doctrina social cristiana - Ordo Socialis

acción" que elimine a un príncipe criminal puede, "sin duda ser moralmente posible y
meritoria". Tal sería el caso "cuando no es posible de otro modo conservar la existencia del
pueblo, la realización de sus intereses vitales"341.
La Doctrina Social Cristiana reconoce ciertamente la diferencia, aunque no la oposición, entre
moralidad y derecho. El bien común, que es la norma suprema para el Estado y el gobierno, es
también una categoría tanto moral como jurídica. En este sentido explica Tomás de Aquino
que librarse violentamente de un régimen que destruye el bien común no es rebelión, sino que
es el tirano mismo el rebelde contra el bien común342. En concreto, la ética política católica
ha propuesto los siguientes principios sobre la resistencia activa del pueblo a la hora de
derrocar un gobierno criminal:
Hay que comprobar que el gobierno ha degenerado de hecho, criminal y tiránicamente, que la
apelación a una autoridad superior, por ejemplo, a las Naciones Unidas, es imposible o sin
esperanzas, y que la nueva situación que se procura con la revolución corresponde al bien
común. Hay que excluir, por tanto, que los aventureros políticos creen una situación
totalmente confusa y erijan, tal vez, una tiranía que sería peor que la derrocada.
Sólo es lícito usar la violencia requerida para derrocar la tiranía cuando se han agotado todas
las posibilidades constitucionales. También hay que hacer todo lo posible por mantener las
instituciones, muy complejas –especialmente en la sociedad moderna– y vitalmente
necesarias. El orden y seguridad públicos deben, por tanto, ser conservados en lo posible. De
lo contrario podría ocurrir, como escribe Tomás de Aquino, que el pueblo padezca por la
revolución más daños que por la tiranía343. De suyo es por tanto preferible la lenta evolución
a la revolución, especialmente cuando se trata no de la revolución política, sino de la social.
"La insurrección revolucionaria –dice la encíclica “Populorum progressio”–, salvo en caso de
tiranía evidente y prolongada que atentase gravemente contra los derechos fundamentales de
la persona y dañase peligrosamente el bien común del país, engendra nuevas injusticias,
introduce nuevos desequilibrios y provoca nuevas ruinas" (PP 31).
El uso del poder no debe ocurrir "en virtud de una usurpación privada de algunos, sino sólo en
virtud de la autoridad pública"344. Si se reconociera al individuo el derecho de matar al
tirano, el pueblo, como dice Tomás de Aquino, perdería a sus buenos gobernantes por
crímenes alevosos con más frecuencia de la que sería librado de los tiranos. El uso de la
violencia tiene que partir por tanto de quienes puedan actuar legalmente en orden de la
comunidad. En siglos anteriores, los moralistas políticos se referían en este caso a los
llamados poderes feudales indirectos. Actualmente se podría pensar en el parlamento, siempre
que no haya sido suprimido o unificado por los dictadores. Más esperanzas de éxito podrían
tener, tal vez, las organizaciones poderosas (huelga general de los sindicatos). También se
podría pensar que una conspiración tuviera a sus espaldas la mayor parte de la nación y
actuara en cierto modo como chispa inicial.
Finalmente debe haber la probabilidad razonablemente fundada de que la rebelión tendrá
éxito. Un golpe en falso aumentaría la ira del tirano y empeoraría la represión. En caso de que
esté excluida toda esperanza de éxito en la revolución, no queda más que soportar la tiranía y
"refugiarse en Dios, rey de todos"345. El Concilio Vaticano II se expresa reservadamente: allí
341F. Paulsen, System der Ethik, t. II, ed. 11ª-12ª, Berlín, 1921, 589.
342Tomás de Aquino, S. th. II-II, 42, 2.
343Tomás de Aquino, S. th. II-II 42, 2.
344Tomás de Aquino: "Non privata praesumptione aliquorum, sed auctoritate publica procedendum"; De Reg.
Princ.
345Tomás de Aquino, De Reg. Princ.
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