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Sobre la necesidad de los jueces y de las leyes 115
Tomás Moro como las de Martín Lutero han contribuido a este proceso, pero en
distintas formas.
Nos parece que las ideas jurídicas de Tomás Moro han influido al menos en
cuatro aspectos en la evolución posterior del pensamiento jurídico.
En primer lugar, en la necesidad de la existencia de leyes positivas que sirvan
de guía al pueblo y permitan un juzgamiento conforme a criterios impersonales
e igualitarios y no de acuerdo al mero sentimiento subjetivo de justicia del
“buen juez”. En este sentido, puede decirse que Moro ha triunfado sobre Lutero
al oponerse a la propuesta de éste de que sólo existan buenos jueces que juzguen
según su buen sentir y los preceptos evangélicos. Incluso seguidores más cercanos
de Lutero, como Melanchton, admitirán la necesidad del derecho positivo
para que la comunidad pueda ser rectamente gobernada 133 .
Un segundo aspecto del planteamiento de Moro que debe considerarse recepcionado
por los juristas posteriores es la función de las leyes positivas de
determinar, asignar y proteger la propiedad de los bienes. La propiedad será uno
de los derechos fundamentales que concentrarán el interés de los iusnaturalistas
racionalistas 134 .
El humanismo jurídico de Moro jugará un papel también en la recepción del
concepto de equidad como forma de morigeración del formalismo y rigor del
133 Philip Melanchthon, que sistematizó el pensamiento protestante sobre el derecho, sostuvo
que los poderes públicos no sólo podían sino que debían promulgar leyes positivas para el buen
gobierno de la iglesia y del estado en el reino terrenal. Sobre su concepción del derecho, cfr. H.J.
BERMAN, op. cit., pp. 77-87.
134 En este punto es posible sostener que la doctrina de Moro de que la ley positiva debe distribuir
y asignar la propiedad privada, junto con las críticas a la codicia y al abuso de poder de una
propiedad individualista expresadas con tanta fuerza en Utopía, han podido contribuir al pensamiento
posterior recogido por la doctrina social de la Iglesia, que junto con afirmar la justicia
natural de la propiedad privada le asigna una función social que la conectan con el bien común. El
magisterio pontificio aborda el tema a fines del siglo XIX y todo el siglo del XX. En la Encíclica
Rerum Novarum de León XIII (15 de mayo de 1891), se distingue entre la propiedad privada como
derecho natural y la asignación concreta de los bienes que pertenece a la industria y las instituciones
humanas: “Y no hay por qué inmiscuir la providencia de la república, pues que el hombre
es anterior a ella, y consiguientemente debió tener por naturaleza, antes de que se constituyera
comunidad política alguna, el derecho de velar por su vida y por su cuerpo. El que Dios haya
dado la tierra para usufructuarla y disfrutarla a la totalidad del género humano no puede oponerse
en modo alguno a la propiedad privada. Pues se dice que Dios dio la tierra en común al género
humano no porque quisiera que su posesión fuera indivisa para todos, sino porque no asignó a
nadie la parte que habría de poseer, dejando la delimitación de las posesiones privadas a la industria
de los individuos y a las instituciones de los pueblos” (Rerum Novarum n° 6). De este modo,
la Iglesia reconocerá en la propiedad privada un derecho con una dimensión individual y social a
la vez: cfr. Encíclica Quadragesimo Anno de Pío XI, 15 de mayo de 1931 n° 45 y ss. y destacará
la necesidad de difundir la propiedad privada y asegurar su función social: cfr. Mater et Magistra
de Juan XXIII, de 15 de mayo de 1961, n° 113 y ss.; 119 y ss.; Centesimus Annus de Juan Pablo
II, de 1° de mayo de 1991, n° 30 y ss.