doctrina social cristiana - Ordo Socialis

2. El derecho del poder público a ejecutar a un criminal cumpliendo una sentencia firme no
fue discutido en Occidente –si se prescinde de algunos Padres de la Iglesia y de los
valdenses– hasta la Ilustración. Actualmente es extraordinariamente apasionada la discusión
en torno a la pena de muerte. Unos condenan apasionadamente la pena capital: ninguna
institución humana tendría derecho sobre la vida de un ser humano, ya que Dios se la ha
reservado. Ningún juez debería atreverse a decidir si uno ha cargado sobre sí una culpa digna
de muerte. Los crímenes están frecuentemente condicionados por la situación social, de forma
que una buena política social es la mejor política criminal. La pena de muerte –como el resto
de los castigos corporales y capitales de la Edad Media– estaría en contradicción con la
moderna idea de humanidad y tendría que ser rechazada, aunque sólo fuera con vistas al
posible asesinato por error judicial. La opinión, frecuentemente defendida, de que la amenaza
de la pena capital retrae del crimen, estaría refutada por la experiencia. Por lo demás, la
cadena perpetua podría proteger eficazmente a la sociedad de los ulteriores ataques de un
criminal.
Otros ven necesaria la pena de muerte incluso en la sociedad moderna: la Sagrada Escritura y
la tradición teológica enseñan claramente que al poder político le compete el derecho a la
espada. Por la pena de muerte se reconoce y restaura de modo más serio y solemne la santidad
del orden divino que el malhechor ha lesionado gravemente. La supresión de la pena de
muerte pondría en peligro de muerte a los guardianes de las cárceles, ya que el asesinato de
los mismos no acarrearía al condenado a cadena perpetua ningún alargamiento de la pena,
pero sí la posibilidad de huir. Por lo demás, algunos malhechores se han convertido a la vista
de la muerte, mientras que la larga permanencia en la cárcel desmoraliza a los hombres y en
modo alguno es un "tiempo apto para la regeneración".
La Doctrina Social Cristiana propone tres principios sobre el derecho que el poder político
tiene a la espada:
a) Al Estado y sólo al Estado compete el derecho de dictar y cumplir sentencias de muerte
para castigo de crímenes graves. La doctrina de la Sagrada Escritura es clara: "El que
derramare la sangre humana, por mano de hombre será derramada la suya" (Gen 9, 6). La
autoridad "no en vano lleva la espada. Es ministro de Dios, vengador para castigo del que
obra mal" (Rom 13, 4). Cierto que el magisterio eclesiástico ha luchado contra la venganza,
pero ha reconocido el derecho del poder público a la espada. Inocencio III (1198-1216)
impuso a los valdenses la siguiente confesión: "De la potestad secular afirmamos que sin
pecado mortal puede ejercer juicio de sangre, con tal que para inferir la vindicta no proceda
con odio, sino por juicio, no incautamente, sino con consejo" (D. 425). El 13 de Septiembre
de 1952, Pío XII declaró que está reservado a la autoridad pública "privar al condenado del
bien de la vida para expiación de su crimen después de que él mismo se ha hecho indigno, por
su crimen, del derecho a la vida".
b) El derecho del Estado a la espada es un solemne reconocimiento de la intangibilidad de los
supremos bienes humanos, especialmente de la vida. La santidad del orden divino se
manifiesta "poderosa" incluso en este eón por medio de la pena capital. La pena de muerte es
un acto de defensa estatal. En último término, su legitimidad le viene de que de otra manera el
bien común no podría ser defendido.
c) El derecho del Estado a imponer la pena de muerte no significa que al Estado no le esté
permitido renunciar al ejercicio de este derecho. Que el Estado pueda renunciar a la
imposición de la pena capital depende de la respectiva situación, es decir, de las necesidades
del bien común impuestas por las circunstancias. Puesto que el Estado moderno dispone en
general de una policía eficaz y de prisiones seguras, que actualmente hablan a favor de la
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