RECO MENORES.pdf - Comisión Estatal de Derechos Humanos

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A Recomendación No. /2008
Expedientes: CEDH-QP-637/2006
QP-599/07, QP-677/07
Comisión Estatal de QP-707/07, QP-874/07
Derechos Humanos QP-102/08, QP-147/08
San Luis Potosí, S.L.P., a de
Agosto de 2008.
Lic. RAÚL ARREDONDO QUINTERO
Subsecretario de Prevención y
Readaptación Social en el Estado
P R E S E N T E.-
QP-174/08, QP-326/08
No. De Oficio: /2008.
Derechos Humanos violados
Derecho a la Seguridad Jurídica
Derecho a que todo acto de autoridad esté motivado y fundado en
leyes formales (principio de legalidad)
Derechos de niñas, niños y adolescentes
Derecho a la protección especial atendiendo siempre al interés
superior del niño y la niña;
Derecho a que se brinde un trato diferenciado entre los niños o
niñas a quienes se les imputa la comisión de un hecho delictivo;
Derecho a disfrutar de todas las garantías y protección y a ser
considerado sujeto de derecho.
Derecho a que las personas menores de edad tengan un
adecuado desarrollo físico, moral y espiritual.
Derecho a la honra y a la dignidad:
Derecho al respeto de la honra y reconocimiento a la dignidad.
Derecho a la protección de la ley contra injerencias o ataques
ilegales a la honra o reputación o imposición de castigo indebido.
Con fundamento en los artículos 102 Apartado B de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos; 17 de la Constitución Política
del Estado de San Luis Potosí; 1º, 6º fracciones I, II y III; 15 fracción
VII; 24 fracción V, 43 y 45 de la Ley de la Comisión Estatal de
Derechos Humanos, le informo que se ha concluido la investigación de
diversas quejas iniciadas de oficio o planteadas por internos, familiares
y custodios del Centro de Internamiento Juvenil para Menores y emito
a Usted la presente Recomendación, por ser de su competencia.De las
quejas se advierten omisiones sistemáticas en aspectos importantes

del procedimiento, alojamiento y trato que se da a los menores en los
Centros de Internamiento Juvenil Uno, ubicado en el antes Consejo
Tutelar -en adelante CIJ I- y otro en el Centro Estatal de Reclusión
No. 1, La pila –en lo sucesivo CIJ II- por lo que con fundamento en el
artículo 73 del Reglamento de la Ley de la Comisión dichas quejas
fueron acumuladas al expediente más antiguo cuyo número aparece al
rubro.
Enseguida se detalla el contenido de los hechos de cada queja, que
sustentan la presente Recomendación.
Queja uno
Expediente: CEDH-QP-637/2006
I.- H E C H O S
El 2 de agosto de 2006 Juan Guillermo López Huesca ingresó al
CEPRERESO No. 1 La Pila, …estaba en el dormitorio seis…debido a
represalias de un familiar político de la víctima fue ingresado a
seguridad individual… el 10 de octubre del mismo año y atendiendo
parcialmente a lo ordenado por el Decreto 582, Ley de Justicia para
Menores del Estado, fue aislado provisionalmente en el anexo que se
construyó inicialmente para albergar a pacientes psiquiátricos, al que
se le puso una malla ciclónica para quedar independiente del área
antigua psiquiátrica. En esta nueva área se encontraban
alrededor de diez menores que no tienen ningún tipo de
actividad cultural, deportiva o educativa, tampoco se les
proporcionan actividades terapéuticas y la alimentación es
poca. Algunos jóvenes realizan actividades manuales para las que
utilizan un exacto, lo que resulta peligroso si no se dictan medidas de
control. El lugar está compuesto de dos plantas, la baja se acondicionó
como dormitorio y la planta alta sirve para comedor de las visitas, el
lugar mide aproximadamente 25.00 por 8.00 metros; detrás de la
división que hicieron para separar el anexo psiquiátrico del juvenil los
pacientes psiquiátricos realizaban sus necesidades fisiológicas y se
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escurrían entonces hacia el área asignada para los jóvenes,
provocando olores fuertes y desagradables.
Las características del lugar permiten afirmar que no reúne las
mínimas garantías para la estancia de los internos.
Este tipo de encerramiento causa deterioro en el estado de ánimo y
consecuentemente en la salud y lo más grave es que no se cumple con
la finalidad de readaptar a los adolescentes entre 14 años y más, ya
que allí estaban quienes en el momento de realizar una conducta
contraria a la ley tenían 16 años y más, que ahora cumplían con una
sentencia, siendo por supuesto mayores de 18 años. La seguridad de
estos internos estaba a cargo de un custodio que trabajaba en el penal
para adultos. En el momento en que esta queja se recibió había
fuertes rumores de que un menor de los que se encuentran allí fue
sorprendido fumando marihuana…”
Queja dos
Expediente: CEDH-QP-599/2007
El 3 de septiembre de 2007 en esta CEDH se recibió carta emitida por
varios padres de menores recluidos en el Centro de Internamiento
Juvenil I (en adelante CIJ I), ubicado en lo que fue el Consejo Tutelar
Central, en donde dijeron existe un proyecto para su remodelación, y
que las autoridades pretendían trasladar a 50 menores al anexo
del CEPRERESO o Centro de Internamiento Juvenil II (en
adelante CIJ II). Los padres argumentaban su inconformidad en los
siguientes puntos:
1. En ese anexo (CIJ II) no se cuenta con el espacio suficiente para
albergar a toda la población juvenil.
2. Los ahí internos no cuentan con ningún maestro, psicólogo, ni áreas
deportivas.
3. Sólo un custodio estaba a cargo de los 16 menores allí recluidos
entonces, por lo que se puede hablar de marginación y aislamiento.
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Esta CEDH se reunió para tratar el tema y además envió medidas
precautorias al Subsecretario de Prevención y Readaptación Social
solicitando no enviara a los menores del CIJ I al CIJ II. La respuesta no
se recibió por vía documental pero no se envió a los menores al CIJ II.
Queja tres
Expediente: CEDH-QP-677/2007
Los hechos en esta queja ocurrieron en el Centro de Reclusión Distrital
(en lo sucesivo CEREDI) de Matehuala, S.L.P., en donde fue internado
Ricardo Francisco Hernández Eguía, de 16 años y lo ubicaron en
un sitio donde se encuentran internos mayores de edad, por carecer
de un espacio para adolescentes y jóvenes. Esto ocasionó que el 6 de
octubre del 2007 a las 10:00 hrs. fuera agredido por un interno de
nombre Gustavo Garay; se demostró que presentaba lesiones en su
cuello, rasguños en la nuca, cortadas en la cabeza, inflamación, dolor
de cabeza y oído, y que no recibió atención médica.
Queja cuatro
Expediente: CEDH-QP-707/2007.
Mauro Israel Olvera Ruíz ingresó al Centro de Prevención y
Readaptación Social No. 1 del Estado (en adelante CEPRERESO) a las
13 horas del viernes 12 de octubre de 2007, proveniente del penal de
Ciudad Valles acusado de secuestro. Le informaron que sería
incorporado al área juvenil; sin embargo, desde su ingreso se
encuentra en un área restringida de castigo, junto con
personas adultas. Personal de esta CEDH acudió al Centro a
entrevistarlo, y les señaló que desde el primer momento lo ingresaron
al área de segregados (sic), que en diversas ocasiones solicitaba le
permitieran realizar llamadas telefónicas y se lo negaban, aduciendo
órdenes superiores, que desde su ingreso lo instalaron en una celda
con un compañero, sin que se les permitiera caminar por el pasillo y
los alimentos debían consumirlos en el interior de la celda, asegurada
con candado.
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El 3 de noviembre personal de esta CEDH acudió al CEPRERESO a
entrevistarlo y el joven dijo que dos internos que no conoce lo
golpearon en la nariz, le desviaron el tabique y estaba sangrando, que
en la clínica lo atendieron y agregó que en días pasados le habían
robado dinero, sus cobijas y su colchoneta; dijo que no deseaba
interponer queja, porque no conocía a sus agresores y sólo pidió que
lo cambiaran de lugar.
Queja cinco
Expediente: CEDH-QP-874/2007
El Centro de Reclusión de Rioverde (en lo sucesivo CER de Rioverde) 1
carece de un espacio para jóvenes y adolescentes, según ha quedado
demostrado con la detención en ese lugar de los jóvenes que a
continuación se mencionan.
La Defensora Pública Adscrita a la Primera Sala Penal del Supremo
Tribunal de Justicia del Estado, Lic. Adriana Silos Motilla, denunció
presuntas violaciones a derechos humanos en agravio de Marcelino
Morales González, recluido en ese CER y en resumen señaló que “de
los autos se advierte que el menor acusado se encuentra en un espacio que no es
adecuado para él.”
También se internó en el CER de Rioverde a Juan Víctor González
López a quien según el dicho de su madre los defensores de oficio se
negaron a defender y además se le internó junto con otro acusado que
es mayor de edad…
Queja seis
Expediente: CEDH-QP-102/2008.
Esta queja está relacionada con la número Cuatro y los hechos
consistieron en : El 14 de febrero de 2008 Mauro Israel Olvera Ruiz
informó a su madre que un custodio le pidió $20.000.00, si no, lo
1 De acuerdo con el Reglamento de los Centros Estatales de Reclusión de S.L.P. publicado en el POE el 26 de
Septiembre de 2006, ésta es la nueva designación.
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matarían o no lo dejarían llegar a la visita, que el dinero se lo pidió el
Jefe de Inspector de Seguridad.
Queja siete
Expediente: CEDH-QP-147/2008
En el CIJ I no hay control sobre el ingreso de substancias prohibidas y
no existe un sistema de solución pacífica de conflictos y se amenaza a
las personas que visitan a sus familiares si manifiestan su
inconformidad con algún hecho. No existe un reglamento que sustente
la imposición de medidas disciplinarias. En efecto, el 5 de marzo de
2008 cuando Francisca Rivera Zavala se presentó a las 15 hrs. en el
CIJ I para visitar a su hermano Mateo Alejandro Rivera Zavala,
recluido en ese centro, fue informada por un licenciado del
departamento jurídico de nombre Juan Carlos, que estaba suspendida
la visita ya que le habían encontrado una pequeña cantidad de droga
al menor (un pedazo de cigarro y una pastilla rosa). Ella se molestó y
el Abogado la amenazó diciéndole que si seguía alterándose, su
hermano pagaría las consecuencias. La Señora fue aconsejada de no
comentar nada, o de lo contrario se llamaría a una patrulla.
Queja ocho
Expediente: CEDH-QP-174/2008
Los hechos señalados en la queja anterior se corroboran con los que a
continuación se narran: El 25 de marzo de 2008, derivado de la nota
publicada el 12 del mismo mes y año en el periódico “San Luis Hoy”, se
acordó iniciar de oficio 2 la investigación sobre las denuncias hechas
por parte de los custodios del CIJ I y II, quienes en resumen señalan
lo siguiente:
1. Hay al interior del Centro tráfico de drogas, alcohol y cigarrillos.
2. No cuentan con equipo de protección ni capacitación adecuada
para enfrentar contingencias.
2 De acuerdo con el Artículo 6◦ fracción II, inciso “a” de la Ley de la Comisión Estatal de Derechos
Humanos y 76 de su Reglamento, las denuncias aparecidas en medios de comunicación, de las que
derive una probable violación a dd.hh. se pueden iniciar sin necesidad de que se presenten
inicialmente aquí los quejosos.
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3. Están rebasados por la población interna (para esas fechas,
había un total de 87 internos en el CIJ I y esperaban la llegada
de 17 más, en edades de alrededor de 21 años con problemas
graves).
4. Los jóvenes los han llegado a golpear.
Queja nueve
Expediente: CEDH-QP-326/2008
Esta queja está relacionada con la diversa Queja Tres de esta
Recomendación, en la que el propio interno había manifestado que lo
tenían en área para mayores y que había sido objeto de agresiones.
Las agresiones continuaron con la aquiescencia del Alcaide, a quien el
interno solicitó permiso el 29 de abril a las 11.00 horas de acudir al
baño localizado afuera del área femenil y aquél se negó,
argumentando que fuera al baño ubicado en el área para varones
mayores de edad, a donde acudió y al realizar sus necesidades
fisiológicas fue agredido por 7 internos, al salir del baño nuevamente
fue agredido; después de las agresiones fue auxiliado por personal de
seguridad y custodia, lo llevaron al Hospital General de Matehuala
donde lo atendieron, y fue dado de alta a las 16:30 horas de ese
mismo día.”
Queja uno.
Expediente: CEDH-QP-637/2006
II. E V I D E N C I A S
1. – Acta circunstanciada TVG8-424/2006 donde consta la inspección
realizada por personal de esta CEDH al CIJ II, donde se destaca lo
siguiente:
- No existe separación física entre los jóvenes, ni áreas especiales para
procesados y los de nuevo ingreso, pues todo el tiempo conviven en el
mismo espacio, existe sólo una reja que separa el lugar donde pernoctan
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los de nuevo ingreso, de donde están los procesados y los que cumplen
medidas.
- Sólo cuatro internos realizan actividades laborales, en la empresa SLIDER
que se dedica a hacer partes automotrices y utilizan para su labor
instrumentos cortantes denominados “exactos”, que supuestamente son
supervisados por el único custodio asignado al lugar, para que no se
empleen de forma inadecuada.
- La alimentación al momento de la supervisión era proporcionada por
“Cafetería y Restaurante El Pacífico S.A. de C.V.” a través de servicios
generales del CEPRERESO, servida en trastes desechables.
- Existe área de usos múltiples la cual se ubica en la parte superior del
inmueble. En esta sección los menores conviven con sus visitas, en ese
mismo espacio comen, ven la televisión y trabajan.
- En la planta alta existen cubículos destinados para oficinas, que dicen
son para un médico, personal jurídico, de trabajo social, psicología, laboral
y de administración; mismas que se encuentran en desuso, con mobiliario
deteriorado y sin personal.
- No existen actividades recreativas, deportivas ni educativas, ya que el
área de esparcimiento es demasiado reducida para que los jóvenes puedan
tener actividades.
- El personal médico, técnico, jurídico y de seguridad y custodia que
atienden a los jóvenes pertenecen al CEPRERESO 1, en tanto –dicen- se
integra el personal capacitado propio del CIJ II. Cuando un menor interno
necesita atención, los profesionales antes mencionados del CEPRERESO se
trasladan al edificio del CIJ II.
- Se cuenta con botiquín de primeros auxilios y cuando se requiere, un
elemento médico del CEPRERESO acude a abrirlo, pues sólo él tiene la
facultad de hacerlo.
- Los días de visita familiar son los jueves y domingos. Ingresan los
familiares directos, no importa el número. La revisión se hace de acuerdo a
la normatividad del CEPRERESO.
- El personal de seguridad y custodia está conformado por seis custodios
de tres diferentes grupos (leopardo, tigre y puma) del penal, de los cuales
dos por turno, son los responsables del área. Los guardias fueron
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seleccionados por la licenciada Blanca del Rocío Gaspar Martínez, quien en
el momento que se ubicaron a los menores en lo que hoy es el CIJ II se
desempeñaba como asesora jurídica de la Subdirección de Seguridad y
Custodia dentro del CEPRERESO, y también laboró como personal de
tutoría en lo que fue el “Consejo Tutelar para Menores”
- Se tuvo dificultad para realizar la inspección, pues el día de la visita no se
encontraba el Director o algún otro miembro del personal administrativo
dentro del CIJ II, por lo cual se realizó con personal de seguridad y
custodia del CEPRERESO, que se encontraba en turno.
- Se entrevistó a cinco menores, pues los otros siete se encontraban en
visita familiar; manifestaron estar tediosos o aburridos, pues no hay
actividad…las celdas se encontraban desordenadas y con comida en su
interior …la disciplina ha sido flexible, pues se encontraron rastros de
manchas ahumadas en la pared, al parecer hechas por fuego.
2.- Oficio SPRS/490/06 emitido por el Subsecretario de Prevención y
Readaptación Social, Lic. Alfonso Leal Bravo, en respuesta a la solicitud
de informes de la Tercera Visitaduría de esta CEDH, donde señaló,
entre otras cuestiones que:
-“El edificio que describe la denuncia se ubica en una área anexa al
CEPRERESO No. 1 La Pila, con las medidas aproximadas que menciona…
que dicho despacho es provisional, mientras se adecúa, integra e
implementa la transformación completa del nuevo sistema de justicia para
adolescentes en nuestro Estado, con todas las instituciones implicadas en
el mismo…actualmente se trabaja en la construcción de una barda divisora
que separa a la población psiquiátrica de los menores para su propia
seguridad. Asimismo, se proyectan los espacios físicos idóneos para dar
cabal cumplimiento a lo establecido en la multicitada Ley”.
- “Adjunto lista del personal administrativo del Consejo Tutelar Central que
labora con el actual Centro de Internamiento Juvenil, así como del personal
de nuevo ingreso, para coadyuvar y complementar el desarrollo de los
programas de tratamiento para los menores internos”.
-“El tratamiento se dará con el personal calificado para aplicarlo de acuerdo
a lo ordenado por el Juez Especializado en sus resoluciones”.
-“El Centro de Internamiento Juvenil continúa de manera regular, con sus
actividades técnicas, en las cuales se encuentra el punto de encuentro IEEA
para alfabetización, primaria y secundaria, el sistema abierto de la SEGE
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para bachillerato; talleres de oficios como carpintería, herrería, electrónica,
manualidades, etc; talleres culturales como fotografía, teatro, literatura,
pintura y danza contemporánea: eventos recreativos y cívicos, así como sus
terapias psicológicas individuales y grupales; dichas terapias se
proporcionan tanto al menor como a su familia en el plantel ubicado en Fray
Diego de la Magdalena No. 1057 de esta ciudad”.
-“Para el anexo del Centro de Internamiento Juvenil ubicado en forma
provisional en el CEPRERESO No.1 La Pila, se contemplan diversas
actividades, en las cuales se trabaja actualmente en coordinación con las
instituciones inherentes a las mismas,(sic) tal es el caso de la Secretaría de
Cultura, con la cual se estudia el desarrollo de actividades culturales de
acuerdo al perfil individual del interno y su biotopo (sic). Asimismo ocurre
con el área educativa, de capacitación, y terapias psicológicas, tomando en
cuenta, que se trata de internos que antes de la reforma del artículo 18 en
mención, estaban compurgando su sentencia dentro del CEPRERESO No.1
La Pila, y que con dicha reforma se han beneficiado; sin embargo, las
actividades laborales que se encuentran realizando, por ahora en forma
provisional, cuentan con la debida vigilancia del personal de Seguridad y
Custodia asignado a dicho centro”.
3.- Acta circunstanciada TVG7-207/2007 donde consta la inspección
realizada por personal de esta CEDH a las instalaciones del CIJ II,
donde las esperaba un funcionario adscrito al CIJ I, sitio desde donde
se trasladó para acompañar a las abogadas en su recorrido; en el lugar
había en ese momento 21 internos. Dentro de las instalaciones se
observó a los menores mas no así a personal administrativo o de
seguridad, varios menores se acercaron al personal de la CEDH
para manifestar su inconformidad por no tener ninguna
actividad laboral, cultural, educativa o deportiva que realizar.
Hay en el expediente placas fotográficas de esta visita.
4.- Acta circunstanciada TVG-450/2007 en la que consta la denuncia
presentada por la Señora Rosaura Huesca de López el 28 de
septiembre de 2007 ante personal adscrito a la Tercera Visitaduría de
esta Comisión, para informar que su hijo Guillermo López Huesca está
internado en el área que se habilitó para los jóvenes en el CEPRERESO
La Pila, en donde un joven de la sección de adultos, Sergio Mayorga, le
robó una cachucha marca NIKE, mientras estaba de turno en vigilancia
el grupo PUMA. Añadió la señora que los muchachos todo el día lo
pasan de holgazanes, que su hijo se levanta a las doce del día, que
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únicamente ha asistido un maestro y lo único que hace es pedirle a los
internos que firmen y se retira. Manifestó su disgusto por el
incumplimiento del Subdirector de Prevención y Readaptación Social
del Estado quien les dijo que estarían atendidos por el personal técnico
y además ocupados.
Queja dos
Expediente: CEDH-QP-599/2007
5.- Acta circunstanciada TVG-412/07 donde consta que ante la Tercera
Visitadora de esta CEDH comparecieron tres personas en
representación de los padres y familiares de jóvenes internos en el CIJ
I, cuyos nombres se reservan. En la reunión se analizó la propuesta de
la Subsecretaría de Prevención y Readaptación Social consistente en
trasladar a los jóvenes del CIJ I al CIJ II; los presentes dijeron que el
Subsecretario, Lic. Arredondo Quintero les comentó que los trabajos
de remodelación del CIJ I durarían cinco meses y al terminar se
reubicaría a los jóvenes, que se comprometía a que recibieran los
servicios (atención médica, escolar, deportiva, psicológica) en
el anexo de la Pila y garantizar la inexistencia de algún
contacto con los adultos. Agregaron que su principal temor, ya
manifestado al servidor público, es el alto nivel de drogadicción
existente en la Pila, así como la corrupción que facilita el ingreso de
drogas al interior, la respuesta fue que los menores estarían
estrechamente vigilados por el personal de custodia del antiguo
Consejo Tutelar y en caso de que alguno tuviera que acudir al
área de pedagogía, sería acompañado por el maestro y un
custodio. Desde el criterio de los interesados era una propuesta
difícil de cumplir por la cantidad de personal que se requeriría
para atender a ochenta y un jóvenes, más los que ingresasen en
el lapso de los cinco meses; dijeron no oponerse al proyecto, siempre
y cuando se otorgara la garantía de respeto a los derechos
fundamentales de los menores, consistentes en derecho a la vida,
seguridad, salud etc… Propusieron utilizar el auditorio del antiguo
Consejo Tutelar Central para ubicar a los muchachos, además de
trasladar ahí también a los jóvenes internos en el CIJ II pues
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manifestaron que se encontraban abandonados, marginados y
desatendidos.
6.- El 19 de agosto de 2007, en la revista “Quehacer Político” apareció
un reportaje referente a la fuga de un reo, y da cuenta también de un
decomiso de drogas sin precedentes en el penal; el autor de nombre
Víctor Manuel Ascanio Ruíz menciona:
“…las investigaciones revelan que dentro del penal (CEPRERESO No. 1) se
comercia con una sustancia parecida al crack. Es un compuesto conocido con el
nombre de piedra, formado a base de cocaína, polvo de suero oral, cloro y
amoniaco…también se comercia con polvo de cocaína…no falta la colilla de
marihuana…todas estas sustancias son de fácil adquisición, la única
limitante es el dinero…adictos pueden contentarse con un pedazo de estopa
mojada con solvente…”
7.- Tarjeta informativa donde se hacen constar las distintas visitas
realizadas a las instalaciones del CIJ II en las que se encontraron,
entre otras cosas, lo siguiente:
I. Primera visita, realizada el 20 de octubre de 2006:
Población : 12 internos.
Custodios : 2 que antes estaban en el área para adultos.
No hay separación física entre procesados y sentenciados, sólo
una reja delimita el área de los de nuevo ingreso.
Existen oficinas administrativas en desuso. Tal vez por falta de
personal que las ocupe.
Las celdas: tienen tres literas dobles hechas de latón, con colchón
ortopédico, un buró para cada una y sanitario.
Iluminación: buena, tanto natural como artificial.
Visita íntima:Sólo un interno tenía y se acondicionó un espacio en la
planta alta para ello.
Aéreas de esparcimiento: el pasillo de ingreso a la sección y la planta
alta que se utiliza para comer, ver televisión y trabajar.
Trabajo: Sólo cuatro internos lo realizan y utilizan navajas tipo
“exacto”.
Ingreso: Hubo dificultad para entrar, ya que no había personal
administrativo del CIJ II, que permitiera el acceso.
II. Segunda visita, realizada el 9 de mayo de 2007. Se obtuvieron
los siguientes datos:
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Población: aumenta a 21 internos.
Mismas condiciones materiales antes descritas.
Personal: No hay quien atienda el lugar, con la agravante de que los
muebles de oficina se encuentran más deteriorados.
Instalaciones: Ya se hicieron las adecuaciones y se instaló
la
barda divisoria entre la sección juvenil y la psiquiátrica.
El resto de las condiciones del lugar permanecen igual que en la visita
anterior.
III. Tercera visita, el 11 de septiembre de 2007. De manera
general se encontró:
Instalaciones: siguen siendo las mismas, en visible deterioro, sin
personal.
Superficie total: el área donde se pretendía instalar a los 54
jóvenes internos en el CIJ I es de 93.5 metros cuadrados, que resulta
en 1.73 metros por joven, sin contar el resto de la población que ya
estaba allí instalada, lo cual es insuficiente para unas condiciones de
vida saludable.
8.- En la ya mencionada Acta TVG7-450/07 se hizo constar, además de
los hechos relativos a la denuncia de la Señora Rosaura Huesca de
López, que personal de esta CEDH habló con el Lic. Juan José
Rodríguez Molina quien se ostentó como Subdirector del Centro de
Internamiento Juvenil I, y refirió que “efectivamente no se han iniciado las
actividades de las áreas técnicas en el anexo que está en la Pila y la razón es que
no hay autorización a la propuesta que su área diseñó y en cuanto a Seguridad y
Custodia es personal de La Pila quien apoya, pues no es posible enviar personal de
los que están en Fray Diego de la Magdalena (antiguo Consejo Tutelar Central),
pues son 58 menores y poco personal de seguridad.”
9.- Copia del Oficio PCEDH-219/2007 dirigido el 14 de septiembre de
2007 por esta Presidencia al Subsecretario de Prevención y
Readaptación Social en el Estado, Lic. Raúl Arredondo Quintero,
solicitando como medida precautoria no trasladara a los menores del
CIJ I al CIJ II.
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10.- Acta 399/07 donde consta la entrevista con el Director General de
Ejecución de Medidas para Menores, doctor Agustín Bañuelos Sánchez,
a quien se le cuestionó sobre el tratamiento que debe recibir Juan
Guillermo López Huesca, y el funcionario señaló: que desde el 20 de julio
de 2007 se ha estado trabajando en el diseño del programa, que el motivo del
retraso es la oposición de la Juez de Ejecución a la aprobación del programa y con
relación al traslado de los menores del CIJ I al CIJ II quedó en proyecto, sin ser
acción aprobada.
Queja tres
Expediente: CEDH-QP-677/2007
11. Queja presentada por María de los Angeles Eguía Jasso, madre de
Ricardo Francisco Hernández Eguía, en la que señaló que éste fue
agredido por otro interno de nombre Gustavo Garay, quien trató de
ahorcarlo al estar lavándose los dientes.
12.- Personal de la Cuarta Visitaduría de la CEDH entrevistó al menor
Hernández Eguía el día 20 de mayo de 2008, y sobre lo dicho por su
madre agregó:
“…El 19 de septiembre de 2007 fui consignado al Juzgado Primero
Mixto de Primera Instancia de Matehuala, por delito de violación,
internado en el CEREDI, ubicado en el lugar para internos mayores
de edad, el cual es usado para hacer trabajos de pintura; desde el 25
de septiembre de 2007, por instrucciones del Alcaide, convivía con el
resto de la población interna, esto sucedido hasta el sábado 6 de
octubre, los horarios en los que estuve con los demás internos fue de
las 11:00 a las 21:00hrs., hacía mis necesidades en los baños de los
internos mayores, incluso dormía en una celda cuando mi lugar era
ocupado para pintar. El 6 de octubre de 2007 aproximadamente a
las 10 hrs. tuve un problema en el interior del baño, entró un interno
de nombre Gustavo Garay, me dio un golpe en la cara provocándome
una lesión en la oreja izquierda y escoriaciones en la cara y cuello,
me defendí como pude y también recibí 2 patadas de otros 2 internos
que no reconozco, al separarnos el interno dijo que me matarían
cuando me mandaran para atrás. Por ello, solicito poder asearme
alejado de la población mayor de edad, toda vez que temo por mi
seguridad e integridad física…”
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13.- Acta circunstanciada CUVG-380/07 en la que aparece que
personal de la Cuarta Visitaduría de la CEDH solicitó al Alcaide brindara
la atención médica requerida al menor y se abstuviera de ingresarlo al área en
donde se encuentran los procesados mayores de edad, reforzando la vigilancia
hacia aquél.
Queja cuatro
Expediente: CEDH-QP-707/2007.
14.- Acta circunstanciada OQ-860/2007 en la que consta la llamada
que hizo la señora Virginia Ruiz Rodríguez a la Lic. Laura Aguilar Pérez
adscrita a la Dirección de Quejas de esta CEDH el 18 de octubre de
2007, solicitando la intervención de este organismo porque dijo, que
su hijo había sido trasladado de Ciudad Valles, acusado de secuestro y
que le dijeron que estaría en el área juvenil, pero la realidad es que
está en un área de castigo desde que ingresó al CEPRERESO La Pila,
junto con personas adultas.
15.- Queja presentada el 19 de octubre de 2007 ante personal de esta
CEDH por Mauro Israel Olvera Ruiz, de 17 años de edad, originario
de Tampico Tamaulipas, en la celda 1 de segregados del CEPRERESO
No. 1 La Pila, en la que narró los hechos mencionados al hacer la
relación de la Queja cuatro, correspondiente al Expediente: CEDH-QP-
707/2007. El peticionario se dolió de violación a los derechos de los
reclusos en las modalidades de incomunicación, ubicación en un área
inadecuada y de acciones contra la administración de justicia.
16.- Oficio SJ-13492/2007 del 20 de noviembre de 2007, emitido por
el Lic. Basilio Hernández Puente, a la sazón Director del Centro
Preventivo y de Readaptación Social No. 1, quien sobre la ubicación de
Mauro Israel Olvera Ruíz señaló que:
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“…ciertamente el referido interno se encuentra asignado en
el área de reflexión, 3 (sic) lo anterior, en virtud de que por el
alto impacto del delito cometido, existen rumores dentro de la
población interna de este Centro, de atentar contra la integridad
del interno en mención, circunstancias que motivaron las
medidas pertinentes para ubicarlo en dicha área, a efecto
de salvaguardar la integridad física del mismo sirviendo de apoyo
lo establecido en el artículo 154 en relación con el 5 del
Reglamento Interior de los Centros Estatales de Reclusión de San
Luis Potosí.”
17.- Acta circunstanciada de fecha 25 de octubre 2007, en la que
aparece la entrevista que tuvo el quejoso con la Lic. Susana Zavala
Flores Visitadora Adjunta a la Tercera Visitaduría de esta CEDH, a
quien le manifestó que lo tuvieron sin hablar por teléfono una semana,
pero ya lo sacan a pasear (sic) por el pasillo del área de segregados,
nunca para afuera.
18.- Oficio CGDS-CG/015/08 signado por la Coordinadora General de
la Defensoría Social y de Oficio, donde sobre el caso de Mauro Olvera
señala lo siguiente:
- “El 9 de octubre de 2007 ante el Juzgado Mixto de Primera
Instancia en Ciudad Valles, se tomó declaración a Mauro Israel
Olvera Ruíz quien fue asistido por un defensor de oficio y dentro del
auto de formal prisión la Juez de la causa se declaró incompetente y
remitió el proceso al Juzgado Especializado para Menores de esta
Ciudad Capital”.
-“El 14 de octubre de 2007 a petición del director del CERESO de
Ciudad Valles, declinó la competencia del proceso a favor del Juzgado
Especializado de esta Ciudad, manifestando que dicho Centro no
cuenta con la debida seguridad para el menor de edad, ni precisa las
instalaciones adecuadas para satisfacer las exigencias naturales,
biológicas, psicológicas, sociales, culturales, de salud y educación
para el adolescente, quien requiere de un espacio adecuado y digno
para enfrentar el proceso que se le instruye, y a juicio de la
juzgadora de origen, para preservar la vida del adolescente”.
3 Se hace la aclaración de que , no obstante que la autoridad menciona el área como de “reflexión”, el nuevo
reglamento para CERS en sus artículos 96 Y 159-VI menciona el espacio como “aislamiento o
segregación”
16

- “El 23 de noviembre de 2007 el Juez Especializado en Justicia para
Menores de esta Ciudad, aceptó dicha competencia y en el Resolutivo
Tercero establece que se gire oficio al Director de Prevención y
Readaptación Social en el Estado para que proceda y ordene el
traslado del adolescente a un Centro de Internamiento
Especializado, que cuente con los medios necesarios para ejecutar
la medida de internamiento impuesta al menor de edad.
Circunstancia que fue debidamente notificada al Director mediante
oficio 2287/07 de 23 de noviembre de 2007 y recibido el 27 de los
mismos, el Juez de la causa ordenó requerir al Director del Centro de
Internamiento Juvenil para que dé exacto cumplimiento con lo
dispuesto en el precepto 18 constitucional y 9° de la Ley de Justicia
para Menores del Estado”.
-“El Director del Centro Estatal de Reclusión de San Luis Potosí
informó por oficio SJ-0559/08 del 11 de enero de 2008, que Mauro
Olvera Ruíz quedó en el CEPRERESO No.1 a disposición del órgano
judicial en el área de reflexión 4 para efecto de salvaguardar la
integridad física y mental del interno. A la fecha es el lugar
en que sigue recluido”.
Queja cinco
Expediente: CEDH-QP-874/2007
19.- Acta Circunstanciada TVG10-547/2007, en la que consta
entrevista realizada por personal de esta CEDH al menor Juan Víctor
González López, interno en las instalaciones habilitadas del CER en
Rioverde, quien externó:
“… llegué el lunes 3 de diciembre de 2007… me llevaron al área
de COC (Centro de Observación y Clasificación)… dormí junto con
la persona con la que me detuvieron. Al día siguiente acudí a
declarar al Juzgado de primera instancia de Rioverde a las 11:00
horas… el Juez dio la orden de que me cambiaran de
estancia porque era menor… no le hicieron caso las
autoridades del penal… hasta el viernes 7 de diciembre de
2007 a las 14:00hrs en que me trasladaron a lo que se
conoce como dormitorio dos dentro de la clínica, desde ese
4 Aplica la observación anotada al pie de la página 15 respecto al área que mencionan como de “reflexión”.
17

día hasta hoy he estado en este lugar junto con Marcelino Morales
González, sin que existan espacios adecuados para que
podamos realizar actividades físicas, educativas,
culturales y demás que nos ayude a tener una estancia
digna en este lugar, al contrario nos tienen en un cuarto de
4.80mts de largo por 3.05mts de ancho incluso al encontrarme en
esta área tengo que traer todo el tiempo tapa bocas porque
a unos pasos de nosotros (Marcelino y yo) vive un interno con
tuberculosis; de dicho cuarto salimos ciertas horas todos los
días, únicamente al pasillo del área de la clínica que da hasta el
patio del área de visita conyugal…”
20.- Acta Circunstanciada TVG10-548/2007, donde consta que
personal de esta CEDH entrevistó al menor Marcelino Morales
González, interno en las instalaciones habilitadas del CER en
Rioverde, quien en síntesis señaló:
“…es cierto lo que dice mi defensora…no existen los medios para continuar
con nuestra educación física y mental. Llegué el martes 4 de Septiembre
de 2007, como a las 22:00hrs, al área de COC de este centro de reclusión,
a la mañana del siguiente día salí a declarar al Juzgado, el Jueves de esa
semana me enviaron a la clínica a los cuartos de hospitalización donde
estaban cuatro personas mayores de edad, quienes eran dados de
alta, hasta que finalmente llegó un interno que padece de
tuberculosis, por lo que me ubicaron a lo que se conoce como el
dormitorio dos de la clínica. Solicito se nos den las facilidades para practicar
algún deporte, ir a las computadoras, ir a las canchas en horarios que no
estén los adultos, no ser trasladado a otra parte porque aquí está mi familia
que viene a visitarme… cuando llegué a este lugar era sano y uno de mis
temores es que estoy bajo de defensas y pueda contagiarme por el interno
que está cerca de nosotros y padece tuberculosis...”
21.- Mediante oficio TUVG 779/2007 se enviaron medidas precautorias
al Director del CER de Rioverde, con el fin de garantizar la protección a
la salud de los menores sugiriendo se valoraran médicamente en forma
periódica y se dictaran las medidas sanitarias correspondientes.
También se dijo que se brindara la atención médica adecuada al
interno enfermo de tuberculosis. En respuesta el Director del CER en
Rioverde envió el Oficio 081/2008 del 7 de enero de 2007, y refirió en
resumen que:
“esta institución no cuenta con un área para albergar a personas
menores de edad… en cumplimiento a lo ordenado por las
18

autoridades judiciales, habilitan las instalaciones de ese centro a
efecto de que ambos menores infractores queden internados en un
lugar especializado de acuerdo a su edad y sexo; se habilitó un
espacio en el área clínica, área totalmente aislada de la habitación del
paciente con tuberculosis, por lo que no pueden darse contagios de
tuberculosis ya que se han tomado las medidas preventivas sanitarias
necesarias.
22.- 29 fotografías tomadas por personal de esta Comisión el 10 de
diciembre de 2007 al área de la Clínica del CER en Rioverde, donde se
encuentran recluidos los menores Juan Víctor González López y
Marcelino Morales González.
23.- Oficio 474/2008, signado por el Juez Especializado en Justicia
para Menores del Estado Lic. Juan Paulo Almazán Cue, quien a
solicitud de esta CEDH informa que de conformidad con lo establecido
en el artículo 142 de la Ley de Justicia para Menores del Estado, “es
facultad del Juez de Ejecución entre otras atribuciones, elaborar un acta
circunstanciada en la que se haga constar el proyecto del programa individualizado
y en su caso, el definitivo; cuando se trate de la imposición de una medida de
internamiento.”
24.- Mediante oficio TVG3-218/08, la Tercera Visitaduría de esta CEDH
solicitó al Juez Primero Mixto de Primera Instancia en Rioverde, Lic.
José Antonio Badillo, informara si ha determinado girar instrucciones a
la autoridad competente para que se elabore el proyecto de programa
individualizado, a favor del menor Marcelino Morales González. Además
indique el procedimiento que utilizó para dar cumplimiento a los
artículos 8 fracción VIII y 9 fracciones III y XI de la Ley de Justicia
para menores del Estado. Mediante similar 2244/2008, esta autoridad
en lo conducente informa:
“… que a fin de no vulnerar las garantías constitucionales del menor
Marcelino Morales González se comunicó al Director del CEPRERESO No.2
(sic), para que estuviera a lo ordenado en el artículo 18 constitucional y en
diverso acuerdo se habilitó a dicho reclusorio como lugar de
prevención ya que el Director del CEPRERESO No.2 informaba que
ese Centro no podía albergar a menores de edad, sin embargo éstos
menores deben estar ubicados lo más cerca posible del lugar de residencia
habitual de su familia, de sus progenitores o tutores…, se decretó la medida
19

de internamiento provisional donde la Representación Social Investigadora
lo había dejado a disposición. Con lo cual se indica el procedimiento o
protocolo de cómo se dio cumplimiento al artículo 8 fracción VIII de la Ley
de Justicia para Menores”.
“ Y por lo que respecta al artículo 9 fracción III y XI de la Ley de Justicia
para Menores, en cuanto a la primera Fracción, no es la hipótesis ya que el
delito de VIOLACIÓN amerita internamiento conforme al artículo 117 de la
Ley en comento, ya que la conducta de VIOLACIÓN desplegada se
encuentra tipificada como delito. Y por lo que se refiere a la segunda
fracción de referencia el Suscrito Juzgador Especializado para Menores
Infractores, …considera que a Marcelino Morales González, las Autoridades
Administrativas del CEPRERESO No. 2 (sic) de ésta Ciudad, lo tenían
ocupado en algunas actividades pero atendiendo su Oficio se les envió
diverso No. 2118/2008 de fecha 6 de los corrientes, al C. Director del
CEPRERESO No. 2 (sic), para que previa entrevista con el menor, y su
evaluación pueda determinarse que actividades desea realizar como son
educativas, deportivas, culturales, laborales o formativas en las que pueda
participar.”
Queja seis
Expediente: CEDH-QP-102/2008
25.- Entrevista a Mauro Olvera Ruiz el día 15 de febrero, quien
interrogado sobre lo denunciado por su madre dijo:
“…a finales del mes de enero (año 2008) recibí amenazas por parte
de…Arturo Faz Moreno…consistieron en que tenía que entregarle la
cantidad de $20,000 para que dejara de molestarme, al no entregárselo
sería capaz de cumplir sus amenazas o…le haría algo a mi familia cuando
se presentaran al penal los días de visita…este servidor público lo
identifico plenamente al tenerlo a la vista en virtud de que… es de
estatura aproximadamente 1.80, de complexión robusta, tez clara y
siempre portaba una cachucha de color negro…”.
26.- Oficio SPRS/061/08 del 22 de febrero de 2008 emitido por el
Subsecretario de Prevención y Readaptación Social, quien en respuesta
a las medidas precautorias solicitadas por esta CEDH en el caso de
Olvera Ruiz dijo que giró instrucciones al Lic. Roberto J. Núñez
González, Director del CEPRERESO de esta Ciudad y al Dr. Agustín
Bañuelos Sánchez, encargado de la Dirección General de Ejecución de
Medidas para Menores, a efecto de garantizar la seguridad e integridad
20

del menor durante su estancia en las instalaciones, anexó copia de los
oficios signados a los mencionados Titulares. Menciona además que:
- La Dirección General de Ejecución de Medidas para Menores, está
elaborando el diagnóstico que permitirá en coordinación con el Juez
Especializado para Menores y la Dirección del CER, contar con una nueva
ubicación del menor Mauro Israel Olvera Ruíz, con pleno respeto a las
garantías Constitucionales y a sus derechos humanos.
- Que el asunto representa un caso excepcional, ya que de conformidad a sus
antecedentes y personalidad, tiene un doble riesgo, tanto para el propio menor
como para los demás adolescentes, que se encuentran en el área especial que
para ellos existe dentro del CE.PRE.RE.SO, ya que Mauro está involucrado en la
investigación de hechos de alto impacto social en donde participaron dos adultos;
… que por motivos de seguridad tanto de las personas como de las instituciones,
las autoridades que se han visto involucradas en dichas investigaciones,
solicitaron y argumentaron la necesidad de que se encuentre bajo proceso en la
institución de mayor seguridad con que cuente el Estado; ...que el Juzgado
Tercero de Distrito ha tomado el acuerdo que para proporcionar las medidas de
seguridad y garantizar la integridad de los detenidos, el personal actuante y todas
las partes involucradas en el proceso, las diligencias se realizaran en el interior del
Centro de Readaptación. 5
- Precisó que las medidas de seguridad que se han tomado para resguardar la
seguridad de Mauro se realizan con pleno respeto a sus derechos humanos y
garantías constitucionales.
- Con respecto a las amenazas recibidas por el interno en mención, pide se
obsequie a esa Subsecretaría mayor información sobre las presuntas amenazas o
hechos que señala el quejoso.
27.- Oficio DGEM-282/08 signado por el Director General de Ejecución
de Medidas, Doctor Agustín Bañuelos Sánchez, dirigido a la Juez de
Ejecución de Medidas para Menores, Lic. María Rosario Ruiz Ramírez
en respuesta al oficio JEMM-255/2008 enviado por ésta última, sobre
el caso de Mauro Israel, donde indica entre otros asuntos, que:
- El 25 de enero se recibió oficio 192/2008 signado por el Juez Juan Pablo
Almazán Cue, a efecto de velar por todas las garantías constitucionales a
favor de Mauro Israel Olvera Ruíz, por lo que se dictaron instrucciones
específicas para que personal de seguridad responsable del Anexo de
5 Lo anterior se corroboró telefónicamente. La respuesta es afirmativa de manera general
tratándose de adultos.
21

Menores, verifique las condiciones del menor dentro del área de
Reflexión.
- La Dirección General comparte la opinión de la Dirección del Centro Estatal
de Reclusión La Pila, de mantener en internamiento a Mauro Israel
Olvera Ruíz en el área de Reflexión, ya que ubicarlo en el Anexo de
Menores representa un peligro para su propia seguridad y para los demás
17 jóvenes tener la presencia de un menor vinculado a hechos de gran
magnitud, en relación directa con dos adultos que se encuentran en el
mismo Centro.
- Dada la gravedad de los hechos de hostigamiento que señaló el menor
mediante escrito presentado ante el Juez Especializado y que en él señala el
nombre de un custodio, se pone a consideración de esa H. Autoridad
Judicial la posibilidad de que el interno ratifique su escrito, que permita
hacer del conocimiento del Agente del Ministerio Público. Si bien el ilícito de
amenaza se persigue por querella, dichas amenazas las infiere personal de
custodia, por lo tanto un servidor público y en consecuencia la conducta
se persigue de oficio.
- Solicito a esa Autoridad Judicial que la detención preventiva del menor en
el CEPRERESO No. 1 continúe en el área de Reflexión. Además de que el
joven manifestó la existencia de amenazas en su contra, es que debemos
preservar su integridad permaneciendo en esa área. Aunque esto pudiera
implicar evitar el contacto con otras personas internas.
- Si la Autoridad Judicial por Usted representada y el Juez Especializado,
estiman conveniente ubicarlo en otra área, se pone a su consideración el
Área Geriátrica, en donde contaría con mayor espacio para su
esparcimiento.
- Bajo ninguna circunstancia se pudiera pensar en el internamiento del
menor en el CIJ, en donde el personal de custodia no cuenta con
armas de fuego que permitan repeler cualquier agresión, además
sus instalaciones se encuentran diseñadas para fomentar un pleno
desarrollo de los jóvenes, no así el de casos excepcionales como el de
Mauro.
Queja siete
Expediente: CEDH-QP-147/2008
28.- Acta circunstanciada TVG7-149/2008, donde consta la entrevista
que personal de esta CEDH hiciera a la Juez de Ejecución María
22

Rosario Ruíz Ramírez, misma que a las preguntas que en seguida se
detallan mencionó:
1.¿Tiene conocimiento o participa en la imposición de medidas disciplinarias
a los internos en el CIJ y si es así, en qué casos?
“La respuesta es no, el artículo 9 de la Ley de Justicia para
Menores establece que se me tiene que dar vista de las conductas
irregulares de los menores ocurridas en los Centros de
Internamiento. Sin embargo no se da cumplimiento a ello,
pues no se me da vista de nada…se han dirigido oficios al
Secretario General de Gobierno haciendo de su conocimiento la
demora en enviar algunos programas individualizados.”
2.¿En qué consiste la supervisión o vigilancia que Usted realiza al interior del
(los) Centro (s) de Internamiento ubicados en fray Diego de la Magdalena y
Anexo al Centro de Reclusión Estatal No. 1, ubicado en la Delegación La
Pila?
“…acudo entre cada 8 o 15 días a realizar diligencias con menores
en detención preventiva y a visitar a los jóvenes en tratamiento,
es decir aún y cuando los menores estén a disposición del juez
Especializado, acudo a hacer de su conocimiento lo que establece
la propia Ley de Justicia para Menores en el artículo 9, les hago
saber sus derechos y obligaciones en tanto dure el procedimiento
que determine el Juzgado Especializado y/o su internamiento
definitivo, todo ello con apego a lo previsto por el artículo 124 de
la Ley minoril.”
4.¿Existe reglamento interno para el o los Centros de Internamiento antes
señalados?
“No existe reglamento actual, solo el anterior del Consejo Tutelar
y desconozco si se esté aplicando actualmente; por comentarios
de la anterior directora licenciada Tere sé que estaba utilizando el
anterior en tanto no contraviniera la Ley vigente, y se elaborara
uno nuevo.”
5.¿Existe algún documento interno dentro del que se establezcan: los
derechos, garantías y deberes de los internos; las conductas que
constituyan faltas y las medidas disciplinarias que se aplican, su intensidad,
duración y procedimiento para imponerlas?
23

“El artículo 9 en su fracción XVI aplica perfectamente para que me
den vista con toda mala conducta de los adolescentes internos,
pues habla de menores sujetos a medidas y aquí encuadra lo
preceptuado por el artículo 49 de la misma Ley.
Una vez que recibo el oficio del Juez Especializado informándome
sobre la detención de un menor y que se le dicta resolución por
ser sujeto a medida de internamiento, dicto el auto de radicación
y desde la primera detención preventiva que hicieron de mi
conocimiento, implementé girar oficio al Director General de
Ejecución de Medidas para menores y al Director del Centro de
Internamiento solicitándoles realicen el proyecto de programa
individualizado en detención preventiva, en tanto tenga vigencia la
misma, el que contendrá lo señalado por el art. 129 de la Ley.
Asimismo, en el oficio que se gira a la Dirección del Centro de
Internamiento Juvenil se le solicita con apego al artículo 142
fracción IV, informe sobre el comportamiento y convivencia de los
menores en el interior del Centro de internamiento a su cargo, así
como las medidas disciplinarias que se les imponga, mismos que
deberá rendir cada 15 días, hasta que dure la medida cautelar del
infractor. Aspectos estos que hasta el momento no cumplen
pues sólo rinden lo relativo al programa que se aplica.”
6.¿Cuáles son los procedimientos para la revisión de dormitorios y
pertenencias; los lineamientos de autorización, vigilancia y revisión de visita
familiar y conyugal (en caso de ser menores emancipados); cuáles los
requisitos que los internos tienen que presentar para recibir servicios
educativos de capacitación, laborales, deportivos y de salud; las reglas
generales para el otorgamiento de alimentación (horarios) y la prohibición
de internar menores en Centros para adultos jóvenes y adultos en Centros
de Internamiento para menores?
“…algunas de estas situaciones se contemplan en el reglamento
del Consejo Tutelar, que por supuesto no se consideran todos los
supuestos.”
“En el caso de Mauro Israel el Juez Especializado mediante
oficio me hizo del conocimiento de ciertas situaciones que
planteaba el menor sobre su estadía en el CEPRERESO. Pero no
he tenido contacto con este menor.
Respecto de Mateo Alejandro Rivera Zavala no se me ha
informado nada, por lo que no está registrado ningún expediente
de dicho menor.”
24

Queja ocho
Expediente: CEDH-QP-174/2008
29.- Cuestionario realizado el 11 de abril y el 15 de mayo de
2008, a más del 50% de los custodios adscritos al CIJ I, cuyos
nombres se omiten a fin de resguardar su identidad por
cuestiones de seguridad; y entre los principales problemas que
dijeron detectan en el Centro, se destacan los siguientes:
Queja nueve
Por diversos medios se introducen drogas al CIJ I.
Instalaciones deficientes, el edificio no es seguro, avientan
cosas de afuera además de que no hay torres de vigilancia.
No existen las instalaciones para la adecuada separación de los
internos.
Falta de personal de custodia, la población de internos
sobrepasan sobremanera al número de custodios que hay por
turno, los cuales son solicitados hasta en sus días de descanso o en
las vacaciones que les corresponden por Ley.
Falta de capacitación del personal, en cuanto a los custodios
no tienen capacitación ni experiencia para tratar con menores, el
50% de ellos ha prestado servicios en Centros de Rehabilitación
para adultos.
Los servicios de trabajo social, psicología y medicina, son
deficientes.
Falta de equipo para realizar funciones, mencionaron no
contar con equipo para repeler agresiones exteriores ni contar con
equipo para los traslados; la mayoría mencionó que tenían que
comprar su equipo de trabajo tal como es uniforme, botas, esposas,
gas, fornitura. Sólo los mandos superiores portan radio, pero
señalan que no funcionan correctamente.
Falla la administración y no hay reglamento interno, no hay
orden al interior ya que los custodios no pueden hacerle
indicaciones a los menores por carecer de facultades establecidas
en un reglamento.
No hay correcta clasificación de internos, hay jóvenes
provenientes de Centros para personas mayores cuyas edades
oscilan de los 19 a 22 años y que pervierten a los menores; no
separan a los reclusos recién llegados de los que ya se encuentran
en reclusión, ni por edad o por personalidad.
25

Expediente: CEDH-QP-326/2008
30.- Queja de Ricardo Francisco Hernández Eguía, de 17 años de
edad, acusado de violación y recluido en el CEREDI de Matehuala,
quien relató que fue violentamente agredido por siete internos cuando
se dirigía al baño del reclusorio a hacer sus necesidades, que la causa
al parecer era que él había estado molestando a otro menor allí
internado, lo golpearon alrededor de quince minutos con palos de
escoba, piedras, puntapiés y puñetazos. Dijo también que a la salida lo
volvieron a agredir siete internos mayores durante aproximadamente
siete minutos en una celda. Lo anterior ocasionó que lo llevaran al
hospital general y al regresar ningún custodio o vigilante lo acompañó
al interior.
31.- Acta circunstanciada CVG-380/07 donde consta que personal de
la Cuarta Visitaduría de la CEDH entrevistó al Alcaide Manuel Tello
González, quien ratificó lo dicho por el interno agregando que esperó
quince minutos para que se introdujeran custodios agentes de policía
estatal, municipal y ministerial a disuadir la riña, porque tuvo que
solicitar auxilio, ya que no cuenta con suficientes custodios. Dijo que
otro joven de nombre Cristian José Moreno Nieto le informó que había
sido violado por Rodolfo Ramírez García en complicidad con Ricardo
Francisco Hernández Eguía. Dijo que le había informado el hecho al
Alcaide Eleazar Rodríguez Hinojosa, quien llamó a un médico, pero que
el joven no se dejó revisar por vergüenza y que la reacción de este
alcaide fue decirle que a lo mejor le había gustado.
32.- Acta Circunstanciada CVG-295/2008 del 30 de abril de 2008,
donde consta que personal de esta CEDH entrevistó a Manuel Tello
González, Alcaide en Turno del CEREDI de Matehuala, a quien se le
cuestionó sobre el contenido de la nota periodística aparecida en el
diario “La Razón”, que señala presuntas violaciones a derechos
humanos en agravio del menor interno Ricardo Francisco Hernández
Eguía. El Alcaide expresó que el interno fue agredido por varios
internos mayores de edad en los baños generales, que al tener
conocimiento de los hechos esperó quince minutos para que personal
custodio se introdujera a disuadir la riña, lo que hicieron junto con
otras tres corporaciones policíacas, toda vez que no cuenta con
26

personal suficiente, que el lesionado fue trasladado al Hospital General
para su atención médica.
Adjuntos al acta se advierten los siguientes documentos:
32.1.- Nota periodística del diario “La Razón” de fecha 30 de Abril del
presente año, la que por encabezado refería: Casi Matan a menor en
el CEREDI.
32.2, Copia simple del oficio 218/2008 del 29 de abril del 2008,
dirigido a la Juez Primero Mixto de Primera instancia (habilitada como
Juez especializada para Menores), Lic. Olga Regina García López, por
el alcaide Manuel Tello González, donde se advierte que el mismo día
hace de su conocimiento lo ocurrido a Ricardo Francisco Hernández
Eguía, y se le avisa que a falta de infraestructura en ese Centro,
resulta imposible garantizar la adecuada custodia del menor; por lo
que, le solicita que sea reubicado en un centro de internamiento
adecuado para su edad.
32.3.- El Lic. Pablo Loredo Oyervidez, a cargo de la Cuarta Visitaduría
de esta CEDH, envió con fecha 30 de abril medidas precautorias al
Presidente Municipal de Matehuala, solicitando instruyese a los
alcaides encargados de vigilar el centro distrital para que se abstengan
de permitir el acceso de jóvenes menores de 18 años al área donde se
encuentran mayores de edad y en caso de que esto fuera necesario
que lo hagan acompañado de un oficial custodio. Las medidas fueron
aceptadas con Oficio 146/2008 signado por Víctor Manuel Mendoza
Ramírez, Presidente Municipal de Matehuala, quien informa a esta
CEDH, que da cumplimiento a las medidas precautorias solicitadas,
enviando copia del oficio 145/2008 que dirigió a los alcaides del
CEREDI, a quienes les comunicó que a partir de la fecha el personal de
custodia se abstenga de permitir que los Menores Infractores tengan
acceso al área donde están adultos mayores. Agregó que el Centro
Penitenciario carece de la infraestructura necesaria que permita dar
cabal cumplimiento a lo estipulado en la fracción II del artículo 9º de la
Ley de Justicia para los Menores Infractores, ya que el área que fue
habilitada para custodiar a los menores internados en dicho centro,
originalmente es área de ingreso y ordinariamente es utilizada por la
población carcelaria para el acabado de trabajos de carpintería que
requieren la utilización de solventes químicos, permitiéndose el uso de
tales sustancias, por ser la única actividad productiva de los reos y no
existe en dicho centro ninguna otra área disponible para controlar el
uso de las citadas sustancias, como consecuencia debe considerarse
que ante la carencia de infraestructura y de personal especializado
27

para la custodia de menores infractores, resulta difícil custodiar
adecuadamente a los menores que se encuentran internados en ese
centro para mantenerlos separados los menores infractores de los
internos adultos, esta situación se ha hecho del conocimiento de los
Jueces Primero y Segundo Mixto de Primera Instancia de este Distrito
Judicial, solicitándoles que los menores Infractores sean ubicados en el
centro de internamiento acorde a su edad, sin que hasta la fecha se
haya obtenido respuesta alguna.
33.- Acta Circunstanciada TVG8-183/2008, en la que consta la
entrevista que personal de esta CEDH hizo al menor Ricardo Francisco
Hernández, quien sobre los hechos contenidos en la nota periodística
refirió que ya no tiene problemas con los demás internos adultos
quienes lo agredieron ni de sus demás compañeros menores, que
acude a un baño distinto al de la demás población.
34.- Consta en acta circunstanciada TVG-184/2008, la queja
presentada de viva voz entrevista hecha al menor Christian José
Moreno Nieto, de 15 años de edad, quien manifestó que fue víctima
de violación por Ricardo Francisco Hernández Eguía, quien estuvo
amenazándolo constantemente de que lo iba a violar y también lo
golpeaba a él y a sus compañeros. Relató que la noche del 28 de abril
Ricardo le dijo que lo iba a pipiar (introducir su pene), que los internos
adultos escucharon lo que dijo, que él sintió temor y comunicó al
Alcaide Eleazar sobre las amenazas, el cual le dijo que no lo podía
cambiar de pasillo porque estaba muy lleno, que se quedara ahí, que
no pasaría nada; informó la manera como Hernández Eguía auxiliado
por otro interno de nombre Roy abusaron sexualmente de él. Al día
siguiente al llegar al comedor los adultos le preguntaron si Ricardo
cumplió su amenaza, les respondió que sí y fue entonces que al salir
Ricardo al baño los adultos lo golpearon. También dijo que su mamá
llevó a un Agente del Ministerio Público y el denunció los hechos pero
no volvió a saber nada y solicitó apoyo psicológico para olvidar lo
sucedido.
35.- Obra en acta Circunstanciada TVG-185/2008, entrevista al
Alcaide del CEREDI Eleazar Rodríguez Hinojosa quien cuestionado
sobre lo sucedido a los menores internos Ricardo Francisco y Christian
José refirió que en cuanto al primero, él no se encontraba de turno el
28

día de los hechos pero que habló con Ricardo y éste le dijo que
Christian se los había ”echado a andar”(sic), y en el caso de Christian,
que ese día por la noche se encontraba de turno y durante el
transcurso de la noche y madrugada del día siguiente hasta las 7:00
hrs. en que entregó no se percató de nada a pesar de la distancia (4
metros aproximadamente) entre la puerta que divide la alcaldía, el
interior del Centro y la puerta que se ubica en el área habilitada para
menores, ni escuchó alguna voz que solicitara ayuda.
36.- Acta Circunstanciada TVG-186/2008 en la que aparece la
entrevista a María de los Ángeles Eguía Jasso, madre de Ricardo,
quien mencionó que presentó denuncia por las agresiones que su hijo
sufrió pero que posteriormente éste le dijo que retirara la denuncia
toda vez que tenía temor de que nuevamente los internos adultos lo
fueran a agredir, y que así lo hizo.
37.- Entrevista llevada a cabo por abogados de esta Comisión con el
diverso Alcaide Eleazar Rodríguez Hinojosa, quien añadió a lo ya
expuesto que la Agente del Ministerio Público Perla Rivera Correa
recibió las denuncias, tanto de Ricardo como de Christian por los
diversos hechos narrados con anterioridad. También dijo que la Agente
del Ministerio Público solicitó al DIF Municipal designara una psicóloga
a efecto de practicar una impresión diagnóstica psicológica a Christian
José Moreno Nieto, para determinar la atención a su estado emocional.
38.- Oficio 272/2008 signado por el Alcaide Manuel Tello González, por
medio del cual indica que los menores Ricardo Hernández Eguía,
Cristian José Moreno Nieto y Rodolfo Ramírez García aún se
encuentran al 21 de mayo de 2008 internos en la cárcel distrital, el
primero sujeto al proceso 001/2007, por violación, a disposición del
Juzgado Primero Mixto de Primera Instancia; el segundo con el
proceso 04/2008 por robo calificado a disposición del Juzgado Segundo
Mixto de Primera Instancia; y el tercero al proceso 07/2008 a
disposición también de éste último juzgado.
En dicho oficio el Alcaide narra que ha sido necesario mantener a
Hernández Eguía totalmente aislado en el área de ingreso y en
29

ocasiones en la aduana de personas o área administrativa y añade que
no es posible mantener en estas condiciones a todos los
menores de edad recluidos en ese centro, ya que la
infraestructura existente es extremadamente limitada, pues
sólo cuentan con: tres dormitorios generales, con 12 internos cada
uno; un área femenil, con 3 mujeres; área de visita conyugal utilizada
los jueves y domingos y el resto de los días se habilita para ingresar a
menores infractores; área de ingreso de 7.00 x 5.00 metros donde
ordinariamente se interna a los menores que en ese momento
eran 10; un patio general; y baños generales.
39.- Oficios 492 y 493 del 2007, con los cuales el 31 de octubre de
ese año el Alcaide Eleazar Rodríguez Hinojosa solicita a la Juez
habilitada como Especializada en Justicia para Menores del Segundo
Distrito Judicial del Estado, y a la Juez Primero Mixto de Primera
Instancia que los menores Rodolfo Ramírez García y Ricardo Francisco
Hernández García sean reubicados en un centro de Internamiento
acorde a su edad a fin de no conculcar garantías individuales.
Igualmente con los oficios 106 y 107 de fechas 26 de febrero de 2008
solicita se haga lo propio con los menores César Alfredo Flores
Rodríguez y Martín Torres Salinas. Además mediante el diverso
118/2008 de fecha 6 de marzo, el mencionado Alcaide refiere a la Juez
Primera que el interno Hernández Eguía golpeó a un interno adulto, lo
que ocasionó el descontento de los demás internos y solicita
nuevamente se le cambie de lugar para garantizar la integridad física
del mismo así como la seguridad y estabilidad en el CEREDI.
40.- Oficios dirigidos por los Alcaides Sabino Mata Morales y Manuel
Tello González a la Juez Primero Mixto de Primera Instancia en fechas
25 de marzo y 24 de abril, informándole de distintas conductas
violentas por parte de Hernández Eguía, quien golpeó a otros internos;
solicitando nuevamente sea la Juez quien indique a la Dirección de
Prevención y Readaptación Social que debe reubicarse a los menores
porque se está violando la nueva Ley de Justicia para Menores del
Estado.
41.- Oficio dirigido por el Alcaide Tello González al Director de
Seguridad Pública Municipal, Rito Sandoval Vázquez, informándole la
30

situación de riesgo de Ricardo, solicitando autorización para que sea
internado provisionalmente en los separos de la Policía Municipal.
42.- Oficio 221/ 2008 por el cual el citado Alcaide solicita en esta
ocasión al Director de Prevención y Readaptación Social, Lic. Roberto
Delgado Cervantes, la reubicación del menor, señalando su conducta
agresiva.
43.- El Alcaide Eleazar Rodríguez Hinojosa y el Director de Seguridad
Pública Municipal Rito Sandoval Vázquez comparecieron ante el
Presidente Municipal y con atención a la Ing. Febe Carrizales Sánchez,
Directora de Obras Públicas, solicitándole la adecuación de las
instalaciones del CEREDI o bien proyectar otra área para reclusión de
menores infractores.
44.- Oficio DGPRS/SP- 1523/2008 suscrito el 29 de mayo de 2008 por
el Director General de Prevención y Readaptación Social del Estado,
Lic. Roberto Delgado Cervantes, con el que informa a la Tercera
Visitadora de esta Comisión, Lic. Alicia Martínez Velarde, la situación de
los jóvenes infractores internos en el CEREDI de Matehuala, señalando
que ya se desalojó a una interna y que se habilitó también el área
destinada a mujeres para ubicar allí a los menores.
45.- Obra certificación de la Tercera Visitadora General de esta
Comisión respecto de 46 copias que integran el expediente de control
interno de la Alcaidía del CEREDI de Matehuala, entre las que deben
destacarse los diversos oficios de los alcaides a distintas autoridades
solicitando la reubicación de los menores internos en ese centro;
oficios diversos expedidos por las jueces de Primera Instancia, en uno
de los cuales se lee que no corresponde a la autoridad judicial ordenar
la ubicación del menor, sino al Ejecutivo; certificado médico en el que
constan las lesiones de Ricardo Francisco Hernández Eguía y el informe
rendido por el Alcaide Tello González al Director de Prevención y
Readaptación Social del Estado respecto de la ubicación de 15 internos
menores de edad en el área de ingreso, ya que en la de visitas
conyugales del reclusorio se advirtió una horadación y un montón de
tierra en el piso.
31

46.- El 2 de junio de 2008 el encargado de la Cuarta Visitaduría con
sede en Matehuala, Lic. Pablo Loredo Oyervidez envió fax a la Lic.
Demmy Pérez Ahumada, agente del Ministerio Público especializada en
Delitos Sexuales y Violencia Familiar y al Lic. Miguel Chávez Rangel
Agente del Ministerio Público del Fuero Común Investigador solicitando
copias certificadas de las averiguaciones previas 085/2008 por el delito
de violación, en contra de Ricardo Francisco Hernández Eguía y otro;
así también de la AP Directa 575/2008 por el delito de lesiones, en
contra de varios internos del centro de reclusión. La solicitud fue
obsequiada y se integraron las copias al expediente de queja.
47.- Certificado de reconocimiento médico legal a Christian José
Moreno Nieto, así como su impresión diagnóstica psicológica, en la que
se señalan diversas características del joven y se concluye que debe
ingresar a un proceso de terapia psicológica de manera URGENTE, en
sesiones de 45 minutos dos veces a la semana por tiempo indefinido a
fin de estabilizar los indicadores emocionales que presenta.
48.- La Tercera Visitadora expidió medidas precautorias solicitando al
Director del reclusorio girara a los responsables de seguridad las
acciones necesarias para salvaguardar la integridad física y emocional
de Christian José y evitar actos de irreparables consecuencias. Las
medidas fueron aceptadas por el Director del Centro, Lic. Jorge Iván
Zúñiga Mijangos.
49.- Minuta levantada con motivo de la reunión convocada por la
Presidenta de la CEDH, Lic. Magdalena B. González Vega a los
servidores públicos involucrados en la aplicación de justicia para
menores.
El viernes 2 de marzo del año 2007 se convocó a una reunión para
analizar las circunstancias que se presentan en la aplicación de la Ley
de Justicia para Menores del Estado, a la que acudieron los siguientes
servidores públicos:
Lic. Alfonso Castillo Machuca
Lic. Alfonso Leal Bravo
Secretario General de Gobierno.
Subsecretario de Prevención y Readaptación Social.
32

Lic. Roberto Delgado Cervantes
Lic. Roberto Nuñez González
Director General de Prevención y Readaptación Social.
Director del CEPRERESO No.1 del Estado.
Lic. Baltasar Castañón Gutiérrez Subprocurador General Jurídico de la PGJE.
Lic. Concepción Tovar Monreal Subprocuradora de Delitos Sexuales y Violencia
Intrafamiliar.
Cmdt. Jaime G. Flores Escamilla
Lic. Rosario Ruíz Ramírez
Director Gral. de Seguridad Pública del Estado.
Juez de Ejecución.
Lic. Juan Pablo Almazán Cue Juez Especializado.
Lic. José Luis Leija
Director de Ejecución de Medidas para Menores.
Lic. Alicia Macías Coordinadora General de la Defensoría Social y de
Oficio.
A la fecha de la reunión se encontraban 29 adolescentes ubicados en
el anexo al reclusorio de la Pila (CIJ II) y 32 estaban en el edificio del
antes Consejo Tutelar Central, siendo un total de 61 jóvenes. La
problemática en torno a este tema se resumió en los siguientes
puntos:
Presupuesto
Infraestructura
Capacitación especializada
Reforma a la Ley de Justicia para Menores
Efectiva coordinación interinstitucional
50.- Con fecha 22 de febrero del 2007 solicitó a la Subsecretaría de
Prevención y Readaptación Social, al Director de Seguridad Pública
Estatal, a la Directora de Recursos Humanos del Supremo Tribunal de
Justicia del Estado, al Procurador General de Justicia en el Estado y a
la Directora de la Defensoría Social y de Oficio, que informaran sobre
las acciones que en el ámbito de sus respectivas competencias estaban
realizando con motivo de la aplicación del sistema de justicia para
33

adolescentes que establece el artículo 18 constitucional, fue así como
se obtuvieron las siguientes respuestas:
50.1. Mediante oficio SPRS/159/07 de fecha 6 de marzo de 2007,
signado por el entonces Subsecretario de Prevención y
Readaptación Social, Licenciado Alfonso Leal Bravo, informó que
existían 29 menores en el CIJ II de los cuales 5 estaban
sentenciados y 24 en proceso especial, que las instalaciones de
los que fue el Consejo Tutelar para Menores se seguían
utilizando y que contaban con 32 elementos de Seguridad y
Custodia.
50.2. En cuanto a la Dirección General de Seguridad Pública del
Estado, el Comandante Jaime Gerardo Flores Escamilla (Q.P.D.)
informó que “todo el personal operativo de la Dirección General
Pública del Estado efectuará las probables remisiones que se den
en contra de los menores que infrinjan la Ley Adjetiva Penal o El
Bando de Policía y Buen Gobierno”, agregó que “desde el primer
momento de entrada en vigencia de la nueva Ley de Justicia
para Menores, giré instrucciones a la responsable de la Dirección
del Jurídico, para que estuviera en forma directa al pendiente de
cualquier situación con menores…” y finalmente señaló que
capacitará dos trabajadoras sociales que se encargarán de
realizar toda la documentación necesaria cuando tenga que
entregarse algún menor a sus familiares.
50.3. La Lic. Guadalupe Vélez Nieto, Directora de Recursos
Humanos del Poder Judicial, informó que los jueces de ejecución
y especializados eran Lic. María Rosario Ruíz Ramírez Juez de
Ejecución de Medidas y Lic. Juan Paulo Almazán Cue, Juez
Especializado.
50.4. Respecto de la Coordinación General de la Defensoría
Social y de Oficio, la Lic. Alicia Macías Hernández, mediante oficio
CGDSO-CG-101/07 comunicó, que con fecha 12 de septiembre
de 2006 fue publicado en el Periódico Oficial del Estado en
edición extraordinaria, acuerdo que determina habilitar a los
34

defensores de oficio y sociales en materia penal de la capital y
del interior del Estado, para que conozcan y tramiten los asuntos
referentes a la Ley de Justicia para Menores del Estado y señaló
que los defensores de oficio adscritos al juzgado especializado y
de ejecución en el Estado son los CC. Lics. María Salomé
Carmona Escobedo y Elvis Manuel Flores Salazar.
Por lo que hace a la Procuraduría General de Justicia, no se recibió
contestación.
51.- Minuta de la reunión celebrada el 18 de septiembre de 2007 de
la Presidenta de la CEDH con el Subsecretario de Prevención y
Readaptación Social y el encargado de la Dirección de Ejecución de
Medidas para Menores, en la que se analizó lo alarmante que resultaría
el ubicar a los 53 menores que se encuentran en las instalaciones del
antes Consejo Tutelar al espacio del anexo en la Pila, además de la
ausencia de programas de atención para los jóvenes ubicados en dicho
lugar, a lo que el Subsecretario, Lic. Raúl Arredondo Quintero refirió
estar de acuerdo que los menores que están en el CIJ I se queden ahí
y que se trabajará con el área Técnica para el diseño de algún
programa de atención a los menores que están en el CIJ II.
III. S I T U A C I Ó N J U R Í D I C A
Los hechos expuestos en el expediente único acumulado tienen en
común que en los distintos casos son menores de edad los
protagonistas y que están recluidos en algún centro de internamiento
en el Estado, a disposición del Juez Especializado y/o habilitado, o del
35

Juez de Ejecución, por haber realizado una conducta tipificada en las
leyes penales como delito. Es así que por el sólo hecho de ser
menores, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en
sus artículos 1, 4 párrafos sexto, séptimo y octavo, y 18 reformado,
así como el numeral 12 de la Constitución Política de San Luis Potosí
plasman el supremo interés político del Estado por proteger a este
sector de la población.
ANTECEDENTES DE LA SITUACIÓN DE LOS MENORES EN EL ESTADO.
Mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 12
de diciembre de 2005 se reformó y adicionó el artículo 18 de la
Constitución General de la República, para quedar como sigue:
La Federación, los Estados y el Distrito Federal establecerán, en el ámbito
de sus respectivas competencias, un sistema integral de justicia que
será aplicable a quienes se atribuya la realización de una conducta tipificada
como delito por las leyes penales y tengan entre doce años cumplidos y
menos de dieciocho años de edad, en el que se garanticen los
derechos fundamentales que reconoce esta Constitución para todo
individuo, así como aquellos derechos específicos que por su
condición de personas en desarrollo les han sido reconocidos. Las
personas menores de doce años que hayan realizado una conducta prevista
como delito en la ley, sólo serán sujetos a rehabilitación y asistencia social.
La operación del sistema en cada orden de gobierno estará a cargo
de instituciones, tribunales y autoridades especializados en la
procuración e impartición de justicia para adolescentes. Se podrán
aplicar las medidas de orientación, protección y tratamiento que amerite
cada caso, atendiendo a la protección integral y el interés superior del
adolescente.
Las formas alternativas de justicia deberán observarse en la
aplicación de este sistema, siempre que resulte procedente. En
todos los procedimientos seguidos a los adolescentes se observará la
garantía del debido proceso legal, así como la independencia entre
las autoridades que efectúen la remisión y las que impongan las
medidas. Estas deberán ser proporcionales a la conducta realizada y
tendrán como fin la reintegración social y familiar del adolescente,
así como el pleno desarrollo de su persona y capacidades. El
internamiento se utilizará sólo como medida extrema y por el
36

tiempo mas breve que proceda, y podrá aplicarse únicamente a los
adolescentes mayores de catorce años de edad, por la comisión de
conductas antisociales calificadas como graves.
La LVII Legislatura de San Luis Potosí por acuerdo de pleno de
fecha 16 de Agosto de 2005 aprobó la Minuta del Proyecto de
Decreto que reforma y adiciona el artículo 18 de la Constitución
de la República.
7.- Con fecha 5 de septiembre de 2006 se publicó en el Periódico
Oficial del Estado de San Luis Potosí la Ley de Justicia para
Menores del Estado, con la cual se pretende dar cumplimiento en
tiempo y forma al mandato de la Constitución Federal, en el sentido de
crear un sistema integral de justicia para menores infractores que
hubieren cometido(sic) conductas consideradas como delito en el
Código Penal; estableciendo que dicho sistema se conforma con los
órganos, instancias, procedimientos, principios, derechos y garantías
previstos y derivados de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de San
Luis Potosí, así como los tratados y convenios internacionales de la
materia, según reza su artículo primero.
9. Los artículos transitorios Tercero y Séptimo señalan la temporalidad
para la ejecución de las medidas necesarias a fin de lograr la
verdadera implementación del nuevo sistema de impartición de justicia
para jóvenes.
El Transitorio Tercero impone al Ejecutivo la obligación de expedir los
reglamentos que se prevén en la ley, así como realizar las
adecuaciones presupuestales y orgánicas correspondientes dentro de
seis meses después de entrada en vigor (es decir, después del 12 de
septiembre).
El Transitorio Séptimo también ordena en el mismo término de seis
meses que el Ejecutivo lleve a cabo todas las acciones administrativas,
contratación y capacitación de recursos humanos, obras e
infraestructura física necesarias para el cabal cumplimiento de la ley y
37

para disponer las ministraciones respectivas del presupuesto de
egresos del Estado para dar suficiencia presupuestaria a las acciones
que se llevasen a cabo en el 2006. Y al Congreso lo autoriza para
aprobar las partidas presupuestales que correspondan.
El Transitorio Octavo ordena que la capacitación y especialización de
las policías municipales, así como la selección de quienes fungirán
como formadores, debería iniciarse dentro de los siguientes quince
días a partir de la entrada en vigor de la ley.
-El día 12 de septiembre de 2006 se publicaron en el Periódico Oficial
del Estado reformas a diversas leyes orgánicas, como son la Ley de la
Administración Pública, del Poder Judicial, de la Procuraduría General
de Justicia, de la Defensoría Social y de Oficio y la de Asistencia Social
del Estado de San Luis Potosí, buscando adecuarlas a los
requerimientos de la reforma constitucional del artículo 18.
La Convención de los Derechos del Niño, que México ratificó el 21 de
septiembre de 1990, y entró en vigor el 21 de octubre del mismo año,
establece que: “niño es todo ser humano menor de 18 años de
edad, salvo que, en virtud de la ley que le sea aplicable haya
alcanzado antes la mayoría de edad.”
En San Luis Potosí, el Código Penal del Estado en términos de su
artículo 5° se aplicaba -antes de la reforma al 18 constitucional- a
quienes tuvieran 16 años de edad, a pesar de que tanto la Constitución
local como el Código Civil señalan en sus artículos 24 y 542 que la
ciudadanía y la mayoría de edad se alcanza a los 18 años.
Tal circunstancia quedó resuelta con la multicitada reforma. Por otra
parte la tutela de los derechos de niños y jóvenes en conflicto con las
leyes penales también está reconocida en el ámbito internacional de
los Derechos Humanos a través de instrumentos como la Convención
sobre los Derechos del Niño, las Reglas de las Naciones Unidas para la
Protección de los Menores Privados de Libertad, las Directrices de las
Naciones Unidas para la Prevención de la Delincuencia Juvenil
38

(Directrices de Riad), y las Reglas Mínimas de las Naciones Unidas para
la Administración de la Justicia de Menores (Reglas de Beijing).
Algunos principio de la Convención de los Derechos del Niño son:
La obligación del Estado de atender al interés superior del niño en
todas las acciones relacionadas con niños y niñas.
De asegurarle protección y cuidado, para su bienestar.
De asegurarse de que las instituciones encargadas del cuidado de los
niños cumplan las normas establecidas.
De adoptar todas las medidas para protegerle contra toda forma de
abuso.
A tenerlo separado de los adultos cuando esté privado de su libertad.
A protegerlo contra el uso ilícito de estupefacientes y sustancias
psicotrópicas.
A protegerlo contra toda forma de explotación y abuso sexuales.
A tomar todas las medidas apropiadas para promover el
establecimiento de Leyes, procedimientos, autoridades e
instituciones específicos para los niños de quienes se alegue
que han infringido las leyes penales
A establecer una edad mínima antes de la cual se presumirá que los
niños no tienen capacidad para infringir leyes penales.
Siempre que sea apropiado y deseable, adoptar medidas para
tratar a esos niños sin recurrir a procedimientos judiciales,
respetando plenamente los derechos humanos y las
garantías legales.
En el Sistema Interamericano de Derechos Humanos los instrumentos
que abordan la situación de protección hacia los menores son la
Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre,
la Convención Americana sobre Derechos Humanos y el Protocolo de
San Salvador, entre otros.
Sin embargo, a pesar de que existe esta amplia gama de legislación
para fijar los parámetros de protección a los niños y niñas, lo cierto es
que en San Luis Potosí la realidad dista mucho de la normativa interna
y de los acuerdos multilaterales de derechos humanos, particularmente
en lo concerniente a los menores privados de su libertad,
ejemplificados en aquellos casos cuyo análisis se plasma en este
39

documento y de los que se desprenden quejas que nos descubren la
problemática que en el Estado existe sobre las malas condiciones en
que viven los menores privados de libertad: a)La falta de instalaciones
adecuadas para ellos, b)el trato inadecuado y nulo tratamiento
individualizado de rehabilitación que reciben, c) la falta de programas
educativos, de trabajo y de esparcimiento o deportes, así como de
capacitación para el trabajo; y d)el desconocimiento y falta de
capacitación y especialización que se advierte en los servidores
públicos que tienen a su cargo el cuidado de los adolescentes en esta
situación. Los hechos, por la experiencia de esta Comisión, son
sistemáticos y generalizados, según lo ha constatado el personal de la
Tercera Visitaduría que tiene a su cargo el Programa Penitenciario, a
través de visitas periódicas en las que han apreciado que los niños y/o
niñas en conflicto con las leyes penales no han recibido la atención
debida, a pesar de que las reformas al artículo 18 de la Constitución
Federal, entraron en vigor en septiembre de 2006.
Del análisis y evaluación de las evidencias que constan en este
expediente único se puede afirmar que los actos y omisiones
consisten en:
I. Instalaciones inadecuadas -cuando las hay- para albergar
a
la población de adolescentes y jóvenes.
II. No existe la debida separación de acuerdo con su
situación
jurídica, o edades.
III. Falta de clasificación conductual y de ubicación
consecuente, para efectos de su debido cuidado,
protección y tratamiento.
IV. Las sanciones disciplinarias que se imponen carecen
de legalidad, porque no existe un reglamento.
V. No hay personal suficiente para atenderlos(as) ni
está especializado en trato a menores.
VI. No hay capacitación eficaz para el personal con que se
cuenta, sobre cómo tratar a menores.
40

VII. Hay ausencia de programas adecuados de atención a este
sector de la población, de acuerdo con su problemática y
necesidades.
Todo esto constituye lesión a diversos derechos humanos, tanto de los
menores internos como de sus familiares y de los propios custodios,
acarreando consecuencias negativas a la sociedad; en los casos
analizados estos hechos constituyen violación a los siguientes
derechos:
1. DERECHOS HUMANOS RELACIONADOS CON LA SITUACION JURIDICA DE LOS JOVENES.
1.1 Derecho a que las personas menores de edad, entre los doce y los 18 años, privadas de libertad
tengan acceso a las garantías constitucionales de audiencia, legalidad y defensa, para buscar su
reinserción social.
1.2 Derecho del procesado a ser sometido a un tratamiento adecuado a su condición de persona no
condenada. (Derecho a ser tratados y considerados como inocentes, mientras no se les compruebe
la realización de la conducta que se les atribuye)
1.3 Derecho a estar totalmente separado de los adultos.
1.4 Derecho a estar separados los internos procesados de los sentenciados, los del fuero común con los
del federal.
1.5 Aplicación de tratamiento…
2. DERECHOS QUE GARANTIZAN UNA ESTANCIA DIGNA Y SEGURA A LOS MENORES PRIVADOS DE SU
LIBERTAD.
2.1 Atención integral: social, médica, psicológica y psiquiátrica.
2.2 Derecho a la adecuada protección personal.
2.3 Derecho a recibir, poseer, o tener acceso a ciertas cosas o servicios que garanticen su desarrollo
armónico e integral como seres humanos.
2.4 Confianza de los internos para pedir audiencia a las autoridades.
3. DERECHOS HUMANOS QUE GARANTIZAN SU INTEGRIDAD FÍSICA Y MORAL.
3.1 Espacio para el número de internos.
3.2 Condiciones materiales de los espacios.
4. DERECHOS HUMANOS QUE GARANTIZAN EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES PRODUCTIVAS Y
EDUCATIVAS.
4.1 Programación de actividades diarias para los jóvenes internos.
4.2 Actividades productivas que llevan a cabo.
4.3 Actividades recreativas que llevan a cabo.
4.4. Instrumentos de trabajo en talleres.
4.5 Higiene.
4.6 Mobiliario
4.7 Existencia o no de aulas de clase
4.8 Existencia o no de biblioteca y en su caso, higiene y mantenimiento.
5. DERECHOS HUMANOS QUE GARANTIZAN LA VINCULACIÓN SOCIAL DEL INTERNO.
5.1 Derecho a recibir los familiares un trato digno de las autoridades y a que sean recibidas sus quejas
sin intimidaciones.
5.2 Derecho a la privacidad durante la visita.
5.3 Respeto al horario y días de visita íntima
5.4 Existencia de áreas para visita íntima o familiar.
5.5 Condiciones e higiene de las áreas de visita.
5.6 Teléfono convencional.
5.7 Correspondencia.
41

6. DERECHOS HUMANOS RELACIONADOS CON EL MANTENIMIENTO DEL ORDEN Y LA APLICACIÓN DE
SANCIONES.
I. En relación con los custodios:
I. 6.1 Derecho a recibir un trato digno y decoroso.
I. 6.2 Derecho a recibir el equipo necesario para el ejercicio de sus funciones.
I. 6.3 Derecho a capacitarse para permanecer en su cargo cumpliendo las funciones inherentes al mismo.
II. En relación con la normatividad interna.
II. 6.4 Existencia previa de reglamentos, expedidos y aprobados conforme a la ley.
II. 6.5 Aplicación de programas de actividad diaria.
II. 6.7 Aplicación de sanciones conforme al reglamento.
Es obligación del Estado garantizar que se dará a los menores
un trato específico debido a su condición individual de personas
vulnerables y esto debe abarcar los aspectos físico, intelectual,
afectivo y psíquico. Con la reforma constitucional, lo que se hizo
fue que los adolescentes y jóvenes dejaran de ser objetos de
derecho a quienes el Estado brindaba una tutela que se ejercía
por el poder Ejecutivo, mismo que también se encargaba de
cumplir las medidas aplicables para convertirse en sujetos de
derechos, pero eso implica todo un sistema que no se ha
logrado implementar. Uno de los debates durante la redacción
de las reformas en las Cámaras del Congreso de la Unión fue el
término “readaptar” y finalmente se aceptó utilizar el término
“reinsertar” a la sociedad, pero para reinsertarlos el Estado los
debe preparar para la vida; les debe dar herramientas para un
cambio interior, a través de servicios sociales y psicológicos
individuales y familiares; la autoridad debe prevenir y evitar
conductas como uso de drogas y enervantes; de acuerdo con lo
que el Estado Mexicano ha aceptado a nivel internacional los
menores de 18 años deben ser internados en lugares
especiales de acuerdo a su edad y sexo, TOTALMENTE
SEPARADOS DE LOS ADULTOS, deben tener programas
individualizados de ejecución, recibir visitas, ser
notificados respecto de la imposición de alguna medida
disciplinaria “SIN CONTRAVENIR EL REGLAMENTO INTERIOR”, cursar
42

educación obligatoria, recibir instrucción OBLIGATORIA,
técnica o práctica de un oficio, arte o profesión, no ser
aislados al interior del centro, realizar actividades
recreativas, artísticas, culturales, deportivas y de
esparcimiento. 6
Las violaciones a éstos derechos humanos perjudican principalmente a
los menores y conllevan perjuicios a la sociedad. El fin de que un
menor al cometer un delito, sea sancionado con la privación de su
libertad, es la reeducación y reincorporación de éste a su
entorno. Caso contrario si no se le brinda atención al menor y el
programa de reeducación no se aplica como marcan los preceptos
jurídicos, el menor al cumplir su sentencia y ser reintegrado a la vida
libre, es probable que vuelva a delinquir y agravie al resto de los
miembros de la sociedad, pues carece de las herramientas de apoyo
que debieron brindársele al estar recluido. Para OBSERVACIONES
SOBRE TRATAMIENTO
V. O B S E R V A C I O N E S
La reforma al artículo 18 de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos, tiene entre sus múltiples consecuencias, el
señalamiento expreso de que se deben garantizar los Derechos
Fundamentales de los menores de edad que hayan cometido una
conducta tipificada por las leyes penales como delito. El mismo texto
constitucional señala también que deberán garantizarse aquellos
derechos específicos que por su condición de personas en desarrollo
les han sido reconocidos, abriendo la puerta a toda la legislación
6 Reglas
43

internacional que sobre el particular se haya establecido, sin restricción
alguna de que sea sólo legislación ratificada por México, sino toda
aquella que resulte aplicable en asunto de menores.
El mismo precepto constitucional señala que en “La Federación, los
Estados y el Distrito Federal establecerán en el ámbito de sus
respectivas competencias un sistema integral de justicia que será
aplicable a quienes se atribuya la realización de una conducta tipificada
como delito.
La Ley de Justicia Para Menores de San Luis Potosí estableció en teoría
un sistema que se conforma con los órganos, instancias,
procedimientos, principios, derechos y garantías previstos y derivados
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de San Luis Potosí,
así como los Tratados y convenios internacionales de la materia.
El legislador Federal y local señalaron que dicho sistema estaría regido
por los principios de: A) interés superior de la adolescencia,
entendiéndose que en todas las medidas que el Estado tome frente a los
adolescentes se estará aquello que más le beneficie B)Transversalidad,
en la interpretación y aplicación de las normas se tome en cuenta la
totalidad de sus derechos de acuerdo a su edad, identidad o cualquier otra
condición. C) Certeza Jurídica, concebida como la restricción a la
discrecionalidad de las decisiones de las autoridades del sistema. D) Mínima
intervención, del Estado para privar o limitar derechos a los adolescentes
E) Subsidiariedad, Reducir la acción del Estado, pues no debe realizar lo
que puedan hacer las personas o los organismos intermedios. F)
Especialización, Que las autoridades estén debidamente calificadas con
experiencia probada en esta tarea de atender menores G) Celeridad
procesal, agilidad en los procesos judiciales, H) Flexibilidad, que permite
44

un concepción dúctil de la ley I)Equidad, trato igual, prohibición a la
discriminación J) Protección integral, consistente en el desarrollo
armonioso de la personalidad de los niños y K) Reincorporación social,
Que orienta los fines del sistema de justicia para adolescentes hacia la
adecuada convivencia social.
En esta tesitura, del análisis de los casos expuestos y evidencias
obtenidas tenemos que a más de dos años de la reforma al artículo 18
Constitucional y de la publicación de la Ley de Justicia para Menores
del Estado, las autoridades encargadas de la aplicación de esta Ley
incumplen con los principios rectores del sistema como lo señala el
artículo 18 de la Ley de Justicia para Menores del Estado, toda vez que
no se ha asegurado el efectivo respeto de los derechos y garantías
reconocidos en dicha Ley, en la Constitución Federal, en los
tratados internacionales aplicables en la materia, en la Constitución
Estatal, en la Ley sobre los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, y
en los demás ordenamientos que sobre este tema existen.
Lo anterior encuentra su sustento en las irregularidades detectadas por
el personal de la Tercera Visitaduria encargados de la investigación de
cada caso vulnerándose los:
DERECHOS HUMANOS DE LOS MENORES RELACIONADOS CON
SU SITUACIÓN JURÍDICA Y AQUELLOS QUE GARANTIZAN UNA
ESTANCIA DIGNA Y SEGURA EN PRISIÓN.
En todos los casos expuestos no se actualiza el derecho de los
menores privados de libertad para que tenga un adecuado acceso a las
garantías constitucionales de audiencia, legalidad y defensa, para
buscar su reinserción social, toda vez que al habilitarse mediante
decreto a defensores de oficio, de quienes no se tiene conocimiento
45

especto de la especialización y profesionalización que tiene en el tema
de menores pues se esta frente a un nuevo sistema de justicia el cual
debe ser distinto al de adultos.
Por lo que hace al derecho a la estancia digna Se ha insistido que los
recintos penales deben ser comunidades bien organizadas, deben ser
lugares donde no exista peligro para la vida, la salud y la integridad
personal; sitios en donde no se muestre discriminación en el trato,
también se ha reiterado que cuando un Tribunal dicta una medida de
internamiento o una sentencia, éste impone una pena que es en sí
extremadamente aflictiva. Por lo que las condiciones del recinto penal
deben tratar de no aumentar esto.
Ahora bien, las quejas narradas muestran que los establecimientos en
donde se interna a los menores en algunos casos son inapropiados y
en otros insuficientes, a excepción de la inconformidad séptima y
octava, fuera de estos dos casos tenemos que las áreas donde están
ubicados los menores en el Estado, son espacios reducidos e
improvisados, los cuales fueron creados para fines distintos a los que
son ocupados, (evidencias 1, 3 y 6). El espacio destinado al CIJ II
anexo al CEPRERESO No.1, se dijo a personal de esta CEDH albergaría
en mejores condiciones a los pacientes psiquiátricos, lo que no
aconteció pues al entrar en vigor la reforma constitucional en mención
se acondicionó para los menores.
En iguales condiciones están los menores recluidos en los demás
Centro Estatales de Reclusión en el Estado y CEREDI´s, donde se les
improvisa un espacio como son en las quejas 3, 5 y 6. En el caso del
CEREDI de Matehuala los menores son alojados en el área de nuevo
ingreso, espacio que es utilizado por la población carcelaria para el
acabado de trabajos de carpintería, que requieren la utilización de
solventes químicos, permitiéndose el uso de tales sustancias
(evidencias 22.3), similar situación ocurre en el CER de Rioverde donde
al momento de su ingreso son recluidos en el área de Centro de
Observación y Clasificación, con adultos y posteriormente ubicados en
uno de los cubículos de la clínica del CER (evidencias 12,13 y 14). Más
46

grave aún es el caso cuatro de Mauro Israel, quien esta ubicado en el
área de reflexión del CEPRERESO No. 1, (evidencias 7, 9, 10 último
párrafo, 19 y 20), sitio que es ampliamente conocido por esta CEDH
como un espacio utilizado para albergar a adultos que son sujetos de
un correctivo disciplinario. Estos hechos nos permiten afirmar que
ante la infraestructura inadecuada donde son ubicados los menores
son expuestos a más riesgos originándose graves y recurrentes
violaciones a sus derechos. Dichas instalaciones están lejos de alcanzar
lo que establecen en el apartado “D”, los numerales 31 al 37 7 de las
7 31. Los menores privados de libertad tendrán derecho a contar con locales y servicios que
satisfagan
todas las exigencias de la higiene y de la dignidad humana.
32. El diseño de los centros de detención para menores y el medio físico deberán responder a su
finalidad, es decir, la rehabilitación de los menores en tratamiento de internado, teniéndose
debidamente
en cuenta la necesidad del menor de intimidad, de estímulos sensoriales, de posibilidades de
asociación
con sus compañeros y de participación en actividades de esparcimiento. El diseño y la estructura de
los
centros de detención para menores deberán ser tales que reduzcan al mínimo el riesgo de incendio
y
garanticen una evacuación segura de los locales. Deberá haber un sistema eficaz de alarma en los
casos
de incendio, así como procedimientos establecidos y ejercicios de alerta que garanticen la
seguridad de
los menores. Los centros de detención no estarán situados en zonas de riesgos conocidos para la
salud o
donde existan otros peligros.
33. Los locales para dormir deberán consistir normalmente en dormitorios para pequeños grupos o
en
dormitorios individuales, teniendo presentes las normas del lugar. Por la noche, todas las zonas
destinadas a dormitorios colectivos, deberán ser objeto de una vigilancia regular y discreta para
asegurar
la protección de todos los menores. Cada menor dispondrá, según los usos locales o nacionales, de
ropa
de cama individual suficiente, que deberá entregarse limpia, mantenerse en buen estado y mudarse
con
regularidad por razones de aseo.
34. Las instalaciones sanitarias deberán ser de un nivel adecuado y estar situadas de modo que el
menor
pueda satisfacer sus necesidades físicas en la intimidad y en forma aseada y decente.
35. La posesión de efectos personales es un elemento fundamental del derecho a la intimidad y es
indispensable para el bienestar sicológico del menor. Deberá reconocerse y respetarse plenamente
el
derecho de todo menor a poseer efectos personales y a disponer de lugares seguros para
guardarlos. Los
efectos personales del menor que éste decida no conservar o que le sean confiscados deberán
47

Reglas de las Naciones Unidas Para la Protección de los Menores
Privados de Libertad, las cuales resultan aplicables a los casos en
estudio.
Es ampliamente conocido que son múltiples las influencias negativas
que todo ambiente penitenciario parece ejercer inevitablemente sobre
el individuo. Sucede así sobre todo en el caso de los menores, que son
especialmente vulnerables a aquellas; es más, debido a la temprana
etapa de desarrollo en que los adolescentes y jóvenes se encuentran,
no cabe duda de que la pérdida de la agudiza esos efectos, prueba de
ello es lo acontecido en el CEREDI de Matehuala donde en más de una
ocasión fue agredido por adultos el menor Ricardo Francisco
Hernández Eguía, independientemente de que su conducta hubiese
sido o no correcta (evidencias 9, 22, 22.1, 25 y 26). Pues de igual
forma, este joven participó en una agresión sexual a otro menor,
depositarse en lugar seguro. Se hará un inventario de dichos efectos que el menor firmará y se
tomarán
las medidas necesarias para que se conserven en buen estado. Todos estos artículos, así como el
dinero,
deberán restituirse al menor al ponerlo en libertad, salvo el dinero que se le haya autorizado a
gastar o los
objetos que haya remitido al exterior. Si el menor recibe medicamentos o se descubre que los
posee, el
médico deberá decidir el uso que deberá hacerse de ellos.
36. En la medida de lo posible, los menores tendrán derecho a usar sus propias prendas de vestir.
Los
centros de detención velarán porque todos los menores dispongan de prendas personales
apropiadas al
clima y suficientes para mantenerlos en buena salud. Dichas prendas no deberán ser en modo
alguno
degradantes ni humillantes. Los menores que salgan del centro o a quienes se autorice a
abandonarlo
con cualquier fin podrán vestir sus propias prendas.
37. Todos los centros de detención deben garantizar que todo menor disponga de una
alimentación
adecuadamente preparada y servida a las horas acostumbradas, en calidad y cantidad que
satisfagan las
normas de la dietética, la higiene y la salud y, en la medida de lo posible, las exigencias religiosas y
culturales. Todo menor deberá disponer en todo momento de agua limpia y potable.
48

(evidencias 22 párrafo segundo, 24 y 25). En otras circunstancias pero
igual en afectación negativa hacía su persona es lo narrado por Mauro
Israel, caso 6, quien en una ocasión fue agredido, luego refirió ser
objeto de amenazas por un Servidor Público, caso 4 y 6 y finalmente
pidió a su madre se desistiera, por temor a sufrir más agresiones o
amenazas. De ahí la importancia de tener personal especializado y
establecimientos adecuados e independientes de los adultos donde
puedan aplicarse debidamente las medidas de orientación, protección y
tratamiento que marca la Constitución Federal, pues lo que menos
espera esta sociedad que deposita la confianza en sus instituciones es
que los jóvenes se vuelvan transmisores de más violencia como ocurrió
en el primer caso expuesto, por lo que tan valiosa encomienda bajo
ninguna circunstancia debe depositarse en personal improvisado, que
sólo demuestra descuido o indiferencia para con este sector.
En esto es importante insistir: la normativa marca la especialización y
después de dos años ya el gobierno tendría que haber celebrado un
convenio con alguna universidad para implementar la especialidad en
tratamiento a menores infractores haciéndolo obligatorio para todos los
servidores públicos que deseen trabajar en esta área; de lo contrario,
realizar cursos permanentes de capacitación con un mínimo de ochenta
horas para que tengan algún valor curricular.
Cabe aquí reconocer los esfuerzos que han hecho algunos funcionarios
estatales y municipales por tratar de atender a los menores, y quienes
no obstante las limitaciones buscan alternativas de atención, pero han
sido muy claros en señalar que no cuentan con los recursos humanos y
materiales para atenderlos (evidencias 15, 21, 22.2 y 22.3), a pesar
de que en términos de la ley en estos momentos debería existir
suficiencia presupuestaria.
Ahora bien los argumentos que emite la autoridad respecto a
infraestructura suficiente y adecuada sustenta aún más la elaboración
49

de este documento, pues de acuerdo con la evidencia 2, el anterior
Subsecretario de Prevención y Readaptación social mencionó que el
CIJ II, sería un lugar provisional mientras se adecuaba, integraba,
implementaba y transformaba el nuevo sistema de justicia. Esto hasta
el momento no sucede. Ahora bien, esta CEDH tiene conocimiento de
las modificaciones que se están realizando en el CIJ I, (antes Consejo
Tutelar Central), sin embargo, de acuerdo con el incremento en el
número de menores internos sujetos a medias de internamiento, en
opinión de esta CEDH los espacios para albergar a estos menores son
ya insuficientes para su internamiento, opinión que comparten los
custodios adscritos al mismo CIJ (evidencia 21), pues ante personal de
este Organismo manifestaron que las instalaciones son deficientes, que
el edificio no es seguro y que avientan cosas de la calle porque no hay
torres de vigilancia.
Esta CEDH considera que las autoridades deben trabajar de la mejor
manera con lo que se tiene; sin embargo, de la observación que se
hace de la situación de los menores se encuentra un incremento en la
población juvenil interna, por lo que de la misma manera como se está
trabajando en la remodelación y ampliación de espacios en el CIJ I,
también debe trabajarse en la elaboración de un proyecto de
construcción de un nuevo Centro de Internamiento Juvenil en el
Estado, para ello mucho ayuda el que se realice un diagnóstico al
respecto.
En este sentido cobra vigencia lo manifestado por el Doctor Sergio
García Ramírez connotado jurista, quien señala “que en el mundo
contemporáneo todo se ha adelantado; el reloj va más de prisa; lo
único que se retrasa es, evidentemente, el hecho de la muerte. Al
aumentar las expectativas de vida, el decaimiento final se aleja. Todo
lo demás, sin embargo, se anticipa. Y en este juego total de
anticipaciones, también participa el adelanto de las conductas
50

criminales”. Tal aseveración, es aplicable a la realidad potosina, que
se encuentra ante nuevas manifestaciones del delito, como las mismas
autoridades lo señalan al hablar del caso de Mauro Israel pues se
refieren a éste asunto como “un caso excepcional”, yaque dicho
menor está involucrado en la investigación de hechos de alto impacto
social. (Evidencia 18 párrafo tercero). Sobre el particular esta CEDH
comparte el interés y preocupación de las autoridades encargadas de
la investigación y prosecución de los delitos, tarea en la que sin duda
se deben poner todos los esfuerzos; sin embargo, lo que de ninguna
manera se entiende es el que bajo este argumento se produzcan
violaciones a los derechos fundamentales de las personas. El que este
joven esté involucrado en un delito de alto impacto social no autoriza a
la autoridad a tenerlo recluido en un área del penal destinada a
correccional para personas adultas. La actuación entonces no se
encuentra debidamente fundada, pues en este caso no aplica el
Reglamento de los Centros Estatales de Reclusión, como lo quiere
hacer la autoridad (evidencia 10) sino la Ley de Justicia para Menores
y su reglamento (que no existe), vulnerándose así las garantías de
legalidad y seguridad jurídica en perjuicio del menor. Y preocupa a
esta CEDH que con esa justificación se inflijan actos que deterioren o
menoscaben la vida, integridad y/o personalidad del joven, por lo que
es tarea de las autoridades encargadas de la organización y aplicación
de la Ley de Justicia para Menores buscar con carácter de urgente un
lugar adecuado para este joven, en el que se reúnan las condiciones
de seguridad necesarias.
De igual forma se insiste en que las autoridades deben ocuparse
urgentemente en atender debidamente a los menores en situación de
conflicto con la Ley, pues de prevalecer el desinterés de organizar y
atender a este sector el resultado será una sociedad cada vez más
dañada e inconforme, tanto en víctimas como en acusados.
51

Ante este panorama surge la pregunta de ¿cómo es que se dio
cumplimiento al transitorio séptimo de la Ley de Justicia para Menores
en el Estado? que señala que “El Ejecutivo del Estado dentro de los
siguientes seis meses a la entrada en vigor de éste Ordenamiento,
llevará a cabo todas las acciones administrativas, contratación y
capacitación de recursos humanos, obras e infraestructura física
necesarias para el cabal cumplimiento de esta Ley. Para tal efecto, el
Honorable Congreso del Estado aprobará las partidas presupuestales
que correspondan, en términos de los ordenamientos respectivos.
De igual forma si se hizo uso de la facultad que se le confirió al
Ejecutivo del Estado, para disponer de las ministraciones respectivas
del Presupuesto de Egresos del Estado, a fin de dar suficiencia
presupuestaria a las acciones que durante el año dos mil seis se lleven
a cabo para dar cumplimiento a la Ley.
Para esta CEDH no queda claro el acatamiento a estos extremos de la
Ley, pues no se advierte que las autoridades estén haciendo uso de
esa facultad, por lo que resulta ineludible se realicen los trámites
administrativos necesarios con el fin de que se suministren suficientes
fondos y recursos para la construcción de un nuevo Centro de
Internamiento Juvenil, en el que se cumplan con los objetivos que
plantea la Ley de Justicia para Menores.
DERECHO A LA PROTECCIÓN ESPECIAL ATENDIENDO SIEMPRE AL
INTERÉS SUPERIOR DEL NIÑO Y NIÑA, A TENER UN ADECUADO
DESARROLLO FÍSICO, MORAL Y ESPIRITUAL (Derecho a realizar
actividades que favorezca su desarrollo, derecho a recibir un buen
trato y tratamiento para alcanzar su reinserción.
52

Las anteriores prerrogativas comprenden la aplicación de las medidas
de orientación, protección y tratamiento dentro de las que se
comprenden:
1. Actividades laborales.
2. Actividades educativas.
3. Actividades recreativas.
Ahora bien del análisis, evaluación de los hechos y evidencias que
constan en los expedientes queda acreditado que el trato y tratamiento
otorgado a los menores en conflicto con la ley no se ajusta a los
requerimientos que establece el artículo 18 de la Constitución Política
de los Estados Unidos Mexicanos, ni a lo establecido en el párrafo
primero y cuarto del artículo 12 de la Constitución Política del Estado
de San Luis Potosí. Asimismo se ignoran los principios establecidos por
la Convención de los Derechos del Niño 8. Las Directrices de las
Naciones Unidas para la Prevención de la Delincuencia Juvenil
“Directrices de Riad” 9, las Reglas Mínimas de las Naciones Unidas para
la Administración de la Justicia de Menores "Reglas de Beijing” 10 y
Reglas de las Naciones Unidas para la protección de los menores
privados de su libertad 11.
Esto es así conforme a lo que señala la inconforme en el primer caso al
referir que en el CIJ ubicado en el CER No. 1, donde está su hijo Juan
Guillermo junto con otros jóvenes éstos se encuentran en total
desamparo por parte de los funcionarios encargados de su custodia,
pues están sin hacer nada, situación que fue constatada por personal
de esta CEDH, quien acudió en distintas ocasiones al sitio señalado, sin
8 México la ratificó el 21 de septiembre de 1990, y entró en vigor el 21 de octubre del mismo año.
9 Proclamadas por: Asamblea General en su Resolución 45/112, con fecha de adopción 14 de
diciembre de 1990.
10 Adoptadas por la Asamblea General de la ONU en su resolución 40/33 el 29 de noviembre de
1985
11 Adoptadas por la Asamblea General de la ONU en su resolución 45/113 el 14 de diciembre de
1990
53

que en ninguna de sus visitas se observara la presencia de personal
encargado de aplicar alguna actividad y/o terapia de apoyo a los
menores sujetos a prisión preventiva o en cumplimiento de una
medida, en el lugar sólo estaba un elemento de Seguridad y Custodia.
(Evidencias 1, 3 y 6).
Ahora bien, lo manifestado por el entonces Subsecretario dentro de la
evidencia 2 corrobora nuestro dicho, pues expresó que estaba en
estudio el que se realizaran actividades en dicho lugar. Situación que
permanece igual, pues a la fecha los menores internos en el CIJ anexo
al CER No. 1, se encuentran sin actividad, sin personal distinto al de
Custodia que este con ellos. Por lo que el “estudio” que dijo el antes
funcionario se estaba haciendo para que se hiciera algo en el CIJ I, tal
parece que se prolongó en demasía y nunca llegó a concretarse, pues
a la fecha la situación permanece igual, sin que se advierta
actualmente alguna mejoría.
La anterior circunstancia en nada dista de la realidad que viven los
menores en conflicto con la Ley en los municipios de Rioverde y
Matehuala; pues en el primer municipio fueron ubicados en la clínica
del CER de Rioverde, sitio donde de acuerdo con las evidencias 11, 12
13, 14, 16, se desprende claramente que en ese momento fueron dos
menores los ubicados en un espacio tan reducido como lo es el área de
hospitalización de la clínica del CER de Rio verde. Lo mismo ocurre en
el CEREDI de Matehuala donde como ya se dijo los menores fueron
ubicados en el área de nuevo ingreso, espacio que se ocupa para
resguardar material tóxico que se utiliza para labores artesanales por
los adultos internos. Evidencias 22.2 y 22.3. Sitios donde cabe la
interrogante sobre ¿qué clase de actividades académicas, deportivas, o
54

laborales están realizando?, toda vez que si los encargados de cada
Centro de internamiento ha dicho claramente que no cuentan con las
instalaciones adecuadas para albergar a menores, creemos
fundadamente que mucho menos tiene personal especializado para
atenderlos, diseñar y aplicar actividades; y el hechos de tener que
distraer al personal que labora en el CER No. 1, (evidencia 1 párrafos
3,7 y 8) CER de Rioverde y CEREDI de Matehuala (evidencia 22.2, 22.3
y 25), implica una carga de trabajo adicional, lo cual resulta una acción
desmedida pues es ampliamente conocido que el personal de estos
lugares ya es insuficiente para atender al grueso de la población
adulta, aunado a la falta de capacitación que el personal debe tener
para atender a los jóvenes en conflicto con la ley, quienes por
encontrarse en la etapa de que se defina su personalidad requieren de
personas más y mejor preparadas para atenderlos. Pues de lo
contrario ocurre como en el caso de Matehuala en donde el menor
Christian José Moreno Nieto refirió que oportunamente avisó al Alcaide
Eleazar Rodríguez Hinojosa sobre la amenaza que recibió por parte del
otro interno Ricardo Francisco, funcionario que hizo caso omiso a esta
petición, lo que trajo como resultado la comisión de un nuevo delito
entre menores que deben estar debidamente custodiados. De ahí la
importancia de la especialización de los funcionarios encargados del
cuidado de estos jóvenes. (evidencia 22 párrafo segundo y 24).
Es de lamentar que ante el clamor generalizado de los jóvenes de ser
atendidos, de qué se les aplique alguna actividad, lo único que reciban
como respuesta es una clara indiferencia por parte de las autoridades
ahí tenemos el caso uno donde la autoridades involucradas en el
diseño, aprobación y aplicación del tratamiento tiene serias dificultadas
para llegar ha algún acuerdo en este sentido.
En este sentido, no pasa inadvertido para esta CEDH el que para la
aplicación del tratamiento respectivo de acuerdo con la Ley de Justicia
55

para Menores debe tenerse en cuenta la opinión que sobre el particular
caso emita la Juez de Ejecución a quien se entrevistó y sobre el menor
del primer caso aceptó haber rechazado el programada de tratamiento
propuesto por el Director General de Ejecución de medidas para
Menores a quien también se cuestionó sobre el particular y refirió que
era la Ciudadana Juez quien no aprobaba el tratamiento por lo que no
era posible aplicarlo. Situación que revela falta de coordinación y
diálogo entre éstos funcionarios lo que produce serios perjuicios, como
es el que el tratamiento no se aplique y por ende se tenga a este
menor sin hacer nada.
Por todo ello es que se afirma que están lejos de alcanzarse los
objetivos que establece La Ley de Justicia para Menores en el artículo
2 fracciones III y IV consistentes en regular la aplicación de medidas
para la incorporación a la sociedad, de las y los menores sujetos a las
mismas, y proteger y salvaguardar los derechos de las y los menores
imputados, así como de las víctimas u ofendidos por la conducta
atribuida al menor.
De igual forma las reglas mínimas de las Naciones Unidas para la
Administración de la Justicia de Menores conocidas como “REGLAS DE
BEIJING” en sus numerales 26.1 y 26.2 señalan que la capacitación y
el tratamiento de menores confinados en establecimientos
penitenciarios tienen por objeto garantizar su cuidado y protección, así
como su educación y formación profesional para permitirles que
desempeñen un papel constructivo y productivo en la sociedad. Sigue
diciendo que los menores confinados en establecimientos
penitenciarios recibirán los cuidados, la protección y toda la asistencia
necesaria -- social, educacional, profesional, sicológica, médica y física
-- que puedan requerir debido a su edad, sexo y personalidad y en
interés de su desarrollo sano.
56

Todas estas genuinas aspiraciones se ven reducidas a nada por las
razones expuestas, pues en ninguno de los casos expuestos consta
que al ingreso de un menor con celeridad fueran entrevistados, se
haya preparado algún informe sicológico y social en el que consten los
datos pertinentes al tipo y nivel concretos de tratamiento y programa
que requiera el menor. Informe que debe ser acompañado con el
preparado por el funcionario médico que haya reconocido al menor en
el momento del ingreso, documentación que debiera presentarse al
director a fin de decidir el lugar más adecuado para la instalación del
menor en el centro y determinar el tipo y nivel necesarios de
tratamiento y de programa que deberán aplicarse. Todo esto
simplemente no se visualiza.
En este sentido se debe provocar que en ejercicio de las atribuciones
de la Dirección General de Ejecución de Medidas para Menores, sea
ésta quien investigue el fenómeno disocial en el Estado, diseñe los
planes y programas de especialización y capacitación de su personal y
realice un diagnóstico sobre los factores y componentes de las
conductas de los infractores, para así individualizar adecuadamente las
medidas de orientación, protección o tratamiento en cada caso,
impuestas por el Juez Especializado, artículo 23 de Ley de Justicia para
Menores del Estado.
Ahora bien el Legislador Estatal señaló que la Ley de Justicia para
Menores busca construir un sistema al amparo del garantismo,
realismo jurídico y la prosecución judicial en el mismo, en aras de una
mayor trasparencia, el combate a la impunidad, el reconocimiento de
las tendencias internacionales en la materia y la constante búsqueda
de la incorporación social de los menores.
57

En este sentido y ante la evidente ausencia del reglamento interno
para el Centro de Internamiento Juvenil, al que en muchas ocasiones
remite la Ley de Justicia es lógico que se incumple con esa búsqueda
de trasparencia y combate a la impunidad, vulnerándose la garantía de
legalidad y seguridad jurídica que establece que todo acto de autoridad
debe estar motivado y fundado en leyes formales, lo que obviamente
aconteció en el caso siete de Mateo Alejandro Rivera Zavala, quien fue
sujeto de la aplicación de un correctivo disciplinario sin que antes se le
informara sobre los reglamentos que rigen la organización interna del
centro, los objetivos y metodología del tratamiento dispensado las
exigencias y procedimientos disciplinarios, otros métodos autorizados
para obtener información y formular quejas y cualquier otra cuestión
que les permita comprender cabalmente sus derechos y obligaciones
durante el internamiento. Sin que de ninguna manera quede cubierta
dicha función con lo que hace la Juez de Ejecución quien en opinión de
esta CEDH es un juez de vigilancia y no corrección, hecho que debe
ser motivo de un análisis exhaustivo multidisciplinario que permita
presentar un proyecto de reforma a la Ley de Menores en ese sentido.
Con el anterior argumento no se pretende que la autoridad consienta
indisciplina por parte de los menores sujetos a internamiento, lo que se
busca es que sus actos estén debidamente fundados y motivados, y
que no se deje al arbitrio de sus funcionarios el imponer orden, por lo
que urgen la elaboración del reglamento interno, pues de lo contrario
se seguirán aplicando sanciones disciplinarias al margen de la
legalidad.
Finalmente se insiste en que el personal debe ser competente y contar
con un número suficiente de especialistas, como educadores,
instructores profesionales, asesores, asistentes sociales, siquiatras y
58

sicólogos. Estos funcionarios y otros especialistas deben formar parte
del personal permanente, pero ello no excluirá los auxiliares a tiempo
parcial o voluntarios cuando resulte apropiado y beneficioso por el
nivel de apoyo y formación que puedan prestar. En este sentido es
conveniente realizar una actualización del personal realmente labora
en el Centro de Internamiento Juvenil.
Es importante recordar que la administración deberá seleccionar y
contratar cuidadosamente al personal de todas las clases y categorías,
por cuanto la buena marcha de los centros de detención depende de
su integridad, actitud humanitaria, capacidad y competencia
profesional para tratar con menores, así como de sus dotes personales
para el trabajo.
Para alcanzar estos objetivos, debe designarse funcionarios
profesionales con una remuneración suficiente para atraer y retener a
hombres y mujeres capaces. Deberá darse en todo momento estímulos
a los funcionarios de los centros de detención de menores para que
desempeñen sus funciones y obligaciones profesionales en forma
humanitaria, dedicada, profesional, justa y eficaz, se comporten en
todo momento de manera tal que merezca y obtenga el respeto de los
menores y brinden a éstos un modelo y una perspectiva positivos.
Aquí también se hace un fuerte llamado a resolver esta situación, toda
vez que de acuerdo con la evidencia 21 los mismos custodios
mencionaban que les faltaba capacitación que no se encontraban
preparados para tratar con menores, además de advertirse que poco
más del 50% de ellos ha prestado servicios en Centros de
Rehabilitación para adultos, lo que denota falta de experiencia para
tratar con este sector.
Con lo anteriormente expuesto y fundado esta Comisión tiene por
acreditadas las violaciones a los derechos a que se han hecho
referencia en el proemio de este documento, mismas que fueron
59

desarrolladas en los capítulos respectivos, hechos cometidos en
agravio de diversos menores-adolescentes internos, por lo que
respetuosamente formulo a Usted, las siguientes:
V. R E C O M E N D A C I O N E S
Primera.- Ordene a quien corresponda que de forma urgente elabore
un diagnóstico sobre la situación de los menores en conflicto con la ley
en el Estado. (Envíe copia del proyecto)
Segunda.- Programe una reunión con el Gobernador del Estado y
Secretario General de Gobierno y ahí exponga la presente
recomendación y la problemática general que consideramos atraviesa
la situación de los menores en conflicto con la Ley Penal, con el fin de
que se promueva reformar a la Ley de Justicia para Menores en el
Estado, dentro de la que se incluya procedimientos más claros con los
que se pretenda dar una adecuada atención a quienes se encuentren
en detención preventiva y un correcto tratamiento a los menores en
cumplimiento a una medida impuesta. (Envíe copia de la minuta de la
reunión, con los acuerdos respectivos)
Dentro de la misma reforma se contemple el que se doten de
facultades al Director del Centro de Internamiento con el fin de que
éste sea el encargado de dar cumplimiento a los extremos del artículo
142 de la Ley de Justicia para Menores, en sustitución de la Juez de
Ejecución.
60

Asimismo dentro de la reforma se proponga el que desde la
etapa procedimental se dote de facultades a la Dirección General de
Ejecución para Medidas para que ésta posterior al ingreso del menor al
CIJ, y dentro de la etapa de observación y clasificación previo acuerdo
con el menor se le realicen los estudios de personalidad necesarios con
miras al posible diseño de un programa individualizado.
Tercera.-En la misma reunión proponga el que lo autoricen a realizar
los trámites administrativos necesarios con el fin de que se suministren
suficientes fondos y recursos para la construcción de un nuevo Centro
de Internamiento Juvenil, en el que se preste un servicio eficiente
especialmente en cuanto al tratamiento que se dé a los menores
internos. Lo anterior toda vez que los lugares actuales son
insuficientes. (Envíe copia de la minuta de la reunión, con los acuerdos
respectivos)
Cuarta.- Gire sus instrucciones a quien corresponda con el fin de que
se realice un plan o programa de difusión encaminado a reducir los
factores de la delincuencia, a través del conocimiento de las leyes
dedicados y/o programas de autoayuda. Programa del que le
agradecemos nos envíe copia.
Quinta.- Gire sus instrucciones a quien corresponda con el fin de que
se aboque a la elaboración del Reglamento interno aplicable al Centro
de Internamiento Juvenil ubicados en el Fray Diego de la Magdalena y
anexo al Centro Estatal de Reclusión No. 1, La Pila. Dentro del que se
contemple con claridad los procedimientos y personas encargadas de
la aplicación de las sanciones a las que pueden hacerse acreedores los
menores
61

Sexta.- Realice un programa de visitas y actividades periódicas que el
personal técnico-administrativo debe realizar con los menores que
estén en los Centros de Internamiento Juvenil, con el fin de que les
propongan realizar actividades educativas, laborales, recreativas,
formativas e informativas. Programa del que le agradecemos nos envíe
copia.
Séptima.- Realice una reunión con el Director General de Ejecución
de Medidas, el Director del Centro de internamiento, y el Juez
Especializado en materia de justicia para menores con el fin de que
en forma colegiada analicen el caso del menor Mauro Israel Olvera
Ruiz, y tomen una determinación respecto del sitio donde debe
permanecer interno, el que deberá ser distinto a donde actualmente se
encuentra. Pues se insiste que donde se encuentra se están
vulnerando sistemáticamente sus derechos fundamentales.
Octava.- Realice un examen multidisciplinario para re-seleccionar al
personal de Seguridad y Custodia que debe estar a cargo de los
menores sujetos a medidas de internamiento, el que debe estar
debidamente capacitado para hacer cumplir los ordenamientos
aplicables a los jóvenes y pueda entender las necesidades especiales
de éstos. Asimismo amplíe la plantilla de personal en ésta área.
Novena.- Analice la conveniencia de exponer el tema de los menores
en conflicto con la ley, ante el Consejo Estatal de Seguridad con el
interés de impulsar un estudio sistemático sobre las causas (de las
conductas delictivas más recurrentes), y elaboración de medidas que
no causan graves perjuicios al desarrollo de los jóvenes lo anterior se
convertiría en una política social preventiva que disminuya las
conductas antisociales.
62

Le pido atentamente me informe sobre la aceptación de esta
Recomendación en el término de cinco días hábiles siguientes a su
notificación, de conformidad con el artículo 45 párrafo segundo de la
Ley de la Comisión Estatal de Derechos Humanos.
Las pruebas del cumplimiento de la recomendación deberá enviarlas en
un plazo de diez días hábiles siguientes al de su aceptación, con
fundamento en el artículo señalado en el párrafo anterior.
Sin otro particular, reitero a usted las seguridades de mi más alta y
distinguida consideración.
L’MBGV/L’AMV/SUS
ATENTAMENTE
“Porque todos tenemos derechos”
LA PRESIDENTA DE LA
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
LIC. MAGDALENA BEATRIZ GONZÁLEZ VEGA
63