LA IMPOSIBLE VOZ - Roderic - Universitat de València

II. MEMORIA DE LOS CAMPOS DE CONCENTRACIÓN EN CHILE
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vinculada a la importantísima figura del Cardenal Raúl Silva Enríquez,
que surge como respuesta a la disolución del Comité por la
Paz (creado en 1973 por el mismo arzobispado) por Pinochet.
Evidentemente el prisma desde el cual la Vicaría articula la denuncia
y el trabajo de acogida es el de la piedad cristiana que,
curiosamente, es lo que legitima la inscripción en algunas discursividades
chilenas del sintagma ‘derechos humanos’.
No deja de ser curioso que las dos más importantes asociaciones
en defensa de las víctimas de la violencia dictatorial vincularan
sus luchas a los conceptos de familia y de religión católica, dos de
los significantes fundamentales en los discursos de legitimación
del régimen, que representan la violencia militar como algo necesario
para frenar el avance de aquella concepción de la política
que, entre otras cosas, amenazaría con destruir la familia y la religión,
piezas clave de la ‘chilenidad’. Quizás sea esta la razón de
que estas organizaciones, desvinculadas, en principio, de proyectos
políticos concretos más allá de la denuncia y la búsqueda de
los desparecidos, hayan podido funcionar en el periodo dictatorial,
a pesar de hallarse en medio de intensas e ininterrumpidas
presiones políticas.
Tal como plantea en su estudio García Castro, no sólo el uso
de la palabra desaparecidos, sino también de la expresión derechos
humanos está ligado directamente al desarrollo de esas organizaciones,
así como a la aparición, en los primeros ochenta de la Comisión
Chilena por los Derechos Humanos, Amnistía Internacional
Sección Chile, Comité de Defensa de los Derechos del Pueblo
y otras organizaciones similares. El impacto de estas asociaciones
en la producción de representaciones alternativas de la violencia
dictatorial es muy importante, y de hecho su trabajo puede pensarse
(sobre todo el de la AFDD, comandada por Sola Sierra) como
la “creación del ‘estatuto’ de desaparecido en tanto víctima de una
violación específica de los derechos humanos” (García Castro,
2001: 200).