doctrina social cristiana - Ordo Socialis

experiencia enseña, en efecto, que un partido político unitario de los católicos es fácilmente
equiparado a la Iglesia y al cristianismo, por más que se intente acentuar su carácter no
eclesial.
c) Cuando un partido político persigue fines que contradicen la doctrina y moral cristianas, a
los católicos les está prohibido votarlo o ser incluidos en sus candidaturas. El lema superficial
de que "la religión nada tiene que ver con la política" es falso. Pío XI respondió
acertadamente que "hay una política que penetra en las iglesias y derriba los altares". Los
partidos políticos determinan a través de su programa y de su política su cercanía o distancia
de la Iglesia.
d) Cuando en una sociedad ideológicamente pluralista ocurra que los programas de los
partidos políticos existentes contradigan en puntos esenciales la doctrina y moral católicas,
podrá resultar necesario que los ciudadanos católicos se reúnan en un partido político propio o
formen un partido junto con los cristianos no católicos. Tal partido no es una "institución
eclesial", no es un partido confesional y clerical, sino político, que tiene que ser responsable
del bien de todo el pueblo. El hecho de que quizá se llame "cristiano" no significa que esté
sometido a la tutela eclesiástica, sino que profesa principios de la Doctrina Social Cristiana.
No pocos defienden hoy –consciente o inconscientemente– la tesis de que sólo los partidarios
del liberalismo, del socialismo, del humanismo o de cualquier otra orientación secularizada
tienen derecho a ser políticamente activos. Según esta opinión no tienen ese mismo derecho
los partidarios de la fe cristiana, o en todo caso no lo tienen para actuar según los principios
de su fe; si los ciudadanos católicos quisieran actuar políticamente, tendrían entonces que
renunciar, en cierto modo, a su fe –en el ámbito político– y obrar según las ideas liberales y
socialistas. Según la mencionada opinión, la actuación política de ciudadanos católicos
conforme a su fe sería "clericalismo político". A este ofensivo reproche hay que responder
que en la moderna sociedad ideológicamente pluralista también el cristiano tiene derecho y
está obligado a colaborar desde su fe en la organización política del Estado, de la sociedad y
de la economía. Como enseña el Concilio Vaticano II, el católico debe ser un modelo de cómo
se obra en conciencia y de cómo se preocupa uno del bien común. Así, los católicos
"demostrarán también en los hechos cómo pueden armonizarse la autoridad y la libertad, la
iniciativa personal y la necesaria solidaridad del cuerpo social, las ventajas de la unidad
combinada con la provechosa diversidad" (GS 75). Sin embargo aquí hay que "distinguir
netamente entre la acción que los cristianos, aisladamente o dentro de asociaciones, llevan a
cabo a título personal como ciudadanos de acuerdo con su conciencia cristiana, por un lado, y
la acción que realizan en nombre de la Iglesia, en comunión con sus pastores, por otro" (GS
76).
En la sociedad moderna, por lo demás, la Iglesia llega sólo hasta donde alcanza "el testimonio
de los cristianos" (GS 76), un testimonio que ha de repercutir "en el ámbito del trabajo, de la
profesión, del estudio, del hogar, del tiempo libre o de la convivencia entre amigos" (AA 13).
De faltar este testimonio, la Iglesia ya no ocupará el espacio espiritual de la sociedad, donde
penetrarán y se impondrán otras fuerzas, conmoviendo también la posición jurídicamente
asegurada de la Iglesia dentro del Estado. La carencia de fe no puede ser sustituida
subsidiariamente por privilegios estatales.
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