LA IMPOSIBLE VOZ - Roderic - Universitat de València

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JAUME PERIS BLANES
el proceso transicional durante los cuatro primeros años (Moulian
1998: 20).
Ese escenario, que necesita de la idea de consenso –como antes
he planteado– para desarrollarse sin demasiadas resistencias,
necesita también un proceso de verdadera ‘despolitización’ del espacio
público. La despolitización, forma ideal de las hegemonías
en las sociedades avanzadas que tratan de crear la ilusión de que se
ha llegado al final de un trayecto de sucesivas superaciones, supone
en Chile un elemento central en la anestesia de las batallas
interpretativas sobre el pasado dictatorial; en la construcción de
un cierto ‘olvido activo’ sobre la violencia del pasado reciente. Fuera
de coordenadas políticas concretas la violencia estatal resulta, de
hecho, ininteligible.
Por todo ello no extraña que sobre todos los debates que
desde la administración se promueven sobre la construcción de
la memoria y sobre la legitimidad de las diversas versiones del
pasado que atraviesan lo social planee la noción de ‘Reconciliación
Nacional’, vertebradora de las políticas institucionales en
materia de Derechos Humanos y de los pactos y compromisos
sobre los que se articula la Transición. En este panorama, no
extraña tampoco que se promueva la elaboración de un documento
que articule las lógicas de la investigación y de la denuncia
pública, pero que carezca de efectos jurídicos: un informe
que desplace la idea del castigo a un espacio meramente simbólico.
En ese sentido, el Informe Rettig fue, según Moulian (1998:
19) “una simulación de justicia”, de donde la atribución jurídica
de responsabilidades ha sido evacuada como posibilidad. Sin embargo,
a pesar de ello se trata de un documento que produce efectos
importantes en el espacio público chileno y que, además, quita
explícitamente la razón a las representaciones de la dictadura avaladas
por el pinochetismo: a pesar de todas sus contradicciones –
que a continuación analizaré brevemente– no se puede negar la