniciativa que se presenta a la Comisión de Gobernación, Legislación y Puntos
Constitucionales, se estima pertinente realizar un estudio preliminar de todos los
aspectos generales y particulares de la manera que a continuación se enuncian:
I).-ASPECTOS GENERALES
A.- DE LA EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Exponen los autores que:
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―Como depositarios de un compromiso gratamente asumido por esta XX
Legislatura del Congreso del Estado, nos concierne velar por el interés y
patrimonio de cada uno de los bajacalifornianos; la creación de nuevas
expectativas, así como de mejores oportunidades de desarrollo y progreso
social.
Así, como sabemos, todo ser humano como parte de su pleno y correcto
crecimiento requiere forzosamente de un espacio o área en la cual habitar, lo
anterior, se satisface a través de una vivienda digna y decorosa que le
proporcione seguridad y tranquilidad familiar.
Actualmente nuestro Código Civil para la Entidad, establece la viabilidad de
llevar a cabo la enajenación de bienes inmuebles, siempre y cuando su valor
convencional no exceda de 7,000 salarios mínimos general vigente en el
Estado, equivalente a $ 436,310 M.N. (Cuatrocientos Treinta y Seis Mil
Trescientos Diez Pesos 00/100 Moneda Nacional), mediante documento
privado firmado por los contratantes ante dos testigos, cuyas firmas se
ratifiquen ante el Notario, Juez de Paz, Registro Público de la Propiedad o
Catastro Municipio.
Como dato importante, cabe precisar que la Asociación Mexicana de las
Agencias de Investigación de Mercado y Opinión Pública A.C. (AMAI) agrupa
a los consumidores mexicanos en seis grupos de ingresos, en donde los
segmentos social, económico y medio de dicha clasificación son los que
abarcan la mayor parte del mercado. Por lo que respecta a la vivienda
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media, se compone de casas con un valor aproximado de $ 412,000 M.N.
(Cuatrocientos Doce Mil Pesos 00/100 Moneda Nacional) a $1, 030,000 M.N.
(Un Millón Treinta Mil 00/100 Moneda Nacional).
Así, y a manera de ejemplo, nos permitimos informar, entre otros, algunas
opciones de créditos que otorga el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda
para los Trabajadores (Infonavit), para la adquisición de una vivienda:
I. Infonavit Total: el crédito es de hasta $ 663,191.20 M.N. (Seiscientos Sesenta
y Tres Mil Ciento Noventa y Un Pesos 20/100 Moneda Nacional).
II. Infonavit Total AG (Anualidades Garantizadas): el crédito es de hasta $1,
326,382.40 M.N. (Un Millón Trescientos Veintiséis Mil Trescientos Ochenta y
Dos Pesos 40/100 M.N.).
En este sentido y según se desprende de lo anterior, es evidente que los
montos establecidos por nuestro citado Código sustantivo, se encuentran
desfasados a la realidad en materia inmobiliaria de nuestro Estado, ya que
como advierte la referida Asociación Mexicana, entre las viviendas con mayor
demanda poblacional, se encuentran las del segmento medio; asimismo,
INFONAVIT, prevé el otorgamiento de créditos para la adquisición de
viviendas por montos mediante los cuales verdaderamente los
derechohabientes puedan adquirir un patrimonio para su familia; por lo que,
necesariamente se deben armonizar dichos valores a las condiciones
económicas presentes en relación al costo de los predios actuales en el
Estado.
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En otro orden de ideas, ciertamente coincidimos que, todo acto jurídico
traslativo de dominio otorgado bajo escritura pública, pasada ante la fe
pública de un Notario, sin duda proporciona seguridad jurídica respecto del
derecho real de propiedad para el adquiriente, y adicionalmente garantiza el
correcto cálculo y recaudación de los impuestos correspondientes por dicha
operación, para la autoridad facultada para tal efecto.
No obstante lo anterior, de conformidad con el artículo 75 BIS B, fracción IX,
de la Ley de Hacienda Municipal del Estado de Baja California, establece que
los Notarios, Jueces, funcionarios del Registro Público de la Propiedad y de
Comercio, las autoridades fiscales municipales y toda persona que se
encuentre investida de fé pública, no podrán autorizar actos o contratos de
adquisición de propiedad de inmuebles o de derechos reales o posesorios, ni
harán inscripciones o anotación alguna de escrituras, actos o contratos sin
que el solicitante compruebe, entre otros aspectos, que se haya pagado los
impuesto respectivos y que esté al corriente en el pago de todas las
obligaciones fiscales, a que se encuentre sujeto el inmueble objeto de la
operación.
En este sentido, y si bien es cierto que indudablemente una escritura pública
reviste formalidad de cualquier acto de manifestación de voluntad, también lo
es que dicha particularidad también se alcanza en los términos que se
propone, toda vez que no obstante a la preocupación comprendida por la
posibilidad de producirse duplicidad de propietarios; tal circunstancia, es
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analizada, verificada y convalidada en el momento que se lleve a cabo la
ratificación de firmas del contrato que corresponda, que en atención a lo
dispuesto por el mismo artículo 2191 del aludido Código Civil, ésta se debe de
efectuar.
En otras palabras, la propia autoridad ante quien se vaya a realizar el acto de
ratificación de firmas de cualquier contrato privado que prevea una traslación
de dominio, exige entre otros requisitos tanto el certificado de libertad de
gravámenes, como el pago de los impuestos respectivos.
En tal circunstancia, evidentemente nuestra actual legislación representa una
afectación directa hacia el patrimonio de las personas que pretenden
regularizar sus lotes, casas e incluso aquellas que adquirieron un bien
inmueble, ya que dicha tramitología naturalmente se puede realizar sin la
obligación de contratar los servicios de una Notaría Pública, por razón de la
cuantía del predio; lo cual se traduce en el pago de honorarios para el
fedatario, adicionales al costo de las gestiones respectivas.
De tal suerte, que al implementar la presente reforma adicionalmente, se
apoyaría a diversos sectores de trabajadores, entre ellos, abogados, gestores
inmobiliarios o agentes de bienes raíces, quienes realizan en forma habitual
este tipo de operaciones destinadas a la regularización de predios.
Por otra parte, lamentablemente, pese a existir un considerable número de
predios irregulares, se ha dejado de lado el impulso tendiente a la
erradicación de terrenos en dicha situación; lo anterior, a través de
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mecanismos que faciliten y más aún alienten a la ciudadanía para la
obtención de los documentos idóneos que permitan acreditar legítimamente
su propiedad.
En efecto, la existencia de predios irregulares, innegablemente ocasionan
conflictos entre particulares por el derecho de propiedad, la tramitación de
juicios civiles, dificultad para transmitir propiedades por no contar con la
documentación apropiada, por mencionar algunos.
En suma y en atención a lo expuesto, se considera conveniente modificar el
artículo 2191 del propio Código Civil de Baja California, con el objeto de
incrementar el monto a 13, 000 veces el salario mínimo general vigente en el
Estado, por el cual se puedan llevar a cabo la enajenación de bienes
inmuebles, mediante un Contrato Privado, observando los requisitos
correspondientes, en virtud de que el monto de $ 810,290 M.N. (Ochocientos
Diez Mil Doscientos Noventa Pesos 00/100 Moneda Nacional) representa el
precio más aproximado al del valor de una vivienda en el Estado de Baja
California.
En congruencia con el espíritu de la reforma que se intenta, se propone
homologar a ésta, el segundo párrafo del mismo precepto y ordenamiento
invocado, a efecto de salvaguardar la posibilidad de que los contratos de
compraventa de bienes inmuebles para constitución de patrimonio familiar o
para personas de escasos recursos económicos con un valor del inmueble
determinado, se puedan otorgar en documento privado, sin los requisitos de
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testigos y ratificación de firmas. Asimismo, y por congruencia normativa se
modifica el numeral 2194 del aludido Código.‖
B.- INTENCIÓN DE LA INICIATIVA
De acuerdo a la exposición de motivos de la iniciativa de reforma en estudio, se
desprende que los Legisladores inicialistas pretenden armonizar los valores
establecidos dentro del Código Civil en relación a la enajenación de bienes
inmuebles, con las realidades sociales y económicas que se actualizan en nuestro
Estado, esto es; incrementar de 7,000 a 13,000 veces el salario mínimo general
vigente, con el propósito que la traslación de dominio de los bienes inmuebles que
se enajenen y que sean inferiores a dicha cantidad puede realizarse mediante
contrato privado.
Además de lo anterior, también se propone elevar de 7,000 a 13,000 veces
el salario mínimo general vigente, de los contratos de compra venta de bienes
inmuebles que el gobierno Federal, Estatal y Municipal celebren con sus
trabajadores o con personas de escasos recursos económicos, para la constitución
del patrimonio familiar sin los requisitos de ratificación de firmas y testigos.
En razón de lo antes señalado, se transcribe de manera íntegra la propuesta
de los Inicialistas:
INICIATIVA DE REFORMA QUE MODIFICA LOS ARTÍCULOS 2191 Y
2194 DEL CÓDIGO CIVIL PARA EL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
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―ARTÍCULO ÚNICO.- Se modifican los artículos 2191 y 2194 del
Código Civil Para el Estado de Baja California, para quedar como
siguen:
Artículo 2191.- La enajenación de bienes inmuebles cuyo valor
convencional no sea mayor de la cantidad que resulte de multiplicar
por 13,000 el importe del salario mínimo diario vigente en el Estado
de Baja California y la constitución o transmisión de derechos reales
estimados hasta la misma cantidad o que garanticen un crédito no
mayor de dicha suma, podrán otorgarse en documento privado
firmado por los contratantes ante dos testigos cuyas firmas se
ratifiquen ante Notario, Juez de Paz, Registro Público de la Propiedad
o Catastro Municipal.
Los contratos por los que el Gobierno Federal, del Estado,
Municipios y Organismos Descentralizados enajenen terrenos o casas
para la constitución del patrimonio familiar, para los trabajadores al
servicio del Estado o para personas de escasos recursos económicos
hasta por el valor de 13,000 salarios mínimos general vigente en el
Estado de Baja California, podrán otorgarse en documento privado
sin los requisitos de testigos y ratificación de firmas.
Artículo 2194.- Si el valor del inmueble excede de 13,000 salarios
mínimos general vigente en el Estado de Baja California, su venta se
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hará en escritura pública, salvo, lo dispuesto por los Artículos 2121 y
2191, segundo párrafo, de este ordenamiento.
ARTÍCULOS TRANSITORIOS
ARTÍCULO ÚNICO.- Las presentes reformas entrarán a partir del día
siguiente de su publicación.‖
II.-) ASPECTOS PARTICULARES
A.- ANÁLISIS JURÍDICO COMPARATIVO
Con el propósito de establecer de una manera concisa el análisis de la iniciativa,
se transcribe a continuación cuadro comparativo del Código de Civil Vigente y la
pretensión de los inicialistas.
CÓDIGO CIVIL PARA EL ESTADO DE
BAJA CALIFORNIA VIGENTE
ARTÍCULO 2191.- La enajenación de
bienes inmuebles cuyo valor
convencional no sea mayor de la
cantidad que resulte de multiplicar
por 7,000 el importe del salario
mínimo diario vigente en el Estado
de Baja California y la constitución o
transmisión de derechos reales
estimados hasta la misma cantidad o
que garanticen un crédito no mayor
de dicha suma, podrán otorgarse en
documento privado firmado por los
contratantes ante dos testigos cuyas
firmas se ratifiquen ante Notario,
Juez de Paz, Registro Público de la
Propiedad o Catastro Municipal.
Los contratos por los que el Gobierno
Federal, del Estado, Municipios y
Organismos Descentralizados
enajenen terrenos o casas para la
PROPUESTA DE LOS INICIALISTAS
Artículo 2191.- La enajenación de
bienes inmuebles cuyo valor
convencional no sea mayor de la
cantidad que resulte de multiplicar
por 13,000 el importe del salario
mínimo diario vigente en el Estado
de Baja California y la constitución
o transmisión de derechos reales
estimados hasta la misma cantidad
o que garanticen un crédito no
mayor de dicha suma, podrán
otorgarse en documento privado
firmado por los contratantes ante
dos testigos cuyas firmas se
ratifiquen ante Notario, Juez de
Paz, Registro Público de la
Propiedad o Catastro Municipal.
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constitución del patrimonio familiar,
para los trabajadores al servicio del
Estado o para personas de escasos
recursos económicos hasta por el
valor de 10,000 salarios mínimos
general vigente en el Estado de Baja
California, podrán otorgarse en
documento privado sin los requisitos
de testigos y ratificación de firmas.
ARTÍCULO 2194.- Si el valor del
inmueble excede de 7,000 salarios
mínimos general vigente en el
Estado de Baja California, su venta
se hará en escritura pública, salvo,
lo dispuesto por los Artículos 2121 y
2191, segundo párrafo, de este
ordenamiento.
ARTÍCULOS TRANSITORIOS
Los contratos por los que el
Gobierno Federal, del Estado,
Municipios y Organismos
Descentralizados enajenen
terrenos o casas para la
constitución del patrimonio
familiar, para los trabajadores al
servicio del Estado o para personas
de escasos recursos económicos
hasta por el valor de 13,000
salarios mínimos general vigente
en el Estado de Baja California,
podrán otorgarse en documento
privado sin los requisitos de
testigos y ratificación de firmas.
Artículo 2194.- Si el valor del
inmueble excede de 13,000
salarios mínimos general vigente
en el Estado de Baja California, su
venta se hará en escritura pública,
salvo, lo dispuesto por los Artículos
2121 y 2191, segundo párrafo, de
este ordenamiento
ARTÍCULO ÚNICO.- Las presentes reformas entrarán a partir del día
siguiente de su publicación
B.- MARCO JURÍDICO
Para efecto de determinar la procedencia de la iniciativa objeto del presente
dictamen, se estudiará y analizará los ordenamientos legales aplicables al caso,
mismos que se transcriben para su mayor comprensión:
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Artículo 27. ….
…
…
…
…
…
…
…
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
La capacidad para adquirir el dominio de las tierras y aguas de la Nación, se regirá
por las siguientes prescripciones:
I. Sólo los mexicanos por nacimiento o por naturalización y las sociedades
mexicanas tienen derecho para adquirir el dominio de las tierras, aguas y sus
accesiones…
…
II a la XVI.-…
XVII.…
…
Las leyes locales organizarán el patrimonio de familia, determinando los bienes que
deben constituirlo, sobre la base de que será inalienable y no estará sujeto a
embargo ni a gravamen ninguno;
XVIII a la XX.-…
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ARTÍCULO 124. Las facultades que no están expresamente concedidas por esta
Constitución a los funcionarios federales, se entienden reservadas a los Estados.
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE BAJA
CALIFORNIA
ARTÍCULO 4.- El Estado es Libre y Soberano en todo lo concerniente a su régimen
interior, sin más limitaciones que las que establece la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos.
CÓDIGO CIVIL PARA EL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA.
ARTÍCULO 715.- Son objeto del patrimonio de la familia:
I.- La casa habitación de la familia;
II a la VIII.- …
ARTÍCULO 722.- El valor máximo de los bienes afectados al patrimonio de la
familia conforme al Artículo 715, será la cantidad que resulte de multiplicar por
25,000 el importe del salario mínimo general diario vigente en el Estado de Baja
California, en la época en que se constituya el patrimonio.
ARTÍCULO 742.- Son bienes inmuebles:
I.- El suelo y las construcciones adheridas a él;
II.- Las plantas y árboles, mientras estuvieren unidos a la tierra, y los frutos
pendientes de los mismos árboles y las plantas mientras no sean separados de
ellos por cosechas o cortes regulares;
III.- Todo lo que esté unido a un inmueble de una manera fija, de modo que no
pueda separarse sin deterioro del mismo inmueble o del objeto a él adherido;
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IV.- Las estatuas, relieves, pinturas u otros objetos de ornamentación, colocados
en edificios o heredades por el dueño del inmueble, en tal forma que revele el
propósito de unirlos de un modo permanente al fundo;
V.- Los palomares, colmenas, estanques de peces o criaderos análogos, cuando el
propietario los conserve con el propósito de mantenerlos unidos a la finca y
formando parte de ella de un modo permanente;
VI.- Las máquinas, vasos, instrumentos o utensilios destinados por el propietario
de la finca directa y exclusivamente a la industria o explotación de la misma;
VII.- Los abonos destinados al cultivo de una heredad, que estén en las tierras
donde hayan de utilizarse, y las semillas necesarias para el cultivo de la finca;
VIII.- Los aparatos eléctricos y accesorios adheridos al suelo o a los edificios por el
dueño de éstos, salvo convenio en contrario;
IX.- Los manantiales, estanques, aljibes y corrientes de agua, así como los
acueductos y las cañerías de cualquiera especie que sirvan para conducir los
líquidos o gases a una finca, o para extraerlos de ella;
X.- Los animales que formen el pie de cría en los predios rústicos destinados total
o parcialmente al ramo de ganadería; así como las bestias de trabajo
indispensables para el cultivo de la finca, mientras están destinadas a ese objeto;
XI.- Los diques y construcciones que, aun cuando sean flotantes, estén destinados
por su objeto y condiciones a permanecer en un punto fijo de un río, lago o costa;
XII.- Los derechos reales sobre inmuebles;
XIII.- El material rodante de los ferrocarriles, las líneas telefónicas y telegráficas y
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las estaciones radiotelegráficas fijas.
ARTÍCULO 2121.- Si el prominente rehúsa firmar los documentos necesarios para
dar forma legal al contrato concertado, en su rebeldía los firmará el Juez; salvo el
caso de que la cosa ofrecida haya pasado por título oneroso a la propiedad de
tercero de buena fe, pues entonces la promesa quedará sin efecto, siendo
responsable el que la hizo de todos los daños y perjuicios que se hayan originado a
la otra parte.
ARTÍCULO 2190.- El contrato de compraventa no requiere para su validez
formalidad alguna especial, sino cuando recae sobre un inmueble.
LEY DEL REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD Y DE COMERCIO PARA EL
ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
ARTÍCULO 14.- Serán objeto de inscripción:
I.- Los títulos por los cuales se adquiera, transmita, modifique, grave o extinga el
dominio, la propiedad y copropiedad, la posesión o los demás derechos reales
sobre inmuebles;
II.- La constitución del patrimonio familiar;
III a la XXXI.-…
…
LEY DEL NOTARIADO PARA EL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
ARTÍCULO 145.- Las enajenaciones de bienes inmuebles, la constitución o
trasmisión de derechos reales, así como la garantía de un crédito cuyo valor
convencional o catastral exceda la cantidad que establece el artículo 2191 del
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Código Civil vigente en el Estado de Baja California, para su validez deberán
constar en escritura ante notario.
C.-ANÁLISIS PARTICULAR DE LA INICIATIVA.
La propuesta que se analiza, tiene como pretensión la reforma de dos preceptos
del Código Civil para el Estado que regulan lo relativo a la enajenación de los
bienes inmuebles, que sean otorgados mediante contrato privado.
Ahora bien, la Doctrina define como contrato al ―acuerdo de voluntades
para crear o transmitir derechos y obligaciones, siendo éste una especie dentro del
género de los convenios‖. El fin que persigue el contrato es la creación de
derechos reales o personales, o bien, los trasmite.
Respecto del contrato de compra-venta, expone Rafael Rojina Villegas,
autor del texto ―Compendio de Derecho Civil‖, que constituye el medio primordial
de adquirir la propiedad dentro de los contratos traslativos de dominio. El Código
Civil de nuestro Estado, dentro de su numeral 2122, que de manera textual
enuncia:
―ARTÍCULO 2122.- Habrá compraventa cuando uno de los contratantes se
obliga a transferir la propiedad de una cosa o de un derecho, y el otro a su
vez se obliga a pagar por ellos un precio cierto y en dinero.‖
Así que éste contrato se perfecciona por el consentimiento de las partes
respecto del precio y de la cosa, y desde ese entonces obliga a los contratantes
aunque la cosa no haya sido entregada ni el precio satisfecho. De tal manera que
la traslación de la propiedad se verifica entre los contratantes, por el mero efecto
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del contrato.
Entre las formalidades que debe contener el contrato de compra-venta
relacionado con inmuebles, lo es que debe efectuarse por escrito, ya sea mediante
escritura pública o documento privado, según sea el precio pactado. De los
elementos esenciales de la compra-venta se encuentra el consentimiento, el
objeto, la posibilidad física de la cosa y de los elementos de validez que lo rigen
debemos observar la capacidad jurídica de los que intervienen.
En virtud de la trascendencia social del tema abordado en el presente
estudio, se ha considerado necesario hacer referencia a las reformas anteriores de
los artículos 2191 y 2194, para lo cual citaremos de manera textual algunos
párrafos del dictamen 217 de la Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales
de la H. XIX Legislatura del Congreso del Estado.
En fecha 7 de noviembre de 2008, fue presentada la iniciativa de reforma a
diversos artículos del Código Civil para el Estado de Baja California, entre ellos el
artículo 2191. Los Diputados Gina Andrea Cruz Blackledge y Oscar Román
Martínez, pertenecientes a la XIX Legislatura fueron los inicialistas, exponían la
necesidad de reformar el ya citado numeral por los siguientes motivos:
―En lo referente al contrato de compraventa, ha sido necesario para esta
legislatura revisar los alcances legales de este tipo de contrato, sobre todo en lo
referente a las formalidades que requiere esta figura jurídica cuando versa sobre
bienes inmuebles.‖
―Uno de los valores jurídicamente tutelados en nuestro sistema de derecho
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civil y patrimonial, es el de la SEGURIDAD sobre todo en lo referente a la
titularidad sobre la propiedad y derechos reales que se derivan de la misma; la
propiedad no solamente es el derecho real más completo y perfecto que reconoce
nuestro derecho civil, si no que de la misma se derivan desmembramientos o
formas de poder jurídico sobre las cosas, muebles o inmuebles, a saber como la
nuda propiedad, el usufructo, el uso, la habitación y la servidumbre; quien se
encuentre en la necesidad de demostrar la propiedad sobre sus bienes, y con ello
acreditar mejor derecho sobre los mismos, exhibe en todos los casos su título que
ampara precisamente esa propiedad, ante las autoridades o ante terceros; cuando
se adquiere la propiedad a través de la figura del contrato de compraventa, que es
el contrato o acuerdo de voluntades, tratándose de bienes inmuebles o como el
público les llama PROPIEDAD O BIENES RAICES, casas, terrenos, edificios,
condominios de conformidad con la redacción actual del artículo 2191 del código
civil, es posible que cuando el valor convencional de los bines no sea mayor de la
cantidad que resulte de multiplicar por siete mil veces el importe del salario
mínimo general vigente en la zona económica de nuestro Estado.‖
―Esa adquisición podrá otorgarse en DOCUMENTO PRIVADO, es decir,
redactado por las partes contratantes o asesores, que sea firmado por los propios
contratantes ante dos testigos cuyas firmas se ratifiquen ante Notario, Juez de Paz,
Registro Público de la Propiedad o el Catastro Municipal. El párrafo que procede en
dicho artículo establece que los contratos por los que el Gobierno Federal, del
Estado, Municipios y Organismos Descentralizados enajenen terrenos o casas para
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la constitución del patrimonio familiar, para los trabajadores al servicio del Estado
o para personas de escasos recursos económicos hasta por el valor de diez mil
salarios mínimos general vigente en el Estado, podrán otorgarse en DOCUMENTO
PRIVADO sin los requisitos de testigos o ratificación de firmas.‖
De tal forma que, los inicialistas de la propuesta que se inserta en párrafos
precedentes, pretendían que el texto del numeral 2191 del Código Civil para el
Estado, fuera el siguiente:
―2191.- La enajenación de bienes inmuebles, así como la constitución, la
modificación, la extinción y la trasmisión de derechos reales sobre bienes
inmuebles, para efectos de que puedan inscribirse en el Registro Público de la
Propiedad y de Comercio, deberá otorgarse en escritura pública, cualquiera que
sea su cuantía.‖
Dentro del dictamen 217 de la Comisión de Legislación y Puntos
Constitucionales, mismo que fuera aprobado en Sesión de Pleno de fecha 15 de
junio del año 2010, se expone que:
―… podemos señalar que la propuesta de los inicialistas no es jurídicamente
viable; por considerar que es importante tomar en cuenta los alcances que puede
tener una propuesta como ésta, toda vez que afectará los intereses sociales y
económicos como de aquellos particulares que con esfuerzo adquieren un
inmueble y que además de cubrir con el pago de los impuestos respectivos
deberán pagar por los servicios notariales cuando trasmitan derechos sobre bienes
inmuebles independientemente del valor que éstos tengan.‖
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De la misma forma, en el Dictamen citado anteriormente se realizaba un
estudio minucioso de las reformas al numeral 2191 y 2194, del cual citaremos,
para su mayor comprensión, lo relativo al tema que nos ocupa:
―…como antecedentes históricos de las reformas que ha habido a los artículos
2191 y 2194 del Código Civil del Estado en vigor, con el dictamen número 43 de la
Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales, y aprobada en Sesión de Pleno
del Honorable Poder Legislativo a los 5 días de diciembre de 1995, presentada por
el H. Ayuntamiento de Tecate, Baja California.‖
―II.- En relación a la reforma que modifica el primer párrafo del artículo 2191
del Código Civil para el Estado de baja California, en el sentido de que los
contratos privados puedan ratificarse además ante Notario, Juez de Paz, Registro
Público de la Propiedad, también ante Catastro Municipal, resulta conveniente en
virtud de que facilita los trámites para la trasmisión de dominio, cumpliendo con el
objetivo de la iniciativa de fomentar la simplificación administrativa.‖
―V.- Asimismo, la H. Subcomisión de Legislación Estatal observo la
incongruencia legislativa existente entre los artículos 2191 y 2194 del Código Civil
vigente en el Estado, en virtud de que, si las partes celebran una transacción
superior a los 1460 salarios mínimos; conforme al artículo 2194, deberá elevarse a
escritura pública, por ende, el valor equivalente a los 6,500 salarios mínimos (para
celebrar contratos privados), establecidos en el artículo 2191, no tienen aplicación
alguna.
En base al principio de práctica legislativa relativo a la congruencia material
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entre normas de semejante rango, la H. Subcomisión Estatal propuso reformar el
artículo 2194 del Código Civil en vigor, para quedar como sigue: artículo 2194.- Si
el valor del inmueble excede de 13,000 salarios mínimos general en Baja
California, su venta se hará en escritura pública, salvo lo dispuesto por el artículo
2121 de este ordenamiento.‖
Esto, con la finalidad de adecuarlo a la realidad jurídica en materia de
celebración de enajenaciones mediante documento privado, además de proponer
reformas al segundo párrafo del artículo 2191, para apegarse a la realidad
económica indica que los valores de los inmuebles se han incrementado de tal
forma que resulta anacrónico contar con disposiciones que no se adecuen a la
misma; por lo que también la H. Subcomisión de Legislación propuso que cuando
el valor del inmueble sea de hasta 13,000 salarios se enajene mediante contrato
privado.‖
Posteriormente se hizo otra reforma a dicho artículo, mediante Dictamen
Número 95, también de la Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales. En lo
relacionado a los artículos 2191 y 2194, argumentando en su exposición de
motivos lo siguiente:
―El Código Civil para el Estado de Baja California, otorga una facilidad en
cuanto a la formalidad como se pueden celebrar los contratos que consistan en la
enajenación de bienes inmuebles, atendiendo el valor convencional de los
mismos,…‖
―Sin embargo, en la actualidad el monto máximo establecido en salarios
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mínimos generales a razón de trece mil, representa una significativa cantidad,
misma que debe ajustarse a las condiciones económicas presentes, tanto como a
las múltiples operaciones de compra venta de inmuebles que no superan dicho
monto, y en consecuencia no pueden celebrarse e escritura pública...‖
―La propuesta legislativa en estudio, tiene como finalidad otorgar una mayor
seguridad jurídica en la compra venta de bienes inmuebles o en la constitución o
trasmisión de derechos reales‖
Lo referenciado en párrafos precedentes, es la exposición de motivos que
justificó la iniciativa que fuera aprobada en fecha 13 de junio de 2002, misma que
consistía en reformar los numerales 2191 y 2194 del Código Civil para el Estado,
de 13,000 a 7,000 veces el salario mínimo vigente en cuanto al valor de las
operaciones de enajenaciones de los bienes inmuebles mediante contrato privado,
para que éste pudiera elevarse a escritura pública.
Así pues, que de lo anterior, se desprenden los antecedentes legislativos de
los numerales en cita y que las reformas se han adecuado a la realidad social
imperante en el momento en que las mismas surgieron, mismas que se resumen a
continuación:
En fecha 05 de diciembre de 1995, se aprobó Dictamen No. 43 de la
Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales de éste H. Congreso, el
cual reformaba los numerales 2191, primer párrafo y 2194 del Código Civil
para el Estado de Baja California, con el fin de incrementar el valor para la
enajenación de bienes inmuebles mediante contrato privado de 6,500 a
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13,000 veces el salario mínimo general vigente.
Posteriormente, mediante Dictamen No. 95 de la Comisión de Legislación
y Puntos Constitucionales, los artículos 2191 y 2194 del Código Civil para
el Estado de Baja California se sujetaron a nuevas reformas, consistentes
en reducir los montos con el propósito de poder celebrar contratos de
compraventa de bienes inmuebles de manera privada, quedando de
13,000 a 7,000 veces el salario mínimo general vigente.
Mediante Dictamen 267 de la Comisión de Legislación y Puntos
Constitucionales, aprobado en Sesión de Pleno de fecha 20 de mayo de
2003, se acordó reformar el segundo párrafo del numeral 2191 del Código
Civil para el Estado, incrementando el valor de los bienes inmuebles
sujetos a compra venta, celebrados por el gobierno Federal, Estatal y
Municipal, de 7,000 a 10,000 veces el salario mínimo general vigente.
De la iniciativa presentada en fecha 30 de octubre de 2008, ante éste H.
Congreso, misma que reformaba diversas disposiciones del Código Civil
para el Estado, entre ellos el artículo 2191, donde se proponía que toda
enajenación de bienes inmuebles o cualquier operación relativa a la
trasmisión de derechos reales, independientemente de su cuantía, fuera
celebrada mediante escritura pública, fue declarada improcedente en
Sesión de Pleno de fecha 15 de junio de 2010, mediante el Dictamen 217
de la Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales.
Ahora bien, ese sentido en cuanto a la propuesta en estudio podemos
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advertir que de los argumentos vertidos en la exposición de motivos de la iniciativa
analizada expresan que ―todo ser humano como parte del pleno y correcto
crecimiento requiere de manera forzosa de un espacio en el cual habitar, y esto se
satisface a través de una vivienda digna y decorosa.‖
Hacen referencia, además, que la realidad en materia inmobiliaria se
encuentra desfasada por lo que establece la legislación civil, en cuanto a que el
otorgamiento de créditos para la adquisición de viviendas se encuentra dentro del
segmento medio y que representa una cantidad mínimamente inferior a lo que
establece la Ley.
En relación al acto jurídico de traslación de dominio otorgado mediante
escritura pública y pasada ante la fé de un Notario, proporciona seguridad sobre el
derecho real adquirido, sin embargo y tal como lo expresan los inicialistas ésta
seguridad jurídica se alcanza cuando se realiza mediante contrato privado y el
mismo el ratificado, ante las instancias correspondientes.
En contexto con lo anterior y en atención a la problemática que expresan los
inicialistas en la exposición de motivos de la propuesta concerniente a la regulación
de vivienda y que esto ocasiona muchas conflictos por el derecho de propiedad
mismos que deben ventilarse en los tribunales, podría evitarse mediante la
simplificación de trámites, cuidando también el patrimonio de las familias
bajacalifornianas.
De tal manera que, la pretensión legislativa de reformar los artículos 2191 y
2194 del Código Civil para el Estado de Baja California, resulta jurídicamente
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viable, en el sentido de que protege el patrimonio de las familias del Estado al
adquirir un bien inmueble de determinada cantidad y que este pueda ser realizado
bajo contrato privado permitiendo la inscripción de dicho documento.
De lo propuesto para el numeral 2194, atendiendo su contenido y los
argumentos vertidos en la reforma al numeral 2191, se considera jurídicamente
procedente, en razón de que la pretensión legislativa se encamina a adecuar su
contenido y armonizar los numerales ya precisados.
Por lo anteriormente expuesto y fundado, se emiten los siguientes:
CONSIDERANDOS
PRIMERO.- Que es facultad del Congreso del Estado de conformidad con el
artículo 27 fracción I, de la Constitución del Estado Libre y Soberano de Baja
California, legislar, reformar, abrogar y derogar las Leyes y Decretos Estatales.
SEGUNDO.- Con fecha de con fecha de 31 de enero del 2012, los C. Diputados
MARCO ANTONIO VIZCARRA CALDERON, integrante del Partido Estatal de Baja
California, JULIO FELIPE GARCIA MUÑOZ, VIRGINIA NORIEGA RIOS, JUAN
VARGAS RODRIGUEZ, FAUSTO ZARATE ZEPEDA, LAURENCIO DADO ALATORRE,
ALFONSO GARZON ZATARAIN, JUAN BAUTISTA MONTEJANO DE LA TORRE, ELI
TOPETE ROBLES, DAVID JORGE LOZANO PEREZ, CARLOS MURGUIA MEJIA, ELISA
ROSANA SOTO AGÜERO, NANCY GUADALUPE SANCHEZ ARREDONDO Y
GREGORIO BARRETO LUNA integrantes del Grupo Parlamentario del Partido
Revolucionario Institucional, presentaron ante el Pleno de la XX Legislatura
Constitucional del Honorable Congreso del Estado de Baja California, INICIATIVA
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DE REFORMA QUE MODIFICA LOS ARTÍCULOS 2191 Y 2194 DEL CÓDIGO CIVIL
PARA EL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA.
TERCERO.- Que la iniciativa de Reforma en análisis reúne los requisitos que señala
el artículo 117 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado, consistente en
que sea aprobada por escrito y firmada, ante la Presidencia de la Mesa Directiva
del Congreso del Estado con la exposición de motivos en las que se expongan las
consideraciones jurídicas, políticas, sociales o económicas que justifican, explican,
motivan y dan procedencia a la proposición de creación, reforma, derogación o
abrogación de una ley o artículo.
CUARTO.- Que conforme a lo establecido por el artículo 77 ter, párrafo cuarto de
la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Baja California, el Secretario
de Servicios Parlamentarios mediante oficio SSP-CES/467/2012 de fecha 09 de
febrero de 2012, remitió a la Dirección General de Consultoría Legislativa la
iniciativa para su estudio y análisis correspondiente.
QUINTO.- Que de la propuesta analizada, se advierte la intención de los inicialistas
consistente en armonizar los valores establecidos dentro del Código Civil en
relación a la enajenación de bienes, con las realidades sociales y económicas que
se actualizan en nuestro Estado, esto es; incrementar de 7,000 a 13,000 veces el
salario mínimo general vigente, con el propósito que la traslación de dominio de
los bienes inmuebles que se enajenen y que sean inferiores a dicha cantidad
puede realizarse mediante contrato privado. De igual manera la propuesta se
encamina a beneficiar a los trabajadores de los tres órdenes de gobierno o bien
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para personas de escasos recursos, en la adquisición de bienes inmuebles que
constituyan el patrimonio familiar, incrementando el margen del valor del mismo
de 10,000 a 13,000 veces el salario mínimo general vigente.
SEXTO.-Que del análisis jurídico realizado a las propuestas de reforma, se
desprende que no existe impedimento jurídico que implique su improcedencia, en
virtud de no contravenir disposiciones de carácter federal ni local.
SÉPTIMO.-Que el presente Dictamen fue aprobado por los integrantes de la
Comisión de Gobernación, Legislación y de Puntos Constitucionales de éste
Honorable Congreso del Estado, siendo los siguientes Diputados: Julio Felipe
García Muñoz, Ricardo Magaña Mosqueda, Juan Bautista Montejano de la Torre y
Rubén Fernández Gonsález, los cuales estuvieron presentes en Sesión de trabajo
de fecha 11 de junio de 2012.
Por lo antes expuesto y fundado, ésta Comisión somete a consideración de
la H. Asamblea el siguiente punto:
RESOLUTIVO:
ÚNICO: SE APRUEBAN LAS REFORMAS A LOS ARTÍCULOS 2191 Y 2194 DEL
CÓDIGO CIVIL PARA EL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, para quedar como sigue:
ARTÍCULO 2191.- La enajenación de bienes inmuebles cuyo valor
convencional no sea mayor de la cantidad que resulte de multiplicar
por 13,000 el importe del salario mínimo diario vigente en el Estado
de Baja California y la constitución o transmisión de derechos reales
estimados hasta la misma cantidad o que garanticen un crédito no
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mayor de dicha suma, podrán otorgarse en documento privado
firmado por los contratantes ante dos testigos cuyas firmas se
ratifiquen ante Notario, Juez de Paz, Registro Público de la Propiedad
o Catastro Municipal.
Los contratos por los que el Gobierno Federal, del Estado, Municipios
y Organismos Descentralizados enajenen terrenos o casas para la
constitución del patrimonio familiar, para los trabajadores al servicio
del Estado o para personas de escasos recursos económicos hasta
por el valor de 13,000 salarios mínimos general vigente en el Estado
de Baja California, podrán otorgarse en documento privado sin los
requisitos de testigos y ratificación de firmas.
ARTÍCULO 2194.- Si el valor del inmueble excede de 13,000 salarios
mínimos general vigente en el Estado de Baja California, su venta se
hará en escritura pública, salvo, lo dispuesto por los Artículos 2121 y
2191, segundo párrafo, de este ordenamiento.
ARTÍCULO TRANSITORIO
ARTÍCULO ÚNICO.- Las presentes reformas entrarán en vigor a partir del día
siguiente al de su publicación en el Periódico Oficial del Estado.
Dado en la Sala de Comisiones ―Dr. Francisco Dueñas Montes‖ de este edificio del
H. Poder Legislativo del Estado, a los 11 días del mes de junio de 2012. Es cuanto
Presidente.
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- EL C. PRESIDENTE: Muchas gracias Diputado, y le pido permanezca en su lugar,
y con base a lo que establece el artículo 127 de la Ley Orgánica de este Congreso,
se declara abierto el debate del dictamen No, 72 de la Comisión de Gobernación,
Legislación y Puntos Constitucionales; con relación a lo que establece el artículo
128 de la Ley Orgánica de este Congreso, se pregunta a los y las Diputadas que
deseen enlistarse para participar en pro y en contra del presente dictamen,
háganlo saber levantando su mano, de no ser así, se solicita al Diputado Secretario
someta a votación nominal el dictamen No. 72 de la Comisión de Gobernación,
Legislación, y Puntos Constitucionales.
- LA C. SECRETARIA ESCRUTADORA: Por instrucciones de la presidencia, se
somete a votación nominal el dictamen No. 72 de la Comisión de Gobernación,
Legislación y Puntos Constitucionales, iniciando por la derecha.
- Vargas Rodríguez Juan, a favor.
- Agatón Muñiz Claudia Josefina, a favor.
- Galarza Villarino Arcelia, a favor.
- Carranza Hernández Gregorio, a favor.
- Lozano Pérez David Jorge, a favor.
- García Muñoz Julio Felipe, a favor.
- Murguía Mejía Carlos, a favor.
- Magaña Mosqueda Ricardo, a favor.
- Soto Agüero Elisa Rosana, a favor.
- Navarro Gutiérrez Víctor Hugo, a favor.
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- Magallanes Cortés Gustavo, a favor.
- Rodríguez Rubio María del Rosario, a favor.
- Montejano de la Torre Juan Bautista, a favor.
- LA C. SECRETARIA ESCRUTADORA: ¿Algún Diputado que falte por votar?
Procedemos con la mesa directiva.
- Noriega Ríos Virginia, a favor.
- Zárate Zepeda Fausto, a favor.
- Mata Lozano Lizbeth, a favor.
- Vizcarra Calderón Marco Antonio, a favor.
- Garzón Zatarain Alfonso, a favor.
- LA C. SECRETARIA ESCRUTADORA: Con diecinueve votos a favor, Presidente.
- EL C. PRESIDENTE: Muchas gracias, una vez aprobado en lo general y en lo
particular, se declara aprobado el Dictamen número 72 de la Comisión de
Gobernación, Legislación y Puntos Constitucionales leído por el señor Diputado
Juan Bautista Montejano de la Torre. Dado en el Salón de Sesiones ―Licenciado
Benito Juárez García‖, del Poder Legislativo del Estado de Baja California en sesión
ordinaria de la Honorable Vigésima Legislatura del Congreso del Estado a los cinco
días del mes de julio del año 2012; continuamos con el apartado de dictámenes,
tiene el uso de la voz el Diputado Juan Bautista de la Torre, para dar lectura al
dictamen No. 73 de la Comisión de Gobernación, Legislación y Puntos
Constitucionales, adelante señor Diputado.
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- EL C. DIP. MONTEJANO DE LA TORRE: Gracias Diputado. COMISIÓN DE
GOBERNACIÓN, LEGISLACIÓN Y PUNTOS CONSTITUCIONALES. DICTAMEN No.
73. HONORABLE ASAMBLEA: La Comisión que suscribe, en ejercicio de las
facultades que le confiere los artículos 55, 56 numeral 8, 62 fracción I, 110, 115
fracción I, 116, 122 y 124 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de
Baja California, recibió para su estudio, análisis y dictaminación, INICIATIVA CON
PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA LOS ARTÍCULOS 1, 4 Y 8 DE LA LEY DE
EXPROPIACIÓN DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, A FIN DE ESTABLECER QUE
EL CONGRESO DEL ESTADO TENGA LA FACULTAD DE EMITIR DECRETOS DE
EXPROPIACIÓN DE BIENES POR CAUSA DE UTILIDAD PÚBLICA, presentada ante
H. Soberanía por los C. C. Diputadas y Diputados Julio Felipe García Muñoz, Nancy
Guadalupe Sánchez Arredondo, Virginia Noriega Ríos, Carlos Murguía Mejía, Elisa
Rosana Soto Agüero, Juan Vargas Rodríguez, Fausto Zárate Zepeda, Laurencio
Dado Alatorre, Alfonso Garzón Zataraín, Juan Bautista Montejano de la Torre, Elí
Topete Robles, David Lozano Pérez, Gregorio Barreto Luna, Víctor Hugo Navarro
Gutiérrez, Claudia Josefina Agatón Muñiz y Marco Antonio Vizcarra Calderón,
integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, y del
Partido Verde Ecologista de México, del Partido del Trabajo y del Partido Estatal de
Baja California.
Con fundamento en los artículos 27 fracción I, 28 fracción I y 29 de la Constitución
Política del Estado de Baja California, la Comisión de Gobernación, Legislación y
Puntos Constitucionales de esta XX Legislatura, y en ejercicio de las facultades que
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le conceden los artículos 55, 56, 62 fracción II, 63, 110 fracción I, 115 fracción II,
116, 117, 118, 122, 123, 124 y demás relativos de la Ley Orgánica del Poder
Legislativo del Estado de Baja California, elabora el presente dictamen con base en
los siguientes:
ANTECEDENTES
I.- Los C. C. Diputadas y Diputados Julio Felipe García Muñoz, Nancy Guadalupe
Sánchez Arredondo, Virginia Noriega Ríos, Carlos Murguía Mejía, Elisa Rosana Soto
Agüero, Juan Vargas Rodríguez, Fausto Zárate Zepeda, Laurencio Dado Alatorre,
Alfonso Garzón Zataraín, Juan Bautista Montejano de la Torre, Elí Topete Robles,
David Lozano Pérez, Gregorio Barreto Luna, Víctor Hugo Navarro Gutiérrez, Claudia
Josefina Agatón Muñiz y Marco Antonio Vizcarra Calderón, integrantes del Grupo
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional y del Partido Verde
Ecologista de México, del Partido del Trabajo y del Partido Estatal de Baja
California, de esta XX Legislatura Constitucional del Congreso del Estado de Baja
California, presentaron ante el Pleno de esta H. Soberanía durante la Sesión
Ordinaria de fecha 18 de octubre de 2011, la INICIATIVA CON PROYECTO DE
DECRETO QUE REFORMA LOS ARTÍCULOS 1, 4 Y 8 DE LA LEY DE EXPROPIACIÓN
DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, A FIN DE ESTABLECER QUE EL CONGRESO
DEL ESTADO TENGA LA FACULTAD DE EMITIR DECRETOS DE EXPROPIACIÓN DE
BIENES POR CAUSA DE UTILIDAD PÚBLICA.
II.- Recibida que fue la Iniciativa en comento, la Presidencia de la Mesa Directiva,
de acuerdo a la facultad conferida por los artículos 50 fracción II, inciso f), y 118
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primer párrafo, de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Baja
California, la turnó a la Comisión de Gobernación, Legislación y Puntos
Constitucionales mediante oficio No. 00000 despachado el 00 de octubre de 2011,
para su estudio y dictamen.
III.- El Presidente de la Comisión de Gobernación, Legislación y Puntos
Constitucionales de este H. Congreso del Estado, turnó la iniciativa de reforma al
titular de la Secretaría de Servicios Parlamentarios, para los efectos estipulados en
el artículo 63 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Baja
California, mediante Oficio No. JBMT/195/11 de fecha 19 de octubre de 2011. Para
lo anterior, el Secretario de Servicios Parlamentarios remitió la Iniciativa al Director
General de Consultoría Legislativa.
En su oportunidad, y seguido el proceso legislativo en todas sus etapas, esta
Comisión en cumplimiento de lo previsto en los artículos 55, 62, 63 y 77 Ter de la
Ley Orgánica del Poder Legislativo, suscribe el presente proyecto de Dictamen,
bajo el siguiente:
ESTUDIO Y ANÁLISIS
I.- ASPECTOS GENERALES.
A).- DE LA EXPOSICIÓN DE MOTIVOS DE LA INICIATIVA.
Previo al análisis y estudio de la presente Iniciativa de reforma a la Ley del
Expropiación del Estado de Baja California, es pertinente conocer su Exposición de
Motivos y su propuesta, misma que a continuación se transcribe:
―Exposición de Motivos
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La expropiación es una Institución de Derecho Público en virtud de la cual el
Estado adquiere con fines estrictamente de utilidad pública o social, bienes
pertenecientes a los gobernados conforme el procedimiento determinado en las
normas y mediante el pago de una justa indemnización.
Sabemos que es una Institución que tiene por objeto conciliar los requerimientos
del interés general de la comunidad con el respeto debido al derecho de propiedad
de los particulares, cuyo efecto jurídico reside en la transferencia del derecho de la
propiedad del particular al Estado, con su anuncia o sin ella, pero siempre con la
indemnización para que sea destinado al logro o satisfacción de un fin de utilidad
pública.
Cuando el Estado, para cumplir los fines que le son propios y, como tales, de
interés público, considera que determinados bienes de diferente clase y naturaleza
que son de propiedad de los particulares, ofrecerán un beneficio mayor a la
colectividad, en este caso se puede producir una colisión entre el interés
particular, decidido a mantener y conservar su propiedad, y el interés colectivo,
que requiere que el particular sea privado de ese bien para que pueda ser
destinado a una finalidad de utilidad pública, conflicto que no puede resolverse
sino por el predominio indiscutible del interés público.
El cumplimiento de las atribuciones del Estado sufriría sensiblemente si los medios
necesarios sólo fueran suministrados cuando concurre la voluntad de un
particular, desde tiempos remotos se ha reconocido en la legislación una forma
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por la que el Estado puede unilateralmente llegar a adquirir esos bienes. Esta es
la razón por la que nace la figura jurídica o la institución de la expropiación.
Para la doctrina el Estado actúa en uso de todas sus prerrogativas y potestades
de poder público, utilizando un medio otorgado por la Constitución, siendo la
indemnización no un precio sino una compensación, que procede también por
imperio constitucional, con carácter previo a la desposesión. Este ente público
impone la transferencia de la propiedad del objeto expropiado, fundándose en el
interés público, y en este ejercicio y facultad estatal el derecho privado no tiene
cabida.
El jurisconsulto Ignacio Burgoa Orihuela, señala que la expropiación está vedada a
los particulares. El acto autoritario expropiatorio consiste en la supresión de los
derechos de uso, disfrute y disposición de un bien decretado por el Estado, el cual
lo adquiere. Toda expropiación, para que sea constitucional, requiere que tenga
como causa final la utilidad pública.
En palabras de Gabino Fraga, la expropiación viene a ser, como su nombre lo
indica, un medio por el cual el Estado impone a un particular la cesión de su
propiedad por existir una causa de utilidad pública y mediante la compensación
que al particular se le otorga por la privación de esa propiedad.
El fundamento de la figura que se trata, nos lo proporciona la teoría de los fines
del Estado, según la cual uno de los propósitos esenciales del Estado es promover
el bienestar general, con el consiguiente progreso y desarrollo individual y
colectivo. De tal modo, cuando las exigencias del beneficio social lo imponen, es
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H. Vigésima Legislatura Secretaría de Servicios Parlamentarios
necesario que la propiedad privada ceda, dentro de condiciones y garantías que lo
hagan razonable y justo, y para ese objeto es que se instituye la expropiación, la
cual se funda, en consecuencia, en la necesidad del logro de ese bien colectivo, y
es por ello mismo coactiva e irresistible.
La expropiación aunque sea un acto autoritario unilateral del Estado, tiene la
apariencia de una venta forzosa. Por tal causa, dicho acto no es gratuito, sino
oneroso. Es decir, el Estado, al expropiar a un particular un bien, al adquirir éste,
tiene que otorgar a favor del afectado una contraprestación, denominándosele
indemnización.
La facultad de expropiar corresponde tanto a la federación como a las entidades
federativas. El sustento jurídico de orden constitucional en esta materia se prevé
en el segundo párrafo del artículo 27 en donde se señala que ―Las expropiaciones
solo podrán hacerse por causa de utilidad pública y mediante indemnización‖. Por
otra parte, el legislador no consignó limitación expresa alguna a la facultad de
expropiar, ni estableció distinciones entre los bienes que pudieran ser objeto de la
declaratoria o decreto de expropiación.
Un aspecto medular en esta potestad es que quien realiza la expropiación es el
Estado como ente jurídico, y éste determina cuáles obras son o no, de utilidad
pública, y tal facultad está reservada soberanamente a las leyes de la Federación y
de los Estados en sus respectivas jurisdicciones.
En este sentido, el Congreso del Estado que se erige como representante del
pueblo, además de realizar su labor legislativa, el mandato constitucional le
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confiere realizar funciones tendientes a beneficiar a la sociedad en sus demandas
de carácter administrativo y de interés general, tal como lo consigna el artículo 14
de la Constitución Política del Estado de Baja California, en los siguientes
términos:
Los Diputados, como representantes del pueblo, podrán auxiliar a sus
representados y a las comunidades del Estado en sus demandas
sociales y de orden administrativo de interés general, a fin de lograr su
oportuna solución, por lo que las autoridades administrativas del Estado
y los Ayuntamientos deberán atender su intervención y ver por la
oportuna resolución de sus promociones.
Por ello, siendo representantes del pueblo y conocedores de los problemas que
aquejan a diversos sectores de la población, resulta pertinente que sean
competentes para emitir decretos expropiatorios como facultad concurrente con el
Ejecutivo del Estado, en virtud de su propia naturaleza como órgano colegiado y
plural, cuya esencia distintiva es la deliberación colectiva, y en base a ello
determinar cuándo existen causas y razones suficientes de utilidad pública para
efecto de emitir los decretos de expropiación conforme al marco legal aplicable.
Para fortalecer lo anterior respecto de la utilidad pública, la jurisprudencia ha
establecido que es facultad del Congreso de la Unión y de las Legislaturas de los
Estados determinarla, en los siguientes términos:
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EXPROPIACIÓN. ES FACULTAD DEL CONGRESO DE LA UNIÓN Y DE LAS
LEGISLATURAS DE LOS ESTADOS ESTABLECER LEGALMENTE LAS
CAUSAS DE UTILIDAD PÚBLICA QUE LA JUSTIFIQUEN.
El artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos prevé la expropiación de la propiedad privada por causa de
utilidad pública y mediante indemnización, así como que corresponde a
las leyes de la Federación y de los Estados, en sus respectivos ámbitos
competenciales, señalar los casos en que sea de utilidad pública
expropiar un bien, correspondiendo a la autoridad administrativa realizar
dicha declaración y fijar las reglas generales sobre el precio e
indemnización. Esto es, la expropiación constituye un acto de carácter
administrativo mediante el cual se priva a los particulares de la
propiedad de un bien inmueble, en aras del interés, necesidad o utilidad
social, es decir, se trata de una figura a través de la cual el Estado logra
determinados fines relacionados con el interés colectivo, de ahí que se
sujete la expropiación a causas de utilidad pública. Ahora bien, toda vez
que la Constitución Federal no establece un concepto de utilidad
pública, el que por abstracto, mutable y relativo es difícil de definir y
sólo es determinable por las condiciones políticas, sociales y económicas
que imperen en cierta época y lugar, el Constituyente otorgó al
Congreso de la Unión y a las Legislaturas Estatales la facultad de
establecer, en la ley y dentro de sus respectivos ámbitos de
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H. Vigésima Legislatura Secretaría de Servicios Parlamentarios
competencia, las causas de esa utilidad pública que, en aras del bien
común, sustenten el acto administrativo expropiatorio.
Acción de inconstitucionalidad 18/2004. Diputados integrantes de la
Quincuagésima Cuarta Legislatura del Congreso del Estado de Colima.
24 de noviembre de 2005. Mayoría de nueve votos. Disidentes: José
Ramón Cossío Díaz y José de Jesús Gudiño Pelayo. Ponente: Juan N.
Silva Meza. Secretaria: Laura García Velasco. El Tribunal Pleno, el
dieciséis de febrero en curso, aprobó, con el número 38/2006, la tesis
jurisprudencial que antecede. México, Distrito Federal, a dieciséis de
febrero de dos mil seis.
Localización: Novena Época Instancia: Pleno Fuente: Semanario Judicial
de la Federación y su Gaceta XXIII, Marzo de 2006 Página: 1414 Tesis:
P./J. 38/2006 Jurisprudencia Materia(s): Constitucional, Administrativa
Por lo anteriormente expuesto y fundado, sometemos a la consideración de esta
Asamblea, para que sea turnada a la Comisión de Gobernación, Legislación y
Puntos Constitucionales, la presente iniciativa que reforma a la Ley de
Expropiación del Estado de Baja California, al tenor del siguiente proyecto de:
DECRETO
INICIATIVA DE DECRETO MEDIANTE EL CUAL SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 1,
4 Y 8 DE LA LEY DE EXPROPIACIÓN DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA.
ARTÍCULO ÚNICO.- Se reforman los artículos 1, 4 y 8 de la Ley de Expropiación del
Estado de Baja California, para quedar como sigue:
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ARTÍCULO 1.- Las disposiciones de la presente ley son de orden público, y
reglamentan la fracción XXXVIII del artículo 27 y fracción XVII, del artículo 49, de
la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Baja California.
ARTÍCULO 4.- …
I.- …
II.- Autoridad Expropiante: El titular del Poder Ejecutivo del Estado y el Congreso
del Estado;
III. a la VIII.- …
ARTÍCULO 8.- …
La declaración de utilidad pública tendrá como base las constancias del expediente
técnico que previamente se hubiese integrado con los datos e informes que precisa
la presente Ley, que serán aportados indistintamente por el Ejecutivo del Estado,
Congreso del Estado, Dependencia, Entidad, los Municipios, las organizaciones de
ciudadanos o por el particular que hubiese solicitado la medida.
TRANSITORIO:
ARTÍCULO ÚNICO.- El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su
publicación en el Periódico Oficial del Estado.‖
B) INTENCIÓN DE LAS INICIATIVA
La pretensión de esta iniciativa de reforma, consiste en modificar el marco legal de
la Ley de Expropiación del Estado de Baja California, con el propósito de facultar
al Poder Legislativo del Estado para emitir decretos de expropiación de bienes por
causa de utilidad pública.
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II.- ASPECTOS LEGALES DE LA INICIATIVA.
A).- MARCO JURÍDICO APLICABLE.
El contenido de la Iniciativa de Reforma a la Ley de Expropiación del Estado de
Baja California, tiene sustento jurídico en los artículos 27, 39, 40, 41 y 116 de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículos 4, 5, 11, 27
fracción I y XXXVIII, 28 fracción I y 34 fracción C) de de la Constitución Política del
Estado Libre y Soberano de Baja California; y en los artículos 16, 55, 56 numeral 8
y 62 fracción I de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Baja
California.
La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos es la norma fundamental
que unifica y da validez a todas las legislaciones que constituyen un orden jurídico
determinado; es decir, la variedad de codificaciones que componen el derecho que
se observa en el Estado Mexicano, respetando los principios que se consagran en
ella; por lo que la propuesta en estudio debe ser congruente con el sistema
jurídico mexicano, en cuya cúspide se tiene a la Ley Suprema de toda la Unión, de
conformidad con lo previsto en el artículo 133 de nuestra Carta Magna.
Para constatar lo anterior, es pertinente plasmar el contenido de los preceptos
jurídicos que resultan aplicables, y que fueron referidos con antelación, iniciando
en el mismo orden.
ÁMBITO FEDERAL
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
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H. Vigésima Legislatura Secretaría de Servicios Parlamentarios
Artículo 27. La propiedad de las tierras y aguas comprendidas dentro de los límites
del territorio nacional, corresponde originariamente a la Nación, la cual ha tenido y
tiene el derecho de transmitir el dominio de ellas a los particulares, constituyendo
la propiedad privada.
Las expropiaciones sólo podrán hacerse por causa de utilidad pública y mediante
indemnización.
VI. Los estados y el Distrito Federal, lo mismo que los municipios de toda la
República, tendrán plena capacidad para adquirir y poseer todos los bienes raíces
necesarios para los servicios públicos.
Las leyes de la Federación y de los Estados en sus respectivas jurisdicciones,
determinarán los casos en que sea de utilidad pública la ocupación de la propiedad
privada, y de acuerdo con dichas leyes la autoridad administrativa hará la
declaración correspondiente. El precio que se fijará como indemnización a la cosa
expropiada, se basará en la cantidad que como valor fiscal de ella figure en las
oficinas catastrales o recaudadoras, ya sea que este valor haya sido manifestado
por el propietario o simplemente aceptado por él de un modo tácito por haber
pagado sus contribuciones con esta base. El exceso de valor o el demérito que
haya tenido la propiedad particular por las mejoras o deterioros ocurridos con
posterioridad a la fecha de la asignación del valor fiscal, será lo único que deberá
quedar sujeto a juicio pericial y a resolución judicial. Esto mismo se observará
cuando se trate de objetos cuyo valor no esté fijado en las oficinas rentísticas.
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El ejercicio de las acciones que corresponden a la Nación, por virtud de las
disposiciones del presente artículo, se hará efectivo por el procedimiento judicial;
pero dentro de este procedimiento y por orden de los tribunales correspondientes,
que se dictará en el plazo máximo de un mes, las autoridades administrativas
procederán desde luego a la ocupación, administración, remate o venta de las
tierras o aguas de que se trate y todas sus accesiones, sin que en ningún caso
pueda revocarse lo hecho por las mismas autoridades antes que se dicte sentencia
ejecutoriada.
Artículo 39. La soberanía nacional reside esencial y originariamente en el pueblo.
Todo poder público dimana del pueblo y se instituye para beneficio de éste. El
pueblo tiene en todo tiempo el inalienable derecho de alterar o modificar la forma
de su gobierno.
Artículo 40. Es voluntad del pueblo mexicano constituirse en una República
representativa, democrática, federal, compuesta de Estados libres y soberanos en
todo lo concerniente a su régimen interior; pero unidos en una federación
establecida según los principios de esta ley fundamental.
Artículo 41. El pueblo ejerce su soberanía por medio de los Poderes de la Unión, en
los casos de la competencia de éstos, y por los de los Estados, en lo que toca a
sus regímenes interiores, en los términos respectivamente establecidos por la
presente Constitución Federal y las particulares de los Estados, las que en ningún
caso podrán contravenir las estipulaciones del Pacto Federal.
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Artículo 116.- El poder público de los estados se dividirá, para su ejercicio, en
Ejecutivo, Legislativo y Judicial, y no podrán reunirse dos o más de estos poderes
en una sola persona o corporación, ni depositarse el legislativo en un solo
individuo.
Los poderes de los Estados se organizarán conforme a la Constitución de cada uno
de ellos, con sujeción a las siguientes normas:
ÁMBITO LOCAL
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE
Y SOBERANO DE BAJA CALIFORNIA
ARTÍCULO 4.-. El Estado es Libre y Soberano en todo lo concerniente a su régimen
interior, sin más limitaciones que las que establece la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos.
ARTÍCULO 5.- Todo poder público dimana del pueblo y se instituye para beneficio
de éste.
ARTÍCULO 11.- La forma de Gobierno del Estado es republicana, representativa y
popular.
El Gobierno del Estado se divide, para su ejercicio, en tres poderes: el Legislativo,
el Ejecutivo y el Judicial, los cuales actúan separada y libremente, pero cooperando
en forma armónica a la realización de los fines del Estado.
(…)
Corresponde al Gobierno del Estado la rectoría del desarrollo estatal, garantizando
que éste sea integral y sustentable, asegurando de manera simultánea, el
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crecimiento económico, la equidad y la sustentabilidad ambiental.
ARTÍCULO 27.- Son facultades del Congreso:
I.- Legislar sobre todos los ramos que sean de la competencia del Estado y
reformar, abrogar y derogar las leyes y decretos que expidieren, así como
participar en las reformas a esta Constitución, observando para el caso los
requisitos establecidos;
(…)
XXXVIII.- Expedir todas las leyes que sean necesarias, a fin de hacer efectivas las
facultades anteriores y todas las otras concedidas por esta Constitución y la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a los Poderes del Estado de
Baja California.
ARTÍCULO 28.- La iniciativa de las leyes y decretos corresponde:
I.- A los diputados;
(…)
LEY ORGÁNICA DEL PODER LEGISLATIVO DEL ESTADO
DE BAJA CALIFORNIA.
ARTÍCULO 16.- Son atribuciones del Congreso del Estado, las que derivan de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de la Constitución Local y
de las Leyes que de ella emanen, de la presente Ley y de los Reglamentos
respectivos.
ARTÍCULO 55.- Las Comisiones, como órganos de trabajo del Congreso del estado,
conforme a los dispuesto en el Artículo 39 de esta Ley, les corresponde el ejercicio
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y cumplimiento de las facultades atribuidas al Congreso por la Constitución Local,
así como de acuerdo a su denominación, les corresponde sus funciones en relación
a las respectivas áreas de la administración pública estatal o municipal.
(…)
Las comisiones de dictamen legislativo conocerán de las iniciativas que
correspondan a su materia y serán las responsables de su dictaminación.
Elaborarán informes y opiniones, respecto de los asuntos que se les turnan; y
ejercen las facultades de información, evaluación y control que les correspondan.
(…)
(…)
(…)
ARTÍCULO 56.- Las Comisiones de dictamen legislativo son:
1 a 7. (…)
8. Gobernación, Legislación y Puntos Constitucionales;
9 a 14. (…)
ARTÍCULO 62.- Corresponde a la Comisión de Gobernación, Legislación y Puntos
Constitucionales el conocimiento, estudio y dictamen de los siguientes asuntos:
I. (…)
II.- Los concernientes a Leyes Reglamentarias u Orgánicas que se deriven de
preceptos de la Constitución Local y de los que la Constitución Federal autorice
reglamentar;
II. a la XVIII. (…)
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B).- MARCO JURÍDICO COMPARATIVO DE LA PROPUESTA CON EL TEXTO
VIGENTE.
Para una mejor comprensión del contenido de la reforma que se propone, sirva la
siguiente tabla comparativa en cuya columna del lado izquierdo se transcriben los
dispositivos legales vigentes, y del lado derecho la propuesta de reforma o adición
a esos mismos dispositivos en color acentuado.
LEY DE EXPROPIACIÓN DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
TEXTO VIGENTE
ARTÍCULO 1.- Las disposiciones de la
presente ley son de orden público, y
reglamentan la fracción XVII, del
artículo 49, de la Constitución Política
del Estado Libre y Soberano de Baja
California.
ARTÍCULO 4.- Para los efectos de
esta Ley se entiende por:
I.- Expropiación: El procedimiento
de derecho público, por el cual, el
Estado adquiere bienes de los
particulares, para el cumplimiento
de un fin de utilidad pública, y
mediante el pago de una
indemnización.
II.- Autoridad Expropiante: El titular
del Poder Ejecutivo del Estado;
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TEXTO PROPUESTO
ARTÍCULO 1.- Las disposiciones de la
presente ley son de orden público, y
reglamentan la fracción XXXVIII del
artículo 27 y fracción XVII, del artículo
49, de la Constitución Política del
Estado Libre y Soberano de Baja
California.
ARTÍCULO 4.- …
I.- …
II.- Autoridad Expropiante: El
titular del Poder Ejecutivo del

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III.- Secretaría: La Secretaría de
Infraestructura y Desarrollo Urbano
del Estado;
IV.- Entidades.- Organismos
Públicos Descentralizados, Empresas
o Fideicomisos de la Administración
Pública Estatal.
V.- Dependencia: Toda oficina
centralizada de la administración
pública estatal;
VI.- Afectado.- Persona a la que le
ha sido expropiado algún o algunos
de los bienes que se encontraban
dentro de su propiedad o posesión
jurídica;
VII.- Beneficiario: Dependencia o
Entidad, a favor de quien se
expropia el bien o bienes objeto del
Acuerdo Expropiatorio
correspondiente;
VIII.- Acuerdo Expropiatorio.- Es el
acto jurídico mediante el cual la
Autoridad Expropiante adquiere de
manera unilateral bienes de los
particulares, dando a conocer los
términos en que se ocupará la
propiedad privada.
ARTÍCULO 8.- La Autoridad
Expropiante podrá declarar de oficio
o a petición de parte, la utilidad
pública y una vez declarada ésta, se
procederá a la expropiación para los
fines correspondientes a favor de
quien se expropie.
La declaración de utilidad pública
tendrá como base las constancias
del expediente técnico que
previamente se hubiese integrado
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Estado y el Congreso del Estado;
III. a la VIII.- …
ARTÍCULO 8.- …
La declaración de utilidad pública
tendrá como base las constancias
del expediente técnico que
previamente se hubiese integrado

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con los datos e informes que precisa
la presente Ley, que serán
aportados indistintamente por el
Ejecutivo del Estado, Dependencia,
Entidad, los Municipios, las
organizaciones de ciudadanos o por
el particular que hubiese solicitado
la medida.
III.- ASPECTOS PARTICULARES.
A) ANÁLISIS PARTICULAR DE LA INICIATIVA.
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con los datos e informes que
precisa la presente Ley, que serán
aportados indistintamente por el
Ejecutivo del Estado, Congreso del
Estado, Dependencia, Entidad, los
Municipios, las organizaciones de
ciudadanos o por el particular que
hubiese solicitado la medida.
El acto de expropiación nace de la necesidad del Estado de resolver
problemas ingentes o urgentes de la nación o de una determinada región, cuya
base de legitimación se sustenta en los fines del propio Estado que podemos
sintetizar en la creación de las condiciones adecuadas para elevar las condiciones
de vida de la población, o también como lo exige el artículo tercero de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos al establecer la concepción
que debemos adoptar cuando se trate de democracia, y que es un sistema de vida
fundadado en el constante mejoramiento económico, social y cultural del pueblo.
Esta facultad del Estado en nuestro país, es producto del sistema político
surgido del movimiento de independencia de 1810 y consolidado por el
levantamiento social armado denominado Revolución Mexicana de 1910,
recordemos que entre las exigencias enarboladas por los insurgentes Miguel
Hidalgo y Costilla y José María Morelos y Pavón durante la lucha por la
independencia, era que las tierras y sus riquezas debían restituírseles a los

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naturales. Este sería el primer antecedente para establecer la expropiación por
parte de quienes tenían el legítimo derecho, y más tarde a través de la
representación del Estado Mexicano.
Con la llegada al poder del régimen liberal, en 1856 el ministro Miguel Lerdo
de Tejada promovió la Ley de Desamortización de Bienes de Corporaciones Civiles
y Eclesiásticas, conocida también como Ley de Desamortización o Ley Lerdo. El
propósito expreso era hacer circular la tierra en manos muertas, mediante su
adjudicación a los arrendatarios. La "Ley de desamortización de las fincas rústicas
y urbanas de las corporaciones civiles y religiosas de México" fue expedida el 25 de
junio de 1856 por el presidente Ignacio Comonfort. Esta ley tenía como objetivo
reactivar la economía y sanear las finanzas públicas del Estado. Tiene un origen
liberal y ante la gran cantidad de bienes inmuebles en poder de la Iglesia Católica
deciden recuperar parte de ellas para el Estado y venderlas para obtener recursos,
aunque este ordenamiento no tuvo los efectos esperados, pues finalmente
benefició más a los ricos propietarios que al pueblo necesitado.
Pero el Decreto que arremete con fuerza en contra de todos los bienes en
manos de la Iglesia Católica, fue expedido el 12 de julio de 1859 por el Presidente
Benito Juárez García, conteniendo la ―Ley de Nacionalización de los Bienes
Eclesiásticos‖, cuyos dos primeros artículos encierran la esencia y profundidad de
este documento.
Artículo 1º.- Entran al dominio de la nación todos los bienes que el clero
secular y regular ha estado administrando con diversos títulos …que hayan tenido.
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Artículo 2º.- Una ley especial determinará la manera y forma de hacer
ingresar al tesoro de la nación todos los bienes de que trata el artículo anterior.
Esta Ley, junto con las demás expedidas por el Gobierno liberal de Benito
Juárez entre 1855 y 1860, conocidas como las Leyes de Reforma, en donde se
incluye por supuesto la Constitución de 1857, abarcando aspectos fundamentales
como la educación, el Estado laico, la secularización de la administración pública,
etcétera, establecieron las bases del México del siglo XX.
En los ordenamientos de esta época los términos utilizados para facultar al
Estado en la restitución de los bienes y la riqueza originaria son desamortizar,
nacionalizar y apropiar, pues correspondían al interés jurídico y político del Estado,
aunque ya en la Constitución de 1857 se estipulan conceptos medulares que
continúan siendo vigentes como ―utilidad pública‖ y ―mediante indemnización‖,
como podemos observar.
Art. 27.- La propiedad de las tierras y aguas comprendidas dentro de los
límites del territorio nacional, corresponde originariamente a la Nación, la
cual, ha tenido y tiene el derecho de transmitir el dominio de ellas a los
particulares, constituyendo la propiedad privada.
Esta no podrá ser apropiada sino por causa de la utilidad pública y
mediante indemnización.
Posteriormente, durante la presidencia de Abelardo L. Rodríguez, mediante
decreto de fecha 10 de enero de 1934 se reformó el artículo 27 de la nueva
Constitución de 1917 adoptándose el concepto ―expropiar‖ en lugar de apropiar,
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manteniendo vigente el que deba hacerse por causa de utilidad pública y mediante
indemnización.
En el prólogo del libro ―Expropiación en México‖ de Luis Pérez de Acha y
Carlos Elizondo Mayer-Serra, Sergio López Ayllón sostiene que la suspensión del
derecho a la propiedad de un individuo por causa de necesidad pública no sólo
tiene implicaciones legales, sino también políticas y culturales, en virtud de que
esta institución jurídica se encuentra íntimamente relacionada con las condiciones
y la realidad del país en un periodo determinado y como manifestación del Poder.
A continuación reproducimos los primeros párrafos de este prólogo con el
propósito de resaltar este aspecto tan importante.
La expropiación es uno de los instrumentos más poderosos del Estado.
Supone sacrificar uno de los derechos fundamentales más importantes —
la propiedad— en beneficio de la colectividad. Por ello, su ejercicio en las
democracias constitucionales se enmarca en un sistema institucional
objetivado que debe lograr un delicado equilibrio entre derechos,
intereses y propósitos. No obstante su trascendencia en la historia de
México, este tema ha sido prácticamente ignorado por la doctrina jurídica
nacional y su análisis se limita fundamentalmente a los ya vetustos
tratados clásicos de Derecho administrativo. 1
La regulación moderna de la expropiación arranca, con rigor para los
sistemas constitucionales continentales, tras la Revolución francesa y, en
concreto, en el artículo 17 de la Declaración de los Derechos del Hombre
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y del Ciudadano de 1789. Ahí se plasmó que la propiedad es un derecho
―inviolable y sagrado‖. Pero también se estableció como único límite la
posibilidad de ser privado de ella cuando ―la necesidad pública,
legalmente constatada, lo exija de manera evidente y bajo la condición
de una justa y previa indemnización‖. Se admitió entonces un poder
extraordinario del Estado, pero alrededor del cual se construyó un
conjunto de garantías: necesidad pública evidente, reserva de ley para
identificar los casos límites e indemnización justa y previa. A decir del
sabio administrativista español Eduardo García de Enterría, ―la regulación
de la expropiación se articula así, a la vez, como reconocimiento de un
límite a la propiedad y como un sistema de garantías para hacer
compatible su admisión con la garantía básica de la propiedad misma‖. 2
Pero la expropiación es mucho más que una institución jurídica. Detrás de
ella se encuentra toda una concepción del poder y del Estado
íntimamente conectada con el sistema y la cultura política de una nación.
Puesto que se trata de un acto de intervención extrema en el que el
Estado cercena uno de los derechos fundamentales más críticos, las
condiciones en las que procede, la manera en que se diseñan las
garantías y el modo en que las autoridades administrativas y
jurisdiccionales las aplican e interpretan, son una muestra visible de las
condiciones de ejercicio del poder, de la vida de los derechos y del tipo
de ciudadanos que tiene la polis.
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La expropiación es una de las instituciones que ha forjado al país pero
que, junto con él, también ha cambiado profundamente. Por lo tanto,
debe atenderse no sólo a la evolución de las normas y su interpretación,
sino también a las transformaciones del sistema político y a la
construcción —a veces ambivalente— de los nuevos modos de ejercicio
del poder, que no siempre alcanzamos a entender en su exacta
dimensión.
Este poderoso instrumento del Estado, como le llama Sergio López Ayllón,
marcó la época posrevolucionaria de nuestro país, con particular fuerza durante el
régimen del presidente Lázaro Cárdenas del Río, quien apoyado en el pueblo
mexicano emitió sendos decretos de expropiación de bienes y empresas en el
ramo de ferrocarriles e hidrocarburos. Así en fecha 23 de junio de 1937 se expide
el Decreto por el cual se expropia en beneficio de la Nación, los bienes
pertenecientes a la Empresa Ferrocarriles Nacionales de México, S.A.; en fecha 18
de marzo de 1938 se expide el Decreto por el cual se expropian en beneficio de la
nación todas las compañías dedicadas al descubrimiento, captación, conducción,
almacenamiento, refinación y distribución de los productos de la industria
petroleran; y por supuesto los Decretos expropiatorios de diferentes fechas de
grandes extensiones de tierras para ser restituidas a los trabajadores del campo,
principalmente mediante el sistema ejidal.
Estas expropiaciones, aunadas a las demás que se realizaron previa y
posterior al cardenismo dejaron huella profunda en el sentir patrio del pueblo
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mexicano, porque existía una justificación muy importante para ello contenida en
los propios Decretos: ―para beneficio de la nación‖. El beneficio, la utilidad pública
que es lo prescribe la Constitución y las leyes fue evidente, la producción agrícola
aumentó considerablemente, se extendió la cobertura de empleos en el campo y
en la ciudad, los hidrocarburos sirvieron de palanca para el desarrollo nacional, en
resumen el crecimiento económico a tasas promedio anual de 6% se mantuvo
hasta principios de la década de 1980.
Por ello podemos decir que la utilidad pública es contraria a la utilidad
particular, y como tal se da cuando el Estado tiene obligación de cumplir por
razones de satisfacción de una necesidad de la colectividad; de acuerdo con este
criterio, siempre que la afectación de un bien de un particular sea necesario para
satisfacer necesidades públicas, y esa satisfacción se encuentre encomendada al
Estado, entonces se ha de justificar el acto de expropiación. Esta justificación de
utilidad pública es un elemento esencial, así lo marca el segundo párrafo del
Artículo 27 de la Ley Fundamental y diversas Tesis de Jurisprudencia emitidas por
la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Vinculado a la utilidad pública, la federación, los Estados de la República y los
Municipios requieren de bienes raíces para brindar los servicios públicos que la
población requiere. Por ello, el segundo párrafo de la fracción VI del Artículo 27 de
la Constitución señala que las leyes de la federación y de los Estados en sus
respectivas jurisdicciones, determinarán los casos en que sea de utilidad pública la
ocupación de la propiedad privada, y de acuerdo con dichas leyes, la autoridad
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administrativa hará la declaración correspondiente. Con esta disposición queda
claro que además de la federación, las entidades federativas tienen la facultad de
regular lo concerniente a los actos expropiatorios, observando los requisitos
constitucionales previstos en el segundo párrafo del Artículo 27 del mismo
ordenamiento. Así, de acuerdo a lo anterior tenemos la Ley de Expropiación, la Ley
Agraria, y otras, de carácter federal, y las leyes equivalentes en los Estados de la
República.
Respecto de la competencia para emitir decretos de expropiación, el marco
jurídico nacional no determina que esta facultad sea exclusiva del Ejecutivo de la
federación y de los Estados. Dentro de las obligaciones y facultades del Presidente
de la República, el primer párrafo del artículo 89 de la Constitución General se
señala que el de ―Promulgar y ejecutar las leyes que expida el Congreso de la
Unión, proveyendo en la esfera administrativa a su exacta observancia‖. Esta
atribución se vincula con el contenido del segundo párrafo del artículo 27 del
mismo ordenamiento, cuya parte conducente señala ―…de acuerdo con dichas
leyes, la autoridad administrativa hará la declaración correspondiente‖.
La Ley de Expropiación, cuyo ámbito de validez es para todo el territorio
nacional cuando se trate de recursos y bienes de su exclusiva competencia, así
como para el Distrito Federal, no establece que los actos de expropiación deban
emitirse por determinado poder, para lo cual transcribimos la parte relativa.
Artículo 21.- Esta Ley es de carácter federal en los casos en que se
tienda a alcanzar un fin cuya realización competa a la Federación
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conforme a sus facultades constitucionales, y de carácter local para el
Distrito Federal.
En cuanto a las Tesis y criterios de la Suprema Corte de Justicia de la Nación,
en estas no se determina que la expropiación deba realizarse por un Poder
específico, ni para la federación ni para los Estados, se reserva a determinado
poder la facultad de emitir actos o decretos de expropiación. En todo caso, en ellas
solamente se refiere que es un acto de Estado y que corresponde a las leyes de la
federación y de los Estados determinar las causas de utilidad pública,
correspondiendo a la autoridad administrativa hacer la declaración de expropiación
y fijar las reglas y montos para la indemnización, disposiciones previstas en la
propia Constitución General.
EXPROPIACIÓN. ES FACULTAD DEL CONGRESO DE LA UNIÓN Y DE LAS
LEGISLATURAS DE LOS ESTADOS ESTABLECER LEGALMENTE LAS
CAUSAS DE UTILIDAD PÚBLICA QUE LA JUSTIFIQUEN.- El artículo 27
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos prevé la
expropiación de la propiedad privada por causa de utilidad pública y
mediante indemnización, así como que corresponde a las leyes de la
Federación y de los Estados, en sus respectivos ámbitos
competenciales, señalar los casos en que sea de utilidad pública
expropiar un bien, correspondiendo a la autoridad administrativa realizar
dicha declaración y fijar las reglas generales sobre el precio e
indemnización. Esto es, la expropiación constituye un acto de carácter
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administrativo mediante el cual se priva a los particulares de la
propiedad de un bien inmueble, en aras del interés, necesidad o utilidad
social, es decir, se trata de una figura a través de la cual el Estado logra
determinados fines relacionados con el interés colectivo, de ahí que se
sujete la expropiación a causas de utilidad pública. Ahora bien, toda vez
que la Constitución Federal no establece un concepto de utilidad
pública, el que por abstracto, mutable y relativo es difícil de definir y
sólo es determinable por las condiciones políticas, sociales y económicas
que imperen en cierta época y lugar, el Constituyente otorgó al
Congreso de la Unión y a las Legislaturas Estatales la facultad de
establecer, en la ley y dentro de sus respectivos ámbitos de
competencia, las causas de esa utilidad pública que, en aras del bien
común, sustenten el acto administrativo expropiatorio.
Localización: Novena Época. Instancia: Pleno. Fuente: Semanario
Judicial de la Federación y su Gaceta XXIII, Marzo de 2006, Página:
1414. Tesis: P./J.38/2006 Jurisprudencia. Materia: Constitucional,
Administrativa.
EXPROPIACIÓN. LOS DECRETOS RELATIVOS NO SON IMPUGNABLES
EN LA VÍA ORDINARIA CIVIL.- Los decretos de expropiación constituyen
actos de autoridad, en tanto que son emitidos unilateralmente por el
Estado, en uso de su poder de imperio, motivo por el cual no son
impugnables en la vía ordinaria civil. No es óbice a lo anterior, el hecho
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de que la fracción I del artículo 52 de la Ley Orgánica del Poder Judicial
de la Federación disponga que los Jueces de Distrito en materia
administrativa son competentes para conocer "De las controversias que
se susciten con motivo de la aplicación de las leyes federales, cuando
deba decidirse sobre la legalidad o subsistencia de un acto de autoridad
o de un procedimiento seguido por autoridades administrativas", ya que
esta hipótesis se refiere a las acciones civiles anulatorias de actos de
derecho público, realizados por autoridad administrativa, siempre y
cuando dichas acciones se encuentren expresamente establecidas en la
ley, por lo que, si no se actualiza lo anterior -como ocurre en el caso de
los decretos de expropiación-, las únicas vías para impugnar los actos
de tales autoridades serán el recurso en sede administrativa, el juicio
ante Tribunal Contencioso Administrativo o, en su caso, el juicio de
amparo.
Localización: Novena Época. Instancia: Pleno. Fuente: Semanario
Judicial de la Federación y su Gaceta V, Junio de 1997. Página: 157.
Tesis: P. CII/97. Tesis Aislada. Materia: Administrativa.
Finalmente, es menester acotar que el Congreso de la Unión y los Congresos
Estatales están facultados para emitir Decretos, al igual que al Poder Ejecutivo y al
Poder Judicial. De ahí que atendiendo al poder que lo emita, la doctrina señala que
pueden ser: Decreto Legislativo, Decreto Judicial y Decreto Administrativo o del
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Ejecutivo. Para este último, la doctrina también admite que existen otros tipos de
Decretos los cuales son: Decreto de destino, Decreto-ley y el Decreto-delegado.
Respecto del Decreto Legislativo la Ley Fundamental establece en su Artículo
70 lo siguiente:
Artículo 70. Toda resolución del Congreso tendrá el carácter de ley o
decreto. Las leyes o decretos se comunicarán al Ejecutivo firmados por
los presidentes de ambas Cámaras y por un secretario de cada una de
ellas, y se promulgarán en esta forma: "El Congreso de los Estados
Unidos Mexicanos decreta: (texto de la ley o decreto)".
(…)
En el ámbito local, la Constitución establece lo siguiente:
ARTÍCULO 28.- La iniciativa de las leyes y decretos corresponde:
I.- A los diputados;
(…)
ARTÍCULO 34.- (…)
C. Los proyectos de ley y los decretos aprobados por el Congreso, se
remitirán al Ejecutivo firmados por el Presidente y el Secretario del Congreso, en
un plazo máximo de diez días a su aprobación. En un plazo similar, se deberán
remitir a los Ayuntamientos, las iniciativas de adición o reforma a esta
Constitución, que haya sido aprobada por acuerdo de las dos tercias partes del
número total de Diputados, para los efectos previstos en el artículo 112 de esta
Constitución.
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Con el propósito de tener mayor certidumbre de las atribuciones del Poder
Legislativo para emitir decretos, esta Comisión considera importante plasmar
algunas de las notas distintivas de los decretos que los diferencian de las leyes, de
acuerdo con la doctrina jurídica, y que a saber son las siguientes:
• Son actos concretos que se refieren a casos particulares.
• Tiene su origen de manera ordinaria en el Poder Ejecutivo, con sus excepciones.
Así como dentro del sistema de división de poderes de la federación existen casos
excepcionales en que el Poder Ejecutivo, como lo establece el artículo 49
constitucional que regula cuando se delegan a favor de este facultades
extraordinarias para legislar conforme a lo dispuesto en los artículos 29 y 131
constitucionales. También existe el caso del artículo 73, fracción XVI constitucional,
que autoriza al Consejo de Salubridad General que depende directamente del
Presidente, a expedir disposiciones generales para preservar la salud pública.
Decreto ley.
• Es un acto administrativo, sin importar qué órgano lo emita.
• Requiere de cierta formalidad y deberá ser promulgado y publicado a efecto de
que sea conocido por aquellos a quienes va dirigido.
• Regula situaciones de forma particular y concreta, en determinados tiempos,
lugares, corporaciones, establecimientos o personas.
• Tienen fuerza de ley sin poseer la jerarquía y el alcance de la misma.
• Está supeditado tanto a la ley como al reglamento.
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• Debe ajustarse en fondo y forma a lo dispuesto por la ley para los actos de
derecho público.
Así para las cuestiones de procedimiento o de tipo administrativo que
competen a los Congresos, se utiliza la palabra Decreto, por ejemplo, en el ámbito
de las entidades federativas tenemos una diversidad de actos emanados por los
Congresos locales, como la resolución que recae a las solicitudes de ampliación
presupuestal, la aprobación de un mayor presupuesto ejercido, para la solicitud de
transferencias presupuestales, para la autorización de adquisición de deuda
pública, para establecer montos máximos para determinada obra pública, para
donación de bienes inmuebles a los municipios, para la realización de obra o
servicios públicos, para el otorgamiento o uso de una condecoración, para dar a
conocer que una ley ha sido aprobada o reformada.
Como vemos, todos estos ejemplos forman parte de la función pública del
Estado, y todos ellos tienen carácter administrativo realizados por el Poder
Legislativo. La expropiación también es un acto de Estado, de naturaleza
administrativa, y de acuerdo a sus particularidades, es decir, al objeto, efectos,
aplicación o alcances, toma la forma de un decreto. Este acto, como los antes
enunciados, tienen el propósito de cumplir con fines específicos del Estado que es
atender situaciones concretas para generar los beneficios que requiere una parte
de la población.
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En conclusión, dada la naturaleza y objetivos de los actos de expropiación,
así como el marco legal vigente, esta Comisión considera viable y procedente la
iniciativa de reforma a la Ley de Expropiación del Estado de Baja California, que
faculta al Congreso del Estado para emitir decretos de expropiación de bienes por
causa de utilidad pública.
Por todo lo anterior, consideramos que la Iniciativa de reforma a la Ley
Expropiación del Estado de Baja California, objeto del análisis realizado en este
proyecto de Dictamen por la Comisión de Gobernación, Legislación y Puntos
Constitucionales de este H. Congreso del Estado de Baja California, con el apoyo y
auxilio de la Secretaría de Servicios Parlamentarios, es procedente, para lo cual se
exponen los siguientes:
CONSIDERANDOS
PRIMERO.- Que de conformidad con el Artículo 27 fracción I de la Constitución
Política del Estado Libre y Soberano de Baja California, es facultad de los
Diputados legislar sobre todos los ramos que sean de la competencia del Estado y
reformar, abrogar y derogar las leyes y decretos que expidieren, así como
participar en las reformas a esta Constitución, observando para el caso los
requisitos establecidos. Asimismo, que es facultad de los Diputados presentar
iniciativas de leyes y decretos, de conformidad con la fracción I del artículo 28 del
mismo ordenamiento constitucional.
SEGUNDO.- Que la iniciativa de reforma a la Ley de Expropiación del Estado de
Baja California, presentada por las Diputadas y Diputados integrantes de los
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partidos políticos Revolucionario Institucional, Verde Ecologista de México, del
Trabajo y Estatal de Baja California, reúne los requisitos formales que señala el
artículo 117 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado, consistente en
que sea presentada por escrito ante la Presidencia de la Mesa Directiva del
Congreso del Estado, signada por el o los inicialistas, cuya exposición de motivos
contenga las consideraciones jurídicas, políticas, sociales o económicas que
justifican, explican, motivan y dan procedencia a la proposición de creación,
reforma, derogación o abrogación de una ley o artículo.
TERCERO.- Que de conformidad con el artículo 55, tercer párrafo, 56 numeral 8,
62, fracción I, 122 y 124 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de
Baja California, la Comisión de Gobernación, Legislación y Puntos Constitucionales
de la XX Legislatura del Congreso del Estado conoció la iniciativa y procedió a
elaborar el estudio y análisis, conformando así el presente proyecto de dictamen.
CUARTO.- Que del estudio y análisis realizado por la Comisión de Gobernación,
Legislación y Puntos Constitucionales de este H. Congreso del Estado de Baja
California, con el apoyo y auxilio de la Secretaría de Asuntos Parlamentarios, la
iniciativa de reforma a la Ley de Expropiación del Estado de Baja California,
jurídicamente resulta procedente, como se hace constar en el apartado III
―Análisis particular de la iniciativa‖ de este documento, soportándose esta
resolución en que el acto de expropiar es una función de Estado, y en virtud de
ello no existe disposición alguna o tesis del alto tribunal que establezca que sea
facultad exclusiva del Poder Ejecutivo; además, porque los Congresos están
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facultados para emitir Decretos cuya naturaleza se consideran administrativos, tal
como se da cuenta en este documento.
QUINTO.- Que en fecha 11 de junio de los corrientes, se celebró Sesión de la
Comisión de Gobernación, Legislación y Puntos Constitucionales, en cuyo orden del
día se sometió a consideración de los presentes el Dictamen relativo a la iniciativa
de reforma a la Ley de Expropiación del Estado de Baja California, el cual se
aprobó en votación nominal por los C. Diputados Juan Bautista Montejano de la
Torre, Ricardo Magaña Mosqueda, Julio Felipe García Muñoz y Rubén Fernández
Gonsález.
Por lo anteriormente expuesto, la Comisión que suscribe somete a la consideración
de esta Honorable Asamblea, el siguiente punto:
RESOLUTIVO
ÚNICO.- SE APRUEBA LA REFORMA A LOS ARTÍCULOS 1, 4 Y 8 DE LA LEY DE
EXPROPIACIÓN DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, PARA QUEDAR COMO SIGUE:
ARTÍCULO 1.- Las disposiciones de la presente ley son de orden público, y
reglamentan la fracción XXXVIII del artículo 27 y fracción XVII, del artículo 49, de
la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Baja California.
ARTÍCULO 4.- (…)
I.- (…)
II.- Autoridad Expropiante: El titular del Poder Ejecutivo del Estado y el Congreso
del Estado;
III. a la VIII.- (…)
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ARTÍCULO 8.- (…)
La declaración de utilidad pública tendrá como base las constancias del expediente
técnico que previamente se hubiese integrado con los datos e informes que precisa
la presente Ley, que serán aportados indistintamente por el Ejecutivo del Estado,
Congreso del Estado, Dependencia, Entidad, los Municipios, las organizaciones de
ciudadanos o por el particular que hubiese solicitado la medida.
TRANSITORIO
ARTÍCULO ÚNICO.- El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su
publicación en el Periódico Oficial del Estado. Es cuanto Presidencia.
Dado en la Sala de Sesiones ―Dr. Francisco Dueñas Montes‖ del H. Congreso del
Estado de Baja California, a los once días del mes de junio del año dos mil doce.
- EL C. PRESIDENTE: Muchas gracias Diputado; con base a lo que establece el
artículo 127 de la Ley Orgánica de este Congreso, se declara abierto el debate del
dictamen No, 73 de la Comisión de Gobernación, Legislación y Puntos
Constitucionales; y con relación a lo que establece el artículo 128 de la Ley
Orgánica de este Congreso, se pregunta a los y las Diputadas que deseen
enlistarse para participar en pro y en contra del presente dictamen, lo hagan saber
levantando su mano, de no ser así, se solicita al Diputado Secretario Escrutador,
someta a votación nominal el dictamen No. 73 de la Comisión de Gobernación,
Legislación, y Puntos Constitucionales.
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- LA C. SECRETARIA ESCRUTADORA: Por instrucciones de la presidencia, se
somete a votación nominal el dictamen No. 73 de la Comisión de Gobernación,
Legislación y Puntos Constitucionales, iniciando por la derecha.
- Montejano de la Torre Juan Bautista, a favor.
- Vargas Rodríguez Juan, a favor.
- Agatón Muñiz Claudia Josefina, a favor.
- Galarza Villarino Arcelia, a favor.
- Carranza Hernández Gregorio, a favor.
- Dado Alatorre Laurencio a favor.
- Lozano Pérez David Jorge, a favor.
- García Muñoz Julio Felipe, a favor.
- Murguía Mejía Carlos, a favor.
- Magaña Mosqueda Ricardo, en contra.
- Sánchez Arredondo Nancy Guadalupe, a favor.
- Barreto Luna Gregorio, a favor.
- Topete Robles Elí, a favor.
- Navarro Gutiérrez Víctor Hugo, a favor.
- Magallanes Cortés Gustavo, en contra.
- Rodríguez Rubio María del Rosario, en contra.
- LA C. SECRETARIA ESCRUTADORA: ¿Falta algún Diputado por votar?
Procedemos con la mesa directiva.
- Noriega Ríos Virginia, a favor.
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- Vizcarra Calderón Marco Antonio, en contra.
- Mata Lozano Lizbeth, en contra.
- Garzón Zatarain Alfonso, a favor.
- LA C. SECRETARIA ESCRUTADORA: Con quince votos a favor, y cuatro en contra
Presidente.
- EL C. PRESIDENTE: Muchas gracias, una vez aprobado en lo general y en lo
particular, con quince votos a favor, y cuatro en contra se declara….
- EL C. DIP. MAGALLANES CORTÉS: Son cinco.
- LA C. SECRETARIA ESCRUTADOR: Presidente, cinco en contra.
- EL C. PRESIDENTE: Cinco en contra, se declara aprobado el Dictamen número 73
de la Comisión de Gobernación, Legislación y Puntos Constitucionales leído por el
señor Diputado Juan Bautista Montejano de la Torre. Dado en el Salón de Sesiones
―Licenciado Benito Juárez García‖, del Poder Legislativo del Estado de Baja
California en sesión ordinaria de la Honorable Vigésima Legislatura del Congreso
del Estado a los cinco días del mes de julio del año 2012; continuamos: tiene y
continua con el uso de la palabra el Diputado Juan Bautista de la Torre, para dar
lectura al dictamen No. 74 de la Comisión de Gobernación, Legislación y Puntos
Constitucionales, adelante señor Diputado.
- EL C. DIP. MONTEJANO DE LA TORRE: COMISIÓN DE GOBERNACIÓN,
LEGISLACIÓN Y PUNTOS CONSTITUCIONALES. DICTAMEN No. 74. HONORABLE
ASAMBLEA: Se recibió en esta Comisión de Gobernación, Legislación y Puntos
Constitucionales, para su estudio, análisis y dictaminación MINUTA PROYECTO DE
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DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE
LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, EN MATERIA
POLÍTICA, por oficio número 61-II-8-2603, recibido en esta Legislatura el 24 de abril
de 2012, que remite el DR. FERNANDO SERRANO MIGALLÓN, en su calidad de
SECRETARIO GENERAL DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS.
Esta Comisión con las facultades que le confiere el artículo 135 de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos; los artículos 56, 62 fracción I, 63, 122,
123, 124 y demás relativos de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de
Baja California, procedió al estudio y análisis de la mencionada Minuta, llegando a la
conclusión que se precisa en los resolutivos del presente dictamen, tomando en
consideración los siguientes:
ANTECEDENTES
I.- Con fecha 24 de abril de 2012, el Dr. Fernando Serrano Migallón, en su calidad
de Secretario General de la Cámara de Diputados del Poder Legislativo Federal,
remitió oficio número 61-II-8-2603, a esta H. Soberanía del H. Congreso del Estado,
a efecto de hacer llegar copia del expediente relativo a la Minuta Proyecto de
Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de Reforma Política.
II.- La Oficialía de Partes de este Congreso del Estado, recibió copia del expediente
relativo a la MINUTA PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y
ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, EN MATERIA DE REFORMA POLÍTICA.
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III.-La Presidencia del Congreso del Estado, mediante oficio número 001611
de fecha 24 de abril de 2012, turnó el expediente a la Secretaría de Servicios
Parlamentarios, para su conocimiento y trámite correspondiente.
IV.- La Secretaría de Servicios Parlamentarios, turnó mediante oficio número
SSP-CES/718/2012 de fecha 25 de abril de 2012, al Director General de Proceso
Parlamentario, la presente Minuta, lo anterior a efecto de dar cumplimiento a lo
señalado en el artículo 77 Ter de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de
Baja California.
V.- En atención a la solicitud descrita en el párrafo anterior, se remite el
Proyecto de Dictamen correspondiente al estudio y análisis de la iniciativa de
referencia a la Secretaría de Servicios Parlamentarios.
De esta forma, en su oportunidad y seguido el proceso legislativo en todas
sus etapas, esta Comisión suscribe el presente Dictamen, bajo los siguientes
términos:
ANÁLISIS Y ESTUDIO DE LA MINUTA PROYECTO DE DECRETO.
Una vez recibida la documentación de mérito, esta Comisión de Gobernación,
Legislación y Puntos Constitucionales, estimó pertinente realizar un estudio
preliminar de los aspectos generales y particulares de la manera que a continuación
se enuncia:
I.- ASPECTOS GENERALES:
A) MATERIA DE LA MINUTA.
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La Minuta aprobada por la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, tiene
como objetivo REFORMAR el párrafo primero y la fracción II del artículo 35; la
fracción III del artículo 36; el párrafo segundo del artículo 71; la fracción XXVI del
artículo 73; el párrafo cuarto de la fracción VI del artículo 74; la fracción II del
artículo 76; las fracciones IV, VI y VII del artículo 78; el artículo 83; los párrafos
primero, segundo y tercero (que pasan a ser cuarto y quinto) del artículo 84; los
párrafos primero, segundo y tercero del artículo 85; las fracciones II, III y IV del
artículo 89; y la fracción III de la Base Primera del Apartado C del artículo 122;
ADICIONAR: las fracciones VI, VII y VIII del artículo 35; una fracción IV y un tercero
y cuarto párrafos al artículo 71; una fracción XXIX-Q al artículo 73; los párrafos
segundo y tercero, recorriéndose en su orden subsecuentes y un último párrafo al
artículo 84; un segundo y tercer párrafos al artículo 87; un octavo párrafo a la
fracción II el artículo 116; un inciso o), recorriéndose en su orden el subsecuente a
la fracción V de la Base Primera del Apartado C del artículo 122, de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de Reforma Política, a fin de
establecer nuevos cauces de participación ciudadana, a través de fórmulas y
procedimientos que estimulen el interés de la sociedad para las decisiones político-
jurídicas que se toman en el país, así como regular contrapesos en el Congreso de la
Unión.
Entre los temas avalados se encuentran:
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Iniciativa Ciudadana, para que los ciudadanos puedan presentar
iniciativas ante el Congreso y la obligación correlativa del Congreso de
discutirlos, analizarlos y votarlos;
Candidaturas Independientes para los ciudadanos, sin necesariamente
someterse a la filiación o militancia de los partidos políticos;
Consulta Popular, en el que los ciudadanos serán consultados sobre
temas legislativos o administrativos relevantes para la vida del país,
con el propósito de que puedan pronunciarse sobre su procedencia;
Iniciativa Preferente;
Substitución del Presidente;
Toma de protesta del Presidente de la República, en casos de falta
absoluta o la posibilidad de que pueda rendir protesta ante las mesas
directivas de las cámaras o ante el Presidente de la Suprema Corte de
Justicia de la Nación, cuando no pueda hacer ante el Congreso
General;
Ratificación de comisionados de órganos reguladores del Estado;
Integración de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal;
Revisión de la Cuenta Pública;
Los argumentos que se exponen en los Antecedentes de la Minuta en
cuestión, plantean lo siguiente:
La discusión y debate sobre el cambio político que México requiere está
desarrollado en numerosos libros, en múltiples ensayos y en artículos que se
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publican día con día en la prensa o en las revistas especializadas. Ese debate
debe continuar y nutrir el trabajo de los Poderes de la Unión, en primer lugar
del Poder Legislativo.
En este dictamen, quienes lo suscribimos hemos tenido en cuenta, además de
las numerosas iniciativas reseñadas, los foros de análisis que el propio Senado
ha convocado al respecto, en especial el celebrado en el mes de enero de
2010, al que concurrieron especialistas, nacionales y extranjeros, legisladores y
el entonces Secretario de Gobernación. Igualmente, hemos considerado las
valiosas opiniones de los senadores y senadoras de los grupos parlamentarios,
que de manera personal, o en grupos de trabajo integrados de manera
informal, se han preocupado de aportar sus ideas y propuestas.
La propuesta que hoy presentamos a consideración del Pleno es el resultado
de más de dos años de trabajo, de múltiples reuniones de intercambio de
ideas; del rico y aleccionador ejercicio de escucharnos unos a otros, y sobre
todo de intentar entender lo que los ciudadanos quieren, lo que la sociedad
demanda.
En la política democrática no hay tiempos fatales, mucho menos
predeterminados por una voluntad suprema. Los acuerdos se alcanzan cuando
llega el tiempo y se genera la circunstancia que los hace posibles. Este es el
caso.
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Ahora, los integrantes de las comisiones unidas que suscribimos el presente
dictamen, pasamos a exponer las motivaciones de cada una de sus partes; lo
hacemos por grandes temas.
INICIATIVA CIUDADANA
En los últimos años, México ha transitado hacia un modelo democrático capaz
de generar una alternancia en los Poderes Ejecutivo y Legislativo. No obstante,
esta transición no ha sido suficiente para asegurar una representatividad en la
cual la ciudadanía incida eficazmente en la toma de decisiones de interés
público y en la que se incluyan los temas de interés ciudadano en la agenda
legislativa. Por esta razón, resulta indispensable complementar nuestra actual
democracia representativa con mecanismos de democracia directa que sean
capaces de resacir estas deficiencias.
Una de las figuras de participación ciudadana que cuenta con un mayor
consenso como forma de expresión directa del interés de la ciudadanía en los
asuntos públicos es la de iniciativa ciudadana. Con el objeto específico de
permitir al ciudadano delinear los espacios, las políticas, los derechos, así como
otros factores sociales, económicos y políticos entre los que se desenvuelven,
se propone reconocer a los ciudadanos el derecho de iniciar leyes.
En México los ciudadanos no cuentan con ningún mecanismo para incidir de
manera directa en la agenda legislativa. De acuerdo con el artículo 71
constitucional, los únicos actores que tienen el dereho de iniciar leyes o
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decretos son el Presidente de la República, los legisladores federales y los
Congresos locales.
Si un ciudadano o un grupo de ciudadanos desean promover un cambio a la
legislación, tienen que acudir con algún legislador y pedir su intermediación ante el
Congreso.
Son varios los conceptos que se desarrollan respecto el concepto de Iniciativa
Ciudadana:
―Es el derecho que se le confiere al pueblo para hacer propuestas de ley al
Poder Legislativo, reconociendo en algunas constituciones a favor del pueblo,
estableciéndose como único requisito que la iniciativa sea presentada por
cierto número de ciudadanos. Consiste en la transmisión de la potestad de
iniciar el procedimiento de revisión constitucional o de formación de la ley
formal, a una determinada fracción del cuerpo electoral.‖
―Es el procedimiento que permite a los votantes proponer una modificación
legislativa o una enmienda constitucional, al formular peticiones que tienen
que satisfacer requisitos predeterminados.‖
―Es una figura jurídica por el que se concede derecho al pueblo a fin de
presentar propuestas al gobierno a los gobernantes establecidos.‖
Es así como, como los conceptos anteriores forman y dan sentido a todo un
régimen de participación directa de la ciudadanía.
La iniciativa ciudadana puede considerarse como una forma más evolucionada
de hacer política, ya que implica un compromiso no sólo de la parte
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gubernamental por llevar a cabo sus tareas, sino que la ciudadanía, una parte
de ella, se involucra en forma directa en la generación de ideas y propuestas
para transformar el sistema legal.
Es así que en la idea de una democracia directa, se van a plantear
compromisos más fortalecidos de ambas partes, tanto de la clase política como
de los gobernados.
La propuesta consiste en reformar el artículo 35 constitucional para establecer
como derecho de los ciudadanos presentar leyes, en los términos y con los
requisitos que señalen la Constitución y la Ley del Congreso. Así como
establecer que el Instituto Federal Electoral tendrá las facultades que en esta
materia le otorgue la ley.
Y en correlación con lo anterior se reforma el artículo 71 constitucional para
establecer a los ciudadanos como sujetos constitucionalmente legitimados para
iniciar leyes o decretos ante el Congreso de la Unión, siempre que esas
iniciativas cuenten con el respaldo de al menos el equivalente al 0.25% de la
lista nominal de electores, en los términos que señale la Ley del Congreso.
a) Introduce nuevos temas en la agenda legislativa.- A través de esta facultad,
los ciudadanos pueden introducir nuevos temas en la agenda legislativa,
que de otra manera, difícilmente formarían parte de ésta, ya sea poque son
contrarios a los intereses de los legisladores o simplemente porque no sean
relevantes para ellos.
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b) Aumenta el costo de no discutir temas relevantes para los ciudadanos.- Las
iniciativas, al estar respaldadas por un número importante de ciudadanos,
cuentan con una legitimidad que difícilmente puede ser ignorada por los
legisladores que se encargarán de dictaminarla.
Cabe señalar que la Ley del Congreso establecerá un procedimiento expedito
para que las iniciativas de ley presentadas por los ciudadanos puedan ser
analizadas, discutidas y votadas en un plazo breve.
CONSULTA POPULAR
Las democracias modernas son, por definición, representantivas. Es decir, se
trata de formas de gobierno en las que el proceso de toma de decisiones
involucra a representantes elegidos popularmente mediante sufragio universal,
que son quienes en nombre de sus representandos procesan y adoptan las
decisiones colectivas. La participación de los ciudadanos en ese proceso se
concreta, en primera instancia, en ejercicio del derecho de votar para elegir a
quienes los representarán en las fases sucesivas del proceso de adopción de
las decisiones políticas. Esa participación de los ciudadanos en el proceso
democrático de decisión en México se ha venido ampliando y garantizando a
través de múltiples reformas constitucionales y legales que hoy permiten el
ejercicio de las libertades políticas en un contexto jurídico e institucional
caracterizado por la existencia de varios mecanismos de garantía.
Sin embargo, a la par de los mecanismos de democracia representativa, ha
existido una tendencia, en las constituciones de la segunda postguerra, a
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introducir algunas fórmulas adicionales que tienen la finalidad de multiplicar los
espacios de la participación ciudadana en los procesos de decisión política.
Estas fórmulas de la así llamada democracia ―semidirecta‖, como el
referéndum, el plebiscito y la iniciativa popular, han tenido una gran
proliferación en el constitucionalismo contemporáneo como complementos de
la representación democrática.
En América Latina, por ejemplo, todas las constituciones, salvo las de México y
de República Dominicana, contemplan algún mecanismo de participación
directa de los ciudadanos en los proceso de decisión política.
Estos mecanismos tienen la virtud de estimular la participación política de los
ciudadanos más allá de las elecciones, al permitirles intervenir en la discusión
pública de temas de relevancia nacional que ameritan un pronunciamiento
explícito de los ciudadanos que corre paralelo al debate y a las decisiones que
se adoptan por los órganos representativos del Estado, en primer lugar, las
instancias paralamentarias o legislativas.
Es particularmente necesario asumir que estos mecanismos no son, ni deben
ser, sustitutivos de las instancias de representación política en los procesos de
decisión colectiva. Las fórmulas o métodos de la democracia ―semidirecta‖,
adecuadamente reguladas, son instancias complementarias y subsidiarias de la
democracia representativa. En efecto, su uso excesivo y una regulación
inadecuada pueden terminar por erosionar las instituciones representativas y
dar pie a lo que en el ámbito de la teoría política se conoce como ―democracia
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plebiscitaria‖, que en, realidad, sólo en apariencia es una democracia, pues ahí
se anidan graves pulsiones autoritarias. Los totalitarismos del siglo XX nos
recuerdan con claridad que los sistemas autocráticos siempre utilizan
evocaciones directas ―al pueblo‖ como una manera de legitimación.
Cabe señalar que el recurso a estos mecanismos de consulta a los ciudadanos
no son ajenos al ordenamiento jurídico mexicano. Existen varias entidades
federativas en donde el marco normativo local introduce instrumentos a través
de los cuales los ciudadanos pueden expresar su sentir en torno a temas de
importancia para sus respectivas sociedades. En esa circunstancia se
encuentran los Estados de Baja California, Colima, Chihuahua, Guanajuato,
Jalisco, Tlaxcala y Veracruz.
Estas Comisiones unidas reconocen, por un lado, la importancia de contar con
un mecanismo a nivel federal que permita al conjunto de ciudadanos de la
República expresarse en torno al sentido que deben tener las decisiones
relativas a los asuntos de gran importancia nacional, pero también asumimos
que la introducción, sin controles adecuados, de mecanismos de la llamada
democracia ―semidirecta‖, puede lograr el efecto contrario al de la
consolidación y fortalecimiento del régimen democrático y propiciar su erosión
y eventual vaciamiento.
Hay una plena convicción de que, con una adecuada regulación, la
introducción de mecanismos que supongan el involucramiento de los
ciudadanos en los procesos de decisión colectiva puede aumentar y fortalecer
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la participación política de éstos y con ello contribuir a construir una ciudadanía
más fuerte, consciente y atenta a los problemas que la aquejan y
corresponsable de las soluciones colectivas que se adopten para enfrentarlos.
La figura de la consulta popular, aunada a la de la iniciativa ciudadana, puede
ser un mecanismo que permita fortalecer el proceso de decisión democrática
en la medida en la que se abre otro canal para que propuestas legislativas, en
este caso realizadas directamente por grupos de ciudadanos, sean conocidas y
tomadas en consideración por las Cámaras del Congreso de la Unión.
A juicio de estas comisiones dictaminadoras, se considera que, ponderando las
experiencias comparadas, resulta pertinente incorporar a través de la figura de
la consulta popular la posibilidad de que exista ese pronunciamiento directo de
los ciudadanos en relación con asuntos de gran trascendencia nacional de
manera que su voluntad, vinculante conforme determine la ley, para el
Congreso de la Unión en caso de reunirse determinados requisitos de
participación, deba ser asumida por el Poder Legislativo en el procesamiento
de la decisión que corresponda.
La consulta popular, como mecanismo de participación e intervención de los
ciudadanos en la toma de decisiones relacionadas con temas relevantes,
constituye además una vía para poder resolver, a través de la consulta a la
base política de la socieedad, eventuales diferendos relativos a temas de suma
importancia que se presenten en los órganos representativos o entre éstos.
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Atendiendo a esa finalidad estas comisiones unidas consideran que este
mecanismos debe poder ser inducido mediante solicitud que puedan realizar
tanto el titular del Poder Ejecutivo, como una parte de los integrantes de
alguna de las Cámaras del Congreso de la Unión, e incluso un grupo de
ciudadanos, equivalente al dos por ciento de los inscritos en la lista nominal de
electores utilizada en la elección federal previa.
Por otra parte, al tratarse de un mecanismo cuyos resultados, de alcanzarse un
índice de participación en la consulta, resultarán vinculantes para los poderes
Ejecutivo y Legislativo federales y para las autoridades competentes, resulta
pertinente que, con independencia de quién haya solicitado la realización de
una consulta popular, exista una aprobación respecto de la realización de la
misma por parte de la mayoría de los integrantes de cada una de las cámaras
en las que se deposita la función legislativa federal, respecto a las consultas
convocadas por el Presidente de la República o el porcentaje establecido para
los integrantes de cualquiera de las cámaras del Congreso, requisito que no
será aplicable para las consultas convocadas por los ciudadanos. Este requisito,
lejos de constituir un impedimento o un obstáculo innecesario, representa una
garantía para que las consultas populares no se conviertan en un instrumento
sustitutivo de la instancia democrático-representativa por excelencia, sino que
implique un acompañamiento de los órganos que tendrán la responsabilidad y
la oligación de procesar normativamente la voluntad ciudadana expresada en
la consulta. En ese sentido, el requisito de contar con esa mayoría para
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convocar a la consulta expresa el compromiso del Congreso-y en ese sentido
es la mejor garantía- de acatar en sus términos la voluntad ciudadana
manifestada en ella.
Es sabido que la formulación de la pregunta que debe ser sometida a la
consulta de los ciudadanos, constituye un aspecto especialmente delicado,
pues su redacción puede, eventualmente, condicionar el sentido de la
respuesta. Por su propia naturaleza, las consultas populares, como todos los
demás mecanismos de democracia directa en los que se recaba la opinión de
los ciudadanos, suponen respuestas simplificadas que en la mayoría de los
casos suele reducirse a una alternativa entre dos posibles respuestas.
Esporádicamente pueden preverse alternativas más complejas. Ello implica que
el modo de plantear la pregunta resulta determinante para el adecuado
desarrollo de este ejercicio democrático. En este sentido, el presente dictamen
plantea que previo a la convocatoria que realice el Congreso de Unión, la
Suprema Corte de Justicia de la Nación resuelva sobre la constitucionalidad de
la materia de la consulta;
Consecuentemente, la ley que regule esta modalidad de participación
ciudadana deberá contener los procedimientos y mecanismos que deberán
seguirse para todo el proceso de organización y desarrollo de la consulta se rija
por los principios de objetividad, imparcialidad y certeza. Por ello, se dispone
que las consultas populares serán responsabilidad, en términos de su
organización y realización del Instituto Federal Electoral, en forma integral. El
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propio Instituto deberá certificar, en su caso, la veracidad de la promoción
ciudadana al respecto.
La experiencia comparada enseña que todos los mecanismos de consulta
popular o de otros mecanismos de democracia ―semidirecta‖ (referéndum o
plebiscito), cuando tienen un carácter vinculante para los poderes públicos,
están sujetos a la existencia de un quórum de participación ciudadana. En ese
mismo sentido, este dictamen plantea establecer un umbral de participación
para que el resultado de la consulta popular sea vinculante para los poderes
Ejecutivo y Legislativo federales y para las autoridades competentes,
consistente en que un porcentaje de al menos al cuarenta por ciento del total
de ciudadanos inscritos en la Lista Nominal de electores que corresponda haya
acudido y participado con su voto en la consulta.
En relación con los temas sobre los que pueden versar las consultas populares,
se considera pertinente establecer ciertas materias en las cuales no procede
este tipo de ejercicios y que se asume están reservadas, en cuanto a la
capacidad de decisión, exclusivamente a la competencia de las Cámaras del
Congreso de la Unión, conjuntamente o de manera exclusiva de alguna de
ellas de conformidad a lo dispuesto por la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos. Esas materias, en las que no procede la realización de
consultas populares son: la electoral, los ingresos y gastos del Estado, la
seguridad nacional y la organización, funcionamiento y disciplina de las Fuerzas
Armadas.
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Por lo que hace a los tiempos para realizar el ejercicio mediante el cual los
ciudadanos darán respuesta a la o las preguntas planteadas a través de las
consultas populares, se propone que la realización de las consultas populares
coincida con la fecha de realización de la jornada electoral federal, es decir, el
primer domingo de julio de cada tres años. Ello no implica que a lo largo del
periodo que media entre dos elecciones no pueda proponerse la realización de
una consulta popular y determinarse su procedencia por parte del Congreso,
sino que el ejercicio específico de someter a la consideración ciudadana la o las
preguntas en las que la consulta se articule coincidirá con la jornada electoral
federal. En virtud de lo anterior, en caso de que no haya sido solicitada y
aprobada la realización de una sola consulta, sino de varias en el periodo que
media entre dos elecciones federales, las preguntas correspondientes a todas
ellas serán sometidas a la consideración de los ciudadanos de manera
simultánea y concurrente con la fecha de realización de las elecciones
respectivas.
Lo anterior obedece esencialmente a dos razones fundamentales: en primer
lugar a simplificar desde un punto de vista logístico y de racionalidad de
esfuerzo y gasto, la realización de las consultas populares, pues en vez de
instalar específicamente centros de votación en los cuales los ciudadanos
puedan emitir su opinión respecto de las preguntas sometidas a su
consideración, se aprovecharía la logístiva que en cada elección federal
despliega el Instituto Federal Electoral para instalar en todo el país las Mesas
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Directivas de casilla, órganos en los cuales, además del procesamiento y
escrutinio de los votos emitidos en las elecciones que correspondan, serán
responsables de recibir y procesar las respuestas de los ciudadanos sobre los
temas sometidos a su consulta.
Por otra parte, la concurrencia de las consultas populares con los procesos
electorales federales tiene también la finalidad de inyectar en la discusión
electoral un contenido programático en el debate público que tendrá que ver
con los temas sobre los cuales versarán dichas consultas. Una de las
características que han distinguido las recientes contiendas electorales es el
escaso debate programático e ideológico, centrando la atención en los
candidatos y en los lemas de sus campañas, más que en las plataformas
electorales que los partidos tienen la obligación de presentar y registrar ante
las autoridades electorales. La coincidencia de las consultas populares con las
elecciones puede ser, en ese sentido, una oportunidad para reinvindicar la
importancia de la confrontación pacífica de ideas y de contenidos
programáticos en el marco de las precampañas y campañas electorales.
Finalmente, lo anterior implica que la organización, desarrollo, cómputo y
declaración de los resultados de la o las consultas populares que se realicen
cada tres años, esté a cargo del Instituto Federal Electoral, para lo cual la ley
establecerá puntualmente los actos y los procedimientos que dicho Instituto
deberá desplegar para la adecuada realización de las consultas, así como de la
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verificación del requisito del número de ciudadanos que deben respaldar la
solicitud de realización de una consulta cuando sea el caso.
CANDIDATURAS INDEPENDIENTES
Como se ha expuesto antes en este dictamen, uno de los propósitos
fundamentales de diversas iniciativas que son objeto de estudio es abrir
nuevos cauces a la participación ciudadana sin condicionarla a la pertenencia,
sea por adscripción o por simpatía, a un partido político. Estas comisiones
unidas coinciden con ese propósito y en la misma línea de razonamiento por la
que se propone incluir las figuras de la consulta popular y la iniciativa
ciudadana, consideramos que ha llegado el momento de dar un paso de
enorme trascendencia para el sistema político-electoral de México mediante la
incorporación en nuestra Carta Magna del derecho ciudadano a competir por
cargos de elección popular sin la obligada postulación por un partido político.
Es bien sabido y ha sido documentado con suficiencia por muy diversos
autores, que desde finales de los años 40 del siglo pasado, el sistema electoral
mexicano hizo de los partidos políticos su punto de referencia al otorgarles el
derecho exclusivo de postular candidatos a cargos de elección popular. La
reforma política de 1977-1978 amplió el espectro de opciones partidistas, al
otorgar registro legal a varias opciones que habían sido privadas, por
circunstancias diversas, del derecho a participar en procesos electorales (los
Partidos Comunista Mexicano; Demócrata Mexicano y Socialista de los
Trabajadores). Posteriormente, otras organizaciones solicitaron y obtuvieron
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registro como partido político nacional, mientras que a nivel local se crearon
partido de ese ámbito.
Sin embargo, pese a que las normas legales buscaron favorecer la creación y
registro de nuevas opciones partidistas, con una definida orientación a favor de
un sistema pluripartidista, la mayoría de las que obtuvieron registro no
lograron consolidar su presencia entre la ciudadanía y terminaron por perder el
registro legal. En el ámbito local se ha registrado un fenómeno semejante; hoy
en día son pocos los partidos locales que han logrado mantener presencia y
registro local por más de dos elecciones consecutivas.
De 1977 a 2006, la ley mantuvo abierta la posibilidad de registro legal de
nuevos partidos políticos cada tres años, iniciando el procedimiento en enero
del año siguiente al de la elección federal inmediata anterior. En una primera
etapa la fórmula del registro condicionado al resultado de las elecciones fue la
más utilizada por las organizacones solicitantes; esa fórmula fue eliminada en
1986 y luego, en 1991, se reintrodujo en la ley, hasta que en 1996 fue
abrogada, subsistiendo solamente la figura del llamado ―registro definitivo‖,
que se funda en la comprobación de requisitos cuantitativos.
Ante la evidencia de que el registro de nuevos partidos políticos nacionales
cada tres años no había dejado un saldo positivo para el sistema en su
conjunto, el Congreso de la Unión resolvió, en 2007, que el procedimiento para
registro de nuevos partidos tuviese lugar cada seis años, y que ello ocurriese
después del año de la elección presidencial.
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Por efecto del marco legal, por la evolución del sistema de partidos y de las
preferencias ciudadanas, en los hechos se ha venido configurando un modelo
de competencia de corte tripartidista, situación que teniendo ventajas
indudables –como la de evitar la fragmentación excesiva de los órganos
colegiados de la representación nacional, o de los ayuntamientos municipales-
ha conducido también a una limitación de opciones ante la sociedad y la
ciudadanía.
Lo anterior se acompaña de un evidente deterioro de la valoración social de los
partidos políticos; aunque las causas de esa situación son múltiples, cabe
reconocer que entre ellas se encuentra el alejamiento de los partidos de la
sociedad, que los percibe como organizaciones cerradas, sujetas al contro de
sus grupos dirigentes que deciden sus asuntos sin consulta a la ciudadanía.
Pese a los cambios legales para propiciar la democracia interna y la apertura
de los partidos a la participación de la ciudadanía en sus procesos de selección
de candidatos a cargos de elección popular, lo cierto es que en la percepción
social son los partidos y sus grupos dirigentes lo que deciden en esa materia,
generando un círculo de desconfianza entre ellos y los ciudadanos, que se han
ensanchado de manera creciente.
Con motivo de la reforma electoral de 2007 se discutió a profundidad la
propuesta de admitir para México la postulación de candidatos
―independientes‖, es decir, postulados al margen de los partidos políticos. Se
analizó también la propuesta de llevar a la Constitución la exclusividad de los
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partidos en materia de postulación de candidatos. Ante la falta de consenso, se
optó por dejar el asunto para una futura reforma. Si bien el texto del artículo
41 de la Constitución fue corregido para que el tema siguiese siendo analizado,
por un error no se realizó la misma correción en el texto del artículo 116 de la
propia Carta Magna, de manera tal que quedó aprobado y promulgado el
derecho exclusivo de los partidos políticos para postular candidatos a cargos de
elección popular en comicios locales. Hasta hoy no ha sido posible armonizar la
norma constitucional a ese respecto.
Sin embargo, la demanda de abrir el sistema electoral a la posibilidad de
candidaturas independientes sigue presente en sectores representativos de la
sociedad civil, que consideran que el derecho al voto pasivo no debe tener más
restricciones que las establecidas por la ley de manera proporcional, de forma
tal que sea posible que un ciudadano(a) pueda postularse y obtener registro
para competir por un cargo de elección popular sin tener que obtener el
respaldo de un partido político.
No escapa a quienes integramos las comisiones unidas que ese cambio
representaría un viraje radical en la configuración que a lo largo de más de
medio siglo ha tenido nuestro sistema electoral. Supone un nuevo diseño
normativo y práctico que haga posible la existencia de candidatos
independientes (no partidistas) sin tirar por la borda el entramado de
obligaciones y derechos que nuestra Constitución y las leyes electorales
disponen para los partidos políticos. En pocas palabras, la posible incorporación
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a nuestro sistema electoral de la posibilidad de candidatos independientes
debe hacerse en armonía con lo que hemos construido a lo largo de más de
tres décadas.
Las candidaturas independientes deben ser una fórmula de acceso a los
ciudadanos sin partido para competir en procesos comiciales, no una vía para
la promoción de intereses personales o de poderes fácticos que atenten contra
la democracia y el propio sistema electoral y de partidos políticos. Estos últimos
deben seguir siendo la columna vertebral de la participación ciudadana, los
espacios naturales para el agrupamiento y cohesión de la diversidad que está
presente en la sociedad, de forma tal que la diversidad encuentra en ellos un
cauce democrático para dar lugar a la pluralidad de opciones que compiten por
el voto ciudadano y hacen posible el acceso de los ciudadanos al ejercicio de
los cargos públicos de elección popular.
La solución no está, a juicio de las comisiones dictaminadoras, en mantener el
estatus quo y preservar el derecho exclusivo de los partidos políticos para la
postulación y registro legal de candidatos a cargos de elección popular, sino en
abrir las puertas a la participación independiente de los ciudadanos en las
contiendas electorales, con los requisitos de ley que aseguren
representatividad y autenticidad, con ciertos derechos y obligaciones que sean
armónicos con las existentes para los partidos políticos, que garanticen
transparencia y rendición de cuentas, de forma tal que los candidatos
independientes no sean caballo de Troya por el que se introduzca al sistema
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político proyectos ajenos a su base y sentido democrático, y mucho menos
para la penetración de fondos de origen ilegal en las contiendas electorales.
Por lo anterior, estas comsiones unidas proponen introducir en nuestra
Constitución, en los artículos 35 y 116, la base normativa para la existencia y
regulación, en la ley secundaria, de las candidaturas independientes, a todos
los cargos de elección popular, tanto federales como locales.
Como señalamos antes, de aprobar el órgano Reformador de la Constitución
esta propuesta será necesario realizar adecuaciones de fondo, de gran calado
y complejidad, en las leyes electorales, tanto federales como locales. Tales
adecuaciones deberán ser materia de una reforma electoral a realizar tan
pronto concluya el proceso de reforma constitucional que implican el presente
dictamen y el proyecto de decreto que contiene. Lo ideal sería que la reforma
quedase completada en tiempo y forma para ser aplicada en las elecciones
federales de 2012, pero no escapa a nuestra comprensión lo limitado del
tiempo disponible para ello, en función de la norma del artículo 105 de la
propia Carta Magna, que hace obligatoria la entrada de vigor de reformas
electorales fundamentales, al menos 90 días antes del inicio del proceso
electoral en que vayan a ser aplicadas.
En todo caso, quienes integramos las comisiones unidas que suscriben el
presente dictamen, dejamos establecidas algunos lineamientos fundamentales
para la reglamentación en la ley secundaria de las ―candidaturas
independientes‖.
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Deberán establecerse requisitos de naturaleza cualitativa y cuantitativa a
satisfacer por quienes pretendan registro bajo esa nueva modalidad.
Respecto a lo cuantitativo, al igual que en la normatividad existente en varios
países, los aspirantes a registro como candidato independiente deberán
comprobar, de manera fehaciente, contar con el respaldo de un número
mínimo de ciudadanos, de entre los inscritos en el padrón electoral o lista
nominal de la demarcación que corresponda al cargo por el que pretenden
registro; a esos requisitos deberán añadirse los relativos a una adecuada
distribución territorial del respaldo ciudadano, pues no sería adecuado que,
para poner el ejemplo más importante, quien pretenda ser registrado como
candidato independiente a la Presidencia de la República, presente firmas de
respaldo que se concentran de manera evidente en unas cuantas entidades
federativas, o en una sola.
Corresponderá al Congreso de la Unión, con base en el estudio de experiencias
comparadas y de nuestra propia realidad, determinar los derechos y
prerrogativas a las que, de ser el caso, tendrán derecho los candidatos
independientes. Al respecto, el sistema de financiamiento público sujeto a
reembolso que se presenta en un buen número de sistemas que admiten esta
figura, resulta de especial atención. Habrá que prever lo necesario para, en su
caso, permitir el acceso de candidatos independientes a los tiempos de Estado,
considerando las bases establecidas en el artículo 41 constitucional.
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La ley deberá también dotar a las autoridades electorales, administrativas y
jurisdiccional, de las normas aplicables a las actividades de campaña de los
candidatos independientes, su aparición en la boleta electoral y el
cumplimiento riguroso de sus obligaciones, en especial en lo relativo a
transparencia de su financiamiento y gasto y a la debida rendición de cuentas.
En la ley en la materia, deberán establecerse los mecanismos de acceso a la
justicia electoral por parte de los candidatos independientes.
Se trata de una tarea legislativa de enorme complejidad para la que será
necesarios allegarse las experiencias de otras naciones y el apoyo de expertos
nacionales e internacionales. Sin desconocer la magnitud de la reforma
secundaria, estas comisiones unidas consideran que la propuesta de introducir
a nuestro sistema electoral las llamadas candidaturas independientes es un
paso adelante, un enorme avance, en la ruta democratizadora y participativa
que desde hace varias décadas emprendieron la sociedad, los partidos y el
Estado mexicano.
Todo cambio tiene aparejados nuevos retos, dilemas por resolver y resistencias
por vencer; este que ahora proponemos emprender es de aquellos que marcan
nuevas rutas y reclaman nuevos puertos de llegada. De lo que no tenemos
duda es que las candidaturas independientes serán un acicate para que los
partidos políticos retomen el camino de un mayor y permanente contacto con
la sociedad y los ciudadanos, para que abran sus puertas a la participación
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amplia y efectiva de sus propios afiliados, de sus simpatizantes y de todos los
que están interesados en participar en ellos.
En la idea y visión de estas comisiones unidas, las candidaturas independientes
no son una fórmula contra los partidos, sino una vía alternativa de
participación de los ciudadanos que, más temprano que tarde, habrá de
contribuir a tener partidos mejor valorados, mejor apreciados, por la sociedad.
Todo ello en el marco de una democracia más sólida, más fuerte y estable.
INICIATIVA PREFERENTE
La facultad del Poder Ejecutivo para presentar proyectos de leyes y decretos al
Parlamento, se remonta al sistema inglés de los siglos XI y XII.
El modelo presidencial –adoptado originariamente en los Estados Unidos de
América y, posteriormente, por la gran mayoría de las naciones
iberoamericanas- retomó la facultad del Ejecutivo para presentar iniciativas
ante la representación popular. Así, nuestra Carta Magna en su artículo 71
establece la facultad del Presidente de la República para iniciat leyes o
decretos. Asimismo, establece la remisión inmediata a comisiones de las
iniciativas. Sin embargo, la reglamentación de trámite legislativo posterior no
garantiza que dichas iniciativas se discutan en un periodo determinado o que
llequen siquiera a dictaminarse. Es decir, no existe certidumbre respecto de la
resolución del proyecto legislativo presentado.
Hoy la existencia de un sistema democrático, plural, incluyente y abierto hace
necesario adoptar mecanismos de colaboración entre los Poderes de la Unión y
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entre las fuerzas políticas; en un contexto plural, como el que vive México
actualmente, la capacidad del Ejecutivo Federal para generar acuerdos con el
Congreso se dificulta por la falta de mayorías. Con base en esto se justifica la
revisión de la facultad de iniciativa del Poder Ejecutivo. Lo anterior con el fin de
fortalecer la cooperación entre los Poderes Ejecutivo y Legislativo y para
beneficio del funcionamiento general del régimen de gobierno mexicano.
En este contexto, se propone que el Presidente de la República, como
responsable de la acción del gobierno, tenga la facultad de presentar iniciativas
para trámite preferente, con objeto de que éstas sean resueltas por el
Congreso en un breve lapso.
Lo que se propone es un instrumento que fortalezca la colaboración entre el
Congreso de la Unión y el Poder Ejecutivo Federal. Se trata de prever la
atención legislativa preferente de aquellas iniciativas que la ameriten, cuando
se trate de asuntos cuya relevancia, transcendencia y urgencia a juicio del
Presidente de la República, así lo justifiquen.
La propuesta es crear la figura del ―proceso legislativo preferente‖, ya que
existe con variaciones y matices, en algunas democracias consolidadas –como
Fancia y Alemania- así como en varios países de América Latina –Brasil, Chile,
Colombia, Ecuador, Nicaragua, Paraguay y Uruguay-, la cual consiste en acotar
los tiempos para la votación de una iniciativa presentada por el Ejecutivo, a
partir del establecimiento de plazos específicos que agilicen la discusión y
votación correspondientes.
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Lo anterior, porque el Poder Ejecutivo, en esta nueva etapa de equilibrio de
poderes, necsita contar con nuevos instrumentos constitucionales que le
permitan que su mandato sea más eficaz, con el propósito de responder a las
tareas de Estado más apremiantes.
El carácter de preferente no limita de modo alguno las facultades del Congreso
de modificar o rechazar en su totalidad las propuestas que presente el
Ejecutivo, sino que simplemente incide en el plazo para el desahogo y
resolución de las mismas, es decir, el Congreso General conserva, intocada, su
potestad de aprobar, modificar o rechazar las iniciativas del Ejecutivo.
Con esta nueva figura se trata de darle mayor certidumbre al proceso
legislativo, dónde los Poderes Ejecutivo y Legislativo sean coadyuvantes en
asuntos de gran relevancia para la sociedad y el Estado mexicanos.
La transformación del sistema político mexicano que se dio a partir del año
2000 y la dinámica democrática que se derivó de este proceso, para su
consolidación requiere de una profunda apertura y pluralidad de los actores
políticos, por lo cual exige adoptar mecanismos de colaboración entre los
poderes de la Federación, en este caso, en lo que respecta al Legislativo y al
Ejecutivo.
El trámite legislativo preferente procederá ante la solicitud que formule el
Presidente de la República. Al respecto, conviene precisar que no se trata de
un trato preferente respecto del contenido de los argumentos o del sentido de
la votación; por el contrario, la preferencia consiste exclusivamente en la
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obligación del Congreso de pronunciarse sobre las iniciativas, como ya se ha
referido, para aprobarlas en sus términos, modificarlas o rechazarlas.
Con el objetivo de establecer el trámite preferente se propone reformar el
artículo 71 constitucional para establecer que el día de la apertura de cada
periodo ordinario de sesiones el Presidente de la República pueda presentar
hasta dos iniciativas para trámite preferente o señalar con tal carácter hasta
dos que hubiere presentado en periodos anteriores y estén pendientes de
dictamen.
Recibida la iniciativa en la cámara de origen, ésta deberá pronunciarse en un
plazo máximo de 30 días naturales y, en caso de que no lo haga, la iniciativa
del Ejecutivo, en sus términos y sin mayor trámite, será el primer asunto que
deberá ser discutido y votado en la siguiente sesión ordinaria del Pleno.
En caso de ser aprobada o modificada por la cámara de origen, pasará de
inmediato a la cámara revisora, la cual deberá discutirla y votarla en el mismo
plazo y bajo las condiciones antes señaladas para la cámara de origen.
Asimismo, la propuesta contempla la restricción de que no puedan ser objeto
de este tratamiento preferencial las iniciativas que pretendan reformar o
adicionar la Constitución Federal, ello debido a que tales iniciativas están
sujetas a un procedimiento diverso al que siguen las relativas a la creación o
reforma de las leyes.
Es importante señalar que el hecho de otorgar trámite legislativo expedito a las
iniciativas presentadas por el Presidente de la República no implica una
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subordinación del Poder Legislativo frente al Poder Ejecutivo, sino un espacio
de preferencia en la agenda legislativa para que discutan aquellos asuntos que
por su naturaleza representen prioridad nacional.
En conclusión, la reforma permitirá la corresponsabilidad entre el Congreso de
la Unión y el Presidente de la República, en la construcción de la democracia
socialmente eficaz, simplificando el trámite legislativo de acciones
gubernamentales y flexibilizando la discusión de temas prioritarios que requiere
la Nación.
OBSERVACIONES DEL EJECUTIVO AL PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA
FEDERACIÓN
Ha sido ampliamente explorado por los tratadistas historiadores que la
Constitución aprobada en Querétaro en 1917 dejó sin resolver algunas de las
inconsistencias o contradicciones que presentaba la de 1857, las que era
producto, entre otras causas, de que ésta última había previsto un sistema
unicameral para el Poder Legislativo Federal, pero al aprobarse la reforma
promovida por el Presidente Lerdo de Tejada, que restauró el Senado y volvió
al sistema bicameral, los redactores del texto dejaron inconsistencia o lagunas
que los constituyentes de Querétaro tampoco atendieron.
Una de esas inconsistencias es la relativa al tratamiento que debe darse al
Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) en relación a la facultad de
observación (―veto‖) que el artículo 72 de la Carta de Querétaro dispone para
el proceso de formación de las leyes. El debate se refiere tanto a la naturaleza
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constitucional del PEF (¿es una ―ley‖, es un decreto?) como a la duda que ha
cruzado buena parte de la reciente historia constitucional de México.
El debate ha tenido como eje rector una pregunta: ¿Puede el titular del Poder
Ejecutivo Federal observar ―vetar‖, el PEF aprobado por la Cámara de
Diputados?
Aunque en los años posteriores a la promulgación de la Carta Magna de 1917
algunos Presidentes de la República observaron el PEF y la Cámara de
Diputados aceptó y atendió, conforme al artículo 72, esas observaciones, la
práctica cayó en desuso al término de la época de inestabilidad interna. A
partir de la instauración del nuevo régimen presidencialista, el asunto quedó
fuera del debate político y legislativo; nunca más un Presidente de la República
volvió a ―observar‖ el PEF.
El tema quedó bajo la atención de los tratadistas que se pronunciaron de
forma polarizada en torno a la pregunta antes planteada. Para unos, el PEF no
es una ―ley‖, asl ser de origen unicameral, y por tanto el Ejecutivo no puede
observarlo. Para otros, una minoría, el asunto era discutible y cabía la
interpretación contraria.
El asunto resurgió no como producto de la academia, sino por la ampliación de
la pluralidad en la Cámara de Diputados, lo que en 1997 condujo a la primera
legislatura de la historia contemporánea de México sin mayoría de ningún
partido o grupo parlamentario en esa Cámara. Ante los anuncios de la alianza
opositora, que sumada contaba con mayoría de votos, el entonces titular del
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Poder Ejecutivo anunció que podría hacer uso del ―derecho de observación‖
respecto del PEF. Sin embargo, en los tres años de esa Legislatura prevaleció
la negociación y el acuerdo entre Poderes; el Ejecutivo no hizo observaciones
al PEF.
Correspondió al presidente Vicente Fox el primer, y hasta hoy único, acto de
observación del PEF aprobado por la Cámara de Diputados; ésta acudió ante la
Suprema Corte de Justicia de la Nación, que finalmente resolvió la controversia
a favor del Ejecutivo. Aunque se trata de una sola sentencia, el tema volvió al
debate legislativo y han sido varias las iniciativas de reforma constitucional que
buscan aclarar el tema, en uno u otro sentido.
Después de analizar y estudiar las iniciativas al respecto, estas comisiones
unidas consideran que en pertinente dejar aclarado el tema del derecho de
observación del Ejecutivo al PEF en un sentido positivo para ambos Poderes de
la Unión y para beneficio de la sociedad.
Quienes suscribimos el presente dictamen no pretendemos dirimiar el debate
doctrinario, sino simplemente contribuir a una solución que se apegue a los
principios republicanos de división de Poderes y equilibrio entre los mismos.
Por ello, en coincidencia con el sentido básico de varias de las iniciativas
materia del presente dictamen, proponemos adicionar el artículo 74
constitucional con los siguientes párrafos:
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―El Ejecutivo Federal podrá hacer observaciones al Presupuesto de Egresos de
la Federación en un plazo de diez días hábiles. Si el Ejecutivo no tuviera
observaciones lo promulgará y publicará.
El Presupuesto de Egresos de la Federación observado, en todo o en parte, por
el Ejecutivo será devuelto con sus observaciones a la Cámara de Diputados
para que sea discutido de nuevo por ésta en un plazo de diez días hábiles; si
fuese confirmado por las dos terceras partes del número total de votos,
volverá de inmediato al Ejecutivo para su prumulgación y publicación.‖
De esa forma, el órgano Reformador de la Constitución dejaría establecido,
con claridad, que el Ejecutivo Federal puede observar, dentro de un plazo
improrrogable, el Presupuesto de Egresos de la Federación aprobado por la
Cámara de Diputados. Al igual que se dispone en la norma general, si no
tiene observaciones, deberá el Ejecutivo promulgar y publicar dicho
Presupuesto.
Si el Ejecutivo observa, en todo o en parte, el PEF, todo el proyecto deberá
volver a la Cámara de Diputados, sin que exista la posibilidad de publicación y
promulgación de la parte no observada. El procedimiento para superar las
observaciones (―veto) del Ejecutivo está en línea con lo dispuesto por el
artículo 72 de la propia Constitución, lo que otorga armonía y congruencia a
las normas constitucionales.
Si bien algunas iniciativas proponen que las normas antes transcritas queden
en el artículo 72, y no en el 74, estas comisiones unidas sostienen el criterio
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de que por mejor técnica legislativa y de orden interno de la Constitución, su
mejor ubicación lógica es en el artículo 74, dado que la aprobación del PEF es
una facultad exclusiva de la Cámara de Diputados y que el artículo 72 tiene
como supuesto la existencia de un procedimiento bicameral, que no se
actualiza en el caso del PEF.
En adición a lo anterior, consideramos que los dos párrafos que serían
adicionados guardan relación directa con otro cambio de especial importancia
en la materia presupuestal, que sería la llamada ―reconducción presupuestal‖,
a la que nos referiremos en el siguiente apartado. Es por ello que nos
pronunciamos a favor de que la adición comentada quede ubicada en el
citado artículo 74 de la Carta Magna.
RECONDUCCIÓN PRESUPUESTAL
Así como el tema del ―veto‖ del Ejecutivo al Presupuesto de Egresos de la
Federación ha sido motivo de debates y polémicas, el de la ausencia casi
absoluta de normas que prevean la situación de no aprobación de la Ley de
Ingresos o del Presupuesto de Egresos, antes del día de inicio del ejercicio
fiscal en que deban ser aplicados ambos instrumentos legales (que en México
coincide con el año natural) ha motivado largos debates entre los juristas,
economistas, fiscalistas e interesados en el tema, así como materia de
múltiples iniciativas de reforma constitucional.
Reiterando que no es intención, ni propósito, de quienes integramos las
comisiones unidas resolver el debate doctrinario, hacemos notar que en el
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texto vigente de nuestra Constitución existe solamente una norma aislada
que podría llegar a ser interpretada como base para una eventual
reconducción presupuestal.
Nos referimos al que, por largo tiempo, fue el párrafo único del artículo 75 de
la Constitución, que a la letra sigue estableciendo:
―Artículo 75.- La Cámara de Diputados, al aprobar el Presupuesto de Egresos,
no podrá dejar de señalar la retribución que corresponda a un empleo que
esté establecido por la ley, y en caso de que por cualquier circunstancia se
omita fijar dicha remuneración, se entenderá por señalada la que hubiere
tenido fijada en el Presupuesto anterior, o en la ley que estableció el
empleo.‖
Conforme a esa norma constitucional, si llegado el caso la Cámara de
Diputados no hubiese aprobado el PEF, debe entenderse que el Estado
seguirá cubriendo a los servidores públicos la remuneración ―fijada en el
Presupuesto anterior, o en la ley que estableció el empleo‖, lo que es, a todas
luces, una norma de reconducción presupuestal.
Aceptada que sea la interpretación anterior, queda, sin embargo, vigente la
omisión constitucional sobre lo que deberá hacerse respecto de los demás
gastos previstos en el PEF, y también lo que deberá pasar si el Congreso de
la Unión no aprueba la Ley de Ingresos para el año siguiente.
Aunque no hay registro de una circunstancia extrema como la que motiva, en
esta materia, las iniciativas sujetas a estudio y dictamen, no resulta
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conveniente para la seguridad jurídica de la República, para el interés de la
sociedad en su conjunto, ni para la buena marcha del Estado mexicano,
mantener la indefinición constitucional que hoy sigue privando en esta
delicada y trascendental materia.
Las hipótesis extremas que motivan la reforma que se propone en la materia
de reconducción presupuestal se explican de forma más evidente con dos
preguntas:
A) ¿Qué pasaría si el Congreso de la Unión no aprueba la Ley de Ingresos, o
si habiendo sido aprobada ésta, el Ejecutivo la observa y por ese motivo no
se da la publicación de la Ley de Ingresos antes del día en que debe iniciar su
vigencia?; y
B) ¿Qué pasaría sin aprobada y promulgada la Ley de Ingresos, la Cámara
de Diputados no aprueba el Presupuesto de Egresos, o si las observaciones
realizadas al mismo por el Ejecutivo hacen imposible su publicación y
promulgación antes del día en que el Decreto debe entrar en vigor?.
Con las normas constitucionales vigentes, los impuestos, derechos, productos
y aprovechamientos que la Ley de Ingresos establece anualmente no podrían
ser cobrados; en otras palabras, el Estado quedaría sin ingresos, hasta en
tanto se resuelva el diferendo entre los poderes Legislativo y Ejecutivo. De
igual forma, salvo por el pago de remuneraciones a los servidores públicos,
todos los demás gastos del Estado deberán suspenderse, afectando todos los
servicios a su cargo, las aportaciones a los organismos de seguridad social y
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vivienda, las obras públicas de inversión multianual, el pago de la deuda
pública, etcétera.
Sería una situación catastrófica para la sociedad, para la economía y para las
finanzas del Estado.
Queremos remarcar que tal situación no se ha presentado hasta la fecha, no
obstante la pluralidad y la alternancia. Pero debemos preguntarnos si es
conveniente mantener esa omisión constitucional. La respuesta de quienes
integramos las comisiones unidas es que no. Que es necesario introducir en
nuestra Constitución las bases normativas que permitan atender una
situación extrema como la antes planteada.
Para ello, conforme a la mejor experiencia internacional disponible, la
solución está en disponer en el artículo 75 constitucional las normas que den
base a la llamada ―reconducción presupuestal‖, para que el legislador
ordinario esté en aptitud y posibilidad de dictar las normas legales que
permitan sortear, con seguridad jurídica y económica, una situación de
emergencia.
Para lo anterior, se propone adicionar al artículo 75 constitucional los
siguientes dos párrafos finales:
―Si al inicio del ejercicio fiscal no se ha aprobado y promulgado la Ley de
Ingresos, mantendrá su vigencia la del año inmediato anterior hasta en tanto
el Congreso aprueba la del nuevo año.
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―En el caso del Presupuesto de Egresos, en tanto se aprueba el del año que
corresponde, continuará vigente el aprobado por la Cámara de Diputados
para el ejercicio fiscal inmediato anterior, únicamente respecto de los gastos
obligatorios que señale la ley.‖
De esa forma, el Órgano Reformador de la Constitución dejaría cubiertas las
dos hipótesis extremas a que antes nos hemos referido.
Si la Ley de Ingresos no fuese aprobada en tiempo y forma, no podría haber
aprobación del PEF por la Cámara de Diputados, por tanto entran en
aplicación ambos párrafos y el 1º de enero del año que corresponda se
prolonga la vigencia de la Ley de Ingresos y del Presupuesto de Egresos del
año anterior, pero en el caso de éste último, solamente respecto de los
―gastos obligatorios que señale la ley‖, los que ya se encuentran definidos en
la legislación secundaria.
El que la reconducción presupuestaria se limite a ―gastos obligatorios‖ tiene
por objeto que el Estado pueda seguir garantizando el pago de las
obligaciones mínimas necesarias para su funcionamiento, como son las
previstas en la Constitución y en las leyes, al tiempo que ejerza la suficiente
presión sobre el Poder Ejecutivo y el Congreso, para efectos de que la
aprobación del Presupuesto correspondiente se dé con la suficiente
inmediatez.
Se considera que las siguientes obligaciones son de suma importancia para
mantener la estabilidad económica y política del Estado, y es por ello que se
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propone contemplar a los ―gastos obligatorios‖ para que puedan ser
reconducidos en tanto se apruebe el Presupuesto:
1) Pago de la deuda pública y los adeudos del ejercicio fiscal anterior.
2) Percepciones ordinarias de los servidores públicos, así como las
erogaciones de seguridad social y fiscales inherentes a dichas
percepciones.
3) Las previsiones de gasto que correspondan a la atención de la población
indígena, en los términos del artículo 2, apartado B de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos.
4) Obligaciones contractuales plurianuales cuya suspensión implique costos
adicionales, incluyendo las correspondientes a la inversión pública.
Pero si aprobada y promulgada la Ley de Ingresos, la Cámara de Diputados,
por cualquier causa, no llegare a aprobar el Presupuesto de Egresos,
entonces se aplica solamente el segundo párrafo antes transcrito, y el PEF del
año inmediato anterior sigue vigente, solamente para los gastos obligatorios
que señale la ley.
Aunque estas comisiones unidas y sus grupos de trabajo analizaron diversas
opciones de solución al caso extremo, consideramos que la mayor virtud de
lo que proponemos es que constituye un aliciente al pronto acuerdo entre los
Poderes Ejecutivo y Legislativo. No es deseable introducir normas
constitucionales que puedan alentar la irresponsabilidad del Congreso, como
tampoco lo sería alentar el abuso de las facultades que se están otorgando al
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Ejecutivo, de forma tal que por ese indebido medio pretenda alcanzar
objetivos presupuestarios no compartidos por el Poder Legislativo federal, o
imponer visiones unilaterales sin respaldo social.
La solución que proponemos armoniza adecuadamente las facultades de cada
uno de los Poderes federales involucrados en forma directa en el proceso
presupuestario anual; protege a la sociedad de eventuales desacuerdos entre
poderes y asegura al Estado la continuidad de sus responsabilidades básicas
y sustantivas, en tanto se llega al acuerdo entre ambos Poderes, sin colocar
una fecha límite, una verdadera camisa de fuerza, para la que, en su caso,
también habría que prever salida, lo que hace inacabable la imaginación de
conflictos y las soluciones a adoptar.
La solución propuesta se corresponde a las mejores normas y prácticas
internacionales, que nos enseñan que el primer objetivo a cumplir en esta
materia es desalentar la irresponsabilidad de cualquiera de los poderes, y
también que el poder del Congreso, el llamado por la doctrina ―poder de la
bolsa‖ debe seguir siendo sustento del equilibrio entre aquellos.
SUBSTITUCIÓN DEL PRESIDENTE EN CASO DE FALTA ABSOLUTA
Actualmente los artículos 84 y 85 constitucionales regulan el procedimiento
de sustitución del titular del Poder Ejecutivo en caso de falta absoluta. Se
trata de un mecanismo que fue introducido en la Constitución en 1933 y que,
a pesar de no haberse aplicado desde entonces, su planteamiento fue
pensado y resultaba funcional en una época política del país en la que
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prevalecía un sistema cerrado y caracterizado por la presencia de un partido
hegemónico que prevalecía en todos los espacios de representatividad
política.
En efecto, el sistema entonces diseñado, que prevalece hasta hoy, plantea
que ante la falta absoluta del Presidente de la República, los órganos del
Congreso deben designar a quien debe ocupar el cargo presidencial. Con
independencia de las modalidades de dicha designación (si es un presidente
interino, substituto o provisional), el mecanismo de substitución requiere la
intervención de algún órgano del Congreso, ya sea mediante su constitución
como Colegio Electoral, o bien a través de la Comisión Permanente, para
nombrar a quien ocupará la Presidencia de la República. Ese mecanismo, en
un contexto en el que una sola fuerza política contaba con una mayoría
absoluta en los espacios legislativos, como ocurrió hasta la primera mitad de
la década de los años 80 del siglo pasado, no representaba ningún riesgo
para la estabilidad política del país, pues la condición hegemónica de un
partido implicaba, llegado el caso, una capacidad de garantizar sin demoras
una sucesión en la máxima magistratura del país.
Sin embargo, el proceso de cambio político iniciado a finales de la década de
los setenta, que se caracterizó por abrir el sistema de partidos a nuevas
alternativas y permitir que la pluralidad pudiera acceder a los espacios de
representación política del Estado, provocó que, paulatina y gradualmente, la
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creciente diversidad social, política e ideológica se hiciera presente en las
Cámaras del Congreso de la Unión.
Así, en 1988, por primera vez en décadas, ninguna fuerza política contó, por
si misma, con la mayoría calificada en la Cámara de Diputados requerida para
aprobar las reformas constitucionales; a partir de ese hecho los cambios a la
Carta Magna tuvieron que contar con el consenso de, al menos, dos fuerzas
políticas presentes en el Congreso de la Unión.
Más tarde, en 1997, por primera vez en nuestra historia constitucional
moderna, ningún partido político contó en la Cámara de Diputados, por si
mismo, con los votos que le permitieran constituir una mayoría absoluta, con
lo que toda ley o decreto que aprobara ese órgano legislativo requería ser
negociado y procesado por el consenso de al menos dos grupos
parlamentarios. Esa situación de falta de mayorías predeterminadas se
extendió en el año 2000 al Senado de la República y así se inauguró en
México el fenómeno que, en el ámbito de la ciencia política, se conoce como
―gobiernos divididos‖.
El contexto de un marcado pluralismo político abre la puerta para que, ante la
eventualidad de la falta absoluta del Presidente de la República, el
mecanismo de sustitución actualmente existente resulte disfuncional para
mantener la estabilidad institucional y la gobernabilidad democrática en
ese escenario extremo, sin duda, indeseable.
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En efecto, la falta de una mayoría absoluta preestablecida a través del voto
popular y por la necesidad de procesar mediante negociaciones y acuerdos,
de preferencia por la vía del consenso, los acuerdos en el Congreso de la
Unión, vuelve muy delicado, con base en el marco constitucional vigente, la
atención de la eventual ausencia absoluta del titular del Poder Ejecutivo, es
decir, el mecanismo constitucional para dirimir quién debe asumir el cargo.
Lo anterior es así, porque al no existir un mecanismo de substitución
automática, ni siquiera de manera provisional, sin intervención del Congreso,
ante la falta absoluta del Presidente de la República, se impone la necesidad
de procesar un acuerdo entre dos o más fuerzas políticas representadas en el
Congreso que permita alcanzar la mayoría requerida para el nombramiento.
En ese sentido, resulta pertinente modificar las normas relativas al
procedimiento de substitución presidencial, contemplando las principales
hipótesis plausibles de falta absoluta, para introducir un mecanismo que
permita, en automático, que un funcionario del más alto rango en el gabinete
presidencial, ocupe provisionalmente la Presidencia de la República en tanto
el Congreso procesa los acuerdos necesarios para designar, con la mayoría
requerida, a quien deba ocupar, en calidad de presidente interino o de
presidente substituto, la titularidad del Poder Ejecutivo de la Unión.
Es convicción de estas comisiones unidas que ese mecanismo automático
debe consistir por fijar en la Carta Magna un orden de prelación para evitar la
ausencia del Presidente de la República, así sea por un lapso mínimo, que
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comienza con el Secretario de Gobernación, en primer término; en caso de
falta absoluta de dicho funcionario sería el Secretario de Hacienda y Crédito
Público quien asumiría provisionalmente la Presidencia y, a su falta, el
Secretario de Relaciones Exteriores.
Lo anterior supone que desaparecería la figura de presidente provisional,
cargo que hoy en día requiere el nombramiento de la Comisión Permanente,
de forma tal que esa figura, generadora de potenciales conflictos, sería
sustituida, conforme a esta propuesta, por la asunción provisional de la
Presidencia por alguno de los funcionarios antes señalados, en estricto orden
de prelación.
Lo anterior tiene la ventaja de que, en tanto en el Congreso de la Unión se
procesa la designación del Presidente interino o del presidente sustituto,
según sea el caso, el mando que caracteriza al Poder Ejecutivo no se vería
suspendido en ningún momento, y brindaría el espacio de reflexión y
ponderación necesario para que el Congreso de la Unión realice el
nombramiento correspondiente.
El dictamen de estas comisiones introduce también que el funcionario que
ocupe provisionalmente la Presidencia de la República, a partir del anterior
mecanismo de sustitución, tendrá la limitación de no poder remover ni
designar a los Secretarios de Estado ni al Procurador General de la República
sin contar para ello con la aprobación de la Cámara de Senadores, y tendrá,
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además, que rendir un informe de labores al Congreso de la Unión en un
plazo de diez días luego del término de su gestión.
Quien de esa manera ocupe provisionalmente la Presidencia de la República
no estará impedido para ocupar el cargo en el futuro, ya sea porque sea
nombrado por el Congreso de la Unión como Presidente Interino o Sustituto,
o bien porque sea electo popularmente para ocupar la Presidencia de la
República en la correspondiente elección federal.
El dictamen realiza también un ajuste a los plazos establecidos en la
Constitución respecto del tiempo que debe mediar en caso de que la falta
absoluta del Presidente ocurra en los primeros dos años de su mandato, para
la realización de las elecciones en las que deberá elegirse al Presidente que
terminará el periodo, para ajustarlo a la nueva realidad político electoral,
pasando a ser de entre siete y nueve meses. Lo mismo ocurre respecto del
tiempo en el que el nuevo Presidente electo deberá ocupar el cargo, situación
que ocurrirá, en los términos del Dictamen, siete días después de concluido el
proceso electoral correspondiente.
Además, estas comisiones dictaminadoras planteamos una modificación al
artículo 85 constitucional para prever que, en caso de que al inicio del
periodo constitucional se registre la falta absoluta del Presidente, y en tanto
el Congreso hace el nombramiento del Presidente Interino, ocupará
provisionalmente la Presidencia de la República el Presidente de la Cámara de
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Senadores. Lo anterior con la finalidad de garantizar que en ningún momento
la Presidencia de la República estará vacante.
Finalmente, se plantea la modificación del mismo artículo 85 constitucional
para establecer que las licencias que puede pedir el Presidente de la
República serán de hasta un máximo a ciento ochenta días naturales, luego
de los cuales la misma deberá ser considerada como falta absoluta y
procederse en consecuencia. En tanto transcurre la licencia, y de manera
congruente con lo antes señalado, se plantea que el Secretario de
Gobernación ocupe provisionalmente la Presidencia de la República.
En el marco de estas importantes propuestas, estas comisiones unidas
consideran importante proponer la modificación de dos artículos
constitucionales correlativos al tema antes referido. En primer lugar, se
propone precisar en el artículo 83 constitucional que el mandato del
Presidente de la República inicia a partir de las cero horas del día primero de
diciembre, sin menoscabo de la obligación que el titular del Poder Ejecutivo
impone el artículo 87 de la propia Constitución de rendir ante el Congreso de
la Unión la protesta establecida en ese mismo artículo.
En segundo lugar, se propone adicionar un segundo párrafo al artículo 87 de
nuestra Carta Magna para establecer que en el caso de que el titular del
Poder Ejecutivo no pueda, por cualquier causa ajena a su voluntad, o a la del
Congreso de la Unión, rendir la protesta constitucional ante éste último, lo
hará ante el Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
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Consideramos que de ser aceptada esta propuesta quedará zanjada cualquier
controversia sobre el inicio del mandato presidencial y el requisito formal de
rendir protesta por parte de quien ocupe la Presidencia de México.
REELECCIÓN DE LEGISLADORES
La gran mayoría de los sistemas democráticos en el mundo permiten la
posibilidad de relección inmediata de los legisladores. En la actualidad México
y Costa Rica son las dos únicas democracias del continente americano en
prever, por el contrario, la imposibilidad de que quien ha ocupado un cargo
de representación popular en los órganos legislativos en un periodo pueda
volver a postularse para el periodo siguiente.
En México, el impedimento de la reelección inmediata de los legisladores
federales y locales fue introducida en la Constitución el 29 de abril de 1933
cuando también se hicieron modificaciones a la Carta Magna para determinar
el mismo impedimento para los presidentes municipales, regidores y síndicos
electos. Esa misma reforma determinó, además, la prohibición absoluta de
reelección de los titulares de los poderes ejecutivos federal y locales.
El impedimento para la reelección consecutiva de legisladores no puede ser
entendido como la concreción del lema del movimiento revolucionario
encabezado por Francisco I. Madero – ―sufragio efectivo, no reelección‖- que
se convirtió en uno de los principios del Estado emanado de la Revolución.
Ese postulado se había formulado en relación específica de la titularidad del
Poder Ejecutivo y estaba dirigido en contra del régimen de Porfirio Díaz quien
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se había reelegido siete veces en la Presidencia de México, así como en
contra de la prologada permanencia en el poder de los gobernadores de los
Estados.
En las últimas décadas el profundo proceso de cambio político que ha
atravesado el país ha provocado que por la vía electoral se haya multiplicado
el pluralismo e incrementado consistentemente la competitividad política. En
un contexto similar, resulta natural plantear la reintroducción de la posibilidad
de la reelección –si bien acotada- de los legisladores tanto en el ámbito
federal como en el ámbito de las entidades federativas.
Ese cambio tiene el propósito de fortalecer las labores legislativas a través de
una mayor profesionalización de esas funciones y con ello el fortalecimiento
del Congreso, así como el de abrir la posibilidad de un vínculo más estrecho
entre los legisladores y sus representados lo que redundará en una
revalorización de los órganos legislativos entre los integrantes de la sociedad
mexicana.
A juicio de estas comisiones dictaminadoras, la reelección inmediata de los
legisladores tiene varias ventajas entre las que se destacan las siguientes:
a) La ventaja que de manera más recurrente es señalada es que la
reelección de los legisladores les impone mantener un vínculo más
estrecho con sus electores de quienes dependerá, en su momento, una
eventual ratificación electoral en el cargo. Lo anterior, trae consigo un
mejor y más intenso ejercicio de rendición de cuentas en el que el
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elector a través de su voto manifiesta su aprobación o rechazo a la
actuación, en general, de un partido por su desempeño político y, en
particular, la de sus representantes en específico. La relección legislativa
puede constituirse, así, en un mecanismo que fomente y fortalezca las
relaciones de confianza que deben mediar entre representantes y
representados al permitirles a estos últimos un mayor conocimiento y
cercanía con los integrantes de los órganos representativos del Estado;
b) La posibilidad de reelección inmediata fomenta la responsabilidad de
los representantes populares al imponerles, si aspiran a ser reelectos en
el cargo, el mantener el vínculo y contacto permanente con los
ciudadanos de la demarcación territorial por la que fueron electos, pues
de la cercanía con ellos depende, en buena medida la base de respaldo
que les permita volver a contender por el cargo que ocupan en una
siguiente ronda electoral;
c) En tercer término, la reelección consecutiva permitirá la formación de
legisladores más profesionales, permitiendo que el conocimiento
acumulado respecto de las funciones y las prácticas parlamentarias
adquiera mayor importancia y se reduzca la curva de aprendizaje que se
impone a los legisladores que ocupan el cargo por primera vez al
permitir la coexistencia de legisladores que repiten en el encargo y
acumulan el bagaje de la experiencia que su permanencia les
proporciona. La anterior se traducirá en un mejor aprovechamiento del
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tiempo que sin duda redundará en una mejor calidad del trabajo
legislativo; y
d) Adicionalmente, la estabilidad en el encargo legislativo que podría
generar la relección inmediata, probablemente traiga consigo mejores
condiciones de gobernabilidad en los contextos de falta de mayorías
parlamentarias predefinidas y de ―gobiernos divididos‖ que trajo consigo
el fortalecimiento y la acentuación del pluralismo y diversidad política
que operó en el país en los últimos tres lustros. En efecto, la posibilidad
de que los legisladores sean reelectos de manera inmediata propiciaría
la existencia de interlocutores más ciertos y permanentes y que los
puentes de diálogo y comunicación, que son indispensables para lograr
una gobernabilidad democrática, sean más estables y no tengan que
reconstruirse al inicio de cada legislatura.
Finalmente, cabe mencionar que el planteamiento de eliminar la prohibición
de reelección de los legisladores no sólo se limita al plano federal con la
propuesta de modificación del artículo 59 constitucional, sino que también
supone la modificación del artículo 116 para permitir al legislador local
determinar lo conducente.
Considerando la experiencia internacional y el hecho de que por nuestra
historia y realidades es necesario seguir garantizando la capilaridad del
sistema política y el acceso de nuevas generaciones al ejercicio de los cargos
de elección popular, se propone limitar la posibilidad de reelección inmediata,
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en el caso de los senadores, a solamente un periodo adicional, mientras que
los diputados, federales y locales, podrían ser reelectos hasta por dos
periodos adicionales.
A fin de evitar una indeseable heterogeneidad y hasta dispersión del
calendario electoral, y en el mismo sentido de la reforma aprobada por el
Constituyente Permanente en el año 2007, se propone adicional el artículo
116 para establecer que el periodo de mandato de los diputados locales será
de tres años.
RATIFICACIÓN DE COMISIONADOS DE ÓRGANOS REGULADORES
En el proceso de modernización del Estado mexicano y sus instituciones un
sitio destacado lo ocupa la creación de órganos estatales, dotados de
autonomía de gestión y operación, responsables de la regulación de áreas
estratégicas de la actividad económica, o bien de la defensa de la sociedad y
los consumidores ante situaciones monopólicas, duopólicas, monopsónicas o
de dominancia evidente de un agente en el mercado.
La creación de la Comisión Federal de Competencia Económica antecedió a la
de otras comisiones que hoy son parte del ámbito de la regulación estatal
que pretende hacer realidad el mandato constitucional de que el Estado sea
rector del desarrollo económico nacional. La Comisión Reguladora de Energía,
y luego la Comisión Federal de Telecomunicaciones, vinieron a complementar
y fortalecer la nueva vía para que, dejando atrás modelos superados, el
Estado mexicano pudiese cumplir sus responsabilidades sociales.
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El Congreso de la Unión ha establecido un nuevo marco legal que regula la
integración y facultades de esos órganos, bajo un modelo inicialmente
basado en experiencias previas en materia político-electoral, que no siempre
resultó en el más idóneo a los objetivos de los órganos reguladores en
materia económica. Será necesario, en el plazo más breve posible, una
revisión integral de las leyes al respecto.
Concebidos originalmente como órganos desconcentrados de la
Administración Pública Federal, los entes reguladores en materia económica
han evolucionado hacia un esquema inédito, como en su tiempo lo fueron el
IFE o el IFAI. Sin embargo, por una deficiente normatividad constitucional, el
objetivo de que fuesen órganos del Estado, no del gobierno en turno, no se
ha cumplido. Las decisiones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en
relación al diferendo sobre la facultad del Senado para ratificar a los
comisionados de la Comisión Federal de Telecomunicaciones, advirtieron al
Poder Legislativo de un problema real en esta materia.
Hay quienes afirman que a partir de la decisión del máximo Tribunal el
Ejecutivo ha utilizado su facultad –omnímoda’ de designación para colocar en
los órganos reguladores, en calidad de comisionados, a personas que están
lejos de cumplir los requisitos de conocimiento y experiencia en las materias
que les son confiadas, pero lo más grave, a decir de los críticos, es que esas
personas no garantizan la autonomía de los órganos ni la independencia en
sus decisiones.
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Sin embargo, otras opiniones, igualmente respetables, sostienen que esa
facultad del Ejecutivo, confirmada por la Corte, le permite evitar la ―nociva
influencia‖ del Congreso, y así asegurar un mejor desempeño de los órganos
reguladores. El debate está presente en la sociedad y en los medios
especializados, pero es evidente que existe un faltante en el modelo
normativo de los órganos estatales de regulación económica.
Teniendo a la vista la iniciativa suscrita por los senadores del Grupo
Parlamentario del PRI, quienes integramos las comisiones unidas que
suscriben el presente dictamen, coincidimos en la necesidad de encontrar una
fórmula de equilibrio entre las facultades del Ejecutivo en materia de
designación de comisionados y la intervención, a nuestro juicio indispensable,
del Congreso en ese ámbito, de forma tal que contemos con un mecanismo
de pesos y contrapesos que eviten la discrecionalidad y abuso del primero en
el ejercicio de tan alta responsabilidad, y al mismo tiempo eviten que la
politización partidista marque a los comisionados de los órganos reguladores.
Nos parece adecuada la solución propuesta en la iniciativa mencionada, en el
sentido de que el Ejecutivo mantenga la facultad de designación de
comisionados, pero que el Senado de la República ejerza la atribución de
ratificación de los mismos, de manera semejante a como se procede en el
caso de embajadores. Si la Cámara de Senadores no otorga su ratificación, el
Ejecutivo deberá realizar una nueva designación, sin que opere a su favor
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límite alguno en el número de rechazos (no ratificación) por parte del
Senado.
Para hacer posible el acuerdo reflejado en este dictamen, estas comisiones
unidas admiten la propuesta de que, en esta ocasión, solamente se realice la
reforma propuesta respecto de tres órganos reguladores:
• Comisión Federal de Telecomunicaciones;
• Comisión Federal de Competencia Económica, y
• Comisión Reguladora de Energía.
La facultad constitucional de ratificación de Senado se ejercerá sin importar la
naturaleza jurídica que la ley disponga para cada uno de los entes públicos
antes señalados de manera expresa. Es decir, sin importar si se les considera,
por ley o por decreto del Ejecutivo, órganos desconcentrados,
descentralizados o de cualquier otra naturaleza que la ley señale.
El Congreso de la Unión habrá de señalar en la ley las normas aplicables para
hacer efectiva la facultad del Senado.
Esta propuesta se incorpora en los artículos 76 y 89 constitucionales. Y en
ese contexto las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales, de Reforma
del Estado y de Estudios Legislativos consideramos que es una excelente
oportunidad para actualizar la normativa constitucional que nos ocupa, en lo
que se refiere a los agentes diplomáticos, que ―en sentido técnico se debe
entender por agente diplomático a todas las personas designadas con tal
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carácter por un estado y aceptadas con el mismo carácter por otro Estado,
para el desempeño con carácter permanente de funciones diplomáticas.
Su uso debe quedar limitado a la diplomacia bilateral. El término es
igualmente aplicable tanto al jefe de misión como a todos los demás
miembros del personal diplomático‖.
Con el ánimo de homologar el texto constitucional se propone la cancelación
de la palabra ―agentes diplomáticos‖, así como la inclusión del término
embajadores en la fracción segunda del artículo 76; fracción VII del artículo
78; y fracciones II y III del artículo 89 constitucionales, con la finalidad de
adecuarla a la terminología que para definir los rangos de acreditación
diplomática utiliza la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas de
la que somos parte.
De la misma forma, se propone la eliminación de la palabra ―ministro‖ de los
mismos artículos y fracciones, toda vez que el Presidente de la República
solamente envía al Senado de la República o a la Comisión Permanente, en
los recesos de aquél, los nombramientos de embajadores titulares ante el
gobierno de un Estado o representantes ante un organismo internacional, y a
los cónsules generales, no así a los ministros.
Por tanto, considerando que la figura de agente diplomático es obsoleta y a
la fecha es inoperante, así como que la figura de ministro (contemplada por
la Ley del Servicio Exterior Mexicano) no requiere ratificación del Senado; y
con la convicción de que el marco jurídico constitucional debe adecuarse a la
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realidad social y política del país, ya que la actualización de la Carta Magna es
una labor fundamental en el quehacer parlamentario, se considera oportuno
eliminar del listado de funcionarios diplomáticos nombrados por el Ejecutivo y
ratificados por el Senado de la República, a los agentes diplomáticos y a los
ministros, así como incluir el término de embajador que responde a la
realidad y la práctica.
Cabe, finalmente, señalar que esta propuesta se inspira en la iniciativa que el
23 de noviembre de 2006 presentara la senadora Rosario Green ante el
propio Senado.
INTEGRACIÓN DE LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DEL DISTRITO FEDERAL
Respecto este tema es importante señalar que el 23 de marzo de 2010 la
Senadora María de los Ángeles Moreno en nombre propio y de varios
senadores del grupo parlamentario del PRI, presentó Iniciativa con Proyecto
de Decreto por el que se reforman los artículos 44, 73, fracción VIII, 76,
fracción IX, 89, fracción XIV, 108, 109, 110, 111 y 122 de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos, la cual se turnó a las Comisiones
Unidas de Puntos Constitucionales, del Distrito Federal y de Estudios
Legislativos.
Esta iniciativa es una reforma integral al Distrito Federal que contiene
diversas propuestas, entre ellas, la supresión en el texto de la Constitución,
de la denominada ―cláusula de gobernabilidad‖.
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Sin embargo, estas comisiones unidas, en el proceso de análisis y dictamen,
senadores de diversos partidos advirtieron sobre la problemática que
significaría la admisión de los candidatos independientes a diputado para la
Asamblea Legislativa del DF y la existencia de una norma constitucional que
dispone que al partido que, por sí mismo, obtenga el mayor número de
constancias de mayoría y al menos el 30 por ciento de los votos, se le debe
otorgar el número de curules suficientes hasta alcanzar la mayoría absoluta
en dicho órgano.
El señalamiento es procedente, en tanto la norma constitucional vigente
establece lo siguiente:
―III. Al partido político que obtenga por sí mismo el mayor número de
constancias de mayoría y por lo menos el treinta por ciento de la votación en
el Distrito Federal, le será asignado el número de diputados de
representación proporcional suficiente para alcanzar la mayoría absoluta de la
Asamblea;‖
Además de que la norma constitucional antes transcrita es una rémora de la
reforma de 1986, cuando por vez primera se instauró para el Distrito Federal
una ―Asamblea de Representantes‖, con facultades propias de un Cabildo
municipal, no de un órgano legislativo, su subsistencia en el marco de lo
propuesto por este Dictamen provocaría situaciones indeseables.
En efecto, sería posible el caso de que por el efecto combinado de la mayor
competencia entre partidos y la existencia de ―candidatos independientes‖ a
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diputados a la Asamblea Legislativa, el partido de mayor número de
constancias de mayoría tuviese menos de la mitad de victorias en distritos
uninominales (19 o menos) pero que hubiese obtenido el 30 por ciento de la
votación; ello daría lugar a una situación inaceptable para propósitos y fines
de representación del voto popular; es decir, que con 19 o menos
constancias de mayoría, un partido obtenga mayoría de curules en ese
órgano legislativo.
Extremando el argumento, pero bajo una hipótesis aritméticamente posible:
si siete partidos compiten sin alianza en el DF, y además hay candidatos
independientes, el partido de mayor número de constancias de mayoría
podría obtener solamente 7 de 40 victorias distritales, pero obtener el 30 por
ciento o más de los votos; dado que solamente existen 26 curules de
representación proporcional, habría que asignarle todas, sin que por ello se
cumpla la norma constitucional que obliga a otorgarle mayoría absoluta; es
decir 34 curules. Es un caso extremo, pero plausible.
Es de toda evidencia que la norma constitucional citada ha dejado de tener
sentido en el marco de los cambios realizados en el sistema electoral durante
las tres décadas previas, por lo que estas comisiones unidas proponen su
reforma para disponer que el requisito será obtener el mayor número de
constancias de mayoría y al menos el 40 por ciento de los votos.
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Estamos convencidos que con este cambio se avanza en un sistema más
equitativo, más democrático y sobre todo más fiel a la voluntad popular en el
Distrito Federal.
OTROS CAMBIOS
Estas comisiones unidas advierten que con motivos de las reformas
sustantivas que se proponen en el presente dictamen, resulta necesario
realizar adecuaciones de remisión o referencia en otros artículos
constitucionales. En particular, lo anterior afecta las disposiciones relativas a
las sesiones del Congreso General en el caso de que deba actuar como
Colegio Electoral para designar presidente interino o substituto. En esta
materia, es el caso de que estas comisiones consideramos prudente que, en
ese caso, la convocatoria que emitiría la Comisión Permanente, quede sujeta
al requisito de voto por mayoría, a fin de prevenir conductas de bloqueo por
parte de uno o más grupos parlamentarios.
RÉGIMEN TRANSITORIO
En la regulación transitoria del proyecto de decreto, se propone que las
reformas entren en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario
Oficial de la Federación, con las siguientes salvedades:
• Artículo 59: La reelección de los senadores y diputados al Congreso de
la Unión surtirá efectos para los electos en las elecciones federales
ordinarias del año 2012. Por tanto, los legisladores federales al
Congreso de la Unión, electos en 2006 (senadores) y en 2009
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(diputados), en ningún caso y por ningún motivo podrán beneficiarse
de la reforma propuesta. La anterior prohibición incluye a aquellos
legisladores que habiendo sido electos, en los años antes señalados,
como suplentes, hayan entrado en funciones, así sea de manera
temporal. Se debe entender que los diputados y senadores suplentes
que nunca hayan entrado en funciones de propietarios, no quedan
impedidos.
• Artículos 116 y 122: en el caso de la reelección de los diputados
locales, ya sean de los Estados o del Distrito Federal, surtirá efectos
una vez que se hayan reformado las Constituciones Estatales o el
Estatuto de Gobierno del Distrito Federal, según el caso, previéndose
la misma norma que para los legisladores federales; es decir, quienes
estén en el cargo al momento de que se realicen las adecuaciones o
reformas respectivas, en las Constituciones locales, no podrán ser
beneficiarios de la reforma.
• Artículo 35: Respecto a las candidaturas independientes el
Congreso de la Unión deberá realizar las adecuaciones necesarias a la
legislación secundaria, dentro de un término no mayor de 60 días a
partir de la entrada en vigor del presente decreto.
• Y para las Legislaturas locales, ya sean los Congresos de los
Estados o la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, se establece que
las normas respectivas a candidaturas independientes se deberán
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expedir en un plazo no mayor a dos años, contados a partir de la
entrada en vigor del presente Decreto, emitir las normas respectivas a
candidaturas independientes en el ámbito de su competencia.
• Se establece un plazo de 180 días contados a partir de la entrada
en vigor del decreto, para que el Congreso de la Unión expida la
legislación para hacer cumplir lo dispuesto en el mismo.
Finalmente, en el último artículo transitorio se derogan todas las
disposiciones que se opongan a las reformas establecidas en el
decreto.
III. CONSIDERACIONES DE ESTA COMISIÓN.
Las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y Gobernación, después de
hacer un análisis exhaustivo a la miscelánea constitucional contenida en la
Minuta del Senado de la República; de la Opinión de la Comisión de
Participación Ciudadana; y aportaciones surgidas en el seno del Foro
denominado; ―La Reforma Política, Cambio Estructural de la Vida Social en
México‖, llevado a cabo en las Ciudades de; México, Distrito Federal; Mérida,
Yucatán; Durango; y Guadalajara, Jalisco; así como de las aportaciones de
los Congresos Locales detallados en el capítulo de antecedentes, han
considerado emitir Dictamen en Sentido Positivo con modificaciones
sustanciales que dan coherencia al contenido de la Minuta y la robustecen.
La Minuta materia de este dictamen, aborda once temas:
a) Iniciativa Preferente.
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b) Candidaturas Independientes.
c) Ratificación de Comisionados de Órganos Reguladores del Estado.
d) Integración de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal.
e) Iniciativa Ciudadana.
f) Consulta Popular
g) Sustitución del Presidente en casos de falta absoluta
h) Toma de protesta del Presidente
i) Reelección Legislativa
j) Reconducción Presupuestal.
k) Observaciones del Ejecutivo al Presupuesto de Egresos de la Federación.
Estas colegisladoras comparten los temas señalados en los puntos de la a) a
la h) no así, los señalados de la i) a la k), en virtud de las siguientes
consideraciones.
Los problemas constitucionales no son primariamente, problemas de derecho,
sino de poder; la verdadera Constitución de un país sólo tiene valor cuando
da expresiones fieles de factores de poder imperantes en la realidad.
La sociedad humana, funciona a base de organizaciones cada vez más
complejas, que obligan a establecer instrumentos de derecho, que permitan
la firme convivencia de acuerdo a las necesidades sociales que se encuentran
en movimiento, es por ello, que las reformas que se plantean en este
proyecto, van acorde con la estructura de crecimiento a las necesidades
sociales, y que harán historia en las nuevas formas de democracia futura.
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Alcanzar la transición que México necesita no es algo sencillo, pero es posible
y es indispensable. El país no tiene otra alternativa, debe transformarse para
dar satisfacción a las necesidades de todo pueblo.
Se necesita una nueva cultura política, profundamente patriótica, que sin
menoscabo de las diferentes posiciones ideológicas y partidistas informe y
encauce las decisiones y los trabajos políticos en función del bien general de
la Nación; de otra manera corremos el enorme riesgo de quedar como un
país irrelevante en medio de los grandes retos del mundo moderno de la
globalización, del que no nos podemos sustraer.
El Estado mexicano se ha ido formando en un proceso histórico de casi dos
siglos, que ha tenido como hilo conductor la voluntad de perfeccionamiento y
adecuación de las formas de organización de la sociedad. Consecuentemente,
la reforma que hoy se propone, será para responder a las necesidades del
país y de la población en el futuro inmediato y mediato, así como a los
requerimientos que impone la cada vez más intensa relación internacional.
Esta reforma, si nos ubicamos en la actualidad y frente a las aspiraciones de
la sociedad, tendrá que estar guiada por los objetivos de rescatar el pleno
ejercicio de la soberanía, cuyo titular es el pueblo, así como ampliar los
espacios de vida democrática.
Parte esencial de la reforma debe ser la democratización del ejercicio del
poder mismo, considerando que el régimen presidencialista del país está
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agotado, que no responde a las necesidades que corresponde a una buena
conducción política.
La gobernabilidad no puede ser sino democrática, nosotros no consideramos
que pueda haber una gobernabilidad que no esté basada en la democracia.
Gobernabilidad es construcción de consensos; de manejo político; operación
política adecuada, es decir implica respeto a las leyes, respeto a las
instituciones, no por autoritarias sino por eficaces, porque responden a la
gente, porque tienen credibilidad.
En este sentido, tenemos la tarea en este momento, de lograr que la mayoría
de los mexicanos vean qué democracia, qué pluralidad, qué la división real de
poderes no equivalen a parálisis y deficiencia, sino que son los medios de
lograr la consecución de los intereses colectivos que tienen todos los
mexicanos como Nación.
En la actualidad, el sistema político exhibe signos de deterioro, siendo objeto
de vivos cuestionamientos. Para entender de qué manera está cambiado el
régimen político mexicano, hay que aplicarle el moderno enfoque del derecho
constitucional, para el cual, no basta el mero examen formal de la
Constitución, sino precisa completarlo con los datos que arroja la realidad
política y social, dado que cualquier régimen político, en última instancia,
constituye la ―solución política efectiva que adopta una comunidad‖, misma
que se sustenta en una serie de ―poderes constitucionales‖ y ―poderes de
hecho‖ que la hacen posible.
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Después de lo vertido anteriormente, éstas Comisiones Unidas, por método,
hacen el análisis de los temas coincidentes con la Minuta del Senado acorde
al orden señalado en párrafos anteriores en el tenor siguiente:
a).- INICIATIVA PREFERENTE
(Últimos 3 párrafos del artículo 71)
Estas dictaminadoras consideran que con la adición de tres párrafos al
artículo 71 constitucional, el Poder Ejecutivo y Legislativo, encontrarán
coadyuvancia en los asuntos de gran relevancia para la sociedad mexicana,
es decir, el Congreso de la Unión, a través de la atención legislativa
preferente, dará trámite a dos iniciativas que la ameriten, cuya relevancia,
trascendencia y estado de necesidad a juicio del Presidente de la República,
así lo justifique.
Esta figura jurídica para estas dictaminadoras no es improvisada, ya que
existe con algunas variantes en otras democracias como la Francesa,
Alemana, Chilena, Brasileña, Colombiana, Uruguaya, Paraguaya, etc.
En México, la división del poder, se basa en un sistema de pesos y
contrapesos, con lo que es claro, que la colaboración del Poder Legislativo se
traducirá en la doctrina y en la práctica política, como una cuestión esencial
para el equilibrio de poderes.
En este sentido, estas dictaminadoras, consideran que con esta reforma, no
se obstruirá la labor del Ejecutivo, ya que como se ha referido, ello es parte
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del equilibrio de los poderes, y por ende da congruencia al contenido de los
artículos 41, 49, 71 fracción I y 80, constitucionales.
La iniciativa preferente, no atenta contra el principio de la División de
Poderes, sino por el contrario fortalece el procedimiento legislativo, ello en
beneficio de la colectividad y del desarrollo del país.
En nuestra Constitución, el procedimiento legislativo, resulta ser un principio
universal, en el que para aprobar una ley se debe cumplir con determinados
requisitos de estudio, quórum, discusión y votación, a fin de evitar la
precipitación y, sobre todo, cumplir con los fines del propio Estado,
asegurando el bien común.
Es importante señalar que no se trata de un trato preferente respecto del
contenido de los argumentos o del sentido de la votación; pues, la
preferencia consiste exclusivamente en la obligación del Congreso de
pronunciarse sobre la iniciativa, ya sea en favor o en contra.
Además, no debe pasar desapercibido que el avance en el movimiento del
país no puede entorpecerse por cuestiones de índole política, ni cualquier
otra supuesta razón que retrase el desarrollo del país.
Es inevitable que en este contexto de pluralidad de fuerza políticas que
convergen en el Congreso de la Unión se generen diversidad de
pensamientos, luego entonces se hace necesaria la existencia de mecanismos
que permitan la construcción de acuerdos en beneficio del país, los miembros
de esta Comisiones dictaminadoras consideran que la iniciativa preferente
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fortalecerá los cauces de colaboración política entre el poder ejecutivo y
legislativo, sin que implique debilitamiento de ninguno de los poderes, en
virtud de que ambos mantienen sus facultades intocadas, simplemente se da
cauce preferente o de importancia a propuestas legislativas del poder
Ejecutivo.
En síntesis, se trata de prever la atención legislativa preferente de aquellas
iniciativas que la ameriten, por su importancia y trascendencia, a juicio del
Presidente de la República. En todo lo cual estas Comisiones Unidas están de
acuerdo.
b).- CANDIDATURAS INDEPENDIENTES, MODIFICACIÓN A LOS ARTÍCULOS
35 FRACCIÓN II, 116 FRACCIÓN IV INCISO E.
En la Constitución, reside la garantía a la soberanía popular, como poder del
pueblo para autodeterminarse y expresar en todo momento su
incontrovertible voluntad, proteger tal derecho supone regularlo o normarlo
con el objeto de que la voluntad popular no sea suplantada, esta es la
filosofía con la que las Comisiones Unidas adoptan la figura de las
Candidaturas Independientes.
México vive hoy su propia transición democrática, podríamos afirmar que
inició con un proceso de liberalización política a partir de la década de los 70’,
que luego transformó en una verdadera democratización al final del siguiente
decenio y durante los 90’.
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La democracia es un anhelo de las sociedades civilizadas, por ello, no basta
transitar hacia ella sino hay que consolidarla y conservarla; en este sentido,
resulta prudente hacer mención a la definición de Norberto Bobbio: ―La
democracia es una forma de gobierno en que existe el derecho de participar
directa o indirectamente en la toma de decisiones colectivas para un número
muy elevado de ciudadanos; en la que además existen reglas procesales que
permiten tal participación y la toma de decisiones (como la regla de la
mayoría), y, por último, en la que existen las condiciones para que aquellos
que están llamados a decidir o a elegir a quienes deberán decidir se planteen
alternativas reales y estén efectivamente en posibilidad de seleccionar entre
una u otra‖.
En este contexto, estas Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de
Gobernación tienen la ineludible convicción de que a través de esta reforma
constitucional se consolidará un gran pacto dentro del proceso de transición
democrática, sin pretender despojar a la Constitución de su carácter
esencialmente normativo.
Por supuesto que este pacto tiene la imperiosa necesidad de generar
consensos amplios en torno al nuevo orden político, pues sin ellos, el proceso
de transición no habrá de sobrevivir ni funcionar.
En suma, la reforma constitucional propuesta en torno a las candidaturas
independientes, debe ser vista como parte de una estrategia, no solo para la
instauración de la democracia participativa, sino también, de su consolidación
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y estabilidad que requiere la adhesión conciente de los actores políticos más
significativos y de los más amplios sectores de la sociedad al nuevo orden
político constitucional.
En el ámbito internacional, los derechos políticos son considerados por su
relevancia derechos humanos y las candidaturas no son la excepción, así lo
establece el Pacto de San José, en su artículo 23, en el capítulo Sobre
Derechos Políticos, que a la letra dice:
―Artículo 23. Derechos Políticos
1. Todos los ciudadanos deben gozar de los siguientes derechos y
oportunidades:
a) de participar en la dirección de los asuntos públicos, directamente o por
medio de representantes libremente elegidos;
b) de votar y ser elegidos en elecciones periódicas auténticas, realizadas por
sufragio universal e igual y por voto secreto que garantice la libre expresión
de la voluntad de los electores, y c) de tener acceso, en condiciones
generales de igualdad, a las funciones públicas de su país.
2. La ley puede reglamentar el ejercicio de los derechos y oportunidades a
que se refiere el inciso anterior, exclusivamente por razones de edad,
nacionalidad, residencia, idioma, instrucción, capacidad civil o mental, o
condena, por juez competente, en proceso penal.‖
En lo particular, estas Comisiones advierten del texto antes transcrito, que el
ejercicio de los derechos políticos no se encuentra supeditado a requisitos de
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afiliación política o pertenencia a alguna agrupación, por ello, ésta reforma
observa en estricto sentido la norma internacional como fuente del derecho
mexicano.
Es evidente, que la fuerza jurídica de los instrumentos internacionales frente
al derecho interno, constituyen obligaciones asumidas por México frente a la
comunidad internacional, es por ello, que por congruencia y coherencia entre
la legislación nacional y los instrumentos internacionales se hace necesaria la
reforma constitucional en estudio.
c).- RATIFICACIÓN DE COMISIONADOS DE ÓRGANOS REGULADORES DEL
ESTADO, CONTENIDA EN LOS ARTÍCULOS 76 FRACCIÓN II, 78 FRACCIÓN
VII, 89 FRACCIÓN III y IV.
En el ámbito internacional, la competencia económica y sectores como el
transporte, telecomunicaciones y servicios financieros deben ser regulados
por entidades administrativas dotadas con arreglos institucionales especiales,
ya que para lograr la intervención estatal efectiva al enfrentar fenómenos
particularmente complejos y dinámicos, debe existir una forma especial y
continua de control, basada en una visión a largo plazo, con alto grado de
especialización técnica y mínima interferencia política. Ello como condición
necesaria para corregir las fallas del mercado y promover la eficiencia y
desarrollo de los sectores económicos.
De tal manera, la autonomía es el elemento esencial del regulador, cuyas
dimensiones son: autonomía frente al gobierno, frente a los regulados y para
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toma de decisiones. El balance adecuado se logra a través de arreglos
organizacionales, mecanismos efectivos de rendición de cuentas y
atribuciones suficientes.
En virtud de lo anterior, la autonomía organizacional presupone la
pertenencia al gobierno, pero, a la vez, con una sana distancia del mismo.
Aunque las formas y nomenclaturas llegan a ser muy diversas, solo serán
validas en la medida en que el regulador tenga plena independencia para el
dictado de sus resoluciones y no sea capturado por el propio gobierno y por
los mismos regulados, mediante la amenaza de remoción de altos mandos o
el chantaje presupuestal.
El régimen de nombramientos es de vital importancia y debe de prever reglas
ex ante, que garanticen un perfil adecuado; así como reglas ex post, que
otorguen estabilidad laboral y dejen una conducta ética y profesional.
De esta manera, la autonomía organizacional presupone también el control
del presupuesto, contratación y organización interna.
La autonomía es necesaria para evitar la interferencia político-burocrática y
procurar la toma de decisiones de forma autónoma, imparcial, objetiva y
científica. Pero ese es su límite, pues la autonomía no puede significar la
ruptura total con la administración o el Poder Ejecutivo. El regulador
económico debe formar parte de una red integrada por otros reguladores y
autoridades que persigan fines comunes o conexos, cuya convergencia sea,
precisamente, pertenecer a la administración caracterizada por la unidad de
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acción y propósito. Aunque autónomo, el regulador debe quedar sujeto a un
conjunto de leyes y políticas de corte transversal, así como la tutela y la
vigilancia, razonables, por parte del Ejecutivo.
Derivado de lo anterior, para cumplir con sus funciones, el regulador requiere
de personal de alta calidad profesional y técnica. Por ello, es fundamental
que en el seno del regulador exista un ambiente laborar atractivo, capaz de
atraer y retener talento.
Por ello, los reguladores deben contar con arreglos que, entre otros,
aseguren que el interés privado permanezca subordinado al interés público,
lo doten de credibilidad y legitimidad, lo obliguen a justificar sus decisiones
mas allá de lo legal y a establecer parámetros de acción que permitan hacer
juicios efectivos de desempeño.
En conclusión, en el sentido de que el Ejecutivo mantenga la facultad de
proponer el nombramiento de los comisionados de los órganos reguladores,
con ratificación del Senado de la República; si la Cámara de Senadores no
otorga su ratificación, el Ejecutivo deberá realizar una nueva designación de
los mismos.
De esta manera, le permite evitar al Ejecutivo la influencia del Congreso, y así
asegurar un eficaz desempeño de los órganos reguladores.
Es por lo mencionado anteriormente, que las Comisiones dictaminadoras,
concuerdan con el planteamiento señalado por la Minuta del Senado, relativo
al presente tema.
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d).- INTEGRACIÓN DE LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DEL DISTRITO FEDERAL
A QUE ALUDEN LAS PROPUESTAS DEL ARTÍCULO 122, BASE PRIMERA,
FRACCIÓN III.
El perfeccionamiento de nuestra legislación electoral ha sido un proceso
constante y permanente. Desde 1917 se han realizado una serie de reformas
constitucionales con el propósito de fortalecer las prácticas democráticas del
sistema político mexicano y de ampliar la participación de diversos actores en
el mismo. Desde luego, reformar a leyes secundarias también han perseguido
ese propósito, pero el mismo es más claro a nivel constitucional y por citar
unos ejemplos se mencionan:
1993-1994
• Se perfeccionaron e instituyeron mecanismos novedosos, tales como:
• El financiamiento público y privado.
• Los observadores electorales nacionales.
• El sistema de asignación de las curules por el principio de representación
proporcional.
• La creación de una Sala Superior del Tribunal Electoral y un procedimiento
de segunda
instancia en lo referente a la justicia electoral.
• La introducción de los Senadores de primera minoría.
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• Se estableció que el Instituto Federal Electoral seria un organismo estatal
autónomo, dotado de personalidad jurídica y patrimonio propios, el
responsable del ejercicio de tal función.
• En el órgano máximo de dirección de este organismo, estarían
representados directamente los ciudadanos mediante la figura de los
Consejeros Ciudadanos, mismos que serían designados por los Poderes
Ejecutivo y Legislativo de manera cooperativa.
• Se determinó que los partidos políticos estarían también representados en
este organismo, pero sin que tuvieran oportunidad de votar.
• Se estableció que el Tribunal Federal Electoral, para el ejercicio de su
encargo contará con magistrados y jueces instructores, mismos que son
independientes y responden únicamente al mandato de la ley.
2003
Se decide variar el perfil en la designación de Consejeros Electorales. Como
se puede apreciar de esta exposición, el esfuerzo por mejorar nuestras
instituciones y nuestras prácticas electorales ha sido una constante en la
actuación del sistema político de gobierno y con las propuestas que hoy se
ponen a consideración de esta Asamblea, se consolida un sistema electoral
transparente que genera confianza en la ciudadanía y da certidumbre a
nuestros procesos políticos.
El propósito de la reforma que hoy se analiza, es mediante una sensible
mejora de nuestras instituciones y procedimientos electorales, contribuir a
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fortalecer, de modo definitivo, nuestro régimen democrático, para la mejor
toma de decisiones públicas, que se traduzcan en mejores condiciones de
vida para toda los capitalinos.
Efectivamente, las elecciones tienen funciones básicas en un sistema
democrático porque a través de ellas se busca la legitimación del poder y el
correcto equilibrio en la representación popular.
Las reglas electorales, fijan canales para organizar la representación, se
integran los cuadros de gobierno y se organiza la transmisión del poder
político, buscando el correcto equilibrio entre las fuerza populares.
Es por ello, que la pertinencia y necesidad de la reforma constitucional
propuesta en lo que hace a este tema, hace procedente la aprobación del
proyecto de decreto.
El porcentaje que se propone para alcanzar la mayoría en la Asamblea
legislativa es coincidente con el principio de mayoría y sobre todo de
legitimación política, ya que al incrementar el porcentaje propuesto se
dificulta la obtención de la mayoría en la Asamblea Legislativa, por
consiguiente las minorías obtienen acceso al sistema de representación
popular.
Por tanto, los integrantes de ésta Comisión dictaminadora consideran
procedente y viable la reforma constitucional en estudio, ello por las razones
expresadas anteriormente.
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e).- INICIATIVA CIUDADANA, PROPUESTA A LOS ARTÍCULOS 35 FRACCIÓN
VII, 71 FRACCIÓN IV, 73 FRACCIÓN XXIX-P, ÚLTIMO PÁRRAFO DE LA
FRACCIÓN II DEL ARTÍCULO 116, 122 BASE PRIMERA, FRACCIÓN V, INCISO
O).
Para las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de Gobernación, es
de gran relevancia el presente tema, pues en él, se vislumbra una verdadera
democracia, ya que efectivamente la ciudadanía conoce de sus necesidades y
podrá expresarlas a través de propuestas legislativas.
La incorporación en la norma constitucional de la Iniciativa Ciudadana,
constituye una expresión de cambio que nos encauza a considerarnos como
un país de democracia avanzada, ya que sólo en aquellos países en los que
se respete la libertad política de los hombres, se generarán las condiciones
necesarias para el ejercicio pleno de los derechos consignados en las normas
fundamentales.
La Iniciativa Ciudadana, se debe entender como un procedimiento expresado
en la Constitución, el cual, el pueblo de manera directa e inmediata, y no a
través de órgano intermedio, vinculará al órgano legislativo para que analice
la propuesta de ley presentada.
Tal mecanismo, se constituye como un procedimiento que permitirá la
participación de los ciudadanos en las decisiones gubernamentales, y que son
de interés para todos los habitantes de la República.
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Para los miembros de estas Comisiones dictaminadoras, es una convicción
que mediante el mecanismo en estudio, se logrará incentivar y generar una
sociedad más participativa e interesada en los asuntos gubernamentales.
Además, reivindica una deuda histórica con el pueblo mexicano,
constituyéndose la Iniciativa Ciudadana como un ejercicio puro de soberanía,
congruente con el artículo 39 constitucional.
Sin embargo, los Integrantes de las Comisiones Dictaminadoras, coinciden en
que el requisito del porcentaje de cero punto veinticinco por ciento de la lista
nominal de electores, plasmado en la Minuta enviada por el Senado de la
República, se constituye como un requisito más difícil de cumplir, lo que
podría dificultar el acceso a esta importante figura de participación
ciudadana, provocando que tal reforma sólo quede en buenas intenciones.
No hay que olvidar, que la naturaleza de la iniciativa ciudadana es
precisamente generar la participación del pueblo mediante figuras que
impulsen la actividad política de los ciudadanos, fomentando la cultura
jurídica de las personas, encausando sus inquietudes mediante
procedimientos jurídicos flexibles, que no entorpezcan su ejercicio.
Durante el debate, en el desarrollado del foro, se expresó que tal porcentaje,
de aprobarse materialmente se constituiría en un equivalente, a los votos que
se exigen para ser diputado federal, siendo tal circunstancia imposible de
aceptarse, dada la trascendencia de la figura democrática que se estudia.
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Por ello, los integrantes de las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales
y de Gobernación, creen oportuno reducir el porcentaje a 0.13% del total de
la lista nominal, dicha cantidad se considera, es mucho más viable y permitirá
canalizar la voluntad popular en forma legítima, sin caer en supuestos
normativos excesivos en sus requisitos, que sólo impidan el correcto ejercicio
de las voluntades colectivas.
f).- CONSULTA POPULAR, RELATIVA A LA REFORMA DE LOS ARTÍCULOS 35
FRACCIÓN VIII, 36 FRACCIÓN III, 73 FRACCIÓN XXIX-P.
La consulta popular, se constituye en una Institución valiosa, para lograr un
mejor Sistema Democrático en México.
Lo anterior es así, en virtud de que de aprobarse la Reforma Constitucional,
se crearán los mecanismos Constitucionales, que permitirán la participación
de los ciudadanos en las decisiones políticas, expresando que sus
aspiraciones y necesidades que reclaman, serán satisfechas por el Estado.
En este sentido, la Consulta Popular se coloca junto a otras Referéndum,
Plebiscito, Voto Popular, como una figura indispensable dentro de la
Democracia Participativa, frente al Poder Público.
La Naturaleza Jurídica de la consulta popular, legitima las decisiones del
Estado, generando canales de comunicación entre el Pueblo y el Poder
Público, es decir, obliga al Estado a escuchar al Pueblo como titular del Poder
Público.
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En estas condiciones, las Comisiones Dictaminadoras coinciden en modificar
el porcentaje contenido en la Minuta del Senado de la República en esta
materia, del dos al uno por ciento, pues se considera excesivo y además
nugatorio del derecho a la consulta, además de que dicho porcentaje pone en
riesgo el objetivo de la presente reforma, ya que impediría en los hechos, que
los gobernados puedan acceder a este importante derecho democrático.
A través de ésta figura, la ciudadanía es convocada por el Congreso de la
Unión a petición del Presidente de la República, el equivalente al treinta y
tres por ciento de los integrantes de cualquiera de las Cámaras del Congreso
de la Unión o los Ciudadanos, en un número equivalente, al uno por ciento de
los inscritos en la lista nominal de electores, en los términos que determine la
ley, con el objeto de resolver un asunto de carácter general y de vital
importancia para la vida del país.
Asimismo, estas Comisiones Unidas no comparten el porcentaje equivalente
al cuarenta por ciento de los ciudadanos en la lista nominal, contenido en la
Minuta que se resuelve, ya que en el umbral y para que la consulta popular
sea vinculatoria es muy alto, por ello, coincidimos en proponer la reducción al
veinticinco por ciento de la lista nominal de electores.
En este sentido, cobra importancia lo expresado por Adela Cortina, en su
obra Ética aplicada y Democracia Radical, al enfatizar que el modelo de
participación ciudadana debe contemplar ―una igual participación en doble
sentido que cada quien tenga igualdad de oportunidades para llevar al orden
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del día las decisiones colectivas y los problemas que para el son importantes;
segundo, que sean atendidos sus puntos de vista en los resultados de las
decisiones colectivas.
La participación tiene que ser entonces, igual y efectiva, de modo que a
través de ella se exprese el sentido político del hombre.‖
Además de lo anterior, es procedente modificar el contenido de la fracción
VIII, en su inciso 5º., que establece que la consulta popular procederá el
mismo día de la jornada electoral federal, por considerarse que el ejercicio de
este derecho se sujetaría a cada tres años, por tanto esta Colegisladora
comparte el espíritu de la modificación y por justicia llega a la convicción de
establecer una consulta popular por año, y que no coincida su ejercicio con el
proceso electoral federal.
g).- SUSTITUCIÓN DEL PRESIDENTE EN CASOS DE FALTA ABSOLUTA,
REFORMA PLANTEADA A LOS ARTÍCULOS 73 FRACCIÓN XXVI, 78 FRACCIÓN
IV, 83, 84, PRIMER, SEGUNDO, TERCER Y ÚLTIMO PÁRRAFOS DEL
ARTÍCULO 85.
La Reforma Política en México, permite crear nuevas condiciones para una
gobernanza democrática y eficiente. Esta requiere de la existencia de
mecanismos que eviten y resuelvan cualquier tipo de conflicto, que ponga en
peligro la gobernabilidad del país y el interés legítimo de la representatividad
de los mexicanos.
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Esta reforma viene a crear un mecanismo de sustitución automática, sin
intervención del Congreso, ante la falta absoluta del Presidente de la
República. En la actualidad, los artículos 84 y 85 constitucionales regulan un
procedimiento de sustitución del Titular del Ejecutivo en casos de falta
absoluta, mecanismo que ha sido superado por la dinámica del propio Estado.
Hoy en día, la vida política y democrática del país necesita de una apertura
que permita resolver cualquier contingencia que entorpezca la
representatividad y el avance político del país, tanto en el interior como en la
comunidad internacional.
Por eso, estas Comisiones coinciden con el contenido de la Minuta del Senado
de la República, en el sentido resulta pertinente modificar las normas
relativas al procedimiento de substitución presidencial, contemplando las
principales hipótesis plausibles de falta absoluta, para introducir un
mecanismo que permita, en automático, que un funcionario del más alto
rango en el gabinete presidencial, ocupe provisionalmente la Presidencia de
la República en tanto el Congreso procesa los acuerdos necesarios para
designar, con la mayoría requerida, a quien deba ocupar, en calidad de
presidente interino o de presidente substituto, la titularidad del Poder
Ejecutivo de la Unión.
Es decir, fijar en la Carta Magna un orden que evite la ausencia del
Presidente, así sea por un lapso mínimo y en el que, el Secretario de
Gobernación sea el funcionario que lo supla en sus responsabilidades.
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Esta reforma viene a desaparecer la figura del Presidente Provisional, así
como los mecanismos para su nombramiento, e incorpora la figura del
Presidente Interino que da ventaja al Congreso de la Unión en el
procesamiento de la designación del Presidente Interino o Substituto según
sea el caso, por tanto, el mando que caracteriza al Poder Ejecutivo no se
vería suspendido en ningún momento.
h) TOMA DE PROTESTA DEL PRESIDENTE REFORMA PROPUESTA Y
CONTENIDA EN EL ARTÍCULO 87.
El sistema presidencial se define como un modelo de división de poderes y de
pesos y contrapesos, ese es el espíritu del artículo 49 de la Constitución
Mexicana, cuando dice ―el Supremo Poder de la Federación se divide para su
ejercicio en Legislativo, Ejecutivo y Judicial‖.
Asimismo, en nuestro régimen de leyes la Constitución es la norma
constituyente, reguladora de la validez del sistema jurídico, y determinante
de las bases organizativas del Estado y de los fenómenos políticos
fundamentales de la sociedad. La Constitución es la ley suprema, es la norma
cúspide de todo el orden jurídico, es el alma y la sabia y nutre y vivifica el
derecho, es la base de todas las instituciones y el ideario de un pueblo. La
Constitución es el ordenamiento jurídico que proclama los principios políticos,
sociales, económicos, culturales y humanos que se derivan del ser, del modo
de ser y del querer ser de un pueblo y de su devenir histórico mismo.
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En este sentido, si el instrumento fundamental que rige nuestro país sentó las
bases de las responsabilidades y obligaciones de cada uno de los poderes, es
válido que en caso de contingencias ajenas a la voluntad de cualquiera de los
representantes de los poderes de la Unión, busquen mecanismos que
permitan disuadir cualquier obstáculo que entorpezca la vida política y el
buen rumbo del país.
Por eso, las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de Gobernación,
acogen con responsabilidad la adición de un segundo párrafo al artículo 87 de
nuestra Carta Magna, pues viene a resolver un vacío en nuestra Constitución,
ya que si bien es cierto por mandato de nuestra Ley Fundamental el
Presidente de la República inicia su función a partir de las cero horas del día
1º. de diciembre, también el dispositivo antes señalado impone la obligación
al titular del Ejecutivo para rendir protesta, por ello, esta adición resuelve
cualquier contingencia al prever que en el caso de que el Titular del Ejecutivo
no pueda por causas ajenas a su voluntad o a las del Congreso de la Unión,
rendir la protesta constitucional, lo hará ante el Presidente de la Suprema
Corte de Justicia de la Nación.
i).- REELECCIÓN DE LEGISLADORES REFORMA PROPUESTA EN LOS
ARTÍCULOS 59, 115, PRIMEROS TRES PÁRRAFOS DE LA FRACCIÓN II DEL
116.
Estas Comisiones Unidas no coinciden con el tema de la reelección contenida
en la Minuta materia de este Dictamen, sin embargo no están en contra de la
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no reelección y se considera necesario agotar previamente una consulta
popular, a efecto de que sean los propios ciudadanos los que definan en una
consulta formalmente organizada por el IFE, si están a favor o en contra de
la reelección consecutiva.
j).- RECONDUCCIÓN PRESUPUESTAL REFORMA CONTENIDA EN EL
ARTÍCULO 75.
Estas dictaminadoras no comparten el espíritu de la adición de dos párrafos
al artículo 75 de nuestra Ley fundamental, pues constituye una
desafortunada intención de trastocar el sistema constitucional mexicano, al
pretender romper el equilibrio de los poderes del Estado, con una manifiesta
intención de invasión de competencias del Ejecutivo al Legislativo.
En este sentido, lo que es procedente es impulsar reformas a la Ley
Presupuestaria para que el ejercicio del gasto sea más eficaz y responsable,
es decir, transparentar los recursos públicos, evitando subejercicios y
eliminando reasignaciones discrecionales.
k).- OBSERVACIONES DEL EJECUTIVO AL PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA
FEDERACIÓN, PROPUESTA AL PENÚLTIMO Y ANTEPENÚLTIMO PÁRRAFOS
DE LA FRACCIÓN IV DEL ARTÍCULO 74.
Las normas vigentes, guían el comportamiento político de los elementos del
Estado en un sano equilibrio entre los poderes públicos, necesario en las
funciones de un gobierno eminentemente Republicano.
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El ejercicio del poder público con lleva a la división de poderes como uno de
los preceptos más importantes de la Constitución y aquí es donde reside la
libertad política de todo gobierno, incluyendo la de los ciudadanos.
Hasta hace algunos años en México tuvimos una división de poderes de iure,
es decir, existía una realidad muy diversa. La concentración del poder en un
solo individuo, a través del presidencialismo exacerbado, esto hacía que el
equilibrio entre poderes quedara sólo en mera teoría política. El presidente
proponía y también disponía en los asuntos de su interés, afianzando su
predominio.
La realidad actual muestra signos diversos, la forma de gobierno adoptada
comienza a generar sus efectos, en cuanto a pesos y contrapesos al ejercicio
del poder.
La gobernabilidad democrática no requiere de fórmulas mágicas ni de
principios meta constitucionales, sino de los que ya se encuentran regulados
en el máximo ordenamiento. La alternancia en el poder, garantiza esta
situación, donde el equilibrio de poderes muestra su flexibilidad, porque están
ordenados a la cooperación y no a la obstaculización entre ellos.
El diseño constitucional del país, dotó de varias y decisivas atribuciones al
Congreso. Por eso, aún cuando el cambio político de México introdujo
modificaciones sustanciales en las atribuciones constitucionales del Poder
Legislativo, éste se ha visto fortalecido y ha comenzado a hacer uso de las
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muy importantes facultades que originalmente le fueron concedidas en el
constituyente de 1917 y que le dieron presencia en la política nacional.
La finalidad e importancia de someter el Presupuesto a la aprobación de la
representación popular, consiste garantizar que los planes y programas
gubernamentales del Ejecutivo, concretados al detalle en un Proyecto de
Presupuesto, sean conocidos, modificados y aprobados por la soberanía
popular.
El análisis del Proyecto de Presupuesto de Egresos, debe ser un mecanismo
preventivo y correctivo de desviaciones, insuficiencias o incongruencias en la
programación de las acciones y así procurar el cumplimiento de los objetivos,
metas y prioridades contenidos en el plan y los programas, sean sectoriales o
especiales, de la Administración Pública Federal.
En suma, nuestra Constitución señala el mecanismo de propuesta, análisis y
decisión de un acto conjunto, pero con decisión propia, esto es, el Presidente
de la República, somete a consideración de los Diputados el proyecto de
presupuesto de egresos y son los Diputados, en ejercicio de su atribución
exclusiva, como representantes del Pueblo, los que deciden en forma
definitiva, en que rubros y conceptos se destinarán los dineros del Estado.
Por tanto, los integrantes de las Comisiones Unidas, consideran que alterar el
orden constitucional creado, iría en un camino de debilitamiento del poder
legislativo y se le restaría fuerza política a la voluntad popular expresada por
los Diputados.
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En cuanto a la propuesta de la Minuta que se dictamina, referente a la
derogación de la fracción VIII, pasando su texto a la fracción VII, estas
Comisiones Unidas no coinciden con tal propuesta, ya que seguramente se
alteraría el orden jurídico secundario.
Incluso, si el texto de la fracción VIII del artículo 74 lo pasáramos a la
fracción VII, esa fracción VIII quedaría con el texto: ―Se deroga‖, por lo
tanto, resulta innecesario reformar estas dos fracciones, ya que la propuesta
no tiene ningún argumento sustancial que la respalde, máxime que
precisamente la técnica legislativa en materia constitucional, históricamente
se ha expresado en el sentido de que los artículos que se derogan de nuestra
Norma Fundamental, no pueden ser materia de reutilización a menos que sea
de la misma materia.
Transitorios.
Los ciudadanos y la sociedad en su conjunto, necesitan herramientas
jurídicas para participar e incidir en las decisiones de autoridad y en los
periodos interelectorales, así como limitar y controlar el poder público. En
este orden, es prioritario definir constitucionalmente la democracia
participativa y deliberativa e incorporarla a la forma de gobierno de nuestro
Estado mexicano.
De estas ideas de soberanía, surge entonces una forma de gobierno a la
democracia, en la cual los ciudadanos son el pilar fundamental de la misma,
por ello y en congruencia con el apartado 3º, de la fracción VIII, del artículo
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35, es procedente establecer un artículo Cuarto Transitorio, que le de
viabilidad a la figura de la reelección, a través de una Consulta Popular como
excepción y por única ocasión a la imposibilidad relativa a la materia
electoral.
Por todas las consideraciones antes vertidas estas Comisiones Unidas de
Puntos Constitucionales y Gobernación emiten el siguiente:
B) MARCO JURÍDICO.
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
ARTÍCULO 135.- La presente Constitución puede ser adicionada o reformada.
Para que las adiciones o reformas lleguen a ser parte de la misma, se requiere
que el Congreso de la Unión, por el voto de las dos terceras partes de los
individuos presentes, acuerde las reformas o adiciones, y que éstas sean
aprobadas por la mayoría de las legislaturas de los Estados. El Congreso de la
Unión o la Comisión Permanente en su caso, harán el cómputo de los votos de
las legislaturas y la declaración de haber sido aprobadas las adiciones y
reformas.
En atención al principio de División de Poderes, el Constituyente local en la
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Baja California, establece lo
siguiente:
ARTÍCULO 112.- Esta Constitución sólo podrá…
Si transcurre…
Las reformas o adiciones…
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Las adiciones o reformas a la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos que afecten a esta Constitución, serán inmediatamente adoptadas
por el Congreso del Estado, mediante Dictamen, referente a la afectación del
texto de esta, y a la parte de su cuerpo en que deba de incorporarse,
aprobado por mayoría calificada, produciendo una declaratoria de reforma o
adición constitucional, que deberá de promulgarse sin necesidad de otro
trámite.
C).- ANÁLISIS Y ESTUDIO DE LA MINUTA
1.- CUADRO JURÍDICO COMPARATIVO.
En este entorno, es necesario precisar la pretendida Minuta en la que se
reforma y adicionan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos, en materia de Reforma Política, por lo que a continuación se
transcribe el cuadro comparativo el cual contiene el texto vigente así como la
propuesta planteada:
TEXTO VIGENTE TEXTO PROPUESTO
Artículo 35. Son prerrogativas del
ciudadano:
I. Votar en las elecciones populares;
II. Poder ser votado para todos los cargos
de elección popular, y nombrado para
cualquier otro empleo o comisión,
teniendo las calidades que establezca la
ley;
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Artículo 35. Son derechos del ciudadano:
I. (…)
II. Poder ser votado para todos los cargos
de elección popular, teniendo las
calidades que establezca la ley. El
derecho de solicitar el registro de
candidatos ante la autoridad electoral

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III. Asociarse individual y libremente para
tomar parte en forma pacífica en los
asuntos políticos del país;
IV. Tomar las armas en el Ejército o
Guardia Nacional, para la defensa de la
República y de sus instituciones, en los
términos que prescriben las leyes; y
V. Ejercer en toda clase de negocios el
derecho de petición.
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corresponde a los partidos políticos así
como a los ciudadanos que soliciten su
registro de manera independiente y
cumplan con los requisitos, condiciones y
términos que determine la legislación;
III. (…)
IV. Tomar las armas en el Ejército o
Guardia Nacional, para la defensa de la
República y de sus instituciones, en los
términos que prescriben las leyes;
V. (…)
VI. Poder ser nombrado para cualquier
empleo o comisión del servicio público,
teniendo las calidades que establezca la
ley;
VII. Iniciar leyes, en los términos y con
los requisitos que señalen esta
Constitución y la Ley del Congreso. El
Instituto Federal Electoral tendrá las
facultades que en esta materia le otorgue
la ley.
VIII. Votar en las consultas populares
sobre temas de trascendencia nacional,
las que se sujetarán a lo siguiente:

H. Vigésima Legislatura Secretaría de Servicios Parlamentarios
Página 340
1º. Serán convocadas por el Congreso de
la Unión a petición de:
a) El Presidente de la República;
b) El equivalente al treinta y tres por
ciento de los integrantes de
cualquiera de las Cámaras del
Congreso de la Unión; o,
c) Los ciudadanos, en un número
equivalente, al menos, al dos por
ciento de los inscritos en la lista
nominal de electores, en los
términos que determine la Ley.
Con excepción de la hipótesis prevista en
el inciso c) anterior, la petición deberá ser
aprobada por la mayoría de cada Cámara
del Congreso de la Unión,
2º. Cuando la participación total
corresponda, al menos, al cuarenta por
ciento de los ciudadanos inscritos en la
lista nominal de electores, el resultado
será vinculatorio para los poderes
Ejecutivo y Legislativo federales y para
las autoridades competentes;
3º. No podrán ser objeto de consulta
popular la restricción de los derechos
humanos reconocidos por esta
Constitución; los principios consagrados
en el artículo 40 de la misma; la materia
electoral; los ingresos y gastos del
Estado; la seguridad nacional y la
organización, funcionamiento y disciplina
de la Fuerza Armada permanente. La
Suprema Corte de Justicia de la Nación
resolverá, previo a la convocatoria que
realice el Congreso de la Unión, sobre la
constitucionalidad de la materia de la

H. Vigésima Legislatura Secretaría de Servicios Parlamentarios
Página 341
consulta;
4º. El Instituto Federal Electoral tendrá a
su cargo, en forma directa, la verificación
del requisito establecido en el inciso c) del
apartado 1º de la presente fracción, así
como la organización, desarrollo, cómputo
y declaración de resultados;
5º. La consulta popular se realizará el
mismo día de la jornada electoral federal;
6º Las resoluciones del Instituto Federal
Electoral podrán ser impugnadas en los
términos de lo dispuesto en la fracción VI
del artículo 41, así como de la fracción III
del artículo 99 de esta Constitución; y
7º Las leyes establecerán lo conducente
para hacer efectivo lo dispuesto en la
presente fracción.
TEXTO VIGENTE TEXTO PROPUESTO
Artículo 36. Son obligaciones del
ciudadano de la República:
I. Inscribirse en el catastro de la
municipalidad, manifestando la propiedad
que el mismo ciudadano tenga, la
industria, profesión o trabajo de que
subsista; así como también inscribirse en
el Registro Nacional de Ciudadanos, en
los términos que determinen las leyes.
Artículo 36. (…)
I. (…)

H. Vigésima Legislatura Secretaría de Servicios Parlamentarios
La organización y el funcionamiento
permanente del Registro Nacional de
Ciudadanos y la expedición del
documento que acredite la ciudadanía
mexicana son servicios de interés público,
y por tanto, responsabilidad que
corresponde al Estado y a los ciudadanos
en los términos que establezca la ley,
II. Alistarse en la Guardia Nacional;
III. Votar en las elecciones populares en
los términos que señale la ley;
IV. Desempeñar los cargos de elección
popular de la Federación o de los Estados,
que en ningún caso serán gratuitos; y
V. Desempeñar los cargos concejiles del
municipio donde resida, las funciones
electorales y las de jurado.
II. (…)
Página 342
III. Votar en las elecciones y en las
consultas populares, en los términos que
señale la ley;
IV. (…)
V. (…)

H. Vigésima Legislatura Secretaría de Servicios Parlamentarios
TEXTO VIGENTE TEXTO PROPUESTO
Artículo 71. El derecho de iniciar leyes o
decretos compete:
I. Al Presidente de la República;
II. A los Diputados y Senadores al
Congreso de la Unión; y
III. A las Legislaturas de los Estados.
Página 343
Artículo 71. (…)
I. (…)
II. A los Diputados y Senadores al
Congreso de la Unión;
III. A las Legislaturas de los
Estados; y
IV. A los ciudadanos en un número
equivalente, por lo menos, al
cero punto trece por ciento de
la lista nominal de electores, en
los términos que señalen las
leyes.
La Ley del Congreso determinará el
trámite que deba darse a las iniciativas.
El día de la apertura de cada periodo
ordinario de sesiones el Presidente de la
República podrá presentar hasta dos
iniciativas por trámite preferente, o
señalar con tal carácter hasta dos que
hubiere presentado en periodos
anteriores, cuando estén pendientes de
dictamen. Cada iniciativa deberá ser
discutida y votada por el Pleno de la
Cámara de su origen en un plazo máximo
de treinta días naturales. Si no fuere así,
la iniciativa, en sus términos y sin mayor
trámite, será el primer asunto que deberá
ser discutido y votado en la siguiente
sesión de Pleno. En caso de ser aprobado
o modificado por la Cámara de su origen,
el respectivo proyecto de ley o decreto
pasará de inmediato a la Cámara

H. Vigésima Legislatura Secretaría de Servicios Parlamentarios
Las iniciativas presentadas por el
Presidente de la República, por las
legislaturas de los Estados o por las
diputaciones de los mismos, pasarán
desde luego a comisión. Las que
presentaren los diputados o los
senadores, se sujetarán a los trámites
que designen la Ley del Congreso y sus
reglamentos respectivos.
Página 344
revisora, la cual deberá discutirlo y
votarlo en el mismo plazo y bajo las
condiciones antes señaladas.
No podrán tener carácter preferente las
iniciativas de adición o reforma a esta
Constitución.
Las iniciativas presentadas por el
Presidente de la República, por las
legislaturas de los Estados o por las
diputaciones de los mismos, pasarán
desde luego a comisión. Las que
presentaren los diputados o los
senadores, se sujetarán a los trámites
que designen la Ley del Congreso y sus
reglamentos respectivos.
TEXTO VIGENTE TEXTO PROPUESTO
Artículo 73. El Congreso tiene facultad:
I a XXV. (…)
XXVI. Para conceder licencia al Presidente
de la República y para constituirse en
Colegio Electoral y designar al ciudadano
que deba substituir al Presidente de la
República, ya sea con el carácter de
substituto, interino o provisional, en los
términos de los artículos 84 y 85 de esta
Constitución.
XXVII a XXIX-P. (…)
Artículo 73. (…)
I a XXV. (…)
XXVI. Para conceder licencia al Presidente
de la República y para constituirse en
Colegio Electoral y designar al ciudadano
que deba substituir al Presidente de la
República, ya sea con el carácter de
interino o substituto, en los términos de
los artículos 84 y 85 de esta Constitución.
XXVII a XXIX-P. (…)

H. Vigésima Legislatura Secretaría de Servicios Parlamentarios
XXX. Para expedir todas las leyes que
sean necesarias, a objeto de hacer
efectivas las facultades anteriores, y
todas las otras concedidas por esta
Constitución a los Poderes de la Unión.
Página 345
XXIX- Q. Para legislar sobre iniciativa
ciudadana y consultas populares.
XXX. (…)
TEXTO VIGENTE TEXTO PROPUESTO
Artículo 74. Son facultades exclusivas de
la Cámara de Diputados:
I a III. (…)
IV. (…)
(…)
(…)
(…)
Sexto párrafo.- (Se deroga)
Séptimo párrafo.- (Se deroga)
Artículo 74. (…)
I a III. (…)
IV. (…)
(…)
(…)
(…)
(…)
(…)

H. Vigésima Legislatura Secretaría de Servicios Parlamentarios
Sólo se podrá ampliar el plazo de
presentación de la iniciativa de Ley de
Ingresos y del Proyecto de Presupuesto
de Egresos, cuando medie solicitud del
Ejecutivo suficientemente justificada a
juicio de la Cámara o de la Comisión
Permanente, debiendo comparecer en
todo caso el Secretario del Despacho
correspondiente a informar de las razones
que lo motiven;
V. y VI. (…)
(…)
(…)
La Cámara concluirá la revisión de la
Cuenta Pública a más tardar el 30 de
septiembre del año siguiente al de su
presentación, con base en el análisis de
su contenido y en las conclusiones
técnicas del informe del resultado de la
entidad de fiscalización superior de la
Federación, a que se refiere el artículo 79
de esta Constitución, sin menoscabo de
que el trámite de las observaciones,
recomendaciones y acciones promovidas
por la entidad de fiscalización superior de
la Federación, seguirá su curso en
términos de lo dispuesto endicho artículo.
La Cámara de Diputados evaluará el
desempeño de la entidad de fiscalización
superior de la Federación y al efecto le
(…)
Página 346
V. y VI. (…)
(…)
(…)
La Cámara concluirá la revisión de la
Cuenta Pública a más tardar el 31 de
octubre del año siguiente al de su
presentación, con base en el análisis de
su contenido y en las conclusiones
técnicas del informe del resultado de la
entidad de fiscalización superior de la
Federación, a que se refiere el artículo 79
de esta Constitución, sin menoscabo de
que el trámite de las observaciones,
recomendaciones y acciones promovidas
por la entidad de fiscalización superior de
la Federación, seguirá su curso en
términos de lo dispuesto en dicho

H. Vigésima Legislatura Secretaría de Servicios Parlamentarios
podrá requerir que le informe sobre la
evolución de sus trabajos de fiscalización;
VII. (Se deroga).
VIII. Las demás que le confiere
expresamente esta Constitución.
Página 347
artículo.
(…)
VII. (Se deroga).
VIII. Las demás que le confiere
expresamente esta Constitución.
TEXTO VIGENTE TEXTO PROPUESTO
Artículo 76. Son facultades exclusivas del
Senado:
I. (…)
(…)
II. Ratificar los nombramientos que el
mismo funcionario haga del Procurador
General de la República, Ministros,
agentes diplomáticos, cónsules generales,
empleados superiores de Hacienda,
coroneles y demás jefes superiores del
Ejército, Armada y Fuerza Aérea
Artículo 76. (…)
I. (…)
(…)
II. Ratificar los nombramientos que el
mismo funcionario haga del Procurador
General de la República, embajadores,
cónsules generales, empleados superiores
de Hacienda, integrantes de los órganos
colegiados encargados de la regulación en

H. Vigésima Legislatura Secretaría de Servicios Parlamentarios
Nacionales, en los términos que la ley
disponga;
III a XII. (…)
Página 348
materia de telecomunicaciones, energía y
competencia económica, coroneles y
demás jefes superiores del Ejército,
Armada y Fuerza Aérea Nacionales, en los
términos que la ley disponga;
III a XII. (…)
TEXTO VIGENTE TEXTO PROPUESTO
Artículo 78. Durante los recesos del
Congreso de la Unión habrá una Comisión
Permanente compuesta de 37 miembros
de los que 19 serán Diputados y 18
Senadores, nombrados por sus
respectivas Cámaras la víspera de la
clausura de los períodos ordinarios de
sesiones. Para cada titular las Cámaras
nombrarán, de entre sus miembros en
ejercicio, un sustituto.
La Comisión Permanente, además de las
atribuciones que expresamente le
confiere esta Constitución, tendrá las
siguientes:
I a III. (…)
IV. Acordar por sí o a propuesta del
Ejecutivo, la convocatoria del Congreso o
de una sola Cámara a sesiones
extraordinarias, siendo necesario en
ambos casos el voto de las dos terceras
partes de los individuos presentes. La
Artículo 78. (…)
(…)

H. Vigésima Legislatura Secretaría de Servicios Parlamentarios
convocatoria señalará el objeto u objetos
de las sesiones extraordinarias;
V. (…)
VI. Conceder licencia hasta por treinta
días al Presidente de la República y
nombrar el interino que supla esa falta;
VII. Ratificar los nombramientos que el
Presidente haga de ministros, agentes
diplomáticos, cónsules generales,
empleados superiores de Hacienda,
coroneles y demás jefes superiores del
Ejército, Armada y Fuerza Aérea
Nacionales, en los términos que la ley
disponga, y
VIII. (…)
Página 349
I a III. (…)
IV. Acordar por sí o a propuesta del
Ejecutivo, la convocatoria del Congreso o
de una sola Cámara a sesiones
extraordinarias, siendo necesario en
ambos casos el voto de las dos terceras
partes de los individuos presentes. La
convocatoria señalará el objeto u objetos
de las sesiones extraordinarias. Cuando la
convocatoria sea al Congreso General
para que se erija en Colegio Electoral y
designe presidente interino o substituto,
la aprobación de la convocatoria se hará
por mayoría.
V. (…)
VI. Conceder licencia hasta por sesenta
días naturales al Presidente de la
República;
VII. Ratificar los nombramientos que el
Presidente haga de embajadores,
cónsules generales, empleados superiores
de Hacienda, integrantes de los órganos
colegiados encargados de la regulación en
materia de telecomunicaciones, energía y
competencia económica, coroneles y
demás jefes superiores del Ejército,
Armada y Fuerza Aérea Nacionales, en los
términos que la ley disponga, y
VIII. (…)

H. Vigésima Legislatura Secretaría de Servicios Parlamentarios
TEXTO VIGENTE TEXTO PROPUESTO
Artículo 83. El Presidente entrará a
ejercer su encargo el 1º de diciembre y
durará en él seis años. El ciudadano que
haya desempeñado el cargo de Presidente
de la República, electo popularmente, o
con el carácter de interino, provisional o
substituto, en ningún caso y por ningún
motivo podrá volver a desempeñar ese
puesto.
Página 350
Artículo 83. El Presidente entrará a
ejercer su encargo el 1º de diciembre y
durará en él seis años. El ciudadano que
haya desempeñado el cargo de Presidente
de la República, electo popularmente, o
con el carácter de interino o substituto, o
asuma provisionalmente la titularidad del
Ejecutivo Federal, en ningún caso y por
ningún motivo podrá volver a
desempeñar ese puesto.
TEXTO VIGENTE TEXTO PROPUESTO
Artículo 84. En caso de falta absoluta del
Presidente de la República, ocurrida en
los dos primeros años del período
respectivo, si el Congreso estuviere en
sesiones, se constituirá inmediatamente
en Colegio Electoral, y concurriendo
cuando menos las dos terceras partes del
número total de sus miembros, nombrará
en escrutinio secreto y por mayoría
absoluta de votos, un presidente interino;
el mismo Congreso expedirá, dentro de
los diez días siguientes al de la
designación de presidente interino, la
convocatoria para la elección del
presidente que deba concluir el período
respectivo; debiendo mediar entre la
fecha de la convocatoria y la que se
señale para la verificación de las
elecciones, un plazo no menor de catorce
meses, ni mayor de dieciocho.
Si el Congreso no estuviere en sesiones,
la Comisión Permanente nombrará desde
luego un presidente provisional y
Artículo 84. En caso de falta absoluta del
Presidente de la República, en tanto el
Congreso nombra al presidente interino o
substituto, lo que deberá ocurrir en un
término no mayor a sesenta días, el
Secretario de Gobernación asumirá
provisionalmente la titularidad del Poder
Ejecutivo. En este caso no será aplicable
lo establecido en las fracciones II, III y VI
del artículo 82 de esta Constitución.

H. Vigésima Legislatura Secretaría de Servicios Parlamentarios
convocará a sesiones extraordinarias al
Congreso para que éste, a su vez,
designe al presidente interino y expida la
convocatoria a elecciones presidenciales
en los términos del artículo anterior.
Cuando la falta de presidente ocurriese en
los cuatro últimos años del período
respectivo, si el Congreso de la Unión se
encontrase en sesiones, designará al
presidente substituto que deberá concluir
el período; si el Congreso no estuviere
reunido, la Comisión Permanente
nombrará un presidente provisional y
convocará al Congreso de la Unión a
sesiones extraordinarias para que se erija
en Colegio Electoral y haga la elección del
presidente substituto.
Página 351
Quien ocupe provisionalmente la
Presidencia no podrá remover o designar
a los Secretarios de Estado, ni al
Procurador General de la República, sin
autorización previa de la Cámara de
Senadores. Asimismo, entregará al
Congreso de la Unión un informe de
labores en un plazo no mayor a diez días,
contados a partir del momento en que
termine su encargo.
Cuando la falta absoluta del Presidente
ocurriese en los dos primeros años del
período respectivo, si el Congreso de la
Unión se encontrase en sesiones y
concurriendo, cuando menos, las dos
terceras partes del número total de los
miembros de cada Cámara, se constituirá
inmediatamente en Colegio Electoral y
nombrará en escrutinio secreto y por
mayoría absoluta de votos, un presidente
interino, en los términos que disponga la
Ley del Congreso. El mismo Congreso
expedirá, dentro de los diez días
siguientes a dicho nombramiento, la
convocatoria para la elección del
Presidente que deba concluir el período
respectivo, debiendo mediar entre la
fecha de la convocatoria y la que se
señale para la realización de la jornada
electoral, un plazo no menor de siete
meses ni mayor de nueve. El así electo
iniciará su encargo y rendirá protesta
ante el Congreso siete días después de
concluido el proceso electoral.
Si el Congreso no estuviere en sesiones,
la Comisión Permanente lo convocará
inmediatamente a sesiones
extraordinarias para que se constituya en
Colegio Electoral, nombre un presidente

H. Vigésima Legislatura Secretaría de Servicios Parlamentarios
Página 352
interino y expida la convocatoria a
elecciones presidenciales en los términos
del párrafo anterior.
Cuando la falta absoluta del Presidente
ocurriese en los cuatro últimos años del
período respectivo, si el Congreso de la
Unión se encontrase en sesiones,
designará al presidente substituto que
deberá concluir el período, siguiendo, en
lo conducente, el mismo procedimiento
que en el caso del presidente interino.
Si el Congreso no estuviere reunido, la
Comisión Permanente lo convocará
inmediatamente a sesiones extraordinarias
para que se constituya en Colegio Electoral
y nombre un presidente substituto
siguiendo, en lo conducente, el mismo
procedimiento que en el caso del
presidente interino.
TEXTO VIGENTE TEXTO PROPUESTO
Artículo 85. Si al comenzar un periodo
constitucional no se presentase el
presidente electo, o la elección no
estuviere hecha o declarada válida el 1o.
de diciembre, cesará, sin embargo, el
Presidente cuyo periodo haya concluido y
se encargará desde luego del Poder
Ejecutivo, en calidad de Presidente
interino, el que designe el Congreso de la
Unión, o en su falta con el carácter de
provisional, el que designe la Comisión
Permanente, procediéndose conforme a lo
dispuesto en el artículo anterior.
Artículo 85. Si antes de iniciar un periodo
constitucional la elección no estuviese
hecha o declarada válida, cesará el
Presidente cuyo periodo haya concluido y
será presidente interino el que haya
designado el Congreso, en los términos
del artículo anterior.

H. Vigésima Legislatura Secretaría de Servicios Parlamentarios
Cuando la falta del presidente fuese
temporal, el Congreso de la Unión, si
estuviese reunido, o en su defecto la
Comisión Permanente, designará un
presidente interino para que funcione
durante el tiempo que dure dicha falta.
Cuando la falta del presidente sea por
más de treinta días y el Congreso de la
Unión no estuviere reunido, la Comisión
Permanente convocará a sesiones
extraordinarias del Congreso para que
éste resuelva sobre la licencia y nombre,
en su caso, al presidente interino.
Si la falta, de temporal se convierte en
absoluta, se procederá como dispone el
artículo anterior.
Página 353
Si al comenzar el periodo constitucional
hubiese falta absoluta del Presidente de la
República, asumirá provisionalmente el
cargo el Presidente de la Cámara de
Senadores, en tanto el Congreso designa
al presidente interino, conforme al
artículo anterior.
Cuando el Presidente solicite licencia para
separarse del cargo hasta por sesenta
días naturales, una vez autorizada por el
Congreso, el Secretario de Gobernación
asumirá provisionalmente la titularidad
del Poder Ejecutivo.
(…)
TEXTO VIGENTE TEXTO PROPUESTO
Artículo 87. El Presidente, al tomar
posesión de su cargo, prestará ante el
Congreso de la Unión o ante la Comisión
Permanente, en los recesos de aquél, la
siguiente protesta: "Protesto guardar y
hacer guardar la Constitución Política de
los Estados Unidos Mexicanos y las leyes
que de ella emanen, y desempeñar leal y
patrióticamente el cargo de Presidente de
la República que el pueblo me ha
conferido, mirando en todo por el bien y
prosperidad de la Unión; y si así no lo
hiciere que la Nación me lo demande."
Artículo 87. (…)

H. Vigésima Legislatura Secretaría de Servicios Parlamentarios
Página 354
Si por cualquier circunstancia el
Presidente no pudiere rendir la protesta
en los términos del párrafo anterior, lo
hará de inmediato ante las Mesas
Directivas de las Cámaras del Congreso
de la Unión.
En caso de que el Presidente no pudiere
rendir la protesta ante el Congreso de la
Unión, ante la Comisión Permanente o
ante las Mesas Directivas de las Cámaras
del Congreso de la Unión lo hará de
inmediato ante el Presidente de la
Suprema Corte de Justicia de la Nación.
TEXTO VIGENTE TEXTO PROPUESTO
Artículo 89. Las facultades y obligaciones
del Presidente, son las siguientes:
I. (…)
II. Nombrar y remover libremente a los
secretarios del despacho, remover a los
agentes diplomáticos y empleados
superiores de Hacienda, y nombrar y
remover libremente a los demás
empleados de la Unión, cuyo
nombramiento o remoción no esté
determinado de otro modo en la
Artículo 89. (…)
I. (…)
II. Nombrar y remover libremente a los
Secretarios de Estado, remover a los
embajadores, cónsules generales y
empleados superiores de Hacienda, y
nombrar y remover libremente a los
demás empleados de la Unión, cuyo
nombramiento o remoción no esté

H. Vigésima Legislatura Secretaría de Servicios Parlamentarios
Constitución o en las leyes;
III. Nombrar los ministros, agentes
diplomáticos y cónsules generales, con
aprobación del Senado.
IV. Nombrar, con aprobación del Senado,
los Coroneles y demás oficiales superiores
del Ejército, Armada y Fuerza Aérea
Nacionales, y los empleados superiores de
Hacienda.
V. a XX. (…)
Página 355
determinado de otro modo en la
Constitución o en las leyes;
III. Nombrar, con aprobación del Senado,
a los embajadores, cónsules generales,
empleados superiores de Hacienda y a los
integrantes de los órganos colegiados
encargados de la regulación en materia
de telecomunicaciones, energía y
competencia económica;
IV. Nombrar, con aprobación del Senado,
los Coroneles y demás oficiales superiores
del Ejército, Armada y Fuerza Aérea
Nacionales;
V. a XX. (…)
TEXTO VIGENTE TEXTO PROPUESTO
Artículo 116. El poder público de los
estados se dividirá, para su ejercicio, en
Ejecutivo, Legislativo y Judicial, y no
podrán reunirse dos o más de estos
poderes en una sola persona o
corporación, ni depositarse el legislativo
en un solo individuo.
Artículo 116. (…)

H. Vigésima Legislatura Secretaría de Servicios Parlamentarios
(…)
I. (…)
II. El número de representantes en las
legislaturas de los Estados será
proporcional al de habitantes de cada
uno; pero, en todo caso, no podrá ser
menor de siete diputados en los Estados
cuya población no llegue a 400 mil
habitantes; de nueve, en aquellos cuya
población exceda de este número y no
llegue a 800 mil habitantes, y de 11 en
los Estados cuya población sea superior a
esta última cifra.
Los diputados a las legislaturas de los
Estados no podrán ser reelectos para el
período inmediato. Los diputados
suplentes podrán ser electos para el
período inmediato con el carácter de
propietario, siempre que no hubieren
estado en ejercicio, pero los diputados
propietarios no podrán ser electos para el
período inmediato con el carácter de
suplentes.
Las legislaturas de los Estados se
integrarán con diputados elegidos según
los principios de mayoría relativa y de
representación proporcional, en los
términos que señalen sus leyes;
Corresponde a las legislaturas de los
Estados la aprobación anual del
presupuesto de egresos correspondiente.
Al señalar las remuneraciones de
(…)
I. (…)
II. (…)
(…)
Página 356

H. Vigésima Legislatura Secretaría de Servicios Parlamentarios
servidores públicos deberán sujetarse a
las bases previstas en el artículo 127 de
esta Constitución.
Los poderes estatales Legislativo,
Ejecutivo y Judicial, así como los
organismos con autonomía reconocida en
sus constituciones locales, deberán incluir
dentro de sus proyectos de presupuestos,
los tabuladores desglosados de las
remuneraciones que se propone perciban
sus servidores públicos. Estas propuestas
deberán observar el procedimiento que
para la aprobación de los presupuestos de
egresos de los Estados, establezcan las
disposiciones constitucionales y legales
aplicables.
Las legislaturas de los estados contarán
con entidades estatales de fiscalización,
las cuales serán órganos con autonomía
técnica y de gestión en el ejercicio de sus
atribuciones y para decidir sobre su
organización interna, funcionamiento y
resoluciones, en los términos que
dispongan sus leyes. La función de
fiscalización se desarrollará conforme a
los principios de posterioridad, anualidad,
legalidad, imparcialidad y confiabilidad.
El titular de la entidad de fiscalización de
las entidades federativas será electo por
las dos terceras partes de los miembros
presentes en las legislaturas locales, por
periodos no menores a siete años y
deberá contar con experiencia de cinco
años en materia de control, auditoría
financiera y de responsabilidades.
(…)
(…)
(…)
Página 357

H. Vigésima Legislatura Secretaría de Servicios Parlamentarios
III. El Poder Judicial de los Estados se
ejercerá por los tribunales que
establezcan las Constituciones
respectivas.
La independencia de los magistrados y
jueces en el ejercicio de sus funciones
deberá estar garantizada por las
Constituciones y las Leyes Orgánicas de
los Estados, las cuales establecerán las
condiciones para el ingreso, formación y
permanencia de quienes sirvan a los
Poderes Judiciales de los Estados.
Los Magistrados integrantes de los
Poderes Judiciales Locales, deberán reunir
los requisitos señalados por las fracciones
I a V del artículo 95 de esta Constitución.
No podrán ser Magistrados las personas
que hayan ocupado el cargo de Secretario
o su equivalente, Procurador de Justicia o
Diputado Local, en sus respectivos
Estados, durante el año previo al día de la
designación.
Los nombramientos de los magistrados y
jueces integrantes de los Poderes
Judiciales Locales serán hechos
(…)
(…)
Página 358
Las Legislaturas de los Estados regularán

H. Vigésima Legislatura Secretaría de Servicios Parlamentarios
preferentemente entre aquellas personas
que hayan prestado sus servicios con
eficiencia y probidad en la administración
de justicia o que lo merezcan por su
honorabilidad, competencia y
antecedentes en otras ramas de la
profesión jurídica.
Los magistrados durarán en el ejercicio
de su encargado (encargo, sic DOF 17-
03-1987) el tiempo que señalen las
Constituciones Locales, podrán ser
reelectos, y si lo fueren, sólo podrán ser
privados de sus puestos en los términos
que determinen las Constituciones y las
Leyes de Responsabilidades de los
Servidores Públicos de los Estados.
Los magistrados y los jueces percibirán
una remuneración adecuada e
irrenunciable, la cual no podrá ser
disminuida durante su encargo.
IV. Las Constituciones y leyes de los
Estados…
a) a n) (…)
V. (…)
VI. (…)
VII. (…)
Página 359
los términos para que los ciudadanos
puedan presentar iniciativas de ley ante
el respectivo Congreso.
III. (…)

H. Vigésima Legislatura Secretaría de Servicios Parlamentarios
Página 360

H. Vigésima Legislatura Secretaría de Servicios Parlamentarios
Artículo 122. (…)
(…)
(…)
(…)
(…)
(…)
A a C. (…)
Página 361
IV a VII. (…)
TEXTO VIGENTE TEXTO PROPUESTO
BASE PRIMERA.- Respecto a la Asamblea
Legislativa:
I. y II. (…)
Artículo 122. (…)
(…)
(…)
(…)
(…)
(…)
A a C. (…)
BASE PRIMERA.- (…)
I. y II. (…)

H. Vigésima Legislatura Secretaría de Servicios Parlamentarios
III. Al partido político que obtenga por sí
mismo el mayor número de constancias
de mayoría y por lo menos el treinta por
ciento de la votación en el Distrito
Federal, le será asignado el número de
Diputados de representación proporcional
suficiente para alcanzar la mayoría
absoluta de la Asamblea;
IV. (…)
V. (…)
Página 362
III. En la integración de la Asamblea
Legislativa del Distrito Federal,
invariablemente se observará el siguiente
criterio:
En ningún caso, un partido político podrá
contar con un número de diputados por
ambos principios que representen un
porcentaje del total de la Asamblea, que
exceda en ocho puntos a su porcentaje de
votación total emitida en el Distrito
Federal. Esta base no se aplicará al
partido político que, por sus triunfos en
distritos uninominales, obtenga un
porcentaje de curules del total de la
Asamblea, superior a la suma del
porcentaje de su votación total emitida
más el ocho por ciento.
IV. (…)
V. (…)
a) a ñ) (…)
o) Para establecer en ley los términos y
requisitos para que los ciudadanos del
Distrito Federal ejerzan el derecho de

H. Vigésima Legislatura Secretaría de Servicios Parlamentarios
a) a ñ) (…)
o) Las demás que se le confieran
expresamente en esta Constitución.
BASE SEGUNDA a BASE QUINTA
D. a H. (…)
Página 363
iniciativa ante la propia Asamblea, y
p) Las demás que se le confieran
expresamente en esta Constitución.
BASE SEGUNDA a BASE QUINTA
D. a H. (…)
TRANSITORIOS
ARTÍCULO PRIMERO. El presente Decreto
entrará en vigor el día siguiente al de su
publicación en el Diario Oficial de la
Federación.
ARTÍCULO SEGUNDO. El Congreso de la Unión
deberá expedir la legislación para hacer
cumplir lo dispuesto en el presente Decreto, a
más tardar en un año contado a partir de la
entrada en vigor del mismo.
ARTÍCULO TERCERO. Los Congresos de los
Estados y la Asamblea Legislativa del Distrito
Federal deberán realizar las adecuaciones
necesarias a su legislación secundaria,
derivadas del presente Decreto en un plazo no
mayor a un año, contado a partir de su

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2.- ANÁLISIS JURÍDICO ARGUMENTATIVO.-
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entrada en vigor.
ARTÍCULO CUARTO. Se derogan todas las
disposiciones que se opongan al presente
Decreto.
A manera de iniciar nuestro estudio es necesario advertir los antecedentes que
generaron la Minuta la cual fue remitida a esta Soberanía, a efecto de dar el debido
cumplimiento al artículo 135 de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos:
El 27 de abril de 2011, el Pleno del Senado de la República, aprobó por 94
votos a favor, 5 en contra y 8 abstenciones, Dictamen de las Comisiones
Unidas de Puntos Constitucionales, de Reforma del Estado y de Estudios
Legislativos con Proyecto de Decreto que reforma y adiciona diversas
disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en
materia de Reforma Política. En esa misma fecha, fue turnado a la Cámara de
Diputados.
Posteriormente, el 28 de abril de 2011, la Mesa Directiva de la Cámara de
Diputados recibió la Minuta del Senado de la República, con Proyecto de
Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, turnándola a las
Comisiones Unidas de puntos Constitucionales y de Gobernación para su

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análisis y elaboración del dictamen correspondiente, y a la Comisión de
Participación Ciudadana, para su opinión.
El 29 de abril del 2011, mediante oficio D.G.P.L. 61-II-8-1204, fue recibida en
la Comisión de Puntos Constitucionales, la Minuta del Senado de la República,
en materia de Reforma Política, para su dictaminación.
El 12 de octubre de 2011, las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y
de Gobernación, aprobaron el Dictamen con modificaciones, a la Minuta
enviada por el Senado de la República, en materia de Reforma Política, en los
siguientes términos:
ARTÍCULOS APROBADOS: 35, primer párrafo y sus fracciones IV, VI y VII;
36, fracción III; 71, párrafos segundo, tercero y cuarto; 73, fracción XXIX-P;
74, fracción VI, párrafo cuarto; 76, fracción II; 78; 83; 85;87;89, fracciones
II, III y IV; 116, fracción II, párrafo octavo; 122, fracciones III y V, inciso o),
de la Base Primera, del apartado C; y el artículo Sexto Transitorio.
ARTÍCULOS MODIFICADOS: 35, fracciones II y VIII; 71, fracción IV; 73,
fracción XXVI; 74, fracciones VII y VIII;84;116, fracción IV, inciso e); y los
artículos Primero; Cuarto y Quinto Transitorios.
ARTÍCULOS DESECHADOS: 59; 74, fracción IV, párrafos octavo y noveno;
75; 116, fracción II, párrafos segundo, tercero y cuarto; y los artículos
Segundo y Tercero Transitorios.
ADICIÓN: Un artículo Cuarto Transitorio.
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En sesiones de 25, 26 y 27 de octubre, así como 3 y 4 de noviembre de
2011, fue aprobado en lo general y en lo particular el Dictamen a la Minuta
del Senado de la República, en materia de Reforma Política, en los siguientes
términos:
ARTÍCULOS APROBADOS: 35, primer párrafo, y sus fracciones II, IV, VI y
VII; 36, fracción III; 71, fracción IV, y sus párrafos segundo, tercero y
cuarto;73, fracción XXVI;74, fracciones VI, párrafo cuarto, VII y VIII; 76,
fracción II; 78; 83; 85; 89, fracciones II, III y IV; 116, fracciones II, párrafo
octavo y V, inciso e);122, fracciones III y V, inciso o); y los artículos Primero,
Segundo, Tercero y Quinto Transitorios.
ARTÍCULOS MODIFICADOS: 73, fracción XXIX-Q; 84; 87; 122, fracción III, de
la Base Primera, del Apartado C.
ARTÍCULOS DESECHADOS: 35, fracción VIII; 59; 74, fracción IV, párrafos
octavo y noveno; 75; 116, fracción II, párrafos segundo, tercero y cuarto, y
el Transitorio Cuarto. Consecuentemente, fue devuelta la Minuta al Senado
de la República, para los efectos constitucionales.
El 8 de noviembre de 2011, fue recibida por la Mesa Directiva de la Cámara
de Senadores la Minuta referida, turnándola a las Comisiones Unidas de
Puntos Constitucionales, de Reforma del Estado y de Estudios Legislativos,
para su estudio y elaboración del dictamen correspondiente.
El 13 de diciembre de 2011, las Comisiones Unidas de Puntos
Constitucionales, de Reforma del Estado y de Estudios Legislativos del
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Senado de la República, aprobaron el Dictamen a la Minuta con Proyecto de
Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de Reforma
Política, en los siguientes términos:
ARTÍCULOS INTOCADOS: 35 en su primer párrafo, y las fracciones VI y
VII;36, fracción III; 71, párrafos segundo, tercero y cuarto; 74, fracción VI,
cuarto párrafo; 76, fracción II; 78, fracciones IV, VI y VII; 85; 89 fracciones
II, III y IV; 116, fracción II, párrafo octavo; y 122, apartado C, Base Primera,
fracción V, inciso o).
ARTÍCULOS APROBADOS: 35 en fracciones II y IV; 71, fracción IV; 73,
fracciones XXVI y XXIX-Q, 74, VII y VIII; 83;84; 87;89 y 122, apartado C,
Base Primera, fracción III; y los artículos Primero, Quinto (que era segundo),
Sexto (que era Tercero) y Séptimo (que era Cuarto) Transitorios.
ARTÍCULOS MODIFICADOS: 35, fracción VIII; 59; 74, fracción IV,
adicionando dos párrafos al final de la misma; 75, al que se adicionan los
párrafos cuarto y quinto; 115, fracción I, párrafo segundo; y 116, fracción IV,
inciso e); y en la adición de los artículos Segundo, Tercero y Cuarto
Transitorios. Cabe precisar que en los artículos modificados, el Senado de la
República insiste en el texto original enviado el pasado 28 de abril de 2011.
El 13 de diciembre de 2011, el Pleno de la Cámara de Senadores aprobó con
95 votos a favor; 0 en contra y 0 abstenciones, el Dictamen señalado en el
párrafo anterior, consecuentemente lo envía de regreso a la Cámara de
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Diputados para los efectos de Ley; quedando lo aprobado en los siguientes
términos:
ARTÍCULOS INTOCADOS: 35 en su primer párrafo, y las fracciones VI y VII;
36, fracción III; 71, párrafos segundo, tercero y cuarto; 74, fracción VI,
cuarto párrafo; 76, fracción II; 78, fracciones IV, VI y VII; 85; 89 fracciones
II, III y VI; 116, fracción II, párrafo octavo; y 122, apartado C, Base Primera,
fracción V, inciso o).
ARTÍCULOS APROBADOS: 35 en fracciones II y IV; 71, fracción IV; 73,
fracciones XXVI y XXIX-Q, 74, VII y VIII; 83; 84; 87; 89 y 122, apartado C,
Base Primera, fracción III; y los artículos Primero, Quinto (que era segundo),
Sexto (que era Tercero) y Séptimo (que era Cuarto) Transitorios.
ARTÍCULOS MODIFICADOS: 35, fracción VIII; 59; 74, fracción IV,
adicionando dos párrafos al final de la misma; 75, al que se adicionan los
párrafos cuarto y quinto; y 116, fracción IV, inciso e); y en la adición de los
artículos Segundo, Tercero y Cuarto Transitorios. Cabe precisar que en los
artículos modificados, el Senado de la República insiste en el texto original
enviado el pasado 28 de abril de 2011.
SE DESECHA: el artículo 115, fracción I, párrafo segundo.
Asimismo, y por acuerdo, la Cámara de Senadores se pronunció en los
siguientes términos:
―ÚNICO.- En caso de que la Colegisladora no apruebe las enmiendas
contenidas en el proyecto que se devuelve, el Senado manifiesta su
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aceptación para que los artículos que ya han sido aprobados por ambas
Cámaras, se remitan a las legislaturas de los estados, como lo establece el
artículo 135 de la Constitución política de los Estados Unidos Mexicanos.‖
El 1 de febrero de 2012, la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, dio
cuenta de los oficios de la Cámara de Senadores, con los que remite la
Minuta con modificaciones, en materia de Reforma Política, así como el
Acuerdo, mismos que fueron turnados para los efectos del artículo 72,
fracción E a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de
Gobernación, para su análisis y Dictamen correspondiente.
El 18 de abril de 2012, fue aprobado con 279 votos a favor, 19 en contra y 3
abstenciones por las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y
Gobernación de la Cámara de Diputados, el Dictamen con Proyecto de
Acuerdo relativo a la Minuta del Senado de la república con Proyecto de
Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de Reforma
Política, turnando la Cámara baja el dictamen a las Legislaturas locales para
su ratificación, de conformidad con el artículo 135 de la Constitución Federal.
Como puede observarse, desde hace varios años se han debatido los temas en
materia de Reforma Política, como parte de una reforma amplia del Estado. Para la
aprobación del dictamen las comisiones tomaron en cuenta varias iniciativas sobre
la materia; incluyeron la propuesta de Reforma Política del Ejecutivo, así como
resultados de foros de análisis y los aportes de los senadores y diputados.
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El trabajo legislativo realizado durante tanto tiempo, tuvo como producto final la
Minuta remitida a esta Soberanía la cual contempla como pretensiones legislativas
la reforma y adiciones a diversas disposiciones de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos, en materia de Reforma Política, para quedar de la
siguiente manera:
Propone reformar el artículo 35 constitucional para establecer como derecho
de los ciudadanos los siguientes:
a) Poder ser votado para todos los cargos de elección popular,
teniendo las calidades que establezca la ley;
b) Tomar las armas en el Ejército o Guardia Nacional, para la
defensa de la República y de sus instituciones, en los términos
que prescriben las leyes;
c) Poder ser nombrado para cualquier empleo o comisión del servicio
público, teniendo las calidades que establezca la ley;
d) Iniciar leyes, en los términos y con los requisitos que señale la
Constitución y la Ley del Congreso;
e) Votar en las consultas populares, sobre temas de trascendencia
nacional.
Por otro lado, propone adicionar al artículo 36 de la Constitución Federal, a
fin de contemplar la obligación de los ciudadanos de votar en las consultas
populares, en los términos que señale la ley.
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De igual forma, se incorpora la figura de Iniciativa Ciudadana al artículo 71
de la Constitución Política Federal. Se faculta al Poder Ejecutivo para que
pueda presentar al inicio de cada periodo ordinario de sesiones, dos
iniciativas preferentes que deberán dictaminarse y votarse por el Congreso
antes de que concluya dicho periodo. En caso de que el Congreso no
dictamine y vote en cualquier sentido sobre la iniciativa, ésta se considerará
aprobada. Asimismo, se incluye el Derecho de Iniciativa Ciudadana – con un
mínimo de participación del 0.13% de la lista nominal de electores.
En lo que respecta al artículo 73, se incorpora que en tanto el Congreso
realiza el nombramiento del presidente interino o sustituto, el Secretario de
Gobernación asumirá la titularidad provisional del Poder Ejecutivo.
Asimismo, se agrega a este artículo la facultad del Congreso para legislar
sobre iniciativa ciudadana y consulta popular.
En el artículo 74, se amplía el periodo para concluir la Cuenta Pública, al 31
de Octubre del año siguiente de su presentación.
En el artículo 76, dentro de las facultades exclusivas del Senado, respecto a
la ratificación de determinados funcionarios públicos, se suprime la de los
ministros y agentes diplomáticos y se incluyen la de los integrantes de
ciertos órganos colegiados encargados de la regulación en materia de
telecomunicaciones, energía y competencia económica.
En lo referente al artículo 78, dentro de las facultades de la Comisión
Permanente, se amplía el término para el cual se concederá licencia al
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Presidente. Se hacen las adecuaciones respecto de la propuesta en cuanto a
la ratificación de nombramientos de ciertos cargos públicos, señalados
anteriormente.
Por otro lado, el artículo 83 Constitucional, se elimina el término
―provisional‖, refiriéndose al tipo de Presidente. Se hacen las adecuaciones
respecto de la propuesta en cuanto a la ratificación de nombramientos de
ciertos cargos públicos, señalados anteriormente.
Incorporar al artículo 84 que en caso de falta absoluta del Presidente de la
República, en tanto el Congreso nombra al Presidente interino o substituto,
lo que deberá ocurrir en un término no mayor a sesenta días, el Secretario
de Gobernación asumirá provisionalmente la titularidad del Poder Ejecutivo.
Propone incorporar al artículo 85 Constitucional que si antes de iniciar un
periodo constitucional la elección no estuviese hecha o declarada válida,
cesará el Presidente cuyo periodo haya concluido y será presidente interino
el que haya designado el Congreso. Si al comenzar el periodo constitucional
hubiese falta absoluta del Presidente de la República, asumirá
provisionalmente el cargo el Presidente de la Cámara de Senadores, en
tanto el Congreso designa al Presidente interino. De igual forma, establece
que cuando el Presidente solicite licencia para separarse del cargo hasta por
sesenta días naturales, una vez autorizada por el Congreso, el Secretario de
Gobernación asumirá provisionalmente la titularidad del Poder Ejecutivo.
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En el artículo 87 se establece que si por cualquier circunstancia el
Presidente no pudiere rendir la propuesta, lo hará de inmediato ante las
Mesas Directivas de las Cámaras del Congreso de la Unión. En caso de que
el Presidente no pudiere rendir la protesta ante el Congreso de la Unión,
ante la Comisión Permanente o ante las Mesas Directivas de las Cámaras
del Congreso de la Unión, lo hará de inmediato ante el Presidente de la
Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Incorpora a el artículo 89, dentro de las facultades del Presidente de la
República, el nombrar y remover libremente a los Secretarios de Estado,
embajadores y cónsules generales; así como nombrar, con aprobación del
Senado, a los embajadores, empleados Superiores de Hacienda y a los
integrantes de los órganos colegiados encargados de la regulación en
materia de telecomunicaciones, energía y competencia económica.
En lo que respecta al artículo 116, se establece que las legislaturas de los
estados regularán los términos para que los ciudadanos puedan presentar
iniciativas de ley ante el respectivo Congreso.
Y por último, en el artículo 122 contempla que en la integración de la
Asamblea Legislativa del Distrito Federal, invariablemente se observará el
criterio de que en ningún caso, un partido político podrá contar con un
número de diputados por ambos principios que representen un porcentaje
del total de la Asamblea, que exceda en ocho puntos a su porcentaje de
votación total emitida en el Distrito Federal. Esta base no se aplicará al
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partido político que, por sus triunfos en distritos uninominales, obtenga un
porcentaje de curules del total de la Asamblea, superior a la suma del
porcentaje de su votación total emitida más del ocho por ciento. De igual
forma, se contempla establecer en ley los términos y requisitos para que los
ciudadanos del Distrito Federal ejerzan el derecho de iniciativa ante la
propia Asamblea.
De todo lo anteriormente señalado, cabe recordar que en México la Reforma Política
ha estado marcada por algunos hitos importantes. Esto es, de 1917 a 1977, se
realizaron una serie de reformas constitucionales, con el propósito de democratizar
el sistema político y de ampliar los participantes de dicho sistema. Desde luego,
reformas a leyes secundarias también han perseguido ese propósito; pero el
mismo es más claro a nivel constitucional. Las principales modificaciones a nuestra
Constitución hechas con la finalidad apuntada, y que sirven por tanto de
antecedentes de la reforma de 1977, fueron las siguientes:
En 1953 se otorgó el voto activo y pasivo a la mujer.
En 1968, se creó el sistema de diputados de partido, cuya base se
encuentra en el pensamiento contenido en la exposición de motivos
de las iniciativas presidenciales.
En 1969 se reformó de nueva cuenta el artículo 34 para dar el
derecho de voto activo a las personas que hayan cumplido 18 años.
En 1972 se redujo la edad para poder ser diputado de 25 años
cumplidos a 21, y para ser senador, de 35 a 30 años. Desde el
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Constituyente de 1917, varios diputados pidieron que la edad que se
requiriera para ser diputado fuera de 21 años.
Posteriormente, José López Portillo tomó posesión como Presidente de los Estados
Unidos Mexicanos el 1o. de diciembre de 1976, en plena crisis económica, social y
política, y tuvo la sensibilidad suficiente para comprender que el país necesitaba
una serie de reformas si se deseaba conservar la estabilidad política mantenida en
las últimas décadas. Así envió el 14 de abril de 1977 una comunicación al
Secretario de Gobernación y Presidente de la Comisión Federal Electoral para que
este organismo, si así lo acordaba, invitara a las asociaciones políticas,
instituciones académicas y ciudadanos en general, a presentar sus ideas en un
marco de absoluta libertad, para que se revisaran y se estudiaran los diferentes
aspectos de la reforma destinada a vigorizar las instituciones políticas del país.
Los principales aspectos de la "Reforma Política" fueron:
a) La incorporación del derecho a la información.
b) Se definió el partido político y se le otorgaron garantías para su
funcionamiento.
c) Se modificó el sistema representativo para configurar un sistema mixto -
de distritos uninominales de mayoría y de distritos plurinominales de
representación proporcional- con dominante mayoritario.
d) Se alteró el sistema de calificación de las elecciones de los diputados
federales para introducirle un recurso de reclamación ante la Suprema Corte
de Justicia de la Nación, pero siendo la Cámara de Diputados la que dicte la
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resolución definitiva. Se amplió el número de integrantes del Colegio
Electoral y se garantizó en él la participación de diputados de partidos
minoritarios.
e) Se introdujeron procedimientos de gobierno semidirecto en el Distrito
Federal: el referéndum y la iniciativa popular.
f) Se realizaron cambios respecto al presupuesto de egresos y la cuenta
pública con el objeto de que el poder legislativo pueda cumplir mejor sus
funciones en lo relativo a estos dos importantes actos jurídicos.
g) Se suprimió una materia a la función de investigación de la Suprema
Corte de Justicia de la Nación: la investigación de algún delito castigado por
Ley Federal, y con la investigación de la violación al voto público.
h) Se declaró la inviolabilidad del recinto Congresional.
i) Se determinó que la Ley Orgánica del Congreso de la Unión no puede ser
vetada por el presidente de la República.
j) Se otorgó al Senado la facultad de analizar la política exterior desarrollada
por el presidente de la República, y
k) Se concedió al poder legislativo la facultad de integrar comisiones para
investigar el funcionamiento de los organismos descentralizados y de las
empresas de participación estatal mayoritaria.
Una de las novedades de la aprobación de la reforma política en México, es su
carácter multidimensional. Con distinto énfasis en cada una de las reformas, se
están replanteando aspectos del sistema de derechos de los ciudadanos, de los
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mecanismos de elección de representantes, de la distribución de poderes entre
Presidente y Congreso, entre otras cosas.
Bajo estas premisas, para entrar al estudio de la presente Minuta, es importante
precisar lo que se entiende por reforma política. En forma genérica, reforma política
refiere al reemplazo o modificación de una institución o conjunto de instituciones
políticas. Esto puede abarcar desde el sistema electoral hasta la distribución de
poderes entre ramas de gobierno, pasando por el sistema de derechos, la regulación
de partidos políticos o el financiamiento de campañas electorales. Dependiendo del
área de que se trate, la reforma política puede implicar el reemplazo o reforma de la
constitución o bien un cambio en la Legislación ordinaria. Sin embargo, una reforma
política puede afectar de forma más visible el desempeño y calidad de un régimen
democrático. El desempeño de un régimen democrático depende de la calidad de los
representantes para proveer políticas públicas, lo cual a su vez depende de los
incentivos que la constitución provee para la cooperación entre ramas de gobierno.
Actualmente, nuestro país se organiza en una República representativa, democrática
y federal, compuesta de Estados libres y soberanos, según los principios de la
Norma Fundamental, establecidos en el artículo 40 de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos que a continuación se transcribe:
―Artículo 40. Es voluntad del pueblo mexicano constituirse en una República
representativa, democrática, federal, compuesta de Estados libres y soberanos en
todo lo concerniente a su régimen interior; pero unidos en una federación
establecida según los principios de esta ley fundamental.‖
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De la disposición citada se colige que la base de la organización jurídica nacional
no es otra que el reconocimiento pleno del poder popular, es decir, de la democracia
representativa en toda su pureza, ya que de acuerdo con la propia ley suprema,
dicha potestad no es ejercida directamente por el pueblo, sino que éste debe
delegar su poder en representantes de acuerdo con el artículo 39 de la Constitución
Federal:
―Artículo 39. La soberanía nacional reside esencial y originariamente en el
pueblo. Todo poder público dimana del pueblo y se instituye para beneficio de
éste. El pueblo tiene en todo tiempo el inalienable derecho de alterar o modificar la
forma de su gobierno.‖
Esto es, para que exista una democracia plena, el pueblo tiene que participar y
opinar en todos los aspectos, ya que además es un derecho que nos otorga la
Constitución Política de nuestro país en su artículo 35:
―Artículo 35. Son prerrogativas del ciudadano:
I. Votar en las elecciones populares;
II. Poder ser votado para todos los cargos de elección popular, y nombrado
para cualquier otro empleo o comisión, teniendo las calidades que establezca la
ley;
III. Asociarse individual y libremente para tomar parte en forma pacífica en los
asuntos políticos del país;
IV. Tomar las armas en el Ejército o Guardia Nacional, para la defensa de la
República y de sus instituciones, en los términos que prescriben las leyes; y
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V. Ejercer en toda clase de negocios el derecho de petición.‖
En la República, el pueblo entero es, dueño del poder soberano, es decir que
estamos ante una democracia. Todo esto se da a través del sufragio, que es la
expresión de la voluntad del pueblo. 1
Etimológicamente se dice que república proviene de latín res, cosa y pública,
pública, es decir cosa pública. La República puede ser directa e indirecta; la primera
cuando el pueblo mismo asume la figura de órganos del Estado, realiza la tarea
estatal personalmente; es indirecta cuando el pueblo aunque sigue siendo el
soberano, nombra a sus representantes en quienes delega sus funciones. 2
Es representativa, ya que políticamente, es el sistema que sirve para que la masa
social de un Estado sea representada en la ordenación soberana, es decir, el pueblo
se gobierna por medio de las personas que elige para tal efecto; y es democrática,
ya que ésta se caracteriza por el hecho de que el pueblo o los ciudadanos pueden
participar en la toma de decisiones con su voz y voto, directamente o a través de
sus representantes, bajo la regla de la mayoría.
Actualmente el artículo 3º de la Constitución Política, define a la democracia de la
siguiente manera:
―Artículo 3.- ..
1 Montesquieu, Del Espíritu de las Leyes I, Editorial Sarpe; Madrid 1984, p.40.
2 FLORES GÓMEZ Y CARVAJAL; Nociones de Derecho Positivo Mexicano; Editorial UNAM; México, 1972, p.103.
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a) Será democrático, considerando a la democracia no solamente como una
estructura jurídica y un régimen político, sino como un sistema de vida fundado en
el constante mejoramiento económico, social y cultural del pueblo;
…‖
A su vez, se dice que la democracia puede ser directa o indirecta; en la primera, el
pueblo ejerce de modo inmediato y directo las funciones públicas que se le
atribuyen y, por ende, no ha lugar a la representación, mientras que la democracia
indirecta o representativa, que es la que establece la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos, según se desprende de los artículos reproducidos, es
aquella en que el pueblo ejerce su poder de manera mediata, a través de sus
representantes.
La democracia representativa tiene lugar en virtud de que el gran número de
ciudadanos hace imposible su reunión conjunta en una asamblea, por lo que se
precisa que el pueblo elija a unos cuantos, cuya voluntad valga por la de ellos;
sólo un pequeño número de representantes tiene capacidad para discutir los
asuntos, esto es, la capacidad de una decisión reflexiva y la complejidad y
oposición de intereses sólo puede hallar equilibrio en el seno de una auténtica
asamblea deliberante.
Por consiguiente, en la forma de gobierno democrática, aun cuando todos los
titulares del poder público actúan como representantes del pueblo, lo son de un
modo más preciso aquellos que han sido designados mediante elección popular.
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Estos representantes son elegidos por el cuerpo electoral, mediante el sistema de
sufragio directo, universal y secreto, como se desprende de los artículos 41 y 116
de la Constitución Federal.
Así pues, del contenido de las aludidas disposiciones constitucionales, se
desprende que éstas atienden a un concepto de representación jurídico-política, en
virtud de que existe un grupo de personas que actúa en nombre e interés de
otros, además de que tales representantes están dotados de autoridad y la
representación tiene lugar en la esfera del derecho público, es decir, tiene
publicidad y está vinculada a la función de gobernar.
Los instrumentos de participación ciudadana como el plebiscito, el referéndum, la
consulta ciudadana, y la iniciativa popular, entre otros, constituyen mecanismos de
democracia directa cada vez más difundidos y utilizados en las democracias
representativas, tanto consolidadas como emergentes.
Éstos se conciben como instrumentos no para sustituir sino para complementar las
instituciones de la democracia representativa.
La experiencia operativa de dichas figuras en diversos países nos indican que éstos
se han convertido en instrumentos singularmente eficaces mediante los cuales los
regímenes pluralista-constitucionales más avanzados han logrado ampliar la
democracia y fortalecer el Estado de derecho.
CONSULTA POPULAR E INICIATIVA CIUDADANA.
En términos generales, la democracia participativa puede considerarse como la
participación de toda la ciudadanía, de manera directa y no a través de sus
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representantes, en la toma de ciertas decisiones. En las democracias directas, que
han adoptado la modalidad representativa por necesidad de tamaño y organización
de sus sociedades, los instrumentos de democracia participativa se han
incorporado más como un complemento que como una opción, una forma de
contrapesar a los poderes formales, no de sustituirlos.
Las figuras de participación ciudadana, propuestas en la Minuta en análisis, son las
siguientes:
I. CONSULTA POPULAR.-
Respecto a la consulta popular, se puede decir que los Legisladores propusieron
explícitamente ―abrir nuevos cauces a la participación directa de la ciudadanía, a
través de fórmulas y procedimientos que estimulen el interés de la sociedad en los
asuntos públicos y los procesos comiciales, sin por ello debilitar el sistema electoral
que en México se ha construido a lo largo de más de tres décadas‖. 3
Los mecanismos propuestos para abrir dichos cauces fueron la consulta popular, la
iniciativa ciudadana y las candidaturas independientes. La primera de estas figuras
fue concebida por los legisladores como una variante de otras formas de la
llamada ―democracia semidirecta‖, tales como el plebiscito y el referéndum. La
singularidad de la consulta popular —tal como se lee en el dictamen aprobado— es
que puede ser activada directamente por un determinado número de ciudadanos,
en el porcentaje y requisitos que determinen la Constitución y la ley respectiva.
3 Senado de la República, Gaceta parlamentaria, De las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales; de Reforma del
Estado; y de Estudios Legislativos, el que contiene proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas
disposiciones de la constitución política de los estados unidos mexicanos, en materia de reforma política, 27 de abril de
2011, disponible en www.senado.gob.mx (fecha de consulta: julio de 2011).
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Los senadores expresaron su convicción de que, con una adecuada regulación, ―la
introducción de mecanismos que supongan el involucramiento de los ciudadanos
en los procesos de decisión colectiva puede aumentar y fortalecer la participación
política de éstos y con ello contribuir a construir una ciudadanía más fuerte,
consciente y atenta a los problemas que la aquejan y corresponsable de las
soluciones colectivas que se adopten para enfrentarlos‖. 4
Los lineamientos aprobados son las siguientes:
a) El Ejecutivo Federal y una minoría de legisladores, en cualquiera de las dos
cámaras, pueden activar una consulta popular, pero en todo caso, se requerirá que
sea aprobada por mayoría de votos en las dos cámaras; una condición no
requerida para las consultas convocadas por los ciudadanos.
b) Existen materias que no podrán ser objeto de consulta popular, tales como la
derogación de derechos humanos, los ingresos y gastos del Estado o la forma de
gobierno consagrada en el artículo 40 de la propia Carta Magna; la materia
electoral; los ingresos y gastos del Estado; la seguridad nacional y la organización,
funcionamiento y disciplina de la Fuerza Armada permanente.
c) Previo a la convocatoria que realice el Congreso de Unión, la Suprema Corte de
Justicia de la Nación resolverá sobre la constitucionalidad de la materia de la
consulta.
4 Senado de la República, Gaceta parlamentaria, De las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales; de Reforma del
Estado; y de Estudios Legislativos, el que contiene proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas
disposiciones de la constitución política de los estados unidos mexicanos, en materia de reforma política, 27 de abril de
2011, disponible en www.senado.gob.mx (fecha de consulta: julio de 2011).
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d) La consulta popular deberá celebrarse el mismo día de la jornada electoral
federal, y será organizada y desarrollada por el Instituto Federal Electoral, bajo las
normas y procedimientos que determine la ley.
e) La ley que regule esta modalidad de participación ciudadana deberá contener
los procedimientos y mecanismos que deberán seguirse para que todo el proceso
de organización y desarrollo de la consulta se rija por los principios de objetividad,
imparcialidad y certeza.
f) El IFE deberá certificar la veracidad de la promoción ciudadana para la
realización de las consultas populares.
Como lo han señalado los especialistas en la materia, la Constitución mexicana
incluye disposiciones sobre las cuales es posible sustentar la inclusión de nuevos
mecanismos de consulta. Así, el artículo 39 señala que la soberanía nacional reside
esencial y originalmente en el pueblo, por lo cual los ciudadanos pueden
involucrarse en la toma de decisiones de los actos públicos y políticos que le
competen; aunque como lo señala Julieta Camacho, no se asientan de manera
explicita ―los mecanismos ni las vías para tener acceso y ejercer plenamente tal
postulado‖. 5
En tanto en las 32 entidades federativas ya existe a nivel local alguna de la figura
de consulta o alguna legislación de participación ciudadana. Por lo que se refiere a
las figuras de referéndum y plebiscito, éstas se encuentran consideradas en casi
5 Julieta Camacho Granados, Estado de la participación ciudadana en México, Pluralidad y consenso, núm. 5, diciembre de
2008, disponible en www.senado.gob.mx (fecha de consulta: junio de 2011).
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todas las constituciones locales, excepto en Nayarit, Nuevo León, Tamaulipas,
Hidalgo, Campeche y Quintana Roo.
Por otra parte, de acuerdo con datos del Centre for Research on Direct Democracy,
en México se han llevado a cabo cuando menos cinco diferentes consultas que han
pretendido ser de alcance nacional. En el siglo XIX el entonces presidente Santa
Anna convocó a un plebiscito para continuar con su mandato y más tarde el
gobierno de Maximiliano de Habsburgo justificó mediante un ejercicio de consulta
la instauración de una monarquía hereditaria en México.
Muchos años después, entre 1995 y 1999, el Ejército Zapatista de Liberación
Nacional llevó a cabo dos consultas con diez diferentes reactivos en torno a los
derechos indígenas y las condiciones para el restablecimiento de la paz en
Chiapas; en tanto, el PRD convocó a una consulta sobre la utilización que debería
de darse a los recursos del Fobaproa.
Todas estas consultas, sin embargo, no tuvieron carácter oficial y, los resultados
fueron claramente favorables para las organizaciones o instituciones promotores
de las mismas.
En noviembre de 2010 se llevó a cabo una consulta ciudadana en California,
Estados Unidos, que pudo haber tenido un profundo impacto en nuestro país. Se
trató de la propuesta 19, la cual hubiera permitido a los californianos mayores de
21 años poseer hasta 28.35 gramos de marihuana y cultivar una superficie máxima
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de 2.34 metros cuadrados. Esta propuesta fue rechazada por 57% de los votos
emitidos y contó con 43% a favor. 6
Desde la ciencia política se ha coincidido en señalar que la participación es un
catalizador de fenómenos coadyuvantes a la gobernabilidad democrática, como los
hábitos de interacción social y de esferas para la deliberación pública; como un
medio para la toma de conciencia social sobre la importancia de controlar y dar
seguimiento a las decisiones y actividades relevantes para la comunidad y como
creadora de fuertes lazos comunitarios alrededor de valores como el bien común,
la pluralidad y la tolerancia. 7
Desde el ámbito de la opinión pública, los datos disponibles parecen fortalecer los
argumentos de este enfoque. Ya desde los años setenta se identificó que es
precisamente la falta de poder de los ciudadanos, ―el hecho político que se
esconde detrás de todos esos estudios y demostraciones de ignorancia política
popular‖. 8
Se puede decir que los ciudadanos no están interesados en la política, pero sí
expresan, casi unánimemente, su deseo por participar. Diversos estudios han
reiterado la intención muy favorable de los ciudadanos para ser tomados en cuenta
en las decisiones políticas. En 2008 una encuesta del CESOP reportó que 84% de
6 El Economista, “Rechazan la legalización de marihuana”, 3 de noviembre de 2010, disponible en
www.eleconomista.com.mx (fecha de consulta: junio de 2011).
7 Ernesto Casas, Representación política y participación ciudadana en las democracias, en Revista Mexicana de Ciencias
Políticas y sociales, vol. LI, núm. 205, enero-abril 2009, pp. 59-76.
8 David Morley, Televisión, audiencias y estudios culturales, Amorrortu Editores, Buenos Aires, 1996, p. 367.
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los entrevistados afirmó que los diputados ―sí deben consultar a los ciudadanos‖
para la disminución de impuestos. Porcentajes similares se observaron para otros
temas trascendentes de la actividad legislativa, tales como reformar el sistema de
justicia (84% a favor de consultar a los ciudadanos); reformar el sistema electoral
(84%), aumentar los impuestos (76%) o disminuir el gasto público (75%). 9
La propuesta de reforma política aprobada coincide con los enfoques teóricos que
señalan a la participación como un elemento que robustece la gobernabilidad
democrática y el funcionamiento del sistema político.
Para el caso de la consulta popular, esta propuesta incluye mecanismos que
pretenden evitar que el instrumento de consulta tenga efectos no deseados sobre
la representación y se evite la realización de consultas poco representativas.
Dichos mecanismos son, entre otros, la limitación de los temas sujetos a consulta;
la supervisión de su constitucionalidad por parte de la Corte; su realización
concurrente con las elecciones federales; y su organización a cargo del IFE, el cual
se encargará de que el proceso se realice bajo los principios de objetividad,
imparcialidad y certeza, y de que existan las condiciones adecuadas de promoción
entre los ciudadanos. En una gran parte del mundo las constituciones nacionales
incluyen en diversos mecanismos de consulta a los ciudadanos. Para el caso de
México, éstos sólo existen a nivel local en la mayoría de las entidades federativas.
9 El análisis de esta encuesta se encuentra en Efrén Arellano Trejo, La cultura democrática y los valores cívicos del trabajo
legislativo”, en Revista Legislativa de Estudios Sociales y de Opinión Pública, núm. 1, junio de 2008, p. 99.
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Por ello, la experiencia mexicana, para temas de alcance nacional, es muy escasa y
los ejercicios realizados no han contado como resultados oficiales.
La importancia de las consultas en otras partes del mundo lo muestra el ejercicio
realizado en California, en noviembre de 2010, cuando fue votada y rechazada la
propuesta 19, la cual pretendía ampliar los márgenes legales para el uso y cultivo
de la marihuana en ese estado.
Para el caso de México, las encuestas disponibles muestran que existe una amplia
aceptación para la realización de consultas populares, como mecanismos que
eventualmente pueden contribuir a decidir las acciones a tomar en temas
relevantes, tanto de la agenda legislativa como de la problemática nacional. De
llevarse a cabo correctamente estas consultas, podrán fomentar entre la
ciudadanía un sentimiento de mayor inclusión en el sistema de representación
política.
De todo lo anterior, se puede deducir que la relación entre democracia y
participación ciudadana es una necesidad tanto para el ejercicio del sufragio
universal como en las acciones políticas-administrativas, a efecto de que el sujeto
de derechos subjetivos públicos sea incluyente en los asuntos del Estado, no tan
solo en lo singular sino más aun en el aspecto colectivo, en la construcción de
conciencia ciudadana y la transformación constante de la administración pública y
política del país.
II) INICIATIVA CIUDADANA.
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La iniciativa ciudadana, abre el campo de las decisiones a la ciudadanía en general,
de tal manera que la discusión y eventualmente aprobación de leyes y
reglamentos, pueda ser incorporada en la agenda legislativa no sólo por los
poderes formales (Ejecutivo y Legislativo), sino por un segmento determinado de
la ciudadanía, organizada para ése propósito. Eso implica a que la ciudadanía
puede influir sobre la agenda pública y legislativa, y no sólo ser parte eventual de
la toma de decisiones sobre esos temas. 10
De conformidad con el artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, establece que:
―Artículo 71.- El derecho de iniciar leyes o decretos compete:
I. Al Presidente de la República
II. A los diputados y senadores al Congreso de la Unión; y,
III. A las Legislaturas de los Estados.
Las iniciativas presentadas por el Presidente de la República, por las legislaturas de
los Estados, o por las diputaciones de los mismos, pasarán desde luego a la
comisión. Las que presentaren los diputados o los senadores, se sujetarán a los
trámites que designe el Reglamento de Debates.‖
Al respecto, se puede decir que este artículo refiere el procedimiento legislativo,
específicamente a uno de sus actos: la iniciativa, a través de la cual se inicia el
procedimiento de formación o creación de leyes o decretos. Asimismo, determina
quiénes son competentes para iniciar leyes o decretos, así como su trámite.
10 Reforma Política y Democracia, Claves del Cambio Institucional en México, Gabriel L. Negretto, página 187.
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El primer párrafo del artículo otorga el derecho de iniciar leyes o decretos al
Presidente de la República, a los diputados y senadores al Congreso de la Unión
individualmente considerados, así como a las legislaturas de los estados, para
iniciar leyes o decretos, ya que éstos son considerados como los más conocedores
del medio como de las necesidades del pueblo. Podríamos añadir además, porque
éstos son sus representantes elegidos directamente por él mismo.
La palabra ―iniciativa‖ unida al término ―ley‖ significa el derecho de presentar o
proponer un proyecto de precepto o de disposiciones que versen sobre alguna
materia de interés común, a través de las cuales se mande o se prohíba algo en
consonancia con la justicia y para el bien de los gobernados.
La ley, o derecho positivo, tiene como características el ser general, abstracta,
imperativa u obligatoria y formal, lo que significa, entre otras cosas, que tiene que
ser dictada por el Congreso, no valiendo su ignorancia como excusa para su
incumplimiento, ni el desuso, la costumbre o la práctica en contrario.
La palabra ―iniciativa‖ unida el término ―decreto‖ significa el derecho de presentar
o proponer un proyecto de precepto o disposiciones de carácter particular, es
decir, que se refieran a determinados lugares, tiempos, corporaciones o
establecimientos.
Algunas Constituciones de los estados de la Federación contengan la denominada
iniciativa popular, es decir que se faculta a los ciudadanos para iniciar leyes ante
su respectivo Congreso local. Tales son los casos de las Constituciones de Hidalgo,
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Estado de México, Morelos, Nuevo León, Oaxaca, San Luis Potosí, Sinaloa,
Zacatecas, así como nuestro Estado.
III) CANDIDATURAS CIUDADANAS.
Por otro lado, como parte de la iniciativa de reforma, se encuentra de la establecer
Candidaturas Ciudadanas, siendo éstas parte de la democracia representativa.
La posibilidad de que un ciudadano se pueda postular a un cargo de elección
pública sin militar en algún partido político traería cambios importantes en la forma
de hacer política en nuestro país. Es pertinente señalar que en Yucatán, por
ejemplo, existe la figura de candidaturas ciudadanas incorporada en el texto de la
constitución local.
La referencia más reciente respecto del tema de las candidaturas ciudadanas es la
demanda que el ciudadano mexicano Jorge Castañeda Gutman interpuso contra el
Estado mexicano en la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ante la
imposibilidad de registrarse como candidato ciudadano a la Presidencia de la
República en el año 2006. 11
En un rápido repaso de los acontecimientos relativos a esta demanda se puede
mencionar que el señor Castañeda Gutman solicitó su registro como candidato
independiente a la Presidencia de la República el 5 de marzo de 2004; la negativa
del Instituto Federal Electoral (IFE) para otorgarle el registro se dio con fecha del
12 de marzo de 2004.
11 La crónica del caso puede encontrarse en: Carlos María Pelayo Möller y Santiago J. Vázquez Camacho, “El caso
Castañeda ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos”, Anuario Mexicano de Derecho Internacional, vol. IX, 2009,
pp. 791-812.
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Ante esa respuesta el señor Castañeda promovió un amparo que fue declarado
improcedente por un Juzgado de Distrito el 16 de julio de 2004. Dada la sentencia,
el afectado interpuso un recurso de revisión que fue atraído y resuelto por el pleno
de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en sesiones del 8 y 16 de
agosto de 2005.
Con su sentencia, la SCJN confirmó el criterio del Juzgado de Distrito, y, sin entrar
al fondo del asunto, concluyó que el juicio de amparo no es la vía adecuada para
defender derechos políticos que estén relacionados esencialmente a cuestiones
electorales, en este caso la posibilidad de ser votado como candidato
independiente. 12
Ante el sobreseimiento de la demanda por parte del más alto tribunal de la nación,
el señor Castañeda promovió, el 12 de octubre de 2005, una denuncia ante la
Comisión Interamericana de Derechos Humanos argumentando una violación a los
derechos humanos que contempla la Convención Americana sobre Derechos
Humanos. En su respuesta, el gobierno mexicano manifestó la imposibilidad de
registrar una candidatura ciudadana dentro del marco normativo existente.
Dado el sentido de la respuesta, el caso fue turnado por la Comisión a la Corte
Interamericana de Derechos Humanos, que dictó sentencia el 6 de agosto de
2008, condenando al Estado mexicano a adecuar, en un plazo razonable, su marco
legal, de tal manera que quedara cubierta la garantía de protección judicial
contenida en el artículo 25 de la Convención, es decir, que el ciudadano tuviera a
12 Véase la sentencia emitida por el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para el amparo en revisión
743/2005.
13 Pelayo Vázquez, “El Caso Castañeda…”, op. cit., pp.799 y ss.
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su disposición medios de protección judicial accesibles para proteger sus derechos
políticos ante leyes que se consideran inconstitucionales. 13
Es necesario hacer notar que la Corte Interamericana de Derechos Humanos en la
sentencia antes referida confirmó el criterio emitido por la Suprema Corte de
Justicia de la Nación, que señala que no se viola el derecho a ser votado con un
sistema de partidos con las condiciones del que existe en nuestro país.
El razonamiento de la Corte Interamericana es parecido al de la Sala Superior, en
la medida en que no admite que los Estados parte de la Convención Americana de
Derechos Humanos, estén obligados a prever la figura de las candidaturas
independientes, dado que el derecho del sufragio pasivo es un derecho de
configuración legal.
Recordemos que, de los 18 países democráticos de la región, solamente siete
mantienen un monopolio absoluto de los partidos políticos para la postulación de
candidatos: Argentina, Brasil, Costa Rica, El Salvador, México, Nicaragua y
Uruguay. Por su parte, países como Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador, Honduras,
Paraguay, República Dominicana, Venezuela, Panamá, Perú y Guatemala, prevén
en algún grado y medida la figura de las candidaturas independientes. 14
Existen varios argumentos a favor y en contra de las candidaturas ciudadanas, una
breve exposición de aquellos que son más relevantes puede ayudar a
contextualizar la discusión acerca de este tema.
14 Véanse los datos que figuran en Zovatto, Daniel y Orozco Henríquez, José de Jesús “Reforma Política y Electoral en
América Latina 1978-2007: lectura regional comparada,” en id. (coords.), Reforma Política y Electoral en América Latina
pps. 184 y 185.
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Los argumentos a favor de las candidaturas ciudadanas se pueden agrupar en los
siguientes puntos:
La Constitución, en su artículo 35, fracción II, otorga a los ciudadanos el
derecho político a ser votado para cargos de elección popular.
A continuación se reproduce la fracción antes mencionada:
II. Poder ser votado para todos los cargos de elección popular, y nombrado para
cualquier otro empleo o comisión, teniendo las calidades que establezca la ley.
• Los que argumentan a favor de las candidaturas ciudadanas, apelan a la lectura
―lisa y llana‖ del texto constitucional. Al menos la primera sentencia de la fracción
se puede entender como el derecho de los ciudadanos para ser votados a cargos
de elección popular sin restricciones.
• De acuerdo con quienes impulsan las candidaturas ciudadanas, la facultad de los
partidos políticos para proponer ciudadanos a puestos de elección popular
restringe el acceso de los demás a ejercer el derecho político de ser votado.
• Este orden de ideas permite a aquellos en favor de las candidaturas ciudadanas
argumentar que no existen condiciones de igualdad para todos los ciudadanos en
lo relativo a la posibilidad de ejercer sus derechos políticos.
• En Yucatán están permitidas las candidaturas ciudadanas a raíz de una reforma
constitucional llevada a cabo en 2006. Varios partidos políticos interpusieron
acciones de inconstitucionalidad ante esa reforma. Después de una larga discusión
y en una votación dividida, la Suprema Corte de Justicia de la Nación validó la
reforma a la constitución local.
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Los argumentos que agruparon la mayoría fueron en el sentido de que en la
Constitución federal, en su artículo 41, no se establece que los partidos políticos
tengan la exclusividad de presentar candidaturas. 15
La apertura del sistema político a la participación de los candidatos independientes
en elecciones es, sin duda, un tema de una gran trascendencia para la democracia
de nuestro país.
Se propone que los ciudadanos puedan tomar parte en las decisiones para resolver
los problemas sociales, ya sea buscando un puesto de elección popular,
consultándolos respecto a cuestiones relevantes de la vida nacional o dándoles la
facultad de presentar iniciativas para que sean discutidas en el Poder Legislativo.
IV) SUSTITUCIÓN PRESIDENCIAL.
Las disposiciones contenidas en los artículos 84 y 85 constitucionales en vigor
regulan el mecanismo de sustitución del titular del Poder Ejecutivo en caso de falta
absoluta. El procedimiento contenido en tales artículos se encuentra en vigor
desde una reforma efectuada en 1933 y desde entonces no ha sido aplicada.
Si se atiende a los razonamientos contenidos en el dictamen con proyecto de
decreto que reforma diversos artículos constitucionales en materia de reforma
política relativos a la sustitución del presidente de la República en caso de falta
absoluta, se tiene que el proceso de sustitución del Presidente sólo resultaba
funcional en una época caracterizada por un sistema político cerrado dominado por
15 Una reseña más completa de los argumentos puede encontrarse en: Lorenzo Córdova Vianello, “Candidaturas
independientes”, Nexos, núm. 354, 2007.
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un partido hegemónico que prevalecía en todos los espacios de representatividad
política. 16
Es de tener presente que el sistema de sustitución presidencial en vigor señala que
ante la falta absoluta del presidente de la República, los órganos del Congreso
deben designar a quien deba ocupar la titularidad del Poder Ejecutivo.
Independientemente de las modalidades de dicha designación —si es un
presidente interino, sustituto o provisional—, el mecanismo de sustitución requiere
la intervención de algún órgano del Congreso, ya sea mediante su constitución
como Colegio Electoral o bien a través de la Comisión Permanente, para nombrar a
quien ocupará la Presidencia de la República.
En la perspectiva de análisis del Senado, ese mecanismo no representaba ningún
riesgo para la estabilidad política del país en un contexto en el que una sola fuerza
política contaba con una mayoría absoluta en los espacios legislativos, como
ocurrió hasta la primera mitad de la década de 1980. Sin embargo —de acuerdo
con el cuerpo senatorial—, el nuevo contexto nacional, caracterizado por un
marcado pluralismo político, hace que ante la eventualidad de la falta absoluta del
presidente de la República, el mecanismo de sustitución vigente resulte
disfuncional para mantener la estabilidad institucional y la gobernabilidad
democrática.
16 Cámara de Senadores, “Dictamen de las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales, de Reforma del Estado y de
Estudios Legislativos que contiene el Proyecto de Decreto que reforma y adiciona diversos artículos de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de reforma política”, Senado de la República, México, 14 de abril de
2011, p. 50.
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En la teoría de escenarios desarrollada por la Cámara de Senadores para justificar
la necesidad de una reforma constitucional en materia de sustitución presidencial,
se argumenta que la falta de una mayoría absoluta preestablecida a través del
voto popular y frente a la necesidad de procesar mediante negociaciones y
consensos una sustitución del titular del Poder Ejecutivo, se hace sumamente
delicado —en el marco constitucional vigente—, el proceso de construcción de
acuerdos que permitan resolver la eventual ausencia absoluta del titular del Poder
Ejecutivo. Es decir, el mecanismo constitucional para dirimir quién debe asumir el
cargo está sujeto a la participación del Congreso y, por ende, a las fuerzas en él
representadas.
Así, al no existir —ni siquiera de manera provisional— un proceso automático que
permita la sustitución del Presidente, se impone la necesidad de procesar un
acuerdo entre las fuerzas políticas representadas en el Congreso con todo lo que
ello implica. 17
Marco Conceptual
Suplencia
―I. Del latín supplere-reemplazar, agregar, completar, llenar hasta arriba
(subdebajo-plere-llenar).
Alemán, ergänzen, ersetzen; francés, supléer; italiano y portugués, suprir; inglés,
to supplement, to make up for.
17 Cámara de Senadores, “Dictamen de las Comisiones…”, op. cit., p. 51.
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II. Desde el punto de vista parlamentario, la suplencia difiere de las figuras
jurídicas de sustitución, interinato o provisionalidad, en razón del carácter
previsible del sujeto suplente, previsión que normalmente no ocurre en los
sustitutos, interinos y provisionales. 18
Mientras que cada diputado y senador a las cámaras, es elegido con su respectivo
suplente por medio de fórmulas pares que son claramente conocidas por los
electores, el Presidente de la República, en el caso de México, cuya elección
individual es solitaria, sin vicepresidente y sin sustitución ipso jure por otro
funcionario determinado, carece de suplente para el caso de su falta absoluta o
faltas temporales, debiendo el Congreso, en cada oportunidad, constituirse en
Colegio Electoral para designar al Presidente interino, sustituto o provisional -
según el momento y condiciones en que ocurra la falta- que deba convocar a
nuevas elecciones o concluir el periodo constitucional del cargo.
Históricamente la vicepresidencia en México ha sido fuente de inestabilidad. En la
Constitución de 1824 la vicepresidencia recaía nada menos que en el candidato a
la Presidencia que hubiese obtenido el segundo lugar en votación, o sea, como
afirma Tena Ramírez, en el candidato "del partido contrario, postergado en los
comicios y que podía convertirse -como a veces sucedió- en centro de intrigas para
suplantar al Presidente y en director de una política contraria a la de éste". 19
18 Diccionario Universal de Términos Parlamentarios. Página de Intranet de la Cámara de Diputados.
19 Tena Ramírez, Suplencia Presidencial, estudios de los artículos 84 y 85 Constitucionales, Servicios de Investigación y
Análisis, Cámara de Diputados del Congreso de la Unión.
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Mediante un sistema distinto, la Constitución mexicana de 1857 dio al Presidente
de la Suprema Corte de Justicia la función de reemplazar al Ejecutivo Federal en
sus ausencias temporales y en la absoluta mientras ocurría la nueva elección. La
politización del Poder Judicial, los enfrentamientos entre el Presidente de la Corte y
el Presidente de la República, fueron suficientes para impugnar este sistema.
Cabe decir que el largo periodo que el problema de la sustitución del Presidente en
sus faltas temporales o absoluta mantuvo ocupado al Congreso y a la opinión
pública, son muestra de la inestabilidad política que gobernó a México durante
cerca de 60 años, a partir de la instauración de la República. Esto explica que
entre la Constitución de 1824 y la de 1857, la Constitución de 1836, las bases
orgánicas de 1843 y del Acta de Reformas de 1846, hubiesen adoptado sendos
sistemas de sustitución del Presidente, dada la desconfianza que provocaban todos
los procedimientos adoptados y sugeridos.
Posteriormente a la Constitución de 1857, adquirió relevancia la iniciativa del
constitucionalista y jurista Ignacio L. Vallarta, consistente en elegir, junto con el
Presidente a tres personajes que se llamarían "insaculados", para que uno de ellos
fuese escogido por el Congreso para sustituir al Presidente en sus faltas
temporales o absolutas al ocurrir éstas. Este proyecto fue detenido y abortado en
el Senado de la República, pero su propuesta esencial triunfó en la reforma de
1882, "según la cual debían cubrirse las faltas del Presidente de la República por el
Presidente en ejercicio del Senado o de la Permanente en su caso, sea cual fuere".
19 Este sistema sólo duró catorce años: Una nueva reforma en 1896 determinó
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que el Secretario de Relaciones Exteriores y en su defecto el de Gobernación
sustituirían al Presidente en tanto el Congreso procedía a su designación, lo cual
era un signo inequívoco de la supremacía de la dictadura porfirista sobre la
"soberanía del pueblo", pues no cabía más opción que designar a verdaderos
"sucesores" del dictador en la jerarquía burocrática de la cooptación.
Sin embargo, para darle a la sustitución presidencial un toque "democrático"
dentro de la dictadura, en 1904 se realizó otra reforma impulsada por Emilio
Rabasa para establecer la vicepresidencia autónoma, combinada con el sistema
anterior en caso de la falta absoluta del Presidente y del Vicepresidente.
La lucha por la vicepresidencia, ante una muy probable falta absoluta de un
dictador envejecido, estuvo detrás del levantamiento maderista de 1910, pues
Madero abrigaba la esperanza de ser seleccionado por Porfirio Díaz para ese cargo.
Ocurrió, no obstante, la renuncia del Presidente y del Vicepresidente; ascendió a la
primera magistratura el Secretario de Relaciones Exteriores, quien convocó a
elecciones; ganó Francisco I. Madero la presidencia y José María Pino Suárez la
vicepresidencia. Asesinados ambos por Huerta, asume la presidencia el Secretario
de Relaciones Exteriores, quien obligado por el militar golpista, dura en el cargo
sólo el tiempo suficiente para designar a Victoriano Huerta Secretario de
Gobernación y redactar su renuncia. Al no haber tampoco Secretario de Relaciones
Exteriores, Huerta asciende a la jefatura del Estado y del Gobierno revestido de
una aparente legalidad constitucional que jamás convenció a nadie.
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Dados los antecedentes descritos de manera sumaria, el Constituyente de 1917
implantó un sistema totalmente diferente a los anteriores, pero absolutamente
complicado para la comprensión popular inmediata. Así, a la falta absoluta del
titular del Ejecutivo, éste es reemplazado por un Presidente interino, o un
Presidente sustituto, o un Presidente provisional. El interino y el sustituto son
designados por el Congreso: el primero, si la falta ocurre en los dos primeros años
del periodo respectivo (el Presidente dura seis años en su cargo), debiendo
convocar a nuevas elecciones en un término no mayor de catorce meses. El
sustituto también es designado por el Congreso si la falta ocurre en los últimos
cuatro años del periodo respectivo, pero en este caso ya no se convoca a nuevas
elecciones, sino que el designado concluye el periodo constitucional respectivo.
Cuando el Congreso no está en sesiones, la Comisión Permanente designa un
Presidente provisional, cualquiera que sea el momento dentro del periodo en que
ocurre la falta absoluta.
Este sistema, complicado y difícil, ha resuelto los problemas de inestabilidad
provocados por la vicepresidencia, pero disminuye el carácter representativo del
cargo del Presidente de la República y hace lenta la adopción de una decisión que
debiera tomarse con rapidez.
Adicionalmente, si bien la intervención del Congreso inviste de legitimidad
soberana la designación de un Presidente, no ocurre igual cuando la designación
recae en una Comisión Permanente cuyas funciones, en este caso, exceden el
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carácter de órgano transitorio con el que en verdad es creado por la Constitución,
es decir, el de una Comisión para los recesos que carece de funciones legislativas.
La sustitución presidencial en otros países
La regulación del tema en otras latitudes presenta, como es de esperarse, las
particularidades propias de cada nación, pero existen rasgos de interés en otros
procesos de sustitución presidencial que pueden tomarse como referencias en un
proceso de análisis legislativo del tema.
En Argentina, Bolivia, Costa Rica, Chile, Estados Unidos y Venezuela—, existen
modalidades que prevén la sustitución presidencial bajo distintas perspectivas, que
van desde la existencia de dos vicepresidentes, pasando por prever un listado de
funcionarios que ocupan tal cargo bajo orden de prelación o contemplando el
reemplazo presidencial por los titulares de alguna de las cámaras del Congreso o
por los titulares de la Suprema Corte de Justicia. Las particularidades de la
sustitución presidencial en los países señalados.
V) RATIFICACIÓN DE NOMBRAMIENTOS DE COMISIONADOS DE ÓRGANOS
REGULADORES.
Por otro lado, la propuesta de reforma constitucional materia de la minuta enviada,
implica una adecuación al artículo 76 del pacto federal en su fracción II, la cual
busca que la Cámara de Senadores tenga la facultad de ratificar las designaciones
que el Ejecutivo de la Unión realice de los comisionados de tres órganos
reguladores: a) de la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofeco); b) de
la Comisión Federal de Telecomunicaciones (Cofetel); y c) de la Comisión
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Reguladora de Energía (CRE), nombramientos que —de ser aprobada la reforma
aludida— serían designados por el titular del Poder Ejecutivo, pero estarían sujetos
a la ratificación de la Cámara de Senadores.
En la línea argumentativa visible en la minuta senatorial en mención se señala que
se busca que los titulares de los órganos reguladores queden sujetos a un
mecanismo de designación y ratificación que asegure tanto sus conocimientos y
experiencia probada en la materia en que ejercerán sus facultades, como un
desempeño con visión de Estado.
Lo anterior sin quedar sujetos a la presión o intereses del presidente que los
designó, ni de los legisladores que los confirmaron.
También se propone un mecanismo de pesos y contrapesos que permita que el
ejercicio de la facultad constitucional del Senado se ejerza sin importar la
naturaleza jurídica de los entes públicos cuyo titular sea objeto de ratificación, es
decir, independientemente de que si por ley o decreto se consideran como órganos
desconcentrados, descentralizados o de cualquier otra naturaleza.
Una de las motivaciones que sustenta la pretensión de reformar el marco
constitucional vigente en materia de ratificación de nombramientos efectuados por
el Ejecutivo, alude a que los órganos reguladores en materia económica como la
Cofeco, la Cofetel y la CRE— fueron concebidos originalmente como órganos
desconcentrados de la Administración Pública Federal, y que han evolucionado
hacia un esquema inédito (como en su tiempo fue el caso del Instituto Federal
Electoral o el Instituto Federal de Acceso a la Información Pública).
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En la argumentación empleada por el Senado para sustentar su propuesta de
reforma constitucional, se señala la existencia de una deficiente normatividad, ya
que, según su visión, el objetivo inicial de los órganos reguladores era que éstos se
instituyesen plenamente como órganos del Estado y no del gobierno en turno,
situación que aunada a las decisiones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación
en materia del diferendo sobre la facultad del Senado para ratificar a los
comisionados de la Cofetel, advirtieron de la existencia de un problema real en
esta materia.
Concluye señalando el Senado de la República la existencia de al menos dos
posturas sobre los alcances de la ratificación de los comisionados de los órganos
reguladores: una que señala que a partir de la decisión del máximo Tribunal, el
Ejecutivo ha utilizado su facultad omnímoda de designación para colocar como
comisionados en los órganos reguladores a personas que están lejos de cumplir los
requisitos de conocimiento y experiencia en las materias que les son confiadas y
que en algunos casos esas personas pueden llegar a poner en riesgo la autonomía
de los órganos y la independencia en sus decisiones.
La otra postura sobre el particular sostiene que la actual facultad del Ejecutivo
para ratificar a los comisionados de los órganos reguladores —confirmada por la
Corte—, le permite evitar la ―nociva influencia‖ del Congreso, y así asegurar un
mejor desempeño de los órganos reguladores.
VI) INICIATIVA PREFERENTE.
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El artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece
que el derecho de iniciar leyes compete al presidente de la República, a los
diputados y senadores al Congreso de la Unión, así como a las legislaturas de los
estados.
En las consideraciones de la iniciativa de reforma de Estado aprobada se expone
que en la actualidad México se encuentra inmerso en un contexto plural donde la
capacidad del Ejecutivo para generar acuerdos con el Legislativo se dificulta por la
ausencia de mayorías; con base en ello se justifica la revisión de la facultad de
iniciativa del presidente.
En ese contexto se propone que el presidente de la República tenga la facultad de
presentar iniciativas para trámite preferente, con el objeto de que éstas sean
resueltas en el Congreso en un plazo breve.
En suma, el decreto aprobado en relación con la iniciativa preferente propone lo
siguiente:
• El día de la apertura de cada periodo ordinario de sesiones el presidente de la
República podrá presentar hasta dos iniciativas para trámite preferente, o señalar
con tal carácter hasta dos que hubiere presentado en periodos anteriores, cuando
estén pendientes de dictamen.
Cada iniciativa deberá ser discutida y votada por el Pleno de la cámara de su
origen en un plazo máximo de 30 días naturales.
• De no ser así, la iniciativa en sus términos y sin mayor trámite, será el primer
asunto que deberá ser discutido y votado en la siguiente sesión del Pleno.
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• En caso de ser aprobado o modificado por la cámara de origen, el respectivo
proyecto de ley o decreto pasará de inmediato a la cámara revisora, la cual deberá
discutirlo o votarlo en el mismo plazo y bajo las condiciones señaladas.
• No podrán tener carácter preferente las iniciativas de adición o reforma a la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Definición de iniciativa preferente
Según María Amparo Casar, el presidencialismo es un sistema que permite poner
en manos de distintos partidos el control de cada poder y por diseño requiere de la
colaboración entre poderes; dichas características, a decir de Casar, tienen el
potencial de llevar al sistema a reformas de compromiso, al inmovilismo o a la
parálisis. Para evitar lo anterior, propone la introducción de incentivos a la
cooperación entre poderes, por ejemplo, provocando que convenga más a la
oposición ponerse de acuerdo mediante una alternativa distinta a la que propone
el presidente en su iniciativa de ley.
Al respecto, comenta que la vía para lograrlo es lo que se ha llamado trámite
legislativo preferente o procedimiento de urgencia. Este mecanismo consiste en
otorgarle al presidente la facultad para enviar al Congreso un proyecto de ley con
carácter de preferente o urgente e imponer a este último la obligación de
considerarlo en un plazo determinado, de manera que en caso de que el proyecto
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no sea desechado o se haya sancionado un proyecto sustitutivo, la iniciativa o
proyecto del presidente se tendrá por aprobado. 20
La iniciativa preferente se relaciona con aspectos más generales de los gobiernos
democráticos. Al respecto Giovanni Sartori considera que en la actualidad las
democracias han aceptado el gobierno bajo la forma de la ley, lo que implica que
las decisiones políticas sean transformadas en leyes; por tanto, es imposible
gobernar sin que se aprueben éstas, y ello hace necesario el apoyo parlamentario
para gobernar. 21
Para preservar el gobierno por decreto, se propone un esquema de relaciones del
Ejecutivo con el Legislativo que mantenga los equilibrios necesarios a fin de
gobernar, esquema que se aplica en los sistemas presidenciales y parlamentarios
con base en tres tipos de poder del Ejecutivo: a) el poder de veto, que incluye veto
de bolsillo (sucede cuando el presidente se niega a firmar una ley); veto parcial (el
presidente modifica la ley eliminando partes de la misma), y el veto global (el
presidente rechaza una ley en su totalidad); b) poderes de iniciativa, como la
legislación ordinaria, poderes de decreto y el poder de emergencia, y c) poderes
de referéndum y de disolución del parlamento.
Por ello recomienda que en esos casos se otorgue al presidente el poder —cuando
presenta sus leyes al Pleno— de reducir el debate y pedir un voto inmediato.
20 María Amparo Casar, “Reformas en el aire”, Nexos en línea, en www.nexos.com.mx (diciembre de 2009).
21 Giovanni Sartori, Ingeniería constitucional comparada, FCE, México, 2008, pp. 182-186.
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También sugiere que en estos casos los comités o las cámaras deben estar sujetos
a rígidas limitaciones de tiempo, periodo en los cuales se debe aprobar o regresar
las iniciativas del presidente; de no ser así, será considerada aprobada por
omisión. 22
Sobre el particular, es importante señalar que desde que en 1917 se reafirmó el
sistema presidencial. México consagró en la letra de la Constitución los principios
de división de poderes y pesos y contrapesos. El equilibrio de poderes, con las
peculiaridades propias de la adaptación de una forma de gobierno a una realidad
concreta.
Iniciativa preferente en otros países
Una gran cantidad de países de América Latina y Europa, regida por sistemas
presidenciales, parlamentarios o semipresidenciales, cuenta en sus respectivas
constituciones federales con la regulación de la figura legislativa de la iniciativa
preferente.
Entre los países latinoamericanos se cuentan Brasil, Chile, Colombia, Nicaragua,
Ecuador, Paraguay y Perú.
En la mayoría de los países seleccionados el presidente define el carácter de
urgente o preferente de una iniciativa, con excepción de Paraguay, país en que el
Congreso podría dejar sin efecto el carácter de urgencia de una iniciativa con un
voto de mayoría en alguna de las cámaras.
En algunos países las materias en las que el presidente tendrá preferencia están
acotadas, como es el caso de Ecuador, donde la Constitución establece que el jefe
22 Idem.
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del Ejecutivo podrá enviar proyectos de ley con carácter urgente en materia
económica.
Caso contrario ocurre en Colombia, donde el presidente podrá solicitar el trámite
de preferente respecto a cualquier proyecto de ley.
En la mayoría de los países analizados se establece que si el Congreso no aprueba,
modifica o discute la iniciativa preferente enviada por el Ejecutivo, ésta se tendrá
como aprobada y se promulgará como ley.
Como puede observarse, la iniciativa preferente es un instrumento que se utiliza
sobre todo en los países con gobiernos divididos con el propósito de que el
Legislativo discuta proyectos e iniciativas sobre temas que el Ejecutivo considere
de urgencia por su relevancia en la agenda nacional. En el artículo se ha planteado
que la iniciativa preferente no es un tema novedoso, pues ya se había tratado en
diferentes iniciativas en el Congreso de la Unión en legislaturas pasadas.
VII) INTEGRACIÓN DE LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DEL DISTRITO FEDERAL.
La Asamblea Legislativa del Distrito Federal es uno de los tres órganos del
Gobierno del Distrito Federal, encargada de elaborar y discutir la legislación de la
capital mexicana.
Naturaleza
A diferencia de los estados que forman la República, el Distrito Federal no cuenta
con poderes, sino órganos de gobierno, dentro de los cuales se encuentra la
Asamblea Legislativa, como encargada de las funciones legislativas.
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El artículo 122 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos señala
que el Gobierno del Distrito Federal estará a cargo de los Poderes Federales y de
los órganos legislativo, ejecutivo y judiciales locales.
La razón para que las instituciones que forman el Gobierno del Distrito Federal no
sean poderes sino tiene su origen en que, al ser la residencia de los poderes
federales, el Distrito Federal no puede tener dos poderes residentes en el mismo
territorio. Adicionalmente, a diferencia de los Estados que conforman la República,
el Distrito Federal no es una entidad soberana, por lo que ni puede contar con
poderes.
La Asamblea Legislativa está integrada por 66 diputados de los cuales sólo 40 son
elegidos mediante el voto directo de los ciudadanos en representación de cada uno
de los 40 distritos electorales uninominales del Distrito Federal; los 26 diputados
restantes llegan a la Asamblea mediante el principio de representación
proporcional (Diputados plurinominales).
Ahora bien, de acuerdo a la pretensión legislativa, se propone establecer que en
ningún caso, un partido político podrá contar con un número de diputados por
ambos principios que representen un porcentaje del total de la Asamblea, que
exceda en ocho puntos a su porcentaje de votación total emitida en el Distrito
Federal.
Esta base no se aplicará al partido político que, por sus triunfos en distritos
uninominales, obtenga un porcentaje de curules del total de la Asamblea, superior
a la suma del porcentaje de su votación total emitida más el ocho por ciento.
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El propósito de tal modificación es debido a una sensible mejora de nuestras
instituciones y procedimientos electorales.
VIII)REVISIÓN DE LA CUENTA PÚBLICA.-
La propuesta de reforma al artículo 74 Constitucional, modifica el término en el
cual la Cámara concluirá la revisión de la Cuenta Pública, siendo a más tardar el 31
de octubre del año siguiente al de su presentación.
Por lo anterior, cabe señalar que la rendición de cuentas y la fiscalización superior
son nociones que guardan una estrecha relación y que son de vital importancia
para la integridad del Estado democrático mexicano. La primera es obligación de
todos aquellos entes que, de alguna manera, reciben recursos públicos federales;
la segunda es una labor que la Auditoría Superior de la Federación desarrolla como
órgano técnico auxiliar de la Cámara de Diputados la que goza de la atribución
exclusiva de revisar la Cuenta Pública, como lo mandata nuestra Constitución
Federal.
En nuestro país la revisión de la Cuenta Pública constituye una función que es de
suma importancia, pues tiene como objetivo conocer los resultados de la gestión
financiera, comprobar si se ha ajustado a los criterios señalados en el Presupuesto
y el cumplimiento de los objetivos contenidos en los programas. Además de la
atribución de revisar la Cuenta Pública y de rendir un Informe del Resultado de la
Cuenta Pública; encontramos la obligación, de la Comisión de Presupuesto y
Cuenta Pública de emitir el dictamen correspondiente sobre la misma.
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Nuestro pueblo ha mostrado mayor interés por conocer: la forma en que sus
impuestos se distribuyen a través del Presupuesto de Egresos de la Federación, la
forma en que se ejercen, su destino, resultados, fincamiento de responsabilidades
y la comprobación de su correcto ejercicio. Se considera que dicho interés se
traduce en una exigencia social, que debe satisfacerse precisamente, a través de la
revisión de la Cuenta Pública, sus resultados y dictaminación.
En la actualidad, consideramos que la dictaminación de la Cuenta Pública además
de una obligación, representa un acto político, que contribuye a mantener la
división y equilibrio de poderes en el Estado Mexicano; esta labor debería permitir
plenamente el cumplimiento de dos fines primordiales: el primero consiste en la
necesidad del Congreso conocer el resultado del ejercicio de los recursos públicos
y la gestión gubernamental; el segundo, implica que dichos resultados entre otros
deberían incidir en la asignación presupuestaria, permitiendo con ello detectar qué
sectores sociales o qué áreas de la administración pública requieren de mayor
atención.
CONCLUSIONES
Como puede observarse, México ha transitado hacia un modelo democrático capaz
de generar una alternancia en los Poderes Ejecutivo y Legislativo. Sin embargo,
esta transición no ha sido suficiente, ya que las nuevas circunstancias y exigencias
del país han ido cambiando, por lo que se requiere de adecuaciones a la legislación
para lograr ese equilibrio entre los poderes públicos y la sociedad. Por esta razón,
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resulta indispensable complementar nuestra actual democracia representativa con
mecanismos que sean capaces de resarcir estas deficiencias.
En este sentido, consideramos que los tiempos son los adecuados para generar
ese cambio, ya que existe el convencimiento de que el sistema político y
constitucional está exigiendo transformaciones a profundidad, tanto en lo que se
refiere a la reforma del Estado como al comportamiento de la propia sociedad
política. Frente a estos signos que apuntan hacia un nuevo sistema, es
imprescindible incorporar muchas de las necesidades que la sociedad está
planteando.
Por esta razón, esta Comisión coincide con la Minuta en cuestión en cuanto a la
dictaminación en sentido positivo del proyecto que reforma y adiciona a diversos
artículos de la Constitución Federal, que tal y como lo enuncian, demuestra el
trabajo de años de análisis, discusión y acuerdo de todas las fuerzas políticas,
organizaciones sociales y académicos del país que hicieron tangible en la Minuta
presentada y que hoy nos ocupa.
En esta vertiente se destaca ésta trata de una reforma trascendental que permitirá
pasar de una democracia estrictamente representativa a otra con figuras
claramente participativas, modificando el perfil de las prácticas democráticas y
políticas del país.
Por lo anterior, la incorporación explícita de las figuras de participación ciudadana
como la consulta popular así como la Iniciativa ciudadana, de acuerdo al estudio
de derecho comparado realizado por la Comisión revisora de la Minuta en
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comento, se considera producirá impactos positivos en nuestro país, ya que
contribuirá a decidir las acciones a tomar en temas relevantes, tanto de la agenda
legislativa como de la problemática nacional, generando entre la ciudadanía un
sentimiento de mayor inclusión en el sistema de representación política.
Así también esta Comisión reitera, la aprobación de la incorporación de la figura de
las candidaturas independientes, en el cual se dará la apertura del sistema político
a la participación de los candidatos independientes en elecciones generando con
ello un tema de una gran trascendencia para la democracia de nuestro país.
En cuanto a la figura de ―Iniciativa Preferente‖, consideramos que al regularse, se
generará una colaboración entre el Poder Legislativo y Ejecutivo, en un pleno
equilibrio y respeto a la separación de poderes, respecto de aquellos temas que se
estiman apremiantes para el bienestar colectivo, y que por lo tanto requieren de
una atención especial o urgente por parte de los legisladores.
De igual forma, aprobamos el procedimiento específico para sustituir al Presidente
de la República en caso de ausencia definitiva; lo anterior, ya que con ello se
evitaran conflictos de poder y problemas de ingobernabilidad, generando
certidumbre institucional en caso de falta absoluta del Presidente de la República.
Asimismo, el proceso para la toma de protesta del Ejecutivo Federal, en una sede
alterna cuando no existan condiciones de concretarlo ante el Congreso de la Unión,
ya que con ello se asume con responsabilidad la resolución de posibles situaciones
extraordinarias.
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Por otro lado, esta Comisión dictaminadora aprueba la Integración de la Asamblea
Legislativa del Distrito Federal, la Revisión de la Cuenta Pública así como el
procedimiento de ratificación de los diversos comisionados reguladores del Estado,
ya que a nuestro juicio consideramos se dará un mecanismo de equilibrio de
poderes, evitando la politización partidista.
En virtud de lo expresado, esta H. Soberanía considera altamente conveniente se
reforme y adicione la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Visto lo anterior, y con el objetivo de proceder en consecuencia se llega a los
siguientes:
CONSIDERANDOS:
PRIMERO.- Que es primordial señalar la importancia que detenta la división
territorial de un país, que tiene como sistema de gobierno la fórmula federal. En un
país de régimen federalista, las partes integrantes del mismo, son consideradas
como un todo en virtud de que estas pertenecen al régimen en razón de un pacto
federal.
SEGUNDO.- Que el Constituyente Permanente, es el responsable de poner al
día a las instituciones y a los ordenamientos legales, por tanto es quien debe cuidar
la armonía, actualidad y plena vigencia de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos.
TERCERO.- Que el principio de Supremacía Constitucional impone que cuando
el Poder Constituyente Permanente modifica una norma constitucional ésta pasa a
formar parte del ordenamiento Supremo y amerita ser cumplida en sus términos.
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Tratándose de la Constitución Federal, está subordinada tanto a las leyes federales y
tratados internacionales, como a las Constituciones y las leyes de las Entidades
Federativas.
CUARTO.- Que con fundamento en el artículo 135 de la Constitución Política
de los Estados Unidos Mexicanos, para que las adiciones o reformas lleguen a ser
parte de la Constitución Federal, se requiere que el Congreso de la Unión, por el
voto de las dos terceras partes de los individuos presentes, acuerden las reformas o
adiciones y que estas sean aprobadas por la mayorías de las legislaturas de los
Estados. El Congreso de la Unión o la Comisión Permanente, en su caso, hará
cómputo de los votos de las legislaturas y de la declaración de haber sido aprobadas
las adiciones y reformas.
QUINTO.- De acuerdo a la interpretación sistemática, armónica y teleológica
de los artículos 40, 43, 116 y 135 de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, el Poder Legislativo del Estado de Baja California, al igual que las demás
legislaturas de los Estados integrantes del Pacto de la Unión, forman parte del Poder
revisor federal y por lo tanto tiene la atribución de aprobar o no las reformas,
adiciones, o derogaciones que le sean propuestas a la Ley Suprema por parte del
Congreso de la Unión.
SEXTO.- Que la Minuta en comento, pretende reformar y adicionar diversos
artículos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de
Reforma Política, a efecto de establecer nuevos cauces de participación ciudadana, a
través de fórmulas y procedimientos que estimulen el interés de la sociedad para las
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decisiones político-jurídicas que se toman en el país, así como regular contrapesos
en el Congreso de la Unión, para modificar de manera fundamental el perfil de
nuestras prácticas democráticas y políticas en el país.
Entre los temas avalados se encuentran:
Iniciativa Ciudadana;
Candidaturas Independientes;
Consulta Popular;
Iniciativa Preferente;
Sustitución del Presidente en casos de falta absoluta;
Toma de protesta del Presidente de la República;
Ratificación de comisionados de órganos reguladores del Estado;
Integración de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal;
Revisión de la Cuenta Pública.
SÉPTIMO.- Esta Comisión considera que la presente Minuta que reforma y
adiciona diversos artículos de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, en materia de Reforma Política, destaca una reforma transcendental
que permitirá pasar de una democracia estrictamente representativa a otra con
figuras claramente participativas, modificando el perfil de las prácticas
democráticas y políticas del país.
OCTAVO.- Por lo anterior, la incorporación explícita de las figuras de
participación ciudadana como la consulta popular así como la iniciativa ciudadana,
se considera producirá impactos positivos en nuestro país, ya que contribuirá a
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decidir las acciones a tomar en temas relevantes, tanto de la agenda legislativa
como de la problemática nacional, generando entre la ciudadanía un sentimiento
de mayor inclusión en el sistema de representación política.
NOVENO.- Que de igual forma, la aprobación de la incorporación de la
figura de las candidaturas independientes, concebirá una palpable cambios de en
la democracia de nuestro país.
DÉCIMO.- En cuanto a la figura de ―Iniciativa Preferente‖, consideramos que
al regularse, se generará una colaboración entre el Poder Legislativo y Ejecutivo,
en un pleno equilibrio y respeto a la separación de poderes, respecto de aquellos
temas que se estiman apremiantes para el bienestar colectivo, y que por lo tanto
requieren de una atención especial o urgente por parte de los legisladores.
DÉCIMO PRIMERO.- De igual forma, aprobamos el procedimiento específico
para sustituir al Presidente de la República en caso de ausencia definitiva; lo
anterior, ya que con ello se evitaran conflictos de poder y problemas de
ingobernabilidad, generando certidumbre institucional en caso de falta absoluta del
Presidente de la República. Asimismo, el proceso para la toma de protesta del
Ejecutivo Federal, en una sede alterna cuando no existan condiciones de
concretarlo ante el Congreso de la Unión, ya que con ello se asume con
responsabilidad la resolución de posibles situaciones extraordinarias.
DÉCIMO SEGUNDO.- Por otro lado, esta Comisión dictaminadora aprueba
respecto a la Integración de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, la
Revisión de la Cuenta Pública, así como el procedimiento de ratificación de los
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diversos comisionados reguladores del Estado, ya que a nuestro juicio
consideramos se dará un mecanismo de equilibrio de poderes, evitando la
politización partidista.
DÉCIMO TERCERO.- En ese tenor, después de analizar amplia y
detalladamente las propuestas de reforma y adición, así como los fines que persigue
la implementación de la reforma política en estudio, los integrantes de esta Comisión
coinciden con el espíritu y fundamento lógico jurídico que sustenta la Minuta materia
de este dictamen, en virtud de que se requiere de adecuaciones a nuestra
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para asegurar ese equilibrio
para que refleje las preferencias del electorado y de los instrumentos que tienen los
ciudadanos.
DÉCIMO CUARTO.- En consecuencia y en términos por lo previsto en el
artículo 135 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se estima
procedente la Minuta que fue turnada para su debido análisis y dictaminación
correspondiente.
DÉCIMO QUINTO.- Que el presente dictamen fue declarado PROCEDENTE
por los Diputados presentes JUAN BAUTISTA MONTEJANO DE LA TORRE, RICARDO
MAGAÑA MOSQUEDA, JULIO FELIPE GARCÍA MUÑOZ Y RUBÉN FERNÁNDEZ
GONSÁLEZ; integrantes de esta Comisión de Gobernación, Legislación y Puntos
Constitucionales.
Por lo anteriormente expuesto, la Comisión que suscribe somete a la consideración
de esta Honorable Asamblea, los siguientes puntos:
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RESOLUTIVOS:
PRIMERO.- La H. XX Legislatura Constitucional del Estado Libre y Soberano de Baja
California, en los términos del artículo 135 de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos, emite: VOTO APROBATORIO a la MINUTA PROYECTO DE
DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE
LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, EN MATERIA
POLÍTICA, para quedar en los siguientes términos:
ARTÍCULO ÚNICO.- SE REFORMAN: el párrafo primero y la fracción II del
artículo 35; la fracción III del artículo 36; el párrafo segundo del artículo 71; la
fracción XXVI del artículo 73; el párrafo cuarto de la fracción VI del artículo 74;
la fracción II del artículo 76; las fracciones IV, VI y VII del artículo 78; el
artículo 83; los párrafos primero, segundo y tercero (que pasan a ser cuarto y
quinto) del artículo 84; los párrafos primero, segundo y tercero del artículo 85;
las fracciones II, III y IV del artículo 89; y la fracción III de la Base Primera del
Apartado C del artículo 122; SE ADICIONAN: las fracciones VI, VII y VIII del
artículo 35; una fracción IV y un tercero y cuarto párrafos al artículo 71; una
fracción XXIX-Q al artículo 73; los párrafos segundo y tercero, recorriéndose en
su orden subsecuentes y un último párrafo al artículo 84; un segundo y tercer
párrafos al artículo 87; un octavo párrafo a la fracción II el artículo 116; un
inciso o), recorriéndose en su orden el subsecuente a la fracción V de la Base
Primera del Apartado C del artículo 122, de la Constitución Política de los
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H. Vigésima Legislatura Secretaría de Servicios Parlamentarios
Estados Unidos Mexicanos, en materia de Reforma Política, para quedar como
sigue:
Artículo 35. Son derechos del ciudadano:
I.(…)
II. Poder ser votado para todos los cargos de elección popular, teniendo las
calidades que establezca la ley. El derecho de solicitar el registro de candidatos
ante la autoridad electoral corresponde a los partidos políticos así como a los
ciudadanos que soliciten su registro de manera independiente y cumplan con los
requisitos, condiciones y términos que determine la legislación;
III.(…)
IV. Tomar las armas en el Ejército o Guardia Nacional, para la defensa de la
República y de sus instituciones, en los términos que prescriben las leyes;
V. (…)
VI. Poder ser nombrado para cualquier empleo o comisión del servicio público,
teniendo las calidades que establezca la ley;
VII. Iniciar leyes, en los términos y con los requisitos que señalen esta
Constitución y la Ley del Congreso. El Instituto Federal Electoral tendrá las
facultades que en esta materia le otorgue la ley.
VIII. Votar en las consultas populares sobre temas de trascendencia nacional,
las que se sujetarán a lo siguiente:
1º. Serán convocadas por el Congreso de la Unión a petición de:
a) El Presidente de la República;
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H. Vigésima Legislatura Secretaría de Servicios Parlamentarios
b) El equivalente al treinta y tres por ciento de los integrantes de
cualquiera de las Cámaras del Congreso de la Unión; o
c) Los ciudadanos, en un número equivalente, al menos, al dos por
ciento de los inscritos en la lista nominal de electores, en los términos
que determine la ley.
Con excepción de la hipótesis prevista en el inciso c) anterior, la petición
deberá ser aprobada por la mayoría de cada Cámara del Congreso de la
Unión,
2º. Cuando la participación total corresponda, al menos, al cuarenta por
ciento de los ciudadanos inscritos en la lista nominal de electores, el
resultado será vinculatorio para los poderes Ejecutivo y Legislativo
federales y para las autoridades competentes;
3º. No podrán ser objeto de consulta popular la restricción de los
derechos humanos reconocidos por esta Constitución; los principios
consagrados en el artículo 40 de la misma; la materia electoral; los
ingresos y gastos del Estado; la seguridad nacional y la organización,
funcionamiento y disciplina de la Fuerza Armada permanente. La
Suprema Corte de Justicia de la Nación resolverá, previo a la
convocatoria que realice el Congreso de la Unión, sobre la
constitucionalidad de la materia de la consulta;
4º. El Instituto Federal Electoral tendrá a su cargo, en forma directa, la
verificación del requisito establecido en el inciso c) del apartado 1º de la
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H. Vigésima Legislatura Secretaría de Servicios Parlamentarios
presente fracción, así como la organización, desarrollo, cómputo y
declaración de resultados;
5º. La consulta popular se realizará el mismo día de la jornada electoral
federal;
6º. Las resoluciones del Instituto Federal Electoral podrán ser
impugnadas en los términos de lo dispuesto en la fracción VI del artículo
41, así como de la fracción III del artículo 99 de esta Constitución; y,
7º. Las leyes establecerán lo conducente para hacer efectivo lo dispuesto
en la presente fracción.
Artículo 36. (…)
I.(…)
II.(…)
III. Votar en las elecciones y en las consultas populares, en los términos
que señale la ley;
IV. (…)
V. (…)
Artículo 71. (…)
I. (…)
II. A los Diputados y Senadores al Congreso de la Unión;
III. A las Legislaturas de los Estados; y
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H. Vigésima Legislatura Secretaría de Servicios Parlamentarios
IV. A los ciudadanos en un número equivalente, por lo menos, al cero
punto trece por ciento de la lista nominal de electores, en los términos
que señalen las leyes.
La Ley del Congreso determinará el trámite que deba darse a las
iniciativas.
El día de la apertura de cada periodo ordinario de sesiones el Presidente
de la República podrá presentar hasta dos iniciativas para trámite
preferente, o señalar con tal carácter hasta dos que hubiere presentado
en periodos anteriores, cuando estén pendientes de dictamen. Cada
iniciativa deberá ser discutida y votada por el Pleno de la Cámara de su
origen en un plazo máximo de treinta días naturales. Si no fuere así, la
iniciativa, en sus términos y sin mayor trámite, será el primer asunto que
deberá ser discutido y votado en la siguiente sesión del Pleno. En caso de
ser aprobado o modificado por la Cámara de su origen, el respectivo
proyecto de ley o decreto pasará de inmediato a la Cámara revisora, la
cual deberá discutirlo y votarlo en el mismo plazo y bajo las condiciones
antes señaladas.
No podrán tener carácter preferente las iniciativas de adición o reforma a
esta Constitución.
Artículo 73. (…)
I. a XXV. (…)
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H. Vigésima Legislatura Secretaría de Servicios Parlamentarios
XXVI. Para conceder licencia al Presidente de la República y para
constituirse en Colegio Electoral y designar al ciudadano que deba
substituir al Presidente de la República, ya sea con el carácter de interino
o substituto, en los términos de los artículos 84 y 85 de esta
Constitución;
XXVII. a XXIX-P. (…)
XXIX-Q. Para legislar sobre iniciativa ciudadana y consultas populares.
XXX. (…)
Artículo 74. (…)
I. a III. (…)
IV. (…)
(…)
(…)
(…)
(…)
(…)
(…)
(…)
V. y VI. (…)
(…)
(…)
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H. Vigésima Legislatura Secretaría de Servicios Parlamentarios
La Cámara concluirá la revisión de la Cuenta Pública a más tardar el 31
de octubre del año siguiente al de su presentación, con base en el
análisis de su contenido y en las conclusiones técnicas del informe del
resultado de la entidad de fiscalización superior de la Federación, a que
se refiere el artículo 79 de esta Constitución, sin menoscabo de que el
trámite de las observaciones, recomendaciones y acciones promovidas
por la entidad de fiscalización superior de la Federación, seguirá su curso
en términos de lo dispuesto en dicho artículo.
(…)
VII. (Se deroga).
VIII. Las demás que le confiere expresamente esta Constitución.
Artículo 76. (…)
I. (…)
(…)
II. Ratificar los nombramientos que el mismo funcionario haga del
Procurador General de la República, embajadores, cónsules generales,
empleados superiores de Hacienda, integrantes de los órganos colegiados
encargados de la regulación en materia de telecomunicaciones, energía y
competencia económica, coroneles y demás jefes superiores del Ejército,
Armada y Fuerza Aérea Nacionales, en los términos que la ley disponga;
III a XII.(…)
Artículo 78. (…)
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H. Vigésima Legislatura Secretaría de Servicios Parlamentarios
(…)
I. a III. (…)
IV. Acordar por sí o a propuesta del Ejecutivo, la convocatoria del
Congreso o de una sola Cámara a sesiones extraordinarias, siendo
necesario en ambos casos el voto de las dos terceras partes de los
individuos presentes. La convocatoria señalará el objeto u objetos de las
sesiones extraordinarias. Cuando la convocatoria sea al Congreso General
para que se erija en Colegio Electoral y designe presidente interino o
substituto, la aprobación de la convocatoria se hará por mayoría.
V. (…)
VI. Conceder licencia hasta por sesenta días naturales al Presidente de la
República;
VII. Ratificar los nombramientos que el Presidente haga de embajadores,
cónsules generales, empleados superiores de Hacienda, integrantes de
los órganos colegiados encargados de la regulación en materia de
telecomunicaciones, energía y competencia económica, coroneles y
demás jefes superiores del Ejército, Armada y Fuerza Aérea Nacionales,
en los términos que la ley disponga, y
VIII.(…)
Artículo 83. El Presidente entrará a ejercer su encargo el 1º. de diciembre
y durará en él seis años. El ciudadano que haya desempeñado el cargo
de Presidente de la República, electo popularmente, o con el carácter de
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H. Vigésima Legislatura Secretaría de Servicios Parlamentarios
interino o substituto, o asuma provisionalmente la titularidad del
Ejecutivo Federal, en ningún caso y por ningún motivo podrá volver a
desempeñar ese puesto.
Artículo 84. En caso de falta absoluta del Presidente de la República, en
tanto el Congreso nombra al presidente interino o substituto, lo que
deberá ocurrir en un término no mayor a sesenta días, el Secretario de
Gobernación asumirá provisionalmente la titularidad del Poder Ejecutivo.
En este caso no será aplicable lo establecido en las fracciones II, III y VI
del artículo 82 de esta Constitución.
Quien ocupe provisionalmente la Presidencia no podrá remover o
designar a los Secretarios de Estado, ni al Procurador General de la
República, sin autorización previa de la Cámara de Senadores. Asimismo,
entregará al Congreso de la Unión un informe de labores en un plazo no
mayor a diez días, contados a partir del momento en que termine su
encargo.
Cuando la falta absoluta del Presidente ocurriese en los dos primeros
años del periodo respectivo, si el Congreso de la Unión se encontrase en
sesiones y concurriendo, cuando menos, las dos terceras partes del
número total de los miembros de cada Cámara, se constituirá
inmediatamente en Colegio Electoral y nombrará en escrutinio secreto y
por mayoría absoluta de votos, un presidente interino, en los términos
que disponga la Ley del Congreso. El mismo Congreso expedirá, dentro
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de los diez días siguientes a dicho nombramiento, la convocatoria para la
elección del Presidente que deba concluir el periodo respectivo, debiendo
mediar entre la fecha de la convocatoria y la que se señale para la
realización de la jornada electoral, un plazo no menor de siete meses ni
mayor de nueve. El así electo iniciará su encargo y rendirá protesta ante
el Congreso siete días después de concluido el proceso electoral.
Si el Congreso no estuviere en sesiones, la Comisión Permanente lo
convocará inmediatamente a sesiones extraordinarias para que se
constituya en Colegio Electoral, nombre a un presidente interino y expida
la convocatoria a elecciones presidenciales en los términos del párrafo
anterior.
Cuando la falta absoluta del Presidente ocurriese en los cuatro últimos
años del periodo respectivo, si el Congreso de la Unión se encontrase en
sesiones, designará al presidente substituto que deberá concluir el
periodo, siguiendo, en lo conducente, el mismo procedimiento que en el
caso del presidente interino.
Si el Congreso no estuviere reunido, la Comisión Permanente lo
convocará inmediatamente a sesiones extraordinarias para que se
constituya en Colegio Electoral y nombre un presidente substituto
siguiendo, en lo conducente, el mismo procedimiento que en el caso del
presidente interino.
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Artículo 85. Si antes de iniciar un periodo constitucional la elección no
estuviese hecha o declarada válida, cesará el Presidente cuyo periodo
haya concluido y será presidente interino el que haya designado el
Congreso, en los términos del artículo anterior.
Si al comenzar el periodo constitucional hubiese falta absoluta del
Presidente de la República, asumirá provisionalmente el cargo el
Presidente de la Cámara de Senadores, en tanto el Congreso designa al
presidente interino, conforme al artículo anterior.
Cuando el Presidente solicite licencia para separarse del cargo hasta por
sesenta días naturales, una vez autorizada por el Congreso, el Secretario
de Gobernación asumirá provisionalmente la titularidad del Poder
Ejecutivo.
(…)
Artículo 87. (…)
Si por cualquier circunstancia el Presidente no pudiere rendir la protesta
en los términos del párrafo anterior, lo hará de inmediato ante las Mesas
Directivas de las Cámaras del Congreso de la Unión.
En caso de que el Presidente no pudiere rendir la protesta ante el
Congreso de la Unión, ante la Comisión Permanente o ante las Mesas
Directivas de las Cámaras del Congreso de la Unión lo hará de inmediato
ante el Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Artículo 89. (…)
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I.(…)
II. Nombrar y remover libremente a los Secretarios de Estado, remover a
los embajadores, cónsules generales y empleados superiores de
Hacienda, y nombrar y remover libremente a los demás empleados de la
Unión, cuyo nombramiento o remoción no esté determinado de otro
modo en la Constitución o en las leyes;
III. Nombrar, con aprobación del Senado, a los embajadores, cónsules
generales, empleados superiores de Hacienda y a los integrantes de los
órganos colegiados encargados de la regulación en materia de
telecomunicaciones, energía y competencia económica;
IV. Nombrar, con aprobación del Senado, los Coroneles y demás oficiales
superiores del Ejército, Armada y Fuerza Aérea Nacionales;
V. a XX. (…)
Artículo 116. (…)
(…)
I.(…)
II.(…)
(…)
(…)
(…)
(…)
(…)
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(…)
Las Legislaturas de los Estados regularán los términos para que los
ciudadanos puedan presentar iniciativas de ley ante el respectivo
Congreso.
III. (…)
IV. a VII. (…)
Artículo 122. (…)
(…)
(…)
(…)
(…)
(…)
A.(…)
B.(…)
C.(…)
BASE PRIMERA. (…)
I. y II. (…)
III. En la integración de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal,
invariablemente se observará el siguiente criterio:
En ningún caso, un partido político podrá contar con un número de
diputados por ambos principios que representen un porcentaje del total
de la Asamblea, que exceda en ocho puntos a su porcentaje de votación
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total emitida en el Distrito Federal. Esta base no se aplicará al partido
político que, por sus triunfos en distritos uninominales, obtenga un
porcentaje de curules del total de la Asamblea, superior a la suma del
porcentaje de su votación total emitida más el ocho por ciento.
IV.(…)
V.(…)
a) a ñ) (…)
o) Para establecer en ley los términos y requisitos para que los
ciudadanos del Distrito Federal ejerzan el derecho de iniciativa ante la
propia Asamblea, y
p) Las demás que se le confieran expresamente en esta Constitución.
BASE SEGUNDA a BASE QUINTA (…)
D. a H. (…)
ARTÍCULOS TRANSITORIOS
ARTÍCULO PRIMERO. El presente Decreto entrará en vigor el día
siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
ARTÍCULO SEGUNDO. El Congreso de la Unión deberá expedir la
legislación para hacer cumplir lo dispuesto en el presente Decreto, a más
tardar en un año contado a partir de la entrada en vigor del mismo.
ARTÍCULO TERCERO. Los Congresos de los Estados y la Asamblea
Legislativa del Distrito Federal deberán realizar las adecuaciones
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necesarias a su legislación secundaria, derivadas del presente Decreto en
un plazo no mayor a un año, contado a partir de su entrada en vigor.
ARTÍCULO CUARTO. Se derogan todas las disposiciones que se opongan
al presente Decreto.
SEGUNDO.- Publíquese la aprobación de la MINUTA CON PROYECTO QUE
REFORMA Y ADICIONA DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA CONSTITUCIÓN
POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, EN MATERIA DE REFORMA
POLÍTICA, en el Periódico Oficial del Estado de Baja California.
TERCERO.- Aprobadas las presentes reformas por esta Soberanía, remítanse a la
Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, el presente VOTO APROBATORIO,
para los efectos del artículo 135 de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos.
Dado en la Sala de Juntas ―Dr. Francisco Dueñas Montes‖ del Honorable Poder
Legislativo, en la Ciudad de Mexicali, Estado de Baja California, a los 11 días del
mes de Junio de 2012.
COMISIÓN DE GOBERNACIÓN, LEGISLACIÓN Y PUNTOS CONSTITUCIONALES. Es
cuanto Presidente.
- EL C. PRESIDENTE: Muchas gracias Diputado; con base a lo que establece el
artículo 127 de la Ley Orgánica de este Congreso, se declara abierto el debate del
dictamen No, 74 de la Comisión de Gobernación, Legislación y Puntos
Constitucionales, y con relación a lo que establece el artículo 128 de la Ley
Orgánica de este Congreso, se pregunta a los y las Diputadas que desean
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enlistarse para participar en pro y en contra del presente dictamen, lo hagan saber
levantando su mano, de no ser así, se solicita a la Diputada Secretaria Escrutadora
someta a votación nominal el dictamen No. 74 de la Comisión de Gobernación,
Legislación, y Puntos Constitucionales.
- LA C. SECRETARIA ESCRUTADORA: Por instrucciones de la presidencia, se
somete a votación nominal el dictamen No. 74 de la Comisión de Gobernación,
Legislación y Puntos Constitucionales, iniciando por la derecha.
- Montejano de la Torre Juan Bautista, a favor.
- Vargas Rodríguez Juan, a favor.
- Agatón Muñiz Claudia Josefina, a favor.
- Galarza Villarino Arcelia, a favor.
- García Muñoz Julio Felipe, a favor.
- Dado Alatorre Laurencio, a favor.
- Carranza Hernández Gregorio, a favor.
- Lozano Pérez David Jorge, a favor.
- Murguía Mejía Carlos, a favor.
- Magaña Mosqueda Ricardo, a favor.
- Soto Agüero Elisa Rosana, a favor.
- Sánchez Arredondo Nancy Guadalupe, a favor.
- Barreto Luna Gregorio, a favor.
- Topete Robles Elí, a favor.
- García López José Máximo, a favor.
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- Navarro Gutiérrez Víctor Hugo, a favor.
- Magallanes Cortés Gustavo, a favor.
- Rodríguez Rubio María del Rosario, a favor.
- LA C. SECRETARIA ESCRUTADORA: ¿Algún Diputado que falte por votar?
Procedemos con la mesa directiva.
- Noriega Ríos Virginia, a favor.
- Zárate Zepeda Fausto, a favor.
- Mata Lozano Lizbeth, a favor.
- Vizcarra Calderón Marco Antonio, a favor.
- Garzón Zatarain Alfonso, a favor.
- LA C. SECRETARIA ESCRUTADORA: Con veintitrés votos a favor, Presidente.
- EL C. PRESIDENTE: Muy bien; con 23 votos a favor, una vez aprobado en lo
general y en lo particular, se declara aprobado el Dictamen número 74 de la
Comisión de Gobernación, Legislación y Puntos Constitucionales leído por el señor
Diputado Juan Bautista Montejano de la Torre. Dado en el Salón de Sesiones
―Licenciado Benito Juárez García‖, del Poder Legislativo del Estado de Baja
California en sesión ordinaria de la Honorable Vigésima Legislatura del Congreso
del Estado a los cinco días del mes de julio del año 2012; continuamos con el
mismo apartado, tiene la palabra y continua con ella el Diputado Juan Bautista de
la Torre, para dar lectura al dictamen No. 76 de la Comisión de Gobernación,
Legislación y Puntos Constitucionales, adelante señor Diputado.
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- EL C. DIP. MONTEJANO DE LA TORRE: Gracias Diputado. COMISIÓN DE
GOBERNACIÓN, LEGISLACIÓN, Y PUNTOS CONSTITUCIONALES. DICTÁMEN
No. 76. HONORABLE ASAMBLEA: La Comisión de Gobernación, Legislación y
Puntos Constitucionales recibió para su estudio, análisis y dictaminación, la
INICIATIVA QUE REFORMA LOS ARTÍCULOS 57 Y 65 DE LA CONSTITUCIÓN
POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE BAJA CALIFORNIA presentada
por la C. DIPUTADA LIZBETH MATA LOZANO, Integrante del Grupo
Parlamentario del Partido Acción Nacional, presentada con fecha 7 de
Septiembre de 2011, ante el Pleno del Honorable Congreso del Estado.
Esta Comisión en uso de las facultades que le conceden en su ejercicio los
artículos 55, 56 numeral 8, 62, 63, 77 TER, 110 fracción I, 115 fracción I, 116,
117, 118, 120, 122, 123, 124 y demás relativos de la Ley Orgánica del Poder
Legislativo del Estado de Baja California, realiza el presente dictamen con base
en los siguientes:
ANTECEDENTES
I.- Con fecha 7 de Septiembre de 2011, la Diputada LIZBETH MATA LOZANO,
presento ante el Pleno del Honorable Congreso del Estado, la iniciativa que
reforma el quinto párrafo del artículo 57 y el párrafo séptimo del numeral 65
ambos de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Baja
California.
II.- Presentada la iniciativa en comento, la Presidencia de la Mesa Directiva de
este Poder Legislativo, de conformidad con la facultad conferida por el artículo
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50, fracción II, inciso f) de la Ley Orgánica de este Congreso, dio curso legal a
la iniciativa presentada por la C. DIPUTADA LIZBETH MATA LOZANO y a su vez
turnó a la Comisión de Gobernación, Legislación y Puntos Constitucionales el
documento de referencia mediante oficio con número 003779 de fecha 7 de
Septiembre de 2011.
III.- Que en fecha 12 de septiembre de conformidad con las
atribuciones conferidas en el artículo 60 inciso h), 62 fracción II, de la
Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado, la Comisión de
Gobernación, Legislación y Puntos Constitucionales, solicitó a la
Secretaría de Servicios Parlamentarios, el estudio y análisis respectivo
de la presente iniciativa mediante oficio número JBMT/170/11 de
fecha 12 de Septiembre de 2011.
IV.- Mediante oficio número SSP-CES/242/2011 de fecha 13 de
Septiembre de 2011, la Secretaría de Servicios Parlamentarios turnó a
la Dirección General de Consultoría Legislativa la iniciativa, en
comento para su análisis estudio y elaboración de proyecto de
dictamen en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 63 de la Ley
Orgánica antes citada.
V.- En atención a la solicitud descrita en el párrafo anterior, y con
fundamento en el artículo 77 TER, de la Ley Orgánica del Poder
Legislativo del Estado, la Dirección General de Consultoría Legislativa,
remitió el proyecto correspondiente al estudio y análisis de la
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iniciativa de referencia a la Secretaría de Servicios Parlamentarios
mediante, oficio DGCL/542/2012 de fecha 12 de junio de 2012.
De esta forma, en su oportunidad y seguido el proceso legislativo en
todas sus etapas, esta Comisión suscribe el presente Dictamen, bajo
los siguientes términos:
ESTUDIO Y ANÁLISIS
I.- ASPECTOS GENERALES:
A) DE LA EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
A raíz de las reformas a la Constitución Política del Estado en materia
de administración de justicia, publicadas con fecha 2 de febrero de
2007 en el Periódico Oficial del Estado, se contempló la necesidad de
que el Poder Judicial del Estado emitiera un Plan de Desarrollo
Judicial.
De conformidad con la exposición de motivos de la iniciativa que dio
origen a la reforma constitucional señalada en el párrafo anterior, el
Plan de Desarrollo Judicial es un instrumento que tiene por objeto
que el Poder Judicial planifique racional y razonablemente su
crecimiento y fortalecimiento, a partir de un diagnóstico que permita
conocer el estado que guarda la administración de justicia en Baja
California, y sobre este; dirigir y realizar todas las acciones que
resulten necesarias en beneficio de la sociedad.
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Es de esta forma como el artículo 57 quinto párrafo de la Constitución
Local fundamenta la creación del Plan de Desarrollo Judicial,
señalando el término en que deberá elaborarse el plan, el órgano
responsable, la participación del Congreso Local, así como su difusión
a la población, entre otros aspectos, siendo importante enfatizar para
efectos de esta iniciativa sobre el plazo para emitir el Plan y su
presentación al Congreso del Estado, para examen y opinión.
En cuanto al plazo para emitir el Plan de Desarrollo Judicial, este
numeral previene que el Poder Judicial deberá hacerlo cada seis
años, disposición que desde nuestra óptica no resulta totalmente
adecuada en virtud de que como todo Plan, los programas,
subprogramas, proyectos y acciones que lo componen, son
aprobados y adoptados en su mayoría con el enfoque de quienes
tienen responsabilidades de dirección y administración, en este caso,
de la vida interna del Poder Judicial, lo cual debió valorarse al
establecer la duración de dicho Plan.
Es por ello que el plazo de seis años que señala el artículo 57 de la
Constitución Local se estima inadecuado, si se advierte que el
Presidente del Tribunal Superior de Justicia, que a su vez es
Presidente del Consejo de la Judicatura, se elige por un período de
tres años conforme al artículo 63 fracción VI del mismo
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ordenamiento, razón por lo cual propongo la modificación del plazo
de seis a tres años.
Otro punto de gran importancia que es menester replantear a través
de esta iniciativa, es la remisión del Plan de Desarrollo Judicial al
Congreso para su ―examen y opinión‖, aspecto que se considera
incongruente con la intención del proceso legislativo que le dio origen
en la Constitución Local, así como violatorio al principio de autonomía
del Poder Judicial.
Como lo ha sostenido reiteradamente la Suprema Corte de Justicia de
la Nación, la autonomía es la potestad que tienen las entidades
públicas para organizar su forma de gobierno interno y ejercer con
libertad su capacidad económica y financiera, a fin de cumplir con los
objetivos estratégicos que tienen asignados.
Es en esta tesitura, como la autonomía del Poder Judicial se
manifiesta cuando a través de su Plan de Desarrollo ejerce su
potestad para planear los avances de la Institución, a través de un
proyecto que no solo muestra su situación actual, sino también el
conjunto de medidas y acciones que se deberán ejecutar para
eficientar su funcionamiento, sin que deba existir influencia o
interferencia de órgano alguno sobre su actividad y vida interna, y
que pudiera llegar a pronunciarse sobre la viabilidad y factibilidad de
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la planeación, la cual en este caso solo corresponde decidir al Poder
Judicial.
Se suma a lo anterior, que no obstante que el texto constitucional
señala en forma expresa la remisión del Plan de Desarrollo Judicial al
Congreso para su examen y opinión, debe aclararse como fue
señalado con antelación que el espíritu del legislador de ninguna
manera fue sujetar dicho plan al escrutinio de esta Soberanía.
Dentro del Dictamen No. 3 de la Comisión de Reforma de Estado, que
dictaminó varias iniciativas de reformas y adiciones a diversos
artículos de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de
Baja California, en materia de administración de justicia, el
Constituyente Local únicamente hizo referencia a la simple remisión
del Plan al Congreso del Estado, con el objeto de que ―El Plan, y los
programas que del mismo deriven, serán considerados por el
Congreso del Estado para la aprobación anual del Presupuesto de
Egresos del Poder Judicial, contándose así con mayores elementos
técnicos para la adecuada presupuestación. Asimismo, con dicho
instrumento se conocerá con mayor precisión las necesidades del
Poder Judicial que requieran ser atendidas‖.
Así, se desprende que el motivo por el cual se dispuso que el Plan de
Desarrollo Judicial se enviara al Congreso del Estado, fue que éste
órgano tuviera conocimiento sobre los programas operativos anuales,
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subprogramas, y en general, las acciones proyectadas, toda vez que
en base a ello es como el Poder Judicial deberá justificar sus
demandas presupuestales ante esta Soberanía.
Por otra parte, esta iniciativa propone reformar al artículo 65 de la
Constitución política Local toda vez que si bien es cierto su párrafo
séptimo dilucida que corresponderá al Consejo de la Judicatura
elaborar y aprobar el Plan de Desarrollo Judicial este numeral no
prevé cual será la participación que tendría el tribunal Superior de
Justicia del Estado en esta tarea, razón por la cual a efecto de dar
claridad en la forma en que intervendrá n ambos órganos se sugiere
establecer que el Plan de Desarrollo Judicial será aprobado por el
Pleno del Consejo de la Judicatura, previa consulta que realice al
pleno del tribunal Superior de Justicia.
Por lo anteriormente expuesto, y en aras de armonizar la regulación
del Plan de Desarrollo Judicial, y potenciar la autonomía de los
órganos públicos del Estado, se presenta a esta Soberanía la
siguiente iniciativa de reformas para quedar como sigue: (SIC)
INICIATIVA DE REFORMAS AL ARTÍCULO 57 DE LA CONSTITUCIÓN
POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE BAJA CALIFORNIA
PARA QUEDAR COMO SIGUE:
ARTÍCULO 57.- (….)
(….)
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H. Vigésima Legislatura Secretaría de Servicios Parlamentarios
(….)
El Poder Judicial emitirá un Plan de Desarrollo Judicial cada tres años.
El Presidente del Tribunal lo remitirá al Congreso para su
conocimiento; y a su vez lo dará a conocer a la población mediante
su publicación en el Periódico Oficial del Estado y por cualquier otro
medio que estime pertinente. Dicho Plan se elaborará, instrumentará
y evaluará en los términos que se señalan en esta Constitución y la
Ley.
(…..)
(…..)
(…..)
(…..)
(…..)
ARTÍCULO 65.- (….)
(….)
(….)
(….)
(….)
(….)
El Consejo de la Judicatura estará facultado para expedir acuerdos
generales para el adecuado ejercicio de sus funciones de
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H. Vigésima Legislatura Secretaría de Servicios Parlamentarios
conformidad con lo que establezca la ley. Así mismo le
corresponderá elaborar y aprobar el Plan de Desarrollo Judicial,
previa opinión no vinculante que realice el Pleno del Tribunal Superior
de Justicia del Estado.
(….)
(….)
ARTÍCULOS TRANSITORIOS:
PRIMERO.- Túrnese a los Ayuntamientos del Estado para el trámite
previsto por el artículo 112 de la Constitución Política del Estado Libre
y Soberano de Baja California.
SEGUNDO.- Las presentes reformas entrarán en vigor al día siguiente
al de su publicación en el Periódico Oficial del Estado.
TERCERO.- para dar eficiencia a lo dispuesto en el párrafo quinto del
artículo 57 de estas reformas, el Pleno del Consejo de la Judicatura
deberá aprobar el Plan de Desarrollo Judicial dentro de los tres meses
posteriores en que se efectué la elección del Presidente del Tribunal
Superior de Justicia, en caso de que estas reformas fueran publicadas
con posterioridad a ese momento, el citado periodo se contará a
partir de la fecha publicación de dichas reformas. (SIC)
B) INTENCIÓN DE LA INICIATIVA
La iniciativa de reforma pretende modificar parte del contenido, de
los artículos 57 y 65 de la Constitución Política del Estado Libre y
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Soberano de Baja California, en lo referente a la entrega del Plan de
Desarrollo Judicial, ante el Congreso del Estado y al público en
general, por parte del Poder Judicial del Estado Baja California, el
cual deberá de ser con una periodicidad de cada tres años, y no de
seis como actualmente y que la elaboración y aprobación que se hace
del Plan de Desarrollo Judicial sea responsable de su elaboración el
Consejo de la Judicatura.
II.- ASPECTOS PARTICULARES:
A) ANÁLISIS JURÍDICO COMPARATIVO
Con el objetivo de ilustrar la iniciativa de reforma en estudio, se
presenta el siguiente cuadro comparativo:
TEXTO VIGENTE
ARTÍCULO 57.- El Poder Judicial del
Estado se ejercerá por el Tribunal
Superior de Justicia, Tribunal de
Justicia Electoral, Juzgados de
Primera Instancia, Juzgados de Paz y
Jurados.
Contará con un Consejo de la
Judicatura, el cual ejercerá funciones
de vigilancia, disciplina, supervisión
y administración
La representación del Poder Judicial
estará a cargo del Presidente del
Tribunal Superior de Justicia del
Página 446
ARTÍCULO 57.- (…)
(…)
(…)
TEXTO
INICIATIVA

H. Vigésima Legislatura Secretaría de Servicios Parlamentarios
Estado, el cual se elegirá y
desempeñará sus funciones de
acuerdo a lo que señale la Ley.
El Presidente del Tribunal Superior
de Justicia, el segundo jueves del
mes de octubre, remitirá al Congreso
del Estado un informe general, por
escrito, del estado que guarde la
Administración de Justicia en la
entidad.
El Poder Judicial emitirá un Plan de
Desarrollo Judicial cada seis años. El
Presidente del Tribunal lo remitirá al
Congreso para su examen y opinión
en los términos de la Ley; y
posteriormente lo dará a conocer a la
población mediante su publicación en
el Periódico Oficial del Estado y por
cualquier otro medio que estime
pertinente. Dicho Plan se elaborará,
instrumentará y evaluará en los
términos que se señalan en esta
Constitución y la Ley.
Corresponde al Tribunal de Justicia
Electoral como máxima autoridad
jurisdiccional electoral estatal, y
órgano especializado del Poder
Judicial garantizar el cumplimiento
del principio de legalidad de los actos
y resoluciones electorales.
La Ley garantizará la independencia
de los Magistrados, Consejeros y
Jueces en el ejercicio de sus
funciones, así como la plena
ejecución de sus resoluciones.
La remuneración de los Magistrados,
Jueces y Consejeros de la Judicatura,
del Poder Judicial, no podrá ser
(…)
Página 447
El Poder Judicial emitirá un Plan de
Desarrollo Judicial cada tres años.
El Presidente del Tribunal lo
remitirá al Congreso para su
conocimiento; y a su vez lo dará a
conocer a la población mediante su
publicación en el Periódico Oficial
del Estado y por cualquier otro
medio que estime pertinente. Dicho
Plan se elaborará, instrumentará y
evaluará en los términos que se
señalan en esta Constitución y la
Ley.
(…)
(…)
(…)
(…)
(…)
ARTÍCULO 65.- (….)

H. Vigésima Legislatura Secretaría de Servicios Parlamentarios
disminuida durante el tiempo de su
gestión.
Los Magistrados, Jueces y
Consejeros de la Judicatura, del
Poder Judicial, no serán considerados
trabajadores para efectos de la Ley
especial de la materia.
Durante su encargo, los Magistrados,
Jueces y Consejeros de la Judicatura,
del Poder Judicial, sólo podrán ser
removidos en los términos que se
señalan en esta Constitución y la
Ley.
ARTÍCULO 65.- Los Consejeros de la
Judicatura deberán reunir los
requisitos señalados en el artículo 60
de esta Constitución, y ser personas
que se hayan distinguido por su
capacidad profesional y
administrativa, honestidad y
honorabilidad en el ejercicio de sus
actividades.
Las personas que hayan ejercido el
cargo de Consejeros en los términos
previstos en
las fracciones IV y V del artículo 64
de esta Constitución, no tendrán
derecho a ser ratificados y en ningún
caso podrán volver a ser designados
para este cargo.
El Consejo funcionará en Pleno o por
Comisiones.
Corresponderá al Consejo de la
(…)
(…)
(…)
(…)
( …)
Página 448
El Consejo de la Judicatura estará
facultado para expedir acuerdos
generales para el adecuado

H. Vigésima Legislatura Secretaría de Servicios Parlamentarios
Judicatura el desarrollo de la carrera
judicial. Al Pleno del Consejo le
corresponderá proponer al Pleno del
Tribunal Superior la designación,
adscripción, remoción y renuncia de
Jueces del Poder Judicial en los
términos de la Ley y el reglamento
respectivo. Las propuestas de
nombramiento de Jueces,
Secretarios de Acuerdos, Actuarios y
del personal jurisdiccional del
Tribunal Superior de Justicia se
integrarán con quienes hayan
resultado aprobados en los
exámenes psicométricos, de
oposición y de méritos practicados
por el Consejo de la Judicatura,
conforme a la Ley y el reglamento
respectivo. Los Secretarios de
Acuerdos y Actuarios serán
seleccionados por el Juez respectivo
de entre quienes integren la lista que
le presente el Consejo. Asimismo,
resolverá los demás asuntos que la
Ley determine.
Los Consejeros ejercerán su función
con independencia e imparcialidad.
La Ley establecerá las bases para la
formación y actualización de
funcionarios, así como para el
desarrollo de la carrera judicial, la
cual se regirá por los principios de
excelencia, objetividad,
imparcialidad, profesionalismo e
independencia.
El Consejo de la Judicatura estará
facultado para expedir acuerdos
generales para el adecuado ejercicio
de sus funciones de conformidad con
lo que establezca la Ley. Asímismo le
corresponderá elaborar y aprobar el
Plan de Desarrollo Judicial en los
términos de esta Constitución y Ley.
Página 449
ejercicio de sus funciones de
conformidad con lo que establezca
la ley. Asimismo le corresponderá
elaborar y aprobar el Plan de
Desarrollo Judicial, previa opinión
no vinculante que realice el Pleno
del Tribunal Superior de Justicia del
Estado.
(...)
(…)

H. Vigésima Legislatura Secretaría de Servicios Parlamentarios
Las resoluciones del Consejo serán
definitivas e inatacables y, por lo
tanto, no procederá recurso ni juicio
alguno, en contra de ellas.
El Consejo de la Judicatura del
Estado elaborará el proyecto de
presupuesto global
del Poder Judicial, que comprenderá
el del Tribunal Superior de Justicia y
del Tribunal de Justicia Electoral, de
los Juzgados y demás órganos
judiciales; será elaborado por grupos
y partidas presupuestales, y remitido
por conducto de su presidente al
titular del Poder Ejecutivo del Estado
para el su inclusión en el Proyecto
del Presupuesto de Egresos del
Estado. El proyecto del Poder Judicial
no podrá ser modificado por el titular
del Poder Ejecutivo, pero el Congreso
del Estado sí lo podrá modificar, en
los términos señalados en artículo 90
de esta Constitución. El presupuesto
estará vinculado a la aplicación del
Plan de Desarrollo Judicial.
Página 450
ARTÍCULOS TRANSITORIOS:
PRIMERO.- Túrnese a los
Ayuntamientos del Estado para el
trámite previsto por el artículo 112
de la Constitución Política del
Estado Libre y Soberano de Baja
California.
SEGUNDO.- Las presentes reformas

H. Vigésima Legislatura Secretaría de Servicios Parlamentarios
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entrarán en vigor al día siguiente al
de su publicación en el Periódico
Oficial del Estado.
TERCERO.- para dar eficiencia a lo
dispuesto en el párrafo quinto del
artículo 57 de estas reformas, el
Pleno del Consejo de la Judicatura
deberá aprobar el Plan de
Desarrollo Judicial dentro de los
tres meses posteriores en que se
efectué la elección del Presidente
del Tribunal Superior de Justicia, en
caso de que estas reformas fueran
publicadas con posterioridad a ese
momento, el citado periodo se
contará a partir de la fecha
publicación de dichas reformas.
B) MARCO JURÍDICO
Para efecto de determinar si la iniciativa objeto del presente dictamen
es procedente o improcedente, entraremos a estudiar y analizar los
ordenamientos legales aplicables al caso en concreto, mismos que se
transcriben para su mayor comprensión e ilustración:
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS.
ARTÍCULO 39. La soberanía nacional reside esencial y
originariamente en el pueblo. Todo poder público dimana del pueblo
y se instituye para beneficio de éste. El pueblo tiene en todo tiempo
el inalienable derecho de alterar o modificar la forma de su gobierno.
ARTÍCULO 40. Es voluntad del pueblo mexicano constituirse en una
República representativa, democrática, federal, compuesta de
Estados libres y soberanos en todo lo concerniente a su régimen

H. Vigésima Legislatura Secretaría de Servicios Parlamentarios
interior; pero unidos en una federación establecida según los
principios de esta ley fundamental.
ARTÍCULO 116. El poder público de los estados se dividirá, para su
ejercicio, en Ejecutivo, Legislativo y Judicial, y no podrán reunirse dos
o más de estos poderes en una sola persona o corporación, ni
depositarse el legislativo en un solo individuo.
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE
BAJA CALIFORNIA.
ARTÍCULO 57.- El Poder Judicial del Estado se ejercerá por el
Tribunal Superior de Justicia, Tribunal de Justicia Electoral, Juzgados
de Primera Instancia, Juzgados de Paz y Jurados.
Contará con un Consejo de la Judicatura, el cual ejercerá funciones
de vigilancia, disciplina, supervisión y administración
La representación del Poder Judicial estará a cargo del Presidente del
Tribunal Superior de Justicia del Estado, el cual se elegirá y
desempeñará sus funciones de acuerdo a lo que señale la Ley.
El Presidente del Tribunal Superior de Justicia, el segundo jueves del
mes de octubre, remitirá al Congreso del Estado un informe general,
por escrito, del estado que guarde la Administración de Justicia en la
entidad.
El Poder Judicial emitirá un Plan de Desarrollo Judicial cada seis años.
El Presidente del Tribunal lo remitirá al Congreso para su examen y
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opinión en los términos de la Ley; y posteriormente lo dará a conocer
a la población mediante su publicación en el Periódico Oficial del
Estado y por cualquier otro medio que estime pertinente. Dicho Plan
se elaborará, instrumentará y evaluará en los términos que se
señalan en esta Constitución y la Ley.
Corresponde al Tribunal de Justicia Electoral como máxima autoridad
jurisdiccional electoral estatal, y órgano especializado del Poder
Judicial garantizar el cumplimiento del principio de legalidad de los
actos y resoluciones electorales.
La Ley garantizará la independencia de los Magistrados, Consejeros y
Jueces en el ejercicio de sus funciones, así como la plena ejecución
de sus resoluciones.
La remuneración de los Magistrados, Jueces y Consejeros de la
Judicatura, del Poder Judicial, no podrá ser disminuida durante el
tiempo de su gestión.
Los Magistrados, Jueces y Consejeros de la Judicatura, del Poder
Judicial, no serán considerados trabajadores para efectos de la Ley
especial de la materia.
Durante su encargo, los Magistrados, Jueces y Consejeros de la
Judicatura, del Poder Judicial, sólo podrán ser removidos en los
términos que se señalan en esta Constitución y la Ley…
―…ARTÍCULO 63.- Corresponde al Pleno del Tribunal Superior de
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Justicia:
De la fracción I a la V.- (…)
VI.- Designar para un periodo de tres años, a uno de sus miembros
como Presidente, pudiendo ser reelecto por otro periodo de tres años
más;
ARTÍCULO 65.- Los Consejeros de la Judicatura deberán reunir los
requisitos señalados en el artículo 60 de esta Constitución, y ser
personas que se hayan distinguido por su capacidad profesional y
administrativa, honestidad y honorabilidad en el ejercicio de sus
actividades.
Las personas que hayan ejercido el cargo de Consejeros en los
términos previstos en las fracciones IV y V del artículo 64 de esta
Constitución, no tendrán derecho a ser ratificados y en ningún caso
podrán volver a ser designados para este cargo.
El Consejo funcionará en Pleno o por Comisiones.
Corresponderá al Consejo de la Judicatura el desarrollo de la carrera
judicial. Al Pleno del Consejo le corresponderá proponer al Pleno del
Tribunal Superior la designación, adscripción, remoción y renuncia
de Jueces del Poder Judicial en los términos de la Ley y el
reglamento respectivo. Las propuestas de nombramiento de Jueces,
Secretarios de Acuerdos, Actuarios y del personal jurisdiccional del
Tribunal Superior de Justicia se integrarán con quienes hayan
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resultado aprobados en los exámenes psicométricos, de oposición y
de méritos practicados por el Consejo de la Judicatura, conforme a la
Ley y el reglamento respectivo. Los Secretarios de Acuerdos y
Actuarios serán seleccionados por el Juez respectivo de entre quienes
integren la lista que le presente el Consejo. Asimismo, resolverá los
demás asuntos que la Ley determine.
Los Consejeros ejercerán su función con independencia e
imparcialidad.
La Ley establecerá las bases para la formación y actualización de
funcionarios, así como para el desarrollo de la carrera judicial, la cual
se regirá por los principios de excelencia, objetividad, imparcialidad,
profesionalismo e independencia.
El Consejo de la Judicatura estará facultado para expedir acuerdos
generales para el adecuado ejercicio de sus funciones de
conformidad con lo que establezca la Ley. Asimismo le corresponderá
elaborar y aprobar el Plan de Desarrollo Judicial en los términos de
esta Constitución y Ley.
Las resoluciones del Consejo serán definitivas e inatacables y, por lo
tanto, no procederá recurso ni juicio alguno, en contra de ellas.
El Consejo de la Judicatura del Estado elaborará el proyecto de
presupuesto global del Poder Judicial, que comprenderá el del
Tribunal Superior de Justicia y del Tribunal de Justicia Electoral, de
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los Juzgados y demás órganos judiciales; será elaborado por grupos y
partidas presupuestales, y remitido por conducto de su presidente al
titular del Poder Ejecutivo del Estado para el su inclusión en el
Proyecto del Presupuesto de Egresos del Estado. El proyecto del
Poder Judicial no podrá ser modificado por el titular del Poder
Ejecutivo, pero el Congreso del Estado sí lo podrá modificar, en los
términos señalados en artículo 90 de esta Constitución. El
presupuesto estará vinculado a la aplicación del Plan de Desarrollo
Judicial…‖.
LEY ORGÁNICA DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE BAJA
CALIFORNIA.
―…ARTÍCULO 2.- Son órganos jurisdiccionales del Poder Judicial.
I.- El Tribunal Superior de Justicia, actuando en Pleno o en Salas;
II.- Los Juzgados de Primera Instancia en Materia Civil;
III.- Los Juzgados de primera Instancia en Materia Familiar;
IV.- Los Juzgados de Primera Instancia del Ramo Penal;
V.- Los Juzgados de Primera Instancia Especializados para
Adolescentes.
VI.- Los Juzgados de Paz, y
VII.- Tribunal de Justicia Electoral, actuando en Pleno o en Salas.
Los órganos del Poder Judicial del Estado, funcionarán de
modo permanente e ininterrumpido durante cada año de actividades.
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El Consejo de la Judicatura dictará las medidas correspondientes para
la organización permanente de las actividades de los juzgados de
conformidad con el Título Decimoprimero de esta Ley…
ARTÍCULO 38.- El Presidente del Tribunal Superior de Justicia, será
nombrado por el Pleno entre los Magistrados Numerarios, en votación
secreta y escrutinio público, y en la primera sesión que se celebre
durante el mes de noviembre de cada año. Durará en su cargo tres
años y podrá ser reelecto para un periodo consecutivo por una sola
ocasión.
El Magistrado que habiendo sido reelecto cumpliera con el término de
tres años, pasado un periodo de tres años posterior a aquel
momento, podrá volver a ser electo Presidente del Tribunal Superior
de Justicia en términos del párrafo anterior. El Presidente del Tribunal
Superior de Justicia, será nombrado por el Pleno entre los
Magistrados Numerarios, en votación secreta y escrutinio público, y
en la primera sesión que se celebre durante el mes de noviembre de
cada año. Durará en su cargo tres años y podrá ser reelecto para un
periodo consecutivo por una sola ocasión.
El Magistrado que habiendo sido reelecto cumpliera con el término de
tres años, pasado un periodo de tres años posterior a aquel
momento, podrá volver a ser electo Presidente del Tribunal Superior
de Justicia en términos del párrafo anterior.
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ARTÍCULO 39.- Corresponde al Presidente del Tribunal Superior:
I.- Vigilar que la Administración de Justicia sea pronta, completa e
imparcial para cuyo efecto, dictará las providencias que fueren
necesarias y oportunas.
II.- Representar al Tribunal Superior en los actos oficiales.
III.- Dar cuenta al Pleno de los actos que lleve a cabo en el ejercicio
de sus funciones.
IV.- Vigilar la publicación del Boletín Judicial.
V.- Tramitar, auxiliado por el Secretario General de Acuerdos, todos
los asuntos de la competencia del Pleno, hasta ponerlos en estado de
resolución.
VI.- Distribuir los asuntos a cada una de las Salas, así como designar
en los negocios civiles al magistrado ponente, a quien corresponda
formular el proyecto de resolución, como mejor convenga a la buena
marcha del Tribunal, por riguroso turno.
VII.- Llevar la correspondencia del Tribunal Superior.
VIII.- Comunicar al Consejo de la Judicatura las faltas temporales y
absolutas de los magistrados.
IX.- Poner en conocimiento del Pleno del Consejo de la Judicatura las
faltas temporales y absolutas de los servidores del poder judicial,
para que obre con arreglo a sus atribuciones.
X.- Remitir al Juez correspondiente los exhortos, rogatorias,
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suplicatorias, requisitorias y despachos, de acuerdo con el turno que
al efecto se lleve.
XI.- Conceder diariamente audiencia al público.
XII.- Llevar el turno de los Magistrados Propietarios que se excusen
de conocer de alguno de los negocios de su competencia, o sean
recusados, para hacer las designaciones de suplencia.
XIII.- Rendir informe anual ante el Pleno del Tribunal Superior de
Justicia y ante el Pleno del Consejo de la Judicatura sobre las
actividades desarrolladas por el Poder Judicial, relativas a la
administración de justicia…
ARTÍCULO 155.- La Administración, Vigilancia, Disciplina y Carrera
Judicial del Poder Judicial del Estado, estará a cargo del Consejo de la
Judicatura de la Entidad, en los términos que establece la
Constitución Política del Estado y ésta ley.
El Consejo de la Judicatura del Estado velará, en todo momento, por
la autonomía de los Organos del Poder Judicial del Estado y por la
independencia e imparcialidad de los miembros de éste último.
ARTÍCULO 156.- El Consejo de la Judicatura, se integrará por siete
Consejeros, en los términos de las fracciones I, II, III, IV y V del
artículo 64 de la Constitución Local y funcionará en Pleno o a través
de Comisiones, además contará con un Secretario General…
ARTÍCULO 157.- El Pleno del Consejo de la Judicatura, aprobará
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durante la primera sesión del año a propuesta de su Presidente, su
calendario anual de actividades colegiadas.
ARTÍCULO 158.- El Consejo de la Judicatura del Estado, estará
presidido por el presidente del Tribunal Superior de Justicia, quien
también lo será del Consejo y ejercerá las atribuciones que le
confiere ésta Ley…‖
C) ANÁLISIS DE LA INICIATIVA
Como anteriormente se expuso, la presente iniciativa de
reforma pretende modificar parte del contenido de los preceptos
legales 57 y 65 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano
de Baja California.
Uno de los objetivos en esta iniciativa es modificar el párrafo
cuarto del numeral 57 de la Constitución Local, a efecto de que la
entrega del Plan de Desarrollo Judicial, ante el Congreso del Estado
sea solo para conocimiento, sin examen y opinión y al público en
general, por parte del Poder Judicial de Baja California, se haga cada
tres años, y no de seis como actualmente se contempla; ello acorde a
lo establecido por el artículo 63 fracción VI de la misma legislación,
en donde se contempla el periodo de funciones del Presidente de
dicho Tribunal.
Tal y como señalan los inicialistas, como consecuencia de las
reformas a la Constitución Local en materia de administración de
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justicia, publicadas con fecha 2 de febrero de 2007 en el Periódico
Oficial del Estado, se estableció que el Poder Judicial del Estado
emitirá un Plan de Desarrollo Judicial, el cual es un instrumento que
tiene por objeto que dicha institución planifique en forma racional y
razonablemente su crecimiento y fortalecimiento, como resultado de
un análisis que permita conocer el estado que guarda la
administración de justicia en Baja California, en cual se basará la
dirección y realización de las acciones que resulten necesarias en
beneficio de la sociedad.
En el contenido del artículo 57 cuarto párrafo de la
Constitución Bajacaliforniana, establece la creación del Plan de
Desarrollo Judicial, señalando el término en que deberá elaborarse el
Plan, el órgano responsable de emitirlo, la participación del Congreso
Local, así como su difusión a la población.
Respecto del plazo para la emisión de dicho Plan y la
presentación al Congreso del Estado, para examen y opinión, versa la
propuesta de reforma que nos ocupa, ya que en dicho plazo se
establece que el Poder Judicial, deberá de entregar el Plan de
Desarrollo Judicial cada seis años; lo anterior resulta incongruente
con el periodo de gestión el Presidente del Tribunal Judicial,
igualmente titular del Consejo de la Judicatura, órgano encargado de
hacer la entrega del citado Plan.
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Conforme al artículo 63 fracción VI de la Constitución Local, si
se advierte que el Presidente del Tribunal Superior de Justicia, que a
su vez es Presidente del Consejo de la Judicatura, se elige por un
período de tres años, motivo por lo cual se propone por los inicialistas
la modificación del plazo de seis a tres años, en congruencia y
correlación al contenido del numeral antes invocado que a su vez se
transcribe:
ARTÍCULO 63.- Corresponde al Pleno del Tribunal Superior de
Justicia:
De la fracción I a la V.- (…)
VI.- Designar para un periodo de tres años, a uno de sus miembros
como Presidente, pudiendo ser reelecto por otro periodo de tres años
más;
Lo anterior, en virtud de que como los programas,
subprogramas, proyectos y acciones que integran dicho Plan de
Desarrollo, sean aprobados y adoptados en su mayoría por quienes
tienen responsabilidades de dirección y administración, dentro de la
vida interna del Poder Judicial, y ante el cambio de dirección cada
tres años, aún con la posibilidad de una reelección por un periodo
más del Presidente, debe de existir la posibilidad de modificar el Plan
con base a las nuevas o cambiantes necesidades en la institución y
en el Estado.
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Cabe hacer mención respecto al punto que señalan los
inicialistas en cuanto al examen y opinión del Congreso del Estado del
Plan de Desarrollo Judicial, que la misma es sin demeritar o invadir la
autonomía del Poder Judicial, quien en dicho documento manifiesta
ejerciendo su facultad de dirección para plantear los avances del
Organismo Judicial. El fin es que el Congreso tenga conocimiento
sobre los programas de la Institución, de esta forma el Poder Judicial
justifica las demandas presupuestales ante esta Autoridad.
Por otra parte, la iniciativa de reforma en estudio pretende
modificar el artículo 65 de la Constitución Política Local,
concretamente en el párrafo séptimo, a fin de que la elaboración y
aprobación que se hace del Plan de Desarrollo Judicial por parte del
Consejo de la Judicatura, contemple la opinión del Pleno del Tribunal
Superior de Justicia del Estado y en base jurídica se trascribe el
artículo 155 ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Baja
California:
ARTÍCULO 155.- La Administración, Vigilancia, Disciplina y Carrera
Judicial del Poder Judicial del Estado, estará a cargo del Consejo de la
Judicatura de la Entidad, en los términos que establece la
Constitución Política del Estado y ésta ley.
El Consejo de la Judicatura del Estado velará, en todo momento, por
la autonomía de los Órganos del Poder Judicial del Estado y por la
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independencia e imparcialidad de los miembros de éste último.
De acuerdo con los inicialistas, dicha opinión no sería de carácter
vinculante, es decir, que en ningún momento dicha opinión interferirá
con su emisión; lo anterior, debido a que la finalidad de está opinión
es dar claridad a la forma en que ambos órganos dirigirán sus pasos
para el correcto desarrollo del Plan Judicial; por lo que previa entrega
al Congreso, se realizará la consulta del mismo al Pleno del Tribunal
Superior de Justicia, se suma a lo anterior, que no obstante que el
texto constitucional señala en forma expresa la remisión del Plan de
Desarrollo Judicial al Congreso para su examen y opinión, debe
aclararse como fue señalado con antelación que el espíritu del
legislador de ninguna manera fue sujetar dicho plan al escrutinio de
esta Soberanía.
Como se advierte, la propuesta no transgrede precepto legal
alguno, por el contrario permitirá una visión más amplia al personal
que integra el Poder Judicial, la forma de trabajar y las espectativas
de desarrollo que se pretenden alcanzar dentro de los tres años
siguientes a la realización del documento en cita, de lo anterior, se
desprende que en la iniciativa en estudio, no se encontraron
elementos que pudieran ser contradictorios o violatorios con el orden
jurídico establecido en la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos y en la Constitución Política del Estado Libre y Soberano
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de Baja California, en tal virtud, la reforma propuesta a los artículos
57 y 65 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de
Baja California, resulta jurídicamente PROCEDENTE, por las
consideraciones anteriormente vertidas en el cuerpo del presente
instrumento.
CONSIDERANDOS
PRIMERO.- Que es facultad del Congreso del Estado, resolver sobre
las iniciativas de Ley, Iniciativas con Proyecto de Decreto y
Proposición con Punto de Acuerdo presentados por los Diputados de
conformidad a lo señalado en el artículo 27 de la Constitución Política
del Estado Libre y Soberano de Baja California.
SEGUNDO.- Que toda iniciativa de reforma presentada a esta
Honorable Asamblea, debe reunir los requisitos de fondo que
previene el artículo 117 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del
Estado de Baja California.
TERCERO.- Que dentro de las atribuciones de la Comisión de
Gobernación, Legislación y Puntos Constitucionales, se encuentra las
referentes al conocimiento, estudio y dictamen de las modificaciones,
reformas, adiciones, derogaciones o abrogaciones de la Constitución
Local y de las Leyes Ordinarias del Estado, acorde a lo previsto por el
artículo 56 numeral 8, 62 fracción I, de la Ley Orgánica del Poder
Legislativo del Estado.
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CUARTO.- Que en tal virtud, las facultades que no estén
expresamente otorgadas por nuestra Carta Magna a los funcionarios
federales, se entienden reservadas a los Estados, conforme a lo
establecido por el artículo 124 del ordenamiento citado, por lo cual se
entiende, que los Estados conservan todo el poder no delegado al
gobierno federal por la Constitución, por lo que la Legislatura del
Estado Libre y Soberano de Baja California está facultad para expedir
leyes sobre el ámbito de su competencia.
QUINTO.- Que la iniciativa en estudio pretende reformar los artículos
57 y 65 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de
Baja California, resulta admisible, viable, lo anterior, en virtud de que
el párrafo quinto del numeral 57 de la Constitución Local, en el que
se establece el plazo de entrega del Plan de Desarrollo Judicial, ante
el Congreso del Estado y al público en general, por parte del Poder
Judicial de Baja California, se haga cada tres años, y no de seis como
actualmente se contempla; ello acorde a lo establecido por el artículo
63 fracción VI de la misma legislación, en donde se contempla el
periodo de funciones del Presidente de dicho Tribunal, que es de tres
años pudiendo ser reelecto por otro periodo de tres años más.
SEXTO.- Con la finalidad de dar una continuidad lógica y congruente
a los programas, subprogramas, proyectos y acciones que integran
dicho Plan de Desarrollo, y que sean aprobados y adoptados en su
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mayoría por quienes tienen responsabilidades de dirección y
administración, dentro de la vida interna del Poder Judicial.
SÉPTIMO.- En otro aspecto, la reforma del artículo 65 de la
Constitución Política Local, concretamente para que en la elaboración
y aprobación que se hace del Plan de Desarrollo Judicial por parte del
Consejo de la Judicatura, se contemple la opinión no vinculante del
Pleno del Tribunal Superior de Justicia del Estado. Esto significa que
dicha opinión unifique el trabajo de ambos órganos, pero no que la
entrega del Plan de Desarrollo Judicial, dependa la entrega del mismo
al Congreso del Estado, el artículo 155 de la Ley Orgánica del Poder
Judicial del Estado de Baja California el cual establece, El Consejo de
la Judicatura del Estado velará, en todo momento, por la autonomía
de los Órganos del Poder Judicial del Estado y por la independencia e
imparcialidad de los miembros de éste último, se resuelve que las
reforma propuesta por los inicialistas es PROCEDENTE, por los
argumentos vertidos con anterioridad en el cuerpo de este
instrumento.
OCTAVO.- De lo anterior, se desprende que en la iniciativa en
estudio, no se encontraron elementos que pudieran ser
contradictorios o violatorios con el orden jurídico establecido en la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la
Constitución Política del Estado de Baja California, en tal virtud, la
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reforma propuesta a la Constitución Política del Estado Libre y
Soberano de Baja California, resulta jurídicamente procedente, por
las consideraciones anteriormente vertidas en el cuerpo del presente
dictamen.
NOVENO.- Que el presente dictamen fue aprobado por 4 votos a
favor de los Diputados integrantes de la Comisión de Gobernación,
Legislación y Puntos Constitucionales siendo los siguientes
DIPUTADOS: JUAN BAUTISTA MONTEJANO DE LA TORRE, RICARDO
MAGAÑA MOSQUEDA, JULIO FELIPE GARCÍA MUÑOZ Y RUBÉN
FERNÁNDEZ GONSÁLEZ.
Por lo anteriormente expuesto, se somete a la consideración del Pleno de la XX
Legislatura de Baja California, el siguiente punto:
RESOLUTIVO
ÚNICO.- Se aprueban las reformas a los artículos 57 y 65 de la Constitución
Política del Estado Libre y Soberano de Baja California, para quedar como
sigue:
ARTÍCULO 57.- (…)
(…)
(…)
(…)
El Poder Judicial emitirá un Plan de Desarrollo Judicial cada tres años. El
Presidente del Tribunal lo remitirá al Congreso para su conocimiento; y a su
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vez lo dará a conocer a la población mediante su publicación en el Periódico
Oficial del Estado y por cualquier otro medio que estime pertinente. Dicho Plan
se elaborará, instrumentará y evaluará en los términos que se señalan en esta
Constitución y la Ley.
(…)
(…)
(…)
(…)
(…)
ARTÍCULO 65.- (…)
(…)
(…)
(…)
(…)
(…)
El Consejo de la Judicatura estará facultado para expedir acuerdos generales
para el adecuado ejercicio de sus funciones de conformidad con lo que
establezca la ley. Asimismo le corresponderá elaborar y aprobar el Plan de
Desarrollo Judicial, previa opinión no vinculante que realice el Pleno del
Tribunal Superior de Justicia del Estado.
(...)
(…)
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ARTÍCULOS TRANSITORIOS:
PRIMERO.- Túrnese a los Ayuntamientos del Estado para el trámite previsto
por el artículo 112 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de
Baja California.
SEGUNDO.- Las presentes reformas entrarán en vigor al día siguiente de su
publicación en el Periódico Oficial del Estado.
TERCERO.- Para dar eficiencia a lo dispuesto en el párrafo cuarto del artículo
57 de estas reformas, el Pleno del Consejo de la Judicatura deberá aprobar el
Plan de Desarrollo Judicial dentro de los tres meses posteriores en que se
efectué la elección del Presidente del Tribunal Superior de Justicia, en caso de
que estas reformas fueran publicadas con posterioridad a ese momento, el
citado periodo se contará a partir de la fecha publicación de dichas reformas.
Dado en el salón de Comisiones ―Dr. Francisco Dueñas Montes‖ del H. Poder
Legislativo en la ciudad de Mexicali, Baja California, a los 11 días del mes de
Junio del año 2012. Es cuanto Presidente.
- EL C. PRESIDENTE: Muchas gracias Diputado; con base a lo que establece el
artículo 127 de la Ley Orgánica de este Congreso, se declara abierto el debate
del dictamen No, 76 de la Comisión de Gobernación, Legislación y Puntos
Constitucionales, y con relación a lo que establece el artículo 128 de la Ley
Orgánica de este Congreso, se pregunta a los y las Diputadas que deseen
enlistarse para participar en pro y en contra del presente dictamen lo hagan
saber levantando su mano, de no ser así, solicito al Diputado Vicepresidente
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H. Vigésima Legislatura Secretaría de Servicios Parlamentarios
nos apoye y someta a votación nominal el dictamen No. 76 de la Comisión de
Gobernación, Legislación, y Puntos Constitucionales.
- EL C. SECRETARIO ESCRUTADOR EN FUNCIONES, DIP. MARCO ANTONIO
VIZCARRA CALDERÓN: Iniciamos con el Diputado Juan Vargas.
- Vargas Rodríguez Juan, a favor.
- Agatón Muñiz Claudia Josefina, a favor.
- Galarza Villarino Arcelia, a favor.
- Carranza Hernández Gregorio, a favor.
- García Muñoz Julio Felipe, a favor.
- Dado Alatorre Laurencio, a favor.
- Lozano Pérez David Jorge, a favor.
- Murguía Mejía Carlos, a favor.
- Magaña Mosqueda Ricardo, a favor.
- Montejano de la Torre Juan Bautista, a favor.
- Soto Agüero Elisa Rosana, a favor.
- Sánchez Arredondo Nancy Guadalupe, a favor.
- Barreto Luna Gregorio, a favor.
- Topete Robles Elí, a favor.
- Navarro Gutiérrez Víctor Hugo, a favor.
- García López José Máximo, a favor.
- Alanís Quintero Rubén, a favor.
- Magallanes Cortés Gustavo, a favor.
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- Rodríguez Rubio María del Rosario, a favor.
- EL C. SECRETARIO ESCRUTADOR EN FUNCIONES, DIP. MARCO ANTONIO
VIZCARRA CALDERÓN: ¿Falta algún Diputado por votar? Procedemos con la
mesa directiva.
- Noriega Ríos Virginia, a favor.
- Zárate Zepeda Fausto, a favor.
- Vizcarra Calderón Marco Antonio, a favor.
- Garzón Zatarain Alfonso, a favor.
- EL C. SECRETARIO ESCRUTADOR EN FUNCIONES, DIP. MARCO ANTONIO
VIZCARRA CALDERÓN: Le informo que son veintidós votos a favor,
Presidente.
- EL C. PRESIDENTE: Muy bien; con 22 votos a favor, se declara aprobado en
lo general y en lo particular, el Dictamen número 76 de la Comisión de
Gobernación, Legislación y Puntos Constitucionales leído por el señor Diputado
Juan Bautista Montejano de la Torre. Dado en el Salón de Sesiones ―Licenciado
Benito Juárez García‖, del Poder Legislativo del Estado de Baja California en
sesión ordinaria de la Honorable Vigésima Legislatura del Congreso del Estado
a los cinco días del mes de julio del año 2012; damos, continuamos con el
apartado de: ―dictámenes‖, y damos a continuación la palabra al señor
Diputado David Jorge Lozano Pérez, quien dará lectura al dictamen No. 08 de
la Comisión de Desarrollo Metropolitano, Conurbación, Infraestructura,
Comunicaciones y Transportes; adelante señor Diputado.
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H. Vigésima Legislatura Secretaría de Servicios Parlamentarios
- EL C. DIP. LOZANO PÉREZ: Gracias Diputado Presidente. COMISIÓN DE
DESARROLLO METROPOLITANO, CONURBACIÓN, INFRAESTRUCTURA,
COMUNICACIONES Y TRANSPORTE. DICTÁMEN No 8. HONORABLE
ASAMBLEA: La Comisión de Desarrollo Metropolitano, Conurbación,
Infraestructura, Comunicaciones y Transporte recibió para su estudio,
análisis y dictaminación, la INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE
REFORMA Y ADICIONA LOS ARTÍCULOS 42 Y 51 BIS DE LA LEY DEL
INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS
TRABAJADORES; Y REFORMA EL ARTÍCULO 71 DE LEY DE VIVIENDA
presentada por los C. C. DIPUTADOS JULIO FELIPE GARCÍA MUÑOZ,
MARCO ANTONIO VIZCARRA CALDERÓN, NANCY GUADALUPE SÁNCHEZ
ARREDONDO, VIRGINIA NORIEGA RÍOS, VÍCTOR HUGO NAVARRO
GUTIÉRREZ, JUAN VARGAS RODRÍGUEZ, FAUSTO ZÁRATE ZEPEDA,
LAURENCIO DADO ALATORRE, ALFONSO GARZÓN ZATARAÍN, ROSANA
SOTO AGÜERO, JUAN BAUTISTA MONTEJANO DE LA TORRE, ELÍ TOPETE
ROBLES, DAVID LOZANO PÉREZ, CARLOS MURGUÍA MEJÍA, GREGORIO
BARRETO LUNA Y CLAUDIA JOSEFINA AGATÓN, integrantes del Grupo
parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, del Partido Verde
Ecologista de México, del Partido Estatal de Baja California y Partido del
Trabajo, presentada con fecha 29 de Noviembre de 2011 ante el Pleno del
Honorable Congreso del Estado.
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H. Vigésima Legislatura Secretaría de Servicios Parlamentarios
Esta Comisión en uso de las facultades que le conceden en su ejercicio los
artículos 27 fracción II, 28 y 29 de la Constitución Política del Estado Libre y
Soberano de Baja California y los artículos 55, 56 numeral 9, 60, f), 77 TER,
110 fracción I, 115 fracción I, 116, 117, 118, 120, 122, 123, 124 y demás
relativos de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Baja
California, realiza el presente dictamen con base en los siguientes:
ANTECEDENTES
I.- Con fecha 29 de Noviembre de 2011, los Diputados ya
mencionados en el proemio del presente dictamen, presentaron
ante el Pleno del Honorable Congreso del Estado, la iniciativa que
ahora se dictamina y que pretende reformar los artículos 42 y 51
BIS de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para
los Trabajadores; y reforma el artículo 71 de Ley de Vivienda, a fin
de que a los desarrolladores urbanos se les obligue a que la
superficie construida de la vivienda de interés social sea de cuando
menos de 80 metros cuadrados.
II.- Presentada la iniciativa en comento, la Presidencia de la Mesa
Directiva de este Poder Legislativo, de conformidad con la facultad
conferida por el artículo 50, fracción II 55, 56 numeral 9, inciso f
de la Ley Orgánica de este Congreso, turnó a la Comisión de
Desarrollo Metropolitano, Conurbación, Infraestructura,
Comunicaciones y Transportes el documento de referencia
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H. Vigésima Legislatura Secretaría de Servicios Parlamentarios
mediante oficio con número 004630 de fecha 29 de Noviembre de
2011.
III.- Mediante oficio número SSP-CES/386/2011 de fecha 1 de
Diciembre de 2011, la Secretaría de Servicios Parlamentarios turnó
a la Dirección General de Consultoría Legislativa la iniciativa en
comento para su análisis y estudio en cumplimiento a lo dispuesto
en el artículo 63 de la Ley Orgánica antes citada.
IV.- En atención a la solicitud descrita en el párrafo anterior, y con
fundamento en el artículo 77 TER, de la Ley Orgánica del Poder
Legislativo del Estado, la Dirección General de Consultoría
Legislativa, remitió el proyecto correspondiente al estudio y análisis
de la iniciativa de referencia a la Secretaría de Servicios
Parlamentarios mediante, oficio DGCL/542011 de fecha 12 de junio
de 2012.
De esta forma, en su oportunidad y seguido el proceso legislativo
en todas sus etapas, esta Comisión suscribe el presente Dictamen,
bajo los siguientes términos:
ESTUDIO Y ANÁLISIS
I.- ASPECTOS GENERALES:
C) DE LA EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
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Desde siempre, la vivienda ha tenido para el hombre una
importancia excepciona, pues representa la principal fuente de
seguridad personal.
El derecho a la vivienda tiene en nuestro país profundas raíces
históricas. La Revolución Mexicana llevaba en sus demandas el
derecho a la vivienda digna. La Constitución de 1917, en su
artículo 123, fracción XII, estableció la obligación de los patrones
de proporcionar a sus trabajadores viviendas cómodas e
higiénicas.
Durante la administración actual del Presidente de la Republica ha
otorgado 2 millones de créditos, donde el mandatario sostiene
que actualmente las personas tienen la libertad de elegir donde
vivir; Desafortunadamente, estas declaraciones atañen
parcialmente a la realidad que viven millones de mexicanos, pues
si bien es cierto que hoy en día son libres de elegir el lugar donde
vivir, también lo es que sus opciones son reducidas al no contar
con los recursos suficientes y por lo regular deben recurrir a la
vivienda de interés social.
Cabe mencionar que el tamaño de la actual vivienda de interés
social es muy reducido y el costo por metro cuadrado es muy alto,
por lo que en lugar de ser generador de bienestar se ha convertido
en deterioro social.
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El INFONAVIT es un organismo estratégico y de interés Nacional
para atender el derecho social de la vivienda.
De acuerdo a lo anterior, si queremos construir realmente un
―derecho a la vivienda digna y decorosa‖, es necesario un
importante esfuerzo por concebir de manera distinta a los
derechos de contenido económico, social y cultural, así como una
importante labor legislativa para dotarlos de contenido y constituir
sus mecanismos propios de defensa, los que forzosamente han de
pasar por una más amplia participación democrática y más
estrictos y transparentes controles de la actividad pública.
El Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los
Trabajadores (INFONAVIT) es un organismo del Estado, que a lo
largo de estos últimos años ha sido el principal impulsor de la
construcción de la vivienda para que los trabajadores cuenten con
un hogar, mediante el otorgamiento de créditos, producto del
esfuerzo de los mismos trabajadores y del Estado.
No obstante la gran cantidad de trabajadores que se han visto
beneficiados desde la creación de esta institución con un crédito,
es claro que el esfuerzo ha sido insuficiente para que el trabajador
mexicano vea satisfecha sus necesidades de vivienda, por lo que
se han venido diseñando diversas medidas encaminadas a
encausar los esfuerzos de los sectores público, social y privado
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para que todos los trabajadores cuenten con inmueble, lo cual
debe de ser digno y decoroso.
De acuerdo al pacto Internacional de los Derechos Económicos,
Sociales y Culturales promovido por la Organización de las
Naciones Unidas obliga al gobierno de nuestro país a tutelar el
derecho a una vivienda adecuada.
El sustento constitucional es el consagrado en el numeral 123,
fracción XII, de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, donde establece que los patrones están obligados "…a
proporcionar a los trabajadores habitaciones cómodas e
higiénicas". Donde, con base en la misma disposición, "las
empresas deberán hacer aportaciones a un Fondo Nacional de la
Vivienda a fin de constituir depósitos en favor de sus trabajadores
y establecer un sistema de financiamiento que permita otorgarles
créditos baratos y suficientes para que adquieran en propiedad
tales habitaciones".
La presente iniciativa tiene como eje rector que al momento de
que derechohabiente le otorguen su crédito del INFONAVIT,
ejerza el derecho que le confiere nuestra carta magna en su
artículo cuarto, donde mandata que ―toda familia tiene derecho a
disfrutar de una vivienda digna y decorosa. La Ley establecerá los
instrumentos y apoyos necesarios a fin de alcanzar tal objetivo‖, es
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por ello que se pretende regular a todos aquellos desarrolladores
urbanos para que tengan la imperiosa necesidad de que en base a
lo estipulado en nuestra Constitución Federal, se construyan
viviendas de interés social de cuando menos con una superficie de
80 metros cuadrados, toda vez que existen diferentes desarrollos
urbanos en donde, la mayoría de las viviendas cuentan con tan
solo 30 metros cuadrados , o poco menos de superficie construida,
lo cual resultan insuficientes para las familias de hoy en día.
Por lo anteriormente expuesto, se presenta iniciativa con proyecto
de decreto que reforma y adiciona diversos artículos de la Ley del
Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores,
y de la Ley de Vivienda, al tenor del siguiente proyecto de. (SIC)
DECRETO
PRIMERO.- Se adiciona párrafo tercero a la fracción I del artículo
42; se reforma el artículo 51 BIS, ambos de la Ley del Instituto del
Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, para quedar
como sigue:
Artículo 42.- Los recursos del Instituto se destinarán:
I.- (…)
(…)
En ningún caso, el Instituto otorgará el financiamiento de
realización de conjuntos habitacionales, si en sus programas no se
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cumple con el requisito de cuando menos 80 metros cuadrados de
superficie de construcción en las viviendas de interés social, el cual
debe de existir las condiciones dignas y decorosas estipuladas en
la Constitución.
II a la VI.- (…)
Artículo 51 Bis.- Los financiamientos para la construcción de
conjuntos de habitaciones para ser adquiridas por los trabajadores,
se adjudicarán a las personas que estén inscritas en el registro de
constructores que al efecto lleve el Instituto, además de cumplir
con el requisito mencionado en el artículo 42, fracción I, esto a
través de subastas públicas, mediante convocatoria para que
libremente se presenten proposiciones en sobre cerrado, que será
abierto públicamente.
(…)
SEGUNDO.- Se reforma el artículo 71 de la Ley de Vivienda, para
quedar como sigue:
Artículo 71.- Con el propósito de ofrecer calidad de vida a los
ocupantes de las viviendas, la Comisión promoverá, en
coordinación con las autoridades competentes tanto federales
como locales, que en el desarrollo de las acciones habitacionales
en sus distintas modalidades y en la utilización de recursos y
servicios asociados, se considere que las viviendas cuenten con los
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espacios habitables y de higiene suficientes en función al número
de usuarios, de acuerdo a lo previsto en el artículo 42, fracción I
de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los
Trabajadores, así también provea de los servicios de agua potable,
desalojo de aguas residuales y energía eléctrica que contribuyan a
disminuir los vectores de enfermedad, así como garantizar la
seguridad estructural y la adecuación al clima con criterios de
sustentabilidad, eficiencia energética y prevención de desastres,
utilizando preferentemente bienes y servicios normalizados.
(…)
TRANSITORIOS:
PRIMERO.- Aprobada que sea esta Iniciativa por la H.XX
Legislatura del Congreso del Estado de Baja California, remítase
formalmente al Congreso de la Unión para su trámite
correspondiente.
SEGUNDO.- La presente reforma entrará en vigor al día siguiente
de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
D) INTENCIÓN DE LA INICIATIVA
Se pretende reformar los artículos 42 y 51 BIS de la Ley del
Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores y
reformar el artículo 71 de Ley de Vivienda, a fin de que a los
desarrolladores urbanos se les obligue a que la superficie
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construida de la vivienda de interés social sea de cuando menos de
80 metros cuadrados, toda vez que existen distintos desarrollos
urbanos en donde, la mayoría de las viviendas cuentan con tan
solo 30 metros cuadrados, o poco menos de superficie construida.
II.- ASPECTOS PARTICULARES:
D) ANÁLISIS JURÍDICO COMPARATIVO
Con el objetivo de ilustrar la iniciativa de reforma en
estudio, se presenta el siguiente cuadro comparativo:
LEY DEL INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA
PARA LOS TRABAJADORES.
TEXTO VIGENTE
Artículo 42.- Los recursos del
Instituto se destinarán:
I.- En línea uno al financiamiento
de la construcción de conjuntos
de habitaciones para ser
adquiridas por los trabajadores,
mediante créditos que les otorgue
el Instituto. Estos financiamientos
sólo se concederán por concurso,
tratándose de programas
habitacionales aprobados por el
Instituto y que se ajusten a las
disposiciones aplicables en
materia de construcción.
Asimismo, el Instituto podrá
descontar a las entidades
financieras que cuenten con la
respectiva autorización emitida
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TEXTO INICIATIVA
Artículo 42.- Los recursos del
Instituto se destinarán:
I.- (…)

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para tal efecto por la Secretaría
de Hacienda y Crédito Público, los
financiamientos que hayan
otorgado para aplicarse a la
construcción de conjuntos
habitacionales. Estos descuentos
serán con la responsabilidad de
esas entidades financieras.
El Instituto en todos los
financiamientos que otorgue para
la realización de conjuntos
habitacionales, establecerá la
obligación para quienes los
construyan, de adquirir con
preferencia, los materiales que
provengan de empresas ejidales,
cuando se encuentren en igualdad
de calidad, precio y oportunidad
de suministro a los que ofrezcan
otros proveedores;
Artículo 51 Bis.- Los
financiamientos para la
construcción de conjuntos de
habitaciones para ser adquiridas
por los trabajadores, se
adjudicarán a las personas que
estén inscritas en el registro de
constructores que al efecto lleve
el Instituto, a través de subastas
públicas, mediante convocatoria
para que libremente se presenten
(…)
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En ningún caso, el Instituto
otorgará el financiamiento de
realización de conjuntos
habitacionales, si en sus
programas no se cumple con el
requisito de cuando menos 80
metros cuadrados de superficie
de construcción en las
viviendas de interés social, el
cual debe de existir las
condiciones dignas y decorosas
estipuladas en la Constitución.
II a la VI.- (…)

H. Vigésima Legislatura Secretaría de Servicios Parlamentarios
proposiciones en sobre cerrado,
que será abierto públicamente.
El saldo insoluto de los
financiamientos para la
construcción de conjuntos de
habitaciones que otorgue el
instituto, no podrá exceder de un
vigésimo del saldo insoluto de los
créditos a que se refiere la
fracción II del artículo 42.
TEXTO VIGENTE DE LA LEY
DE VIVIENDA
ARTÍCULO 71.- Con el propósito de
ofrecer calidad de vida a los
ocupantes de las viviendas, la
Comisión promoverá, en
coordinación con las autoridades
competentes tanto federales como
locales, que en el desarrollo de las
acciones habitacionales en sus
distintas modalidades y en la
utilización de recursos y servicios
asociados, se considere que las
viviendas cuenten con los espacios
habitables y de higiene suficientes
en función al número de usuarios,
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Artículo 51 Bis.- Los
financiamientos para la
construcción de conjuntos de
habitaciones para ser
adquiridas por los
trabajadores, se adjudicarán a
las personas que estén
inscritas en el registro de
constructores que al efecto
lleve el Instituto, además de
cumplir con el requisito
mencionado en el artículo 42,
fracción I, esto a través de
subastas públicas, mediante
convocatoria para que
libremente se presenten
proposiciones en sobre
cerrado, que será abierto
públicamente.
(…)
TEXTO DE LA
INICIATIVA, LEY DE
VIVIENDA
Artículo 71.- Con el propósito
de ofrecer calidad de vida a los
ocupantes de las viviendas, la
Comisión promoverá, en
coordinación con las
autoridades competentes tanto
federales como locales, que en
el desarrollo de las acciones
habitacionales en sus distintas
modalidades y en la utilización
de recursos y servicios
asociados, se considere que las
viviendas cuenten con los
espacios habitables y de

H. Vigésima Legislatura Secretaría de Servicios Parlamentarios
provea de los servicios de agua
potable, desalojo de aguas
residuales y energía eléctrica que
contribuyan a disminuir los
vectores de enfermedad, así como
garantizar la seguridad estructural
y la adecuación al clima con
criterios de sustentabilidad,
eficiencia energética y prevención
de desastres, utilizando
preferentemente bienes y servicios
normalizados.
Las autoridades del Gobierno
Federal, las entidades federativas y
los municipios en el ámbito de sus
respectivas competencias,
verificarán que se dé cumplimiento
a lo dispuesto en esta Ley en
materia de calidad y
sustentabilidad de la vivienda, y a
las disposiciones legales y
reglamentarias correspondientes.
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higiene suficientes en función
al número de usuarios, de
acuerdo a lo previsto en el
artículo 42, fracción I de la Ley
del Instituto del Fondo Nacional
de la Vivienda para los
Trabajadores, así también
provea de los servicios de agua
potable, desalojo de aguas
residuales y energía eléctrica
que contribuyan a disminuir los
vectores de enfermedad, así
como garantizar la seguridad
estructural y la adecuación al
clima con criterios de
sustentabilidad, eficiencia
energética y prevención de
desastres, utilizando
preferentemente bienes y
servicios normalizados.
(…)
TRANSITORIOS:
PRIMERO.- Aprobada que sea
esta Iniciativa por la H. XX
Legislatura del Congreso del
Estado de Baja California,
remítase formalmente al
Congreso de la Unión para su
trámite correspondiente.
SEGUNDO.- La presente
reforma entrará en vigor al día
siguiente de su publicación en
el Diario Oficial de la
Federación.

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E) MARCO JURÍDICO
Para efecto de determinar si la iniciativa objeto del presente
dictamen es procedente o improcedente, entraremos a estudiar y
analizar los ordenamientos legales aplicables al caso en concreto,
mismos que se transcriben para su mayor comprensión e
ilustración:
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS
MEXICANOS.
ARTÍCULO 4o. (…)
[…]
Toda familia tiene derecho a disfrutar de vivienda digna y
decorosa. La Ley establecerá los instrumentos y apoyos necesarios
a fin de alcanzar tal objetivo.
ARTÍCULO 123.- (…)
El Congreso de la Unión, sin contravenir a las bases siguientes
deberá expedir leyes sobre el trabajo, las cuales regirán:
A. Entre los obreros, jornaleros, empleados domésticos, artesanos
y de una manera general, todo contrato de trabajo:
I a XI
XII. Toda empresa agrícola, industrial, minera o de cualquier otra
clase de trabajo, estará obligada, según lo determinen las leyes
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reglamentarias a proporcionar a los trabajadores habitaciones
cómodas e higiénicas. Esta obligación se cumplirá mediante las
aportaciones que las empresas hagan a un fondo nacional de la
vivienda a fin de constituir depósitos en favor de sus trabajadores
y establecer un sistema de financiamiento que permita otorgar a
éstos crédito barato y suficiente para que adquieran en propiedad
tales habitaciones.
Se considera de utilidad social la expedición de una ley para la
creación de un organismo integrado por representantes del
Gobierno Federal, de los trabajadores y de los patrones, que
administre los recursos del fondo nacional de la vivienda. Dicha ley
regulará las formas y procedimientos conforme a los cuales los
trabajadores podrán adquirir en propiedad las habitaciones antes
mencionadas.
[…]
LEY DE VIVIENDA
ARTÍCULO 1.- La presente Ley es reglamentaria del artículo 4o. de
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia
de vivienda. Sus disposiciones son de orden público e interés social
y tienen por objeto establecer y regular la política nacional, los
programas, los instrumentos y apoyos para que toda familia pueda
disfrutar de vivienda digna y decorosa.
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La vivienda es un área prioritaria para el desarrollo nacional. El
Estado impulsará y organizará las actividades inherentes a la
materia, por sí y con la participación de los sectores social y
privado, de acuerdo con las disposiciones de esta Ley.
La política nacional y los programas, así como el conjunto de
instrumentos y apoyos que señala este ordenamiento, conducirán
el desarrollo y promoción de las actividades de las dependencias y
entidades de la Administración Pública Federal en materia de
vivienda, su coordinación con los gobiernos de las entidades
federativas y municipios, y la concertación con los sectores social y
privado.
ARTÍCULO 2.- Se considerará vivienda digna y decorosa la que
cumpla con las disposiciones jurídicas aplicables en materia de
asentamientos humanos y construcción, habitabilidad, salubridad,
cuente con los servicios básicos y brinde a sus ocupantes
seguridad jurídica en cuanto a su propiedad o legítima posesión, y
contemple criterios para la prevención de desastres y la protección
física de sus ocupantes ante los elementos naturales
potencialmente agresivos.
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE
BAJA CALIFORNIA
ARTÍCULO 27.- Son facultades del Congreso:
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I.- Legislar sobre todos los ramos que sean de la competencia del
Estado y reformar, abrogar y derogar las leyes y decretos que
expidieren, así como participar en las reformas a esta Constitución,
observando para el caso los requisitos establecidos;
II.- Iniciar ante el Congreso de la Unión las leyes y decretos que
sean de la competencia del Poder Legislativo de la Federación, así
como proponer la reforma o derogación de unas y de otras…‖
III a la XXXVIII.- (…)
LEY ORGANICA DEL PODER LEGISLATIVO DEL ESTADO DE BAJA
CALIFORNIA
ARTÍCULO 16.- Son atribuciones del Congreso del Estado, las que
derivan de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, de la Constitución Local y de las Leyes que de ella
emanen, de la presente Ley y de los Reglamentos respectivos…‖
ARTÍCULO 38.- Al órgano de gobierno, denominado Mesa
Directiva, le corresponde la conducción del Congreso, que es
ejercida por su Presidente y Secretario quienes tendrán la
representación legal del Congreso ante todo género de
autoridades.
[…]
F) ANÁLISIS DE LA INICIATIVA
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Para el debido estudio de la iniciativa presentada por los
inicialistas, mencionados en el proemio de este instrumento con el
fin reformar la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda
para los Trabajadores en los artículos 42 y 51 y el artículo 71 de la
Ley de Vivienda, referente a diversas disposiciones legales del
ámbito federal, analizaremos éstas, conforme al orden en que se
fueron citando en la exposición de motivos.
El estudio propone dos visiones jurídicas de enfoque: análisis
de forma y análisis de fondo. Entendiendo la primera de ellas en la
competencia y legitimidad que tiene el representante social para
emitir el acto legislativo.
De lo anterior resulta, que después de analizar la Ley
suprema en sus artículos 41 y 124; la Constitución Local en sus
artículos 27 fracción II, 28 fracción I, y 29; la Ley Orgánica del
Poder Legislativo en sus artículos 2, 16, 56, 110, 118, 122, 123, y
124, se advierte que el Congreso de Baja California a través de sus
Diputados, cuentan con las facultades necesarias para promover
ante el Congreso de la Unión, la reforma a la Ley del Instituto del
Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores y la Ley de
Vivienda tal como lo impulsan los legisladores, con la iniciativa
presentada ante el Pleno de esta Soberanía.
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Visto lo anterior, pasaremos ahora al segundo enfoque, el
análisis de fondo, es decir, el estudio jurídico particular de la
intención legislativa, con el objeto de cuidar escrupulosamente en
aras de mantener el Estado de Derecho, que la iniciativa propuesta
proposición no se contraponga a ninguna ley, o bien esta cause
algún perjuicio institucional o social.
Cabe mencionar que el tamaño de la actual vivienda de
interés social es muy reducido y el costo por metro cuadrado es
muy alto, por lo que en lugar de ser generador de bienestar se ha
convertido en deterioro social, como lo menciona el legislador en
su exposición de motivos.
El Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los
Trabajadores (INFONAVIT) es un organismo de servicio social con
personalidad jurídica y patrimonio propio todo esto acorde a como
lo estipula el artículo 1 de la Ley del Instituto del Fondo Nacional
de la Vivienda, el ya mencionado instituto a lo largo de estos
últimos años ha sido el principal impulsor de la construcción de la
vivienda para que los trabajadores cuenten con un hogar,
mediante el otorgamiento de créditos, producto del esfuerzo de los
mismos trabajadores y del Estado.
No obstante la gran cantidad de trabajadores que se han
visto beneficiados desde la creación de esta institución con un
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crédito, es claro que el esfuerzo ha sido insuficiente para que el
trabajador mexicano vea satisfecha sus necesidades de vivienda,
por lo que se han venido diseñando diversas medidas encaminadas
a encausar los esfuerzos de los sectores público, social y privado
para que todos los trabajadores cuenten con inmueble, lo cual
debe de ser digno y decoroso.
―De acuerdo al pacto Internacional de los Derechos
Económicos, Sociales y Culturales promovido por la Organización
de las Naciones Unidas obliga al gobierno de nuestro país a tutelar
el derecho a una vivienda adecuada‖
En materia de asentamientos humanos y desarrollo urbano
de conformidad con lo que dispone el artículo 27 Constitucional, la
nación tiene el derecho de imponer a la propiedad privada las
modalidades que dicte el interés público, así como regular, en
beneficio social, el aprovechamiento de los elementos naturales
susceptibles de apropiación, con objeto entre otras cosas de lograr
el mejoramiento de las condiciones de vida de la población rural y
urbana, mediante la aplicación de las medidas necesarias para
ordenar los asentamientos humanos y establecer provisiones,
usos, reservas y destinos de tierras, aguas y bosques, a efecto de
ejecutar obras públicas y de planear y regular la fundación,
conservación, mejoramiento y crecimiento de los centros de
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población; para preservar y restaurar el equilibrio ecológico; para
el fraccionamiento de los latifundios.
Esto es, que las entidades federativas, los Municipios y la
Federación pueden actuar respecto de una misma materia, pero
será el Congreso de la Unión el que determine la forma y los
términos de la participación de dichas entidades, a través de una
ley general.
En efecto, en México se ha denominado leyes-generales o
leyes-marco a aquellas que expide el Congreso para cumplir con
dos propósitos simultáneos:
1. Distribuir competencias entre la Federación y los Estados
otorgando las bases para el desarrollo de las leyes locales
correlativas; y,
2. Establecer el régimen federal para regular la acción de los
poderes centrales en la materia de que se trate.
El sustento constitucional es el consagrado en el numeral
123, fracción XII, de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, donde establece que los patrones están obligados "…a
proporcionar a los trabajadores habitaciones cómodas e
higiénicas". Donde, con base en la misma disposición, "las
empresas deberán hacer aportaciones a un Fondo Nacional de la
Vivienda a fin de constituir depósitos en favor de sus trabajadores
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y establecer un sistema de financiamiento que permita otorgarles
créditos baratos y suficientes para que adquieran en propiedad
tales habitaciones".
La presente iniciativa tiene como eje rector que al momento de
que el derechohabiente le otorguen su crédito del INFONAVIT,
ejerza el derecho que le confiere nuestra Carta Magna en su
artículo 4 donde mandata que ―toda familia tiene derecho a
disfrutar de una vivienda digna y decorosa, la Ley establecerá los
instrumentos y apoyos necesarios a fin de alcanzar tal objetivo‖, es
por ello que se pretende regular a todos aquellos desarrolladores
urbanos para que tengan la imperiosa necesidad atendiendo a lo
estipulado en nuestra Constitución Federal, se construyan
viviendas de interés social de cuando menos con una superficie de
80 metros cuadrados, toda vez que existen diferentes desarrollos
urbanos en donde, la mayoría de las viviendas cuentan tan solo 30
metros cuadrados, o poco menos de superficie construida, lo cual
resulta insuficientes para las familias de hoy en día.
Con base a lo expuesto anteriormente se considera someter a la
consideración de esta Asamblea, que en virtud de haber sido
observado y analizado la presente iniciativa de reforma, se
demuestra que la pretensión de reformar la Ley del Instituto del
Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores en los
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artículos 42 y 51 y el artículo 71 de la Ley de Vivienda, resulta
jurídicamente PROCEDENTE la presente iniciativa, ya que es un
nuevo mecanismo para la comunidad Mexicana, con el fin de
obtener viviendas dignas y decorosas, por lo anterior expuesto y
motivado esta comisión emite los siguientes:
CONSIDERANDOS
PRIMERO.- Que es facultad del Congreso del Estado de
conformidad con el artículo 27 fracción I, II, de la Constitución del
Estado Libre y Soberano de Baja California, legislar, reformar,
abrogar y derogar las Leyes y Decretos Estatales.
SEGUNDO.- Con fecha 29 de noviembre de dos mil once, en
Sesión Ordinaria de la Honorable XX Legislatura los Diputados ya
mencionados en el proemio de este dictamen presentaron la
Iniciativa que reforma los artículos 42 y 51 BIS de la Ley del
Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores;
y reforma el artículo 71 de Ley de Vivienda, a fin de que a los
desarrolladores urbanos se les obligue a que la superficie
construida de la vivienda de interés social sea de cuando menos de
80 metros cuadrados.
TERCERO.- Con fecha 29 de Noviembre de dos mil once, el
Presidente del Congreso, turnó a la Comisión de Desarrollo
Metropolitano, Conurbación, Infraestructura, Comunicaciones y
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Transportes para el estudio correspondiente así como la
dictaminación de la presente iniciativa.
CUARTO.- Esta comisión turnó a su vez la Iniciativa, a la Dirección
General de Consultoría Legislativa de este H. Congreso, a través de
la Secretaría de Servicios Parlamentarios, de conformidad con lo
estipulado en el artículo 56 de la Ley Orgánica del Poder
Legislativo del Estado de Baja California.
QUINTO.- El estudio propone dos visiones jurídicas de enfoque:
análisis de forma y análisis de fondo. Entendiendo la primera de
ellas en la competencia y legitimidad que tiene el representante
social para emitir el acto legislativo.
SEXTO.- De lo anterior resulta, que después de analizar la Ley
suprema en sus artículos 41 y 124; la Constitución Local en sus
artículos 27 fracción II, 28 fracción I, y 29; la Ley Orgánica del
Poder Legislativo en sus artículos 2, 16, 56, 110, 118, 122, 123, y
124, se advierte que el Congreso de Baja California a través de sus
Diputados, cuentan con las facultades necesarias para promover
ante el Congreso de la Unión, la reforma a la Ley del Instituto del
Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores y la Ley de
Vivienda tal como lo impulsan los legisladores, con la iniciativa
presentada ante el Pleno de esta Soberanía.
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SÉPTIMO.- La propuesta de reforma a los artículos 42 y 51 BIS de
la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los
Trabajadores y el artículo 71 de la Ley de Vivienda, el artículo 123
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos
encuentra una legitimidad, en el mismo derecho positivo. Por
principio de cuentas, ha quedado debidamente argumentada la
facultad con la que cuenta el Congreso del Estado de Baja
California, para promover reformas a la legislación federal ante el
H. Congreso de la Unión. El segundo aspecto de legitimidad
jurídica, estriba en que la reforma busca que los ciudadanos de
nuestro país cuenten con los espacios necesarios en su hogar
para un mejor desarrollo de la familia en todos los aspectos
sociales.
OCTAVO.- De lo anterior, se desprende que en la iniciativa en
estudio, no se encontraron elementos que pudieran ser
contradictorios o violatorios con el orden jurídico establecido en la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la
Constitución Política del Estado de Baja California, en tal virtud, la
reforma a la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda
para los Trabajadores y la Ley de Vivienda, resulta jurídicamente
procedente, por las consideraciones anteriormente vertidas en el
cuerpo del presente dictamen.
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NOVENO.- Que el presente dictamen fue aprobado por 3 votos a
favor de los Diputados integrantes de la Comisión de Desarrollo
Metropolitano, Conurbación, Infraestructura, Comunicaciones y
Transporte, siendo los siguientes Diputados GREGORIO BARRETO
LUNA, GREGORIO CARRANZA HERNÁNDEZ, ALFONSO GARZÓN
ZATARAÍN, y una abstención del Diputado MARCO ANTONIO
VIZCARRA CALDERÓN.
Por lo anteriormente expuesto, la Comisión que suscribe somete a la
consideración de esta H. Asamblea los siguientes puntos:
RESOLUTIVOS
PRIMERO.- Se aprueba la remisión de la iniciativa al Congreso de la Unión,
que reforma los artículos 42 y 51 BIS, de la Ley del Instituto del Fondo
Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, para quedar como sigue:
Artículo 42.- Los recursos del Instituto se destinarán:
I.- (…)
(…)
En ningún caso, el Instituto otorgará el financiamiento de realización de
conjuntos habitacionales, si en sus programas no se cumple con el requisito
de cuando menos 80 metros cuadrados de superficie de construcción en las
viviendas de interés social, el cual debe de existir las condiciones dignas y
decorosas estipuladas en la Constitución.
II a la VI.- (…)
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Artículo 51 Bis.- Los financiamientos para la construcción de conjuntos de
habitaciones para ser adquiridas por los trabajadores, se adjudicarán a las
personas que estén inscritas en el registro de constructores que al efecto
lleve el Instituto, además de cumplir con el requisito mencionado en el
artículo 42, fracción I, esto a través de subastas públicas, mediante
convocatoria para que libremente se presenten proposiciones en sobre
cerrado, que será abierto públicamente.
(…)
SEGUNDO.- Se aprueba la remisión de la iniciativa al Congreso de la Unión,
que reforma el artículo 71 de la Ley de Vivienda, para quedar como sigue:
Artículo 71.- Con el propósito de ofrecer calidad de vida a los ocupantes de
las viviendas, la Comisión promoverá, en coordinación con las autoridades
competentes tanto federales como locales, que en el desarrollo de las
acciones habitacionales en sus distintas modalidades y en la utilización de
recursos y servicios asociados, se considere que las viviendas cuenten con
los espacios habitables y de higiene suficientes en función al número de
usuarios, de acuerdo a lo previsto en el artículo 42, fracción I de la Ley del
Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, así
también provea de los servicios de agua potable, desalojo de aguas
residuales y energía eléctrica que contribuyan a disminuir los vectores de
enfermedad, así como garantizar la seguridad estructural y la adecuación al
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clima con criterios de sustentabilidad, eficiencia energética y prevención de
desastres, utilizando preferentemente bienes y servicios normalizados.
(…)
TRANSITORIOS
PRIMERO.- Aprobada que sea esta iniciativa por la H. XX Legislatura del
Congreso del Estado de Baja California, remítase formalmente al Congreso
de la Unión para su trámite correspondiente.
SEGUNDO.- Las presentes reformas entrarán en vigor al día siguiente de su
publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Dado en el salón de Comisiones ―Dr. Francisco Dueñas Montes‖ del H. Poder
Legislativo en la ciudad de Mexicali, Baja California, a los 11 días del mes de
Junio del año 2012. Es cuanto Diputado Presidente.
- EL C. PRESIDENTE: Muchas gracias señor Diputado; con base a lo que establece
el artículo 127 de la Ley Orgánica de este Congreso, se declara abierto el debate
del dictamen No. 08 de la Comisión de Desarrollo Metropolitano, Conurbación,
Infraestructura, Comunicaciones y Transporte; y con relación a lo que establece el
artículo 128 de la Ley Orgánica de este Congreso, se pregunta a los y las
Diputadas que deseen enlistarse para participar en pro y en contra del presente
dictamen lo hagan saber levantando su mano, de no ser así, se solicita a la
Diputada Secretaria Escrutadora someta a votación nominal el dictamen No. 08 de
la Comisión de Desarrollo Metropolitano, Conurbación, Infraestructura,
Comunicaciones y Transporte.
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H. Vigésima Legislatura Secretaría de Servicios Parlamentarios
- LA C. SECRETARIA ESCRUTADORA: Por instrucciones de la presidencia, se
somete a votación nominal el dictamen No. 08 de la Comisión de Desarrollo
Metropolitano, Conurbación, Infraestructura, Comunicaciones y Transporte,
iniciando por la derecha.
- Vargas Rodríguez Juan, a favor.
- Agatón Muñiz Claudia Josefina, a favor.
- Galarza Villarino Arcelia, a favor.
- García Muñoz Julio Felipe, a favor.
- Dado Alatorre Laurencio, a favor.
- Lozano Pérez David Jorge, a favor.
- Murguía Mejía Carlos, a favor.
- Magaña Mosqueda Ricardo, a favor.
- Montejano de la Torre Juan Bautista, a favor.
- Soto Agüero Elisa Rosana, a favor.
- Sánchez Arredondo Nancy Guadalupe, a favor.
- Barreto Luna Gregorio, a favor.
- Topete Robles Elí, a favor.
- García López José Máximo, a favor.
- Alanís Quintero Rubén, a favor.
- Magallanes Cortés Gustavo, a favor.
- Carranza Hernández Gregorio, a favor.
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H. Vigésima Legislatura Secretaría de Servicios Parlamentarios
- LA C. SECRETARIA ESCRUTADORA: ¿Falta algún Diputado por votar? De no ser
así se procede con la mesa directiva.
- Noriega Ríos Virginia, a favor.
- Zárate Zepeda Fausto, a favor.
- Mata Lozano Lizbeth, a favor.
- Vizcarra Calderón Marco Antonio, a favor.
- Garzón Zatarain Alfonso, a favor.
- LA C. SECRETARIA ESCRUTADORA: Con veinte votos a favor, Presidente.
- EL C. PRESIDENTE: Muy bien; con 20 votos a favor, una vez aprobado en lo
general y en lo particular, se declara aprobado el Dictamen número 08 de la
Comisión de Desarrollo Metropolitano, Conurbación, Infraestructura,
Comunicaciones y Transporte, leído por el ciudadano Diputado David Jorge Lozano
Pérez. Dado en el Salón de Sesiones ―Licenciado Benito Juárez García‖ del Poder
Legislativo del Estado de Baja California, en sesión ordinaria de la Honorable
Vigésima Legislatura del Congreso del Estado, a los cinco días del mes de julio del
año 2012; y me corrige: veintidós votos a favor; bien, continuamos con el
siguiente apartado, que es: ―Proposiciones‖, tiene la palabra la Diputada Virginia
Noriega Ríos, para dar lectura a Proposición con Punto de Acuerdo por el que se
exhorta al Secretario de Salud Pública del Estado para que intervenga como
representante del sector salud en el Estado, con el fin de que las instancias
competentes, como es el caso del Comité Estatal de Vigilancia epidemiológica,
investigue las causas del fallecimiento de un menor de edad y el internamiento de
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H. Vigésima Legislatura Secretaría de Servicios Parlamentarios
otros cinco en la Clínica 30 del Instituto Mexicano del Seguro Social, por
enfermedad presumiblemente infecciosa, adelante Diputada.
- LA C. DIP. NORIEGA RÍOS: Con su permiso Diputado Presidente, con el permiso
de las Diputadas, con el permiso de los Diputados, pueblo de Baja California.
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA AL COMITÉ
ESTATAL DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA EN EL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
INTERVENGA DE INMEDIATO PARA QUE SE INVESTIGUE LAS CAUSAS DEL
FALLECIMIENTO DE UN MENOR DE EDAD Y EL INTERNAMIENTO DE OTROS 5
MENORES EN ESTADO DELICADO EN LA CLINICA 31 DEL INSTITUTO MEXICANO
DEL SEGURO SOCIAL PRESUMIBLEMENTE POR ENFERMEDAD INFECCIOSA, A
CARGO DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO
INSTITUCIONAL, DEL PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO, DEL PARTIDO
ESTATAL DE BAJA CALIFORNIA Y DEL PARTIDO DEL TRABAJO.
DIP. ALFONSO GARZON ZATARAIN
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA
DEL CONGRESO DEL ESTADO
Presente:
Honorable Asamblea:
Pueblo de Baja California:
Los que suscribimos del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario
Institucional, del Partido Verde Ecologista de México, del Partido Estatal de Baja
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H. Vigésima Legislatura Secretaría de Servicios Parlamentarios
California, y del Partido del Trabajo, de la Vigésima Legislatura del Congreso del
Estado de Baja California.
La suscrita Diputada Virginia Noriega Ríos de la Vigésima Legislatura Constitucional
del Congreso del Estado de Baja California, en nombre y representación de los
integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, del
Partido Verde Ecologista de México, del Partido Estatal de Baja California, y del
Partido del Trabajo, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 22 y 28
fracciones I de la Constitución Política del Estado y 110 fracción III, 114, 117 y
demás relativos y aplicables de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de
Baja California, me permito someter al Pleno de esta Honorable Legislatura, la
siguiente PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO, al tenor de las siguientes
CONSIDERACIONES
Como es de conocimiento público de la ciudadanía del Municipio de Mexicali,
diversos medios de comunicación masiva, de circulación estatal, han informado
sobre la extraña muerte de un menor de edad miembro de un equipo infantil de
base ball; así mismo, como el internamiento de otros cinco niños en estado
delicado en la clínica 31 del Instituto Mexicano del Seguro Social, un día después
de que sus padres los festejaron por haber ganado un partido y los premiaron con
juegos de alberca y comida.
Los mismos medios de comunicación masiva dieron a conocer públicamente que
las causas de la muerte del menor de edad y el estado delicado de los otros
menores de edad no eran conocidas por las propias autoridades del IMSS y hasta
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H. Vigésima Legislatura Secretaría de Servicios Parlamentarios
el momento no se han dado a conocer los resultados de las investigaciones por
parte del departamento de epidemiologia de dicho Instituto de Salud.
El Doctor Carlos Acuña, Director de SEMEFO, en el Municipio de Mexicali, declaro a
la prensa que las autoridades del IMSS no canalizaron el cadáver del menor
fallecido para saber a ciencia cierta las causas de la muerte.
No obstante a ello, la Secretaría de Salud Publica en el Estado informó que en
relación a la muerte del menor de edad y del internamiento de los niños del equipo
de base ball señaló que las autoridades médicas del IMSS no habían informado
nada al respecto.
Cabe precisar que el artículo 4 fracción XV de la Ley de Salud Pública del Estado
señala que le corresponde a la Secretaría de Salud en la Entidad la prevención y
control de las enfermedades trasmisibles.
El Artículo 74 de la Ley en comento señala que es obligatoria la notificación a la
autoridad sanitaria del estado de las enfermedades consideradas como
trasmisibles, en un plazo no mayor de 24 horas en los casos individuales de
enfermedades.
No es posible que a más de una semana en la que se suscitaron tan lamentables
hechos a un equipo deportivo de niños en el cual falleció de manera expedita por
la agresividad de algún virus un menor de edad, las autoridades competentes de
salud, no tengan los resultados de estudios epidemiológicos para saber si estos
niños sufrieron el ataque de un virus trasmisible como pudiera ser la bacteria del
cólera u otra.
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H. Vigésima Legislatura Secretaría de Servicios Parlamentarios
Es urgente que se convoque y reúna de inmediato al Comité Estatal de Vigilancia
Epidemiológica en el Estado para que actúe de manera expedita realizando sus
funciones a efecto de saber si existe el inicio de un brote infeccioso.
Por ningún motivo debemos de esperar que un posible brote epidemiológico
pueda cobrar más vidas de niños y jovencitos o personas adultas, sería
irresponsable no realizar las acciones debidas de prevención; no hay que esperar
que pase lo que en años atrás sucedió en las colonias de la zona poniente de la
ciudad de Mexicali con el brote agresivo de la rikettsia la cual provocó una serie
de muertes de personas infectadas con este virus contagioso y se sigue
presentando dichas muertes no, en la actualidad.
Por lo anteriormente expuesto y de conformidad con el artículo 31 de la
Constitución Política del Estado de Baja California, así como en el artículo 119 de la
Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado, se solicita a esta Honorable
Asamblea se dispense el trámite correspondiente para que la presente proposición
con Punto de Acuerdo sea discutida y aprobada en esta misma sesión bajo el
siguiente:
ACUERDO
PRIMERO.- QUE ESTA SOBERANIA DEL CONGRESO DEL ESTADO EXHORTE DE
INMEDIATO AL SECTOR SALUD DEL ESTADO A EFECTO DE QUE EL COMITÉ
ESTATAL DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA SE REUNA Y ACTUE DE MANERA
INMEDIATA CON LAS ACCIONES PERTINENTES EN MATERIA DE SALUD; PARA
CONOCER EL MOTIVO DE LA MUERTE DEL MENOR DE EDAD Y EL
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H. Vigésima Legislatura Secretaría de Servicios Parlamentarios
INTERNAMIENTO DE CINCO NIÑOS MÁS EN ESTADO DELICADO EN LA CLINICA
31 DEL IMSS.
SEGUNDO.- ASI MISMO INFORME A LA COMISION DE SALUD DE ESTA H. XX
LEGISLATURA SOBRE LOS RESULTADOS DE LA INVESTIGACION.
ATENTAMENTE
DIP. VIRGINIA NORIEGA RÍOS
―Democracia y Justicia Social‖
Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional
Partido Verde Ecologista de México
Partido Estatal de Baja California
Partido del Trabajo
Dado en el Salón de Sesiones ―Lic. Benito Juárez García‖ del Honorable Congreso
del Estado, A los 5 días del mes de Julio del año dos mil doce.
(Es importante, es urgente que este Comité de Salud en el Estado, se reúna, no
entiendo el motivo por que el Secretario de Salud, a tantos días de que se
presentó esta muerte aislada, no han tenido la atención de reunirse y darle a
conocer a la población los resultados de dicha reunión). Es cuanto Diputado
Presidente.
- EL C. PRESIDENTE: Muchas gracias Diputada; con base a lo que establece el
artículo 127 de la Ley Orgánica de este Congreso, se declara abierto el debate de
la dispensa de trámite del acuerdo leído por la Diputada Virginia Noriega Ríos; y
con relación a lo que establece el artículo 129 de la Ley Orgánica de este
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H. Vigésima Legislatura Secretaría de Servicios Parlamentarios
Congreso, se pregunta a los Diputados y Diputadas si desean intervenir en contra
de la dispensa de trámite, de no ser así, se solicita a la Diputada Secretaria
Escrutador someta a votación económica la dispensa de trámite.
- LA C. SECRETARIA ESCRUTADORA: Por instrucciones de la presidencia, se
somete a votación económica la dispensa de trámite presentada: por mayoría
Presidente.
- EL C. PRESIDENTE: Muchas gracias Diputada; con base a lo que establece el
artículo 127 de la Ley Orgánica de este Congreso, se declara abierto el debate del
acuerdo leído por la Diputada Virginia Noriega Ríos; y con relación a lo que
establece el artículo 129 de la Ley Orgánica de este Congreso, se pregunta a los
Diputados si desean intervenir en contra del presente acuerdo: adelante Diputado
Magaña.
- EL C. DIP. MAGAÑA MOSQUEDA: Gracias Presidente, no sé Diputada, si solicitó la
comparecencia de él para que explique en el Posicionamiento que usted está
haciendo, verdad, no nomas que nos traiga números alegres, si es necesario que
comparezca en esta circunstancia tan apremiante, este, yo propusiera, si usted lo
acepta, verdad, que le manden llamar y pues la verdad que se le lea la cartilla para
que funja bien su encargo público.
- LA C. DIP. NORIEGA RÍOS: Si Diputado, aquí lo que estamos ahorita solicitando
de manera urgente es que se reúna el Concejo, el Concejo Estatal Epidemiológico,
para que se investigue; todavía no tienen una investigación, no tienen resultados,
hasta el día de ayer nada mas tenían dos resultados de laboratorio que hizo el
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H. Vigésima Legislatura Secretaría de Servicios Parlamentarios
propio IMSS y el que hizo el laboratorio estatal del Estado, falta un tercer, este
resultado, pero lo que llama la atención es que a más de cinco días que sucedió
esto no se han reunido, pues, independientemente de todo lo que sucede en el
Estado, la obligación de ellos en una emergencia de este nivel, aun siendo un caso
aislado, es inmediatamente convocar y reunirse y de acuerdo a ellos, pues
implementar un cerco epidemiológico, no se ha hecho pues, eso me alarma
bastante porque a estas alturas ya deberíamos nosotros cuando menos haber
conocido que ya se reunieron, que ya se tomaron las medidas, y claro que si,
mandarlo llamar, pero ya con una investigación, ahorita no tiene nada el señor, no,
pero me parece bien, tenemos que mandarlo llamar, sí pensaba mandarlo llamar y
si consideran que debe estar en el mismo escrito que comparezca y nos informe,
adelante, eh, pero ahorita lo urgente es que se reúna, porque no se han reunido
pues, y eso es grave.
- EL C. PRESIDENTE: Muy bien, ¿Algún otro Diputado? de no ser así, solicito a la
Diputada Secretaria Escrutadora someta a votación económica el Acuerdo.
- LA C. SECRETARIA ESCRUTADORA: Por instrucciones de la Presidencia se somete
a votación económica la Proposición presentada: por mayoría Presidente.
- EL C. PRESIDENTE: Muy bien; se declara aprobado el Acuerdo leído por la
Diputada Virginia Noriega Ríos. Dado en el Salón de Sesiones ―Licenciado Benito
Juárez García‖ del Poder Legislativo del Estado de Baja California, en sesión
ordinaria de la Honorable Vigésima Legislatura del Congreso del Estado, a los cinco
días del mes de julio del año 2012; solicito al ciudadano Diputado Vicepresidente
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H. Vigésima Legislatura Secretaría de Servicios Parlamentarios
tome mi lugar para hacer uso de la Tribuna y darle lectura a Proposición con Punto
de Acuerdo, que el Vicepresidente les explicará.
- EL C. VICEPRESIDENTE: Proposición con Punto de Acuerdo por el que se exhorta
al Procurador General de Justicia del Estado de Baja California, Lic. Romel Moreno
Manjarrez, para que por su conducto efectúe el trámite correspondiente para que
se realice de manera inmediata la creación de una Agencia del Ministerio Público
adscrita a Isla de Cedros en el Municipio de Ensenada, Baja California, para el
conocimiento, atención y persecución de delitos.
- EL C. DIP. GARZÓN ZATARAIN: Muchas gracias Diputado Vicepresidente.
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA AL
PROCURADOR GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, LIC.
ROMMEL MORENO MANJARREZ, PARA QUE POR SU CONDUCTO EFECTÚE EL
TRÁMITE CORRESPONDIENTE PARA QUE SE REALICE DE MANERA INMEDIATA LA
CREACIÓN DE UNA AGENCIA DEL MINISTERIO PÚBLICO ADSCRITA A ISLA DE
CEDROS EN EL MUNICIPIO DE ENSENADA, BAJA CALIFORNIA, PARA EL
CONOCIMIENTO, ATENCIÓN Y PERSECUCIÓN DE DELITOS, A CARGO DEL GRUPO
PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL, DEL
PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO, DEL PARTIDO ESTATAL DE BAJA
CALIFORNIA Y DEL PARTIDO DEL TRABAJO.
DIP. MARCO ANTONIO VIZCARRA CALDERÓN
VICEPRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA
DEL CONGRESO DEL ESTADO
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H. Vigésima Legislatura Secretaría de Servicios Parlamentarios
Presente.
Honorable Asamblea:
El suscrito Diputado Alfonso Garzón Zataraín de la Vigésima Legislatura
Constitucional del Congreso del Estado de Baja California, en nombre y
representación de los integrantes del Grupo Parlamentario del Partido
Revolucionario Institucional, del Partido Verde Ecologista de México, del Partido
Estatal de Baja California, y del Partido del Trabajo, con fundamento en lo
dispuesto en los artículos 22 y 28 fracciones I de la Constitución Política del Estado
y 110 fracción III, 114, 117 y demás relativos y aplicables de la Ley Orgánica del
Poder Legislativo del Estado de Baja California, me permito someter al Pleno de
esta Honorable Legislatura, la siguiente PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO,
al tenor de las siguientes
CONSIDERACIONES
Es nuestro trabajo atender el reclamo social en cualquier tema que se encuentre
dentro de nuestras atribuciones como legisladores, tratando de llevar a nuestra
comunidad a una realidad mejor y de esperanza, en diferentes puntos en días
anteriores tuvimos la oportunidad de visitar al sur del municipio de Ensenada y a
través de otros habitantes que se encuentran en zonas alejadas se quejan de la
falta de productos, servicios y otras necesidades que a ellos les afectan, en
reiteradas ocasiones exhortamos a diferentes autoridades tanto Federales como
Estatales para hacer un llamado y plantear la urgente necesidad de prestar
atención a la grave problemática y carencias que por décadas ha padecido este
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tipo de comunidades en especial la isla de cedros, hacer notar la gran marginación
en que se encuentra esa comunidad, sea comentado la peligrosidad de los
traslados a la misma, ya sea por vía aérea o marítima, los que siempre han
representado un serio riesgo para sus habitantes y cualquiera que pretenda
trasladarse a la misma, lo caro e insuficiente de los productos de primera
necesidad e infinidad de problemas que los habitantes padecen, pero hoy el tema
que nos ocupa es igual de preocupante que los demás que hemos planteado, la
búsqueda permanentemente de acercar a la sociedad los servicios de procuración
de justicia respondiendo a la satisfacción del interés social y justicia social, para
dar estricto cumplimiento a las atribuciones constitucionales.
Es así, que surge la imperiosa necesidad de crear un Agencia del Ministerio Público
en Isla de Cedros, ya que al presentarse un deceso o cuales quiera otro incidente
que amerite la presencia de algún representante de la autoridad que de fe de los
sucesos, el agente del ministerio público tiene que trasladarse desde la Ciudad de
Ensenada hasta la Isla si bien es cierto que funciona una agencia del ministerio
público en el poblado de Villa de Jesús María este debe atender una zona que
abarca desde el rosario hasta los límites del paralelo 28 y zonas que comprenden
los litorales del golfo de california y océano pacífico pero para trasladarse a la isla
es la misma situación que de ensenada hacia ese lugar, por lo cual se ve limitado a
la disponibilidad de vuelos a la zona, lo que ocasiona que los cuerpos de las
víctimas, permanezcan en el lugar de los hechos, prolongándose esto hasta por
varios días, lo cual constituye un hecho que afecta a los ciudadanos de esta isla,
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creando con estos lamentables sucesos, entorpecimiento de la investigación, así
como el escarnio público.
Ya que como lo he manifestado, los servicios de justicia deben ser expeditos para
todos; sin obstáculo y con gran sentido de entendimiento para las víctimas que
han sufrido afectación en bienes jurídicos propios y en sus familiares.
La Ley Orgánica de la Procuraduría General de Justicia en nuestro Estado,
menciona en su artículo 14: El Procurador, de conformidad con las disposiciones
presupuestales podrá crear unidades administrativas especializadas distintas a las
previstas en el Reglamento, para la investigación y persecución de géneros de
delitos, atendiendo a las necesidades del servicio, así como Agencias del Ministerio
Público para el conocimiento, atención y persecución de delitos específicos que por
su trascendencia, interés y características así lo ameriten. En este sentido en
nuestra entidad operan actualmente tres Subprocuradurías de Zona, que se
dividen en Subprocuraduría de Zona Mexicali, con jurisdicción territorial en el
Municipio de Mexicali, Subprocuraduría Zona Tijuana, con jurisdicción territorial en
los Municipios de Tijuana, Tecate y Playas de Rosarito y Subprocuraduría de Zona
Ensenada, con jurisdicción territorial en el Municipio de Ensenada. Siendo el caso
que nos ocupa el municipio de Ensenada, por ser el municipio más grande del País
es necesario dar respuesta inmediata a los reclamos de la sociedad.
El Reglamento de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de Justicia del Estado
de Baja California, menciona en el artículo 16 párrafo tercero ―Las Agencias del
Ministerio Público Investigadoras de Delitos y las Agencias del Ministerio Público
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Especializadas en la Investigación de Delitos, funcionarán en cada Subprocuraduría
de Zona de acuerdo a los requerimientos que se presenten y habrá tantas como
sean necesarias en virtud de la incidencia delictiva de cada localidad o zona, previo
acuerdo del Procurador.‖
Lo anterior, obliga a Estado a utilizar todas las herramientas jurídicas que estén a
su alcance, a fin de generar seguridad en la ciudadanía para la conducción de un
delito, siendo necesario e impostergable sancionar a quienes cometen delitos.
Por ello la necesidad de una nueva Agencia del Ministerio Público, que responda a
los requerimientos de trabajo y se adecuen a los recursos humanos y materiales
disponibles, a efecto de distribuir equitativamente las cargas de trabajo en función
de las necesidades del servicio y ubicación geográfica de las ya existentes.
Por lo anteriormente expuesto y de conformidad con el artículo 31 de la
Constitución Política del Estado de Baja California, así como en el artículo 119 de la
Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado, se solicita a esta Honorable
Asamblea se dispense el trámite correspondiente para que la presente proposición
con Punto de Acuerdo sea discutida y aprobada en esta misma sesión bajo el
siguiente:
ACUERDO
ÚNICO.- La Honorable Vigésima Legislatura del Congreso del Estado de Baja
California, exhorta al Procurador General de Justicia del Estado de Baja California,
Lic. Rommel Moreno Manjarrez, para que por su conducto efectúe el trámite
correspondiente para que se realice de manera inmediata la creación de una
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Agencia del Ministerio Público adscrita a Isla de Cedros en el Municipio de
Ensenada, Baja California, para el conocimiento, atención y persecución de delitos.
Dado en el Salón de Sesiones ―Lic. Benito Juárez García‖ del Honorable Congreso
del Estado, en la Ciudad de Mexicali, Baja California, a los 05 días del mes de Julio
del año dos mil doce. Es cuanto señor Vicepresidente.
ATENTAMENTE
DIP. ALFONSO GARZÓN ZATARAÍN
―Democracia y Justicia Social‖
Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional
Partido Verde Ecologista de México
Partido Estatal de Baja California
Partido del Trabajo.
- EL C. VICEPRESIDENTE: Gracias Presidente; con base a lo que establece el
artículo 127 de la Ley Orgánica de este Congreso, se declara abierto el debate de
la dispensa de trámite del acuerdo leído por el Diputado Alfonso Garzón Zatarain,
y con relación a lo que establece el artículo 129 de la Ley Orgánica de este
Congreso, se pregunta a los Diputados si desean intervenir en contra de la
dispensa de trámite; okey, la Diputada Lizbeth Mata Lozano.
- LA C. DIP. MATA LOZANO: Si, con su permiso Presidente, si, únicamente
manifestar a favor de esta manifestación que presenta el Diputado Garzón, si bien
es cierto que anteriormente se tenía un ministerio público derivado de los
habitantes que eran más de diez mil habitantes, hoy sin embargo hay cerca de dos
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mil, si no me equivoco, pero es una gran necesidad tener un ministerio público,
sobre todo por los decesos, no, cuando hay muertes tienen que esperar al
Ministerio Público, que además la entrada y salida de la isla no es nada fácil, así
que pues aun cuando haya menos población, la necesidad es apremiante, así que
estoy a favor.
- EL C. VICEPRESIDENTE: Gracias, ¿Algún otro Diputado? Diputada Nancy
Sánchez Arredondo.
- LA C. DIP. SÁNCHEZ ARREDONDO: Si, gracias, con su venia Presidente: hace
mucho tiempo estuve en la isla y yo valoro mucho la propuesta del Diputado
Garzón de llevar lo que es la procuración de justicia que es necesaria, así fueran
100, aquí lo que justifica es la distancia, porque la isla de cedros pareciera que son
ciudadanos de jupiter, de Neptuno. Les falta todo siendo ciudadanos
bajacalifornianos; yo me atrevería a pedirle a este Congreso, al pleno, apoyar por
supuesto, igual que como lo propone el Diputado Garzón, pero ir mucho más allá:
yo propongo hacer una mesa, una mesa de trabajo donde invitemos a autoridades
estatales, porque la isla tiene problemas de infraestructura urbana; yo vivía en la
isla hace 40 años, y el día que fui, sentí que hice un viaje en el tiempo, me regresé
y la isla está igual, o como dice Ricardo Magaña, está peor. ¿hay infraestructura
urbana?, no hay infraestructura urbana, la hidráulica, la hidráulica es la misma que
hizo Luis Echeverría, la educativa pues prácticamente nula, salud, tampoco hay, de
justicia, pues de procuración de justicia no existe, de transportación viven
prácticamente como si vivieran en la luna, créanme que no llega el alimento, es
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una lista que tiene serios, no tiene desnutrición porque tiene, es rica y abundante
en productos del mar, pero la gente compra un medio galón de leche, alla no hay
galones, hay medios, a veces en 45 pesos, una mina de gas les cuesta 400 pesos;
créanme que es un problema enorme, son parte de Baja California y yo propongo
que la Comisión de Fortalecimiento Municipal vayamos, pero que también vayan
las autoridades estatales responsables para ver qué podemos hacer por esa gente
que vive tan lejos y que también son ciudadanos bajacalifornianos. Es cuanto
Presidente.
- EL C. VICEPRESIDENTE: Gracias Diputada, ¿Algún otro Diputado? Le solicito a la
Diputada Secretaria Escrutadora someta a votación económica la dispensa de
trámite.
- LA C. SECRETARIA ESCRUTADORA: Por instrucciones de la Presidencia, se
somete a votación económica la dispensa de trámite presentada, los que estén
por la afirmativa manifestarlo: mayoría Presidente.
- EL C. VICEPRESIDENTE: Con base a lo que establece el artículo 127 de la Ley
Orgánica de este Congreso, se declara abierto el debate del acuerdo leído por el
Diputado Alfonso Garzón Zatarain; y con relación a lo que establece el artículo
129 de la Ley Orgánica de este Congreso, se pregunta a los Diputados si desean
intervenir en contra del presente acuerdo, de no ser así, se le solicita a la
Diputada Secretaria Escrutadora someta a votación económica el Acuerdo.
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- LA C. SECRETARIA ESCRUTADORA: Por instrucciones de la Presidencia, se
somete a votación económica la Proposición presentada, los que estén por la
afirmativa manifestarlo: por mayoría evidente, Presidente.
- EL C. VICEPRESIDENTE: Se declara aprobado el Acuerdo leído por el Diputado
Alfonso Garzón Zatarain. Dado en el Salón de Sesiones ―Licenciado Benito Juárez
García‖ del Poder Legislativo del Estado de Baja California, en sesión ordinaria de
la Honorable Vigésima Legislatura del Congreso del Estado, a los cinco días del
mes de julio del año 2012.
- EL C. PRESIDENTE: Muchas gracias Diputado Vicepresidente; vamos a continuar
con el desahogo del orden del día, pero antes yo quisiera permitirme hacer un
breve comentario en relación a la propuesta que hace la Diputada Nancy Sánchez
Arredondo, de conformar una mesa especial que le dé seguimiento a la temática y
problemática de la isla de cedros, yo veo con beneplácito que hay en el municipio
de Ensenada cinco Diputados que bien podríamos integrar, y si usted nos invita
de que ya somos algunos parte de la Comisión de Fortalecimiento Municipal, pero
que pudiéramos participar en una reunión, pero precisamente en la isla de cedros,
donde pudiéramos ir el mayor número de Diputados, para que analizáramos estos
temas que muchas veces hemos planteado para que veamos cuales son las
condiciones de la gente de manera personal y constatemos cuales son los asuntos
que faltan; yo le solicito que a través de su Comisión, respetuosamente hagamos
la convocatoria y la invitación a los cinco Diputados ensenadenses y a los
Diputados que quisieran trasladarse a la isla de cedros.
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- EL C. DIP. GARCÍA LÓPEZ: Hacer allá una sesión.
- EL C. PRESIDENTE: O una sesión en la isla de cedros, sería una situación que
tendríamos que ver. Bien, le encargaríamos el tema. Seguimos adelante, vamos a
darle el uso de la voz a la Diputada Claudia Josefina Agatón Muñiz, para dar
lectura a la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al titular del
ejecutivo del estado que gestione ante quien corresponda de las dependencias
federales y/o concesionarios o permisionarios de paraderos turísticos, terminales
de autobuses de pasajeros, centros comerciales o de reunión públicos que se
establezca la gratuidad en el uso de sanitarios públicos a los adultos mayores.
Tiene la palabra Diputada.
- LA C. DIP. AGATÓN MUÑIZ: Gracias Diputado, y antes de iniciar mi intervención
yo sí quiero aprovechar para dar la bienvenida a nuestras compañeras, a la
Diputada Nancy Sánchez y a la Diputada Lizbeth Mata, felicitarlas por el esfuerzo
realizado.
DIP. ALFONSO GARZÓN ZATARAIN
Presidente de la Mesa Directiva de la XX Legislatura del Congreso del Estado de
Baja California
Compañeras y Compañeros Diputados: Buenas tardes.
Con base en lo dispuesto en los artículos 110, 114 y 117 de la Ley Orgánica del
Poder Legislativo de Baja California, quien suscribe, Diputada Claudia Josefina
Agatón Muñiz, del Partido del Trabajo, someto a consideración de esta Vigésima
Legislatura de Baja California, la siguiente Proposición con Punto de Acuerdo para
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pedir a los ayuntamientos el estado y al titular del ejecutivo del estado que en
parques y jardines, así como en paraderos turísticos y terminales de autobuses de
transporte de pasajeros se establezca la gratuidad en el uso de sanitarios públicos
a los adultos mayores, lo anterior con base en la siguiente:
EXPOSICION DE MOTIVOS
Los adultos mayores requieren de distintos servicios públicos y las entidades de
gobierno deben velar por que el acceso a los mismos sean eficientes y de ser
posible que no tengan costo o que dicho costo sea menor, debido a que este
sector de la población, se encuentra en muchas ocasiones en desventaja e incluso
en vulnerabilidad, respecto a las personas jóvenes y adultas.
Esto, debido a sus condiciones de salud por el efecto del envejecimiento y también
debido a su economía. Ante tal situación, es imperante velar porque nuestros
adultos mayores tengan beneficios directos tutelados por las instancias de
gobierno.
En este aspecto, la Organización Mundial de la Salud, elaboró una Guía de
Ciudades Globales Amigables con los Mayores. En dicho documento se establece
que el envejecimiento de las personas y la urbanización de las ciudades son
factores que van íntimamente relacionados y que dicha interrelación impone la
necesidad de establecer mecanismos tendientes a garantizar una adecuada calidad
de vida a los adultos mayores y sobre todo para garantizar la salud de los mismos.
En este sentido, se basan en la Declaración sobre Envejecimiento de la OMS de
Brasilia, en 1996, que entre otras cosas señala que: Las personas mayores
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saludables constituyen un recurso para sus familias, sus comunidades y la
economía. En este tenor, debe entenderse que para ser sustentables, las ciudades
deben proveer estructuras y servicios que sostengan el bienestar y la productividad
de sus residentes.
En particular, las personas mayores requieren entornos de vida facilitadores y de
apoyo para compensar los cambios físicos y sociales asociados al envejecimiento.
Esta necesidad fue reconocida como una de las tres directivas prioritarias del Plan
Internacional de Acción sobre Envejecimiento de Madrid, avalado por las Naciones
Unidas en el 2002.
Estos acuerdos y declaraciones de carácter internacional, establecen que el lograr
que las ciudades sean más amigables con los adultos mayores, constituye una
respuesta necesaria y lógica para promover el bienestar y el aporte de los
residentes urbanos de mayor edad y mantener ciudades prósperas. Y toda vez que
el envejecimiento activo es un proceso que dura toda la vida, una ciudad amigable
con los mayores es una ciudad para todas las edades.
En Baja California, este poder legislativo a través de ordenamientos legales de
carácter estatal, ha impuesto diversos beneficios para los adultos mayores que van
orientados a otorgar descuentos e incluso la gratuidad en el pago de servicios
públicos y derechos, particularmente en aquellos ligados a la salud.
Sin embargo, personas de la tercera edad residentes de la Ciudad de Ensenada,
nos hicieron la petición de que por una parte se construyan más baños públicos y
que se les otorgara la gratuidad del uso de sanitarios en parques públicos.
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Ya que en la mayoría de estos los sanitarios públicos exigen un cobro por el uso de
los mismos, argumentando que ese cobro es para garantizar un adecuado
mantenimiento de los mismos y para solventar el pago de agua que se consume
en los mismos. (Los residentes de la ciudad de Ensenada, me han planteado una
doble problemática, por una parte, la falta de infraestructura para el uso de los
adultos mayores y por otra parte el cobro que se les hace por la utilización de la
existente, siendo el caso concreto de los sanitarios públicos, cobro disfrazado de
cooperación, para que ustedes sepan oscila entre los dos y diez pesos por el uso
de los sanitarios, bajo la justificación de que este recurso es para garantizar un
adecuado mantenimiento de las instalaciones sanitarias y para solventar el pago
de agua que se consume en ellas.)
Lo que nos señalaban estas personas es que muchos de ellos se reúnen en
parques públicos y por sus condiciones de salud, requieren de usar con frecuencia
los sanitarios y el cobro de los mismos si les impacta en su precaria economía.
Por lo anteriormente expuesto someto a consideración de este Honorable
Congreso para que sea aprobado por obvia y urgente resolución, el siguiente:
PUNTO DE ACUERDO
PRIMERO.- Que este Honorable Poder Legislativo a través de su Presidencia,
solicite al Titular del Ejecutivo del Estado que gestione ante quien corresponda de
las dependencias federales y/o concesionarios o permisionarios así como que
instruya a las dependencias estatales competentes para que en paraderos
turísticos, terminales de autobuses de pasajeros, centros comerciales o de reunión
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públicos, como en las plazas, unidades deportivas o parques se establezca la
gratuidad en el uso de sanitarios públicos a los adultos mayores.
SEGUNDO.- Que al igual que en párrafo anterior se exhorte a los Alcaldes de los
ayuntamientos del estado para que en los parques públicos, unidades deportivas,
plazas públicas y sitios de recreación administraos por los ayuntamientos o por
permisionarios o concesionarios, se garantice la gratuidad a las personas mayores
en cuanto al uso de los sanitarios públicos.
Es cuánto.
Dado en el Salón de Sesiones ―Benito Juárez García‖ del Poder Legislativo del
Estado de Baja California, a los 5 días del mes de julio del 2012.
Atentamente
¡Unidad Nacional, Todo el Poder al Pueblo!
Dip. Claudia Agatón Muñiz
- EL C. PRESIDENTE: Muchas gracias Diputada; con base a lo que establece el
artículo 127 de la Ley Orgánica de este Congreso, se declara abierto el debate de
la dispensa de trámite del acuerdo leído por la Diputada Claudia Josefina Agatón
Muñiz; y con relación a lo que establece el artículo 129 de la Ley Orgánica de este
Congreso, se pregunta a los y las Diputadas si desean intervenir en contra de la
dispensa de trámite, de no ser así, se solicita a la Diputada Secretaria Escrutadora
someta en votación económica la dispensa de trámite.
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- LA C. SECRETARIA ESCRUTADORA: Por instrucciones de la Presidencia, se
somete a votación económica la dispensa de trámite presentada; los que estén
por la afirmativa manifestarlo: mayoría Presidente.
- EL C. PRESIDENTE: Muy bien; con base a lo que establece el artículo 127 de la
Ley Orgánica de este Congreso, se declara abierto el debate del acuerdo leído por
la Diputada Claudia Josefina Agatón Muñiz, adelante Diputado Magaña.
- EL C. DIP. MAGAÑA MOSQUEDA: Gracias; yo nomas quisiera agregar si me
permite Diputada Agatón, para la cuestión de la transparencia, que dice usted de
los cobros, verdad, que sea gratuito, los servicios que menciona hay
ayuntamientos en el Estado que están cobrando el estacionamiento y sin embargo
no dan boleto, quisiera que también pudiera incluir en el exhorto, no hay
transparencia en el recurso que están recaudando, si, especialmente en el bulevar
fundadores de las canchas deportivas que hizo Jorge Ramos; su servidor fue ahí y
son diez pesos y no dieron un boleto eh, es un mal manejo de las recaudaciones
del ayuntamiento, yo quisiera que fuera transparente también y se incluyera en su
posicionamiento ; estamos de acuerdo.
- LA C. DIP. AGATÓN MUÑIZ: Si Diputado, yo creo no hay inconveniente para que
quede asentado.
- EL C. PRESIDENTE: ¿Algún Diputado más que desee intervenir? De no ser así,
solicito a la Diputada Secretaria Escrutadora someta a votación económica el
acuerdo.
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- LA C. SECRETARIA ESCRUTADORA: Por instrucciones de la Presidencia, se
somete a votación económica la Proposición con Punto de Acuerdo presentada, los
que estén por la afirmativa manifestarlo: mayoría Presidente.
- EL C. PRESIDENTE: Muy bien, en base a lo anterior, se declara aprobado el
Acuerdo leído por la Diputada Claudia Josefina Agatón Muñiz. Dado en el Salón de
Sesiones ―Licenciado Benito Juárez García‖ del Poder Legislativo del Estado de
Baja California, en sesión ordinaria de la Honorable Vigésima Legislatura del
Congreso del Estado, a los cinco días del mes de julio del año 2012. Se pasa al
siguiente apartado: ―Posicionamientos‖, si no los hubiera, agotado el orden del
día, se cita a los ciudadanos Diputados integrantes de la Vigésima Legislatura para
el día martes diez de julio a las diez horas. Se cierra la sesión. (Timbre:12:35 hrs.)
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